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Analista insta a Colegio de Periodistas a presentar recurso de inconstitucionalidad contra “ley antiterrorista”

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Miguel Cálix considera que las reformas penales son un cálculo político del gobierno y que el presidente debe proceder al veto.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El analista sociopolítico, Miguel Cálix, instó la mañana de este jueves al Colegio de Periodistas de  Honduras (CPH) para que presente un recurso de inconstitucionalidad en contra de la “ley antiterrorista”, aprobada en el Congreso Nacional.

Miguel Càlix, analista sociopolítico.

Cálix consideró que la reforma al artículo 335B del Código Penal, que se introdujo como un agregado ante el Parlamento por el presidente de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, violenta el procedimiento Constitucional porque no fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que expusiera su opinión, como se hizo con los demás artículos que componen la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.

En razón de lo anterior, Cálix reflexionó además que el presidente de la República, Juan Hernández, debe proceder al veto.

“En mi opinión en particular, la forma en la que se introdujo este artículo, más allá de la buena voluntad que se presume siempre detrás de una actividad de este tipo, está la forma; no pasó el procedimiento constitucional lo cual genera un debate interesante, debe vetarlo el Presidente y tendría que vetar todo el decreto”, expresó.

Asimismo “debemos esperar que una parte interesada (…) Yo esperaría que el Colegio de Periodistas presente un recurso de inconstitucionalidad contra esa disposición y hacer funcionar el sistema”, adujo.

El agregado al artículo 335B establece que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hallan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

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El analista apuntó que el problema no es la redacción de decreto sino “la gran desconfianza que tenemos en la institucionalidad  hondureña, que no sabemos para que se va a usar una disposición penal”.

“La oposición dice que es para criminalizar la protesta, los periodistas están preocupados ahora porque se les puede censurar o sancionar una nota para mostrar, lo que ellos llaman desde hace mucho tiempo, su derecho a mostrar la realidad”: Miguel Cálix, analista sociopolítico.

Apuntó que la crítica que se ha hecho, incluyendo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) es porque la aplicación penal ha quedado muy abierta en algunos artículos y deja una gran posibilidad al arbitrio de operadores de justicia que, “nos guste o nos guste, no gozan de la confianza ciudadana”.

A juicio de Cálix las reformas penales están impregnadas de un cálculo político porque no se permitió que los sectores involucrados tuvieran la oportunidad de expresarse, porque fueron introducidas de manera abrupta.

Finalmente manifestó que en una sociedad que se precie de democrática nunca deben existir controles estatales.

Las reformas penales han generado una férrea oposición por parte de organismos defensores de los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paras los Derechos Humanos (OACNUD) y de la coalición de partidos de oposición (Libre, PAC y Pinu-SD) que consideran que criminalizan la protesta social.

El analista Muguel Cálíx expuso sus puntos de vitas esta en un foro televisivo en el que también participaron las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

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