Aunque esta resolución beneficia a privados de libertad que han sido violentados, a la Corte Suprema de Justicia dirigida por la abogada Rebeca Ráquel Obando por absolver a criminales que han saqueado las arcas del Estado, como pasó recientemente con Mario Zelaya y Ramón Berbetti, orquestadores del robo monumental al Instituto Hondureño de Seguridad Social
Tegucigalpa, Honduras.– La Sala de lo Constitucional, liderada por la magistrada Sonia Marlina Dubón, reconoció que los derechos humanos de los privados de libertad han sido violentados en reiteradas ocasiones, precisamente en dos amotinamientos registrados en abril de 2023, por lo que ordenó a los directores de los centros penales tomar en cuenta una serie de sugerencias.
De acuerdo con la información compartida por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, la declaración con lugar de este hábeas corpus correctivo, corresponde a hechos registrados el 8 y 9 de abril de 2023, días en los que se desataron cuatro amotinamientos simultáneos en los centros penales ubicados en Ilama Santa Barbara, Támara Francisco Morazán y Morocelí El Paraíso.
Después de estos amotinamientos que dejaron, como consecuencia, un privado de libertad muerto y varios heridos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó que el control total de los centros penales quedara en manos de la subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, sin embargo, meses después, fue desligada de la directriz.
Tras reconocer que se están violando los derechos humanos, la Sala de lo Constitución de Dubón ordenó cumplir con medidas que van desde habilitar áreas de educación, abastecimiento de agua potable, hasta construcción de módulos y ejecutar eventuales pesquisas para extraer el arsenal de armas que tienen en su poder privados de libertad ligados a maras y establecer un mejor control en el ingreso de visitas.
Lo paradójico del caso, es que este pronunciamiento se da mientras el control total de los centros penales está en manos de las Fuerzas Armadas (FF. AA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), institución cuestionada históricamente por violentar los derechos humanos no sólo de los privados de libertad, sino que también de la población en general.
De hecho, hasta los mismos efectivos de la institución castrense han sido víctimas de abuso y violación a sus derechos humanos de sus superiores. El caso más reciente se registró en agosto de 2023, cuando el encargado de llevar las riendas de la intervención penitenciaria coronel Ramiro Muñoz agredió verbalmente a uno de sus subordinados, mientras se preparaban para ingresar a un centro penal.
Tras el hecho que empañó la lucha que promueve la defensa de los derechos humanos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Muñoz no fue separado del cargo, como lo exigieron diferentes organizaciones, sólo extendió una disculpa pública al subordinado agredido que, de hecho, se desconoce sobre su paradero o si todavía continúa formando parte de la institución, pese a que fue amenazada de muerte.
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NO ESTÁN PREPARADOS PARA LLEVAR LA DIRECCIÓN DE LAS CÁRCELES
Históricamente, cuando se registran reiteradas reyertas, los gobiernos de turno toman la decisión de entregarle el control y administración de los centros penales a las Fuerzas Armadas, aun cuando en campañas proselitistas prometieron desmilitarizar la sociedad por completo, como lo hizo Xiomara Castro previo a las elecciones generales de 2021.
Esta determinación siempre ha sido cuestionada por expertos en la materia. Por ejemplo, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, es del criterio que la institución castrense no debe tener la potestad de llevar las riendas de los centros penales, ya que su preparación es para combatir a criminales y velar por la soberanía del territorio nacional, no para lidiar con la población en general.
“Vamos a seguir señalando que los militares no tienen la capacidad ni facultades y son un peligro para los derechos humanos de las personas porque ellos no ven privados de libertad o ciudadanos, lo que ven son enemigos; ellos fueron formados para la guerra, para luchar contra enemigos”, valoró Mejía en pláticas con Criterio.hn.
Agregó que “de hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales”.
Los militares volvieron a tomar el control de los centros penales en julio de 2023, luego que se registrara una masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que murieron 46 privadas de libertad y, hasta la fecha, el magno crimen todavía está en completa impunidad, pese a que hubo un cambio en las principales autoridades de Ministerio Público (MP).
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A la institución armada se le ha cuestionada contundentemente porque en esta nueva administración han tenido una débil rendición de cuentas y, además, quedó demostrado que algunos directores de los centros penales están coludidos con el crimen organizado, como pasó con el coronel José Rodimiro Arita, que fue arrestado por intentar ingresar casi medio millón de lempiras a La Tolva para entregarlos a los líderes de la pandilla Barrio 18.
