La CIDH manifestó disposición en realizar una visita in situ a la tribu de San Francisco de Locomapa en Yoro con el objetivo de obtener información detallada y reunirse tanto con beneficiarios como autoridades
Tegucigalpa, Honduras. – Ante las continuas acciones violentas contras las y los integrantes del pueblo Tolupán en la tribu de San Francisco de Locomapa en Yoro, norte de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplio las medidas cautelares en favor de 61 personas más.
Las personas beneficiadas con la extensión de las medidas cautelares, además de formar parte del pueblo Tolupán también integran el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). De esta forma el número de las personas amparadas pasa de 36 a un total de 97 personas.
La CIDH además anunció el levantamiento de las medidas cautelares otorgadas en favor de Santos Matute –asesinado en 2016 junto a otros cuatro integrantes del pueblo Tolupán– y José Salomón Matute –asesinado en 2019 junto a su hijo Juan Samael Matute. En ambos casos la CIDH llamo al Estado a investigar la muerte de los líderes indígenas, analizando como hipotesis del movil del crimen sus actividades como defensores de derechos humanos.
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La Comisión solicitó que la protección de las 61 personas incluidas en la ampliación de las medidas cautelares para los integrantes de la tribu de San Francisco de Locomapa se realice mediante la resolución 12/2013, así como la implementación de estas considerando el enfoque étnico y de género aplicable, según corresponda.
De igual forma, la entidad manifesto “interés y disposición de realizar una visita in situ a la zona con miras a obtener información detallada y reunirse con los diversos actores involucrados en el presente asunto, incluyendo beneficiarios y autoridades internas responsables en la implementación de las presentes medidas cautelares”, lee la resolución de medidas cautelares 83/2023.
SITUACIONES DE RIESGO SE INCREMENTARON EN 2021
El integrante del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Walter Miguel Díaz Fuentes, dijo a Criterio.hn que ven con optimismo la resolución de la CIDH, especialmente porque aborda situaciones de amenaza que enfrentan las personas defensoras de San Francisco de Locomapa y que han sido denunciadas a lo largo de los años.
“Las personas beneficiarias y nosotros como representantes, vemos con preocupación la poca capacidad que hasta ahora ha demostrado el Estado para implementar las medidas cautelares”, apuntó Díaz Fuentes.
En el comunicado publicado por la CIDH el pasado martes 2 de enero, se especificó que se constató que las y los beneficiarios han sufrido actos de violencia, intimidación, quema de casas y cultivos, así como amenazas de muerte, a lo largo de los años por oponerse a la explotación de recursos naturales por parte de terceros, remarcando que las situaciones de riesgo aumentaron desde 2021.
“La Comisión advirtió la gravedad de los hechos alegados, entre ellos, los incidentes de riesgo en contra de las propuestas beneficiarias por ser mujeres. Además, destacó que, tras el otorgamiento de las medidas cautelares en 2013, a lo largo de estos años, 11 personas integrantes del MADJ fueron asesinados, dos de ellas, beneficiarias de estas medidas”, lee la hoja de prensa.
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A finales de noviembre de 2023, la Fiscalía de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural presentó requerimiento fiscal en contra del vicepresidente de la minera Lachansa, Santiago Londoño, por suponerlo responsable del delito de hostigamiento sexual contra una joven Tolupán. Esta es una de las acciones violentas reportadas por la Comisión en la resolución de medidas cautelares 83/2023.
Otro de los incidentes violentos incluidos en el documento es el asesinato con saña en contra del defensor Tolupán, Amílcar Vieda, junto a Naún Chacón, el 9 de mayo de 2023. Así como las amenazas en contra del beneficiario Ramón Matute el 16 de mayo de 2023, cuando este se encontraba acompañando una inspección del Ministerio Público en la zona. La nota intimidatoria contra Matute advirtió que “le pasaría lo mismo que a su padre y a su hermano” debido a su labor de defensa territorial.
De igual forma, la comisión remarcó la existencia de un retraso en la atención a situaciones de emergencias notificadas, así como en la implementación de las medidas de protección, pese a la evaluación de riesgo de octubre de 2023 realizada y verificada por el Mecanismo Nacional de Protección.
