Por: Asael Barahona
Edición: Emy Padilla
Gráficos e ilustraciones: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. -Al menos 40 personas han sido favorecidas desde la entrada en vigencia de la polémica ley de amnistía que se aprobó de forma irregular, en medio de una crisis política que dividió al Poder Legislativo en dos facciones y en apenas seis días después de que Xiomara Castro asumiera la presidencia de Honduras.
En horas de la noche del pasado jueves 3 de febrero, en la sede del Congreso Nacional se aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos No se Repitan en condena al golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, iniciativas que fueron presentadas por el congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé.
Lo aprobado en el Poder Legislativo, bajo el liderazgo del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), planteaba el resarcimiento de los daños a las víctimas del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
Fue así como doce años después, al llegar a la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, esposa de Zelaya Rosales, que se aprobó en el Congreso las dos iniciativas presentadas por el diputado Rasel Tomé.
Zelaya Rosales, derrocado por su intención de montar una Asamblea Nacional Constituye, fue expatriado a Costa Rica mientras la ciudadanía salió de forma masiva a las calles para exigir el retorno al Estado de Derecho y el regreso del presidente, sin embargo, se instauró de manera ilegal y arbitraria un gobierno de facto al mando de Roberto Micheletti, quien era presidente del Poder Legislativo y diputado del conservador Partido Liberal de Honduras.
La crisis política dejó al menos 18 hondureños asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad, según informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y miles de heridos, perseguidos políticos y violaciones a derechos humanos que hasta la actualidad se mantienen en la impunidad.
En consonancia con lo ocurrido en 2009 se prometió además de resarcir el daño a las víctimas del golpe de Estado, otorgar la libertad a los presos políticos y víctimas de persecución política y enjuiciamientos arbitrarios, se aprobó el Decreto Legislativo 4-2022.
Dicho decreto establece derogar el Decreto Legislativo 141-2009 que promovió la defenestración de Zelaya Rosales e impuso a Micheletti, como su sucesor, no obstante, el Congreso Nacional aprobó la normativa en medio de una crisis que dividió al Partido Libre en dos facciones.
En ese momento se aprobó la ley en un único debate y sin requerir con los diputados propietarios necesarios debido que 22 diputados de Libre más los 44 del Partido Nacional y 18 del Partido Liberal, el de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Anticorrupción (PAC) se instalaron en paralelo bajo el Congreso que regía el diputado Jorge Cálix, desde la virtualidad.
En el otro bando, el diputado del PSH, Luis Redondo, con el respaldo de la presidenta Castro, 28 congresistas de Libre, los nueve del PSH y cuatro liberales más la mayoría de los suplentes de los diputados insurgentes de Libre asumieron el control del hemiciclo legislativo y aprobaron la cuestionada normativa.
LAS RAZONES QUE HAN GENERADO POLÉMICA
La Ley de Amnistía, otorga absolución de acciones penales contra presos y perseguidos políticos y contra quienes se opusieron al régimen de facto, además contra los civiles que, en el marco de la defensa de la Constitución, el medio ambiente y la democracia, fueron criminalizados durante los tres gobiernos nacionalistas que gobernaron a Honduras por doce años consecutivos (2010 al 2022)
El artículo 4 inciso A, ha sido calificado como un pacto de impunidad por diversos sectores de la sociedad hondureña, porque los exfuncionarios, empleados, directores y autoridades que hayan fungido en los cargos entre el 27 de enero, día en que asumió el poder la administración Zelaya Rosales, hasta el 28 de junio de 2009, día que se perpetró el golpe de Estado, pueden invocar la amnistía de manera directa ante un juez a favor de delitos que, quizás, no tienen que ver con acciones políticas sino con actos de corrupción.
Entre tanto para beneficiar a los ambientalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, campesinos, maestros, entre otros, que fueron criminalizados y judicializados durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti y durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y las dos administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), deben ser certificados como víctimas de persecución política por parte de un organismo defensor de derechos humanos y validados por la Secretaría de Derechos Humanos.
EL COFADEH Y LA SECRETARÍA DE DD.HH.
El mismo artículo 4 en los incisos B, C y D indica que son favorecidos con la amnistía las personas que han ejercido su derecho a la protesta social que fueron criminalizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones políticas. Asimismo, las personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua y para miembros de los sectores sociales y gremiales o delegados que se encuentren condenados con pena de prisión, reclusión o inhabilitación especial o absoluta o bien que los procesos se encuentren aún en trámite, pendientes de sentencia hasta la actualidad.
Sin embargo, deben ser acreditados con constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos y una certificación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que contenga una justificación clara y amplia como requisito vinculante para que el operador de justicia aplique la amnistía, no así el inciso A que da el beneficio de forma directa a los exfuncionarios, directores y autoridades de la administración Zelaya Rosales que solo deben invocar el beneficio ante un juez o tribunal de sentencia.
En entrevista con Criterio.hn, la directora del COFADEH, Berta Oliva, detalló que como organización extienden un certificado a personas que hayan sido víctimas de persecución política y que cumplan las características que establece la normativa, exponiendo un contexto del momento que se dio la criminalización, si pertenecen a una organización política, religiosa o de derechos.
Una vez que se extiende la certificación, se envía a la Secretaría de Derechos Humanos que es la encargada de otorgar la constancia. En casi todas las certificaciones se les adjunta el expediente que confirme la persecución política de la que fue víctima.
“Hay bastante demanda, sabemos que hay más de siete mil campesinos acusados de cualquier cosa desde el golpe de Estado. Hay cientos de expedientes que se encuentran y han sido elaborados por el COFADEH”, añadió.
Si bien, Oliva reconoció que están sobrecargados al atender a diario más de 15 casos, la mayoría de estos, conformados por grupos de campesinos, estudiantes universitarios defensores del ambiente, continuarán sus acciones para lograr revertir la criminalización y judicialización a la que fueron sometidos cientos de personas.
“Queremos otorgarle la certificación a quien corresponda. Todo se hace por el amor a la libertad de las personas, al derecho violado que pueda ser restituido, que se puedan integrar a la sociedad porque el que tiene un proceso de estas magnitudes es una verdadera desgracia”, lamentó.
EL CATÁLOGO DE DELITOS CONTEMPLADOS
Los reclamos sobre la normativa yacen en la lista de delitos que fueron contemplados en la amnistía como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública.
De igual manera, el enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, terrorismo, sedición, atentado, posesión ilegal de armas de guerra, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daños, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos y subproductos forestales, apropiación de áreas forestales.
También, delitos contra el patrimonio o propiedad, contra la seguridad interior del Estado de Honduras, es decir, que se otorga amnistía a los actos de corrupción que ocurrieron en el ejercicio de sus funciones y no a raíz del golpe de Estado.
“Alguna gente cuestiona que la tipificación de delitos es un abanico, el problema es que el espíritu de la amnistía es beneficiar a las víctimas del golpe militar de Estado. Desde el 2011, a los que detenían en manifestaciones ya no les aplicaban delitos que pudieran ser delitos de amnistía ni conexos, sino que los acusaban de delitos comunes, una estrategia muy bien elaborada de parte de la dictadura”, explicó Oliva.
Señaló que los grupos de poder que orquestaron el golpe de Estado y que permitieron al conservador Partido Nacional llegar al poder y mantenerse por doce años, instauraron una estructura integrada por fiscales y jueces que se prestaron para inventar acusaciones bajo falsedades y casos armados con expedientes manipulados por oponerse al crimen de junio de 2009 y los fraudes electorales del exgobernante Juan Orlando Hernández, quien luego de haber sido extraditado a Estados Unidos se enfrenta a un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado por tráfico de cocaína y tráfico y uso de armas.
“Jueces sancionando a ciegas sin revisar expedientes, juicios construidos que pueden servir para crear una comisión con una mirada independientes que cree jurisprudencia en el marco de cómo se utilizó el Poder Judicial para condenar a personas que les estorban”, reprochó.
ORGANIZACIONES LO CALIFICAN COMO UN PACTO DE IMPUNIDAD
Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) junto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a través de un comunicado, calificaron la normativa como un pacto de impunidad que beneficia a corruptos de la administración pública.
“Con el decreto de amnistía e impunidad aprobado por el Congreso, los que menos se han beneficiado son los verdaderos presos políticos que aún enfrentan procesos penales, pero si ya se declaró la extinción de responsabilidad penal para varios que sí cometieron actos de corrupción”, reprochó el jefe de investigaciones del ente de sociedad civil, Odir Fernández.
También el organismo de sociedad civil “Movimiento Patria Honduras”, conformado por más de 70 personas miembros de organismos de sociedad civil, se pronunció en contra del uso arbitrario y caprichoso por parte del Poder Judicial a favor de imputados sin tener reciprocidad con los hechos del golpe de Estado.
“En su implementación por parte de los Juzgados, se está aplicando la ley sobre la amnistía en forma antojadiza y con el riesgo de otorgar sobreseimientos y cartas de libertad, por causas y actuaciones previas al golpe de Estado del 2009 y que nada tendrían que ver con el enfrentamiento político que la ley busca superar”, cuestionan.
Asimismo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), califica la amnistía como impunidad que beneficia a personas acusadas de corrupción bajo un falso espejismo de ser perseguidos políticos.
Para dichas organizaciones al igual que la bancada del Partido Nacional, que se opone y exige su derogación, señala que se está beneficiando a políticos que cometieron actos de corrupción en la administración Zelaya Rosales y no por delitos relacionados con persecución política por el crimen del golpe de Estado.
LOS FAVORECIDOS
El primer exfuncionario del derrocado gobierno beneficiado con la amnistía fue el exsecretario de la presidencia Enrique Flores Lanza, quien tenía orden de captura por extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto “Cuarta Urna” siendo acusado por delitos de malversación de caudales, fraude y abuso de autoridad.
Flores Lanza recibió carta de libertad definitiva acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos, figurando como uno de los exfuncionarios más perseguidos de la administración de Zelaya Rosales. Asimismo, fue beneficiado al extinguirse la acusación de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
De igual manera, Marcelo Chimirri, primo de la presidenta Castro, fue beneficiado, quien había sido condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso de autoridad y fraude más nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Chimirri fungió como gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), durante el gobierno de Zelaya Rosales, fue condenado al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió por parte de la empresa estadounidense Latin Node, quienes se declararon culpables de haber sobornado a altos funcionarios a cambio de recibir contratos con el Estado.
Otro exfuncionario que invocó el beneficio fue el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien se encuentra prófugo desde el 2017. Sunseri ha presentado ocho solicitudes de amnistía por ocho acusaciones en su contra.
El exedil ha sido condenado por delitos de abuso de autoridad al donar, durante su gestión, un área verde a la asociación Ministerio Palabra de Vida. También, tiene casos pendientes por delitos de malversación dolosa al supuestamente emitir cheques para pagos de planillas fantasmas, entre otros casos de corrupción.
Hasta el momento dos de las ocho peticiones de amnistía han sido rechazadas por la justicia de Honduras, Sunseri se ha declarado el hombre más perseguido políticamente posterior al golpe de Estado, acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos.
“La gente dice el ´golpe de Estado del 28 de junio de 2009´, pero esa fecha se concretó, por lo tanto, los inspiradores para hacer el golpe diseñaron un guion para ejecutarlo de tal manera que fueron criminalizando, a través de sus medios corporativos, a los funcionarios públicos del gobierno de Zelaya hasta el propio Zelaya”, respondió Oliva al consultarle su postura sobre la amnistía inmediata a exfuncionarios acusados de corrupción.
“Antes del golpe había un ambiente que todo mundo creía que lo que teníamos era un delincuente en Casa Presidencial y que todos sus funcionarios eran delincuentes menos los del Poder Legislativo”, añadió.
Si bien, la defensora de derechos humanos resaltó que no conoce a los referidos anteriormente, considera que se montó una campaña de persecución política-penal y reiteró que si en Honduras se investigara las actuaciones de fiscales y jueces se develaría que en muchos casos se han creado argumentos falsos y condenas arbitrarias.
En el caso de personas criminalizadas por defender el ambiente, estudiantes, protestantes contra el régimen de Hernández, el COFADEH, hasta el momento, tiene más de 300 expedientes procesados y algunos de estos con más de una docena de personas involucradas.
Apenas media docena de casos han sido emplazados para su veredicto, sin embargo, 36 personas han sido beneficiados con la amnistía, el primero, acusado por daños a un restaurante de comida rápida, quien fue criminalizado durante la crisis política derivada del fraude electoral de 2017, que dejó al menos 22 hondureños asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El beneficiado habría regresado al país una vez que Castró asumió la presidencia, no obstante, fue capturado en febrero, días después fue puesto en libertad tras las acciones del COFADEH y la aprobación del decreto.
El segundo beneficiado es el estudiante Eduardo Urbina exiliado en Costa Rica tras el fraude electoral de 2017 que permitió al extraditable y exgobernante Juan Orlando Hernández, consumar su ilegal reelección.
Fue acusado con los cargos de incendio agravado, uso de armas de guerra y atentado en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras que le imputaba la fiscalía por supuestamente incendiar un camión militar en el sector de El Carrizal, en Tegucigalpa.
Otro caso amnistiado fue el de once ciudadanos acusados de incendiar una posta policial en el municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés y de atentar contra cuatro policías en Villanueva, en el mismo departamento, zona norte de Honduras.
La sala segunda del Tribunal de Sentencia decretó sobreseer definitivamente a los once sindicados en el hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2017 en el marco de las protestas contra la reelección presidencial.
Y recientemente, la Sala II del Tribunal de Sentencia sobreseyó a 22 sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), seis de estos habían sido condenados a tres años de prisión por delito de usurpación en perjuicio de la UNAH. Uno de los favorecidos ya había fallecido.
También René Amador—hermano de Pedro Joaquín Amador, asesor presidencial en temas de presos políticos—retornó al país el 29 de abril tras estar desde 2009 en el exilio.
De igual forma, Enrique Ayala, hermano de la diputada de Libre, Silvia Ayala, recibió amnistía por haber sido acusado en la quema de un vehículo de Hondutel.
El más reciente, es el de dos exempleadas de la municipalidad de San Pedro Sula acusadas de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en la causa conocida como “los borrones”.
Cifras del COFADEH, indican que, desde 2009 hasta 2022, al menos 615 personas fueron acusadas por delitos comunes al oponerse a los gobiernos que se instauraron posterior al golpe de Estado.
Datos proporcionados por la Secretaría de Derechos Humanos mediante solicitudes de acceso a la información pública realizadas por el equipo de Criterio.hn indican que, desde que se aprobó la amnistía hasta el 22 de abril, se han emitido 18 constancias que han favorecido a 74 ciudadanos acusados por delitos de daños agravados, incendio agravado, desórdenes públicos, lesiones, manifestaciones ilícitas, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, tenencia y almacenamiento de armas de guerra, uso de explosivos o materiales de guerra y usurpación.
Cabe indicar que si bien el número de solicitudes para favorecer a ciudadanos es mayor a los que han recibido la amnistía esto es a causa que los casos están pendientes de audiencia para su aplicación que son programadas con más de un mes o dos meses posterior a su solicitud.
Mientras el Poder Judicial confirmó que hasta el 18 de abril se habían dictaminado unas 18 solicitudes de amnistía siendo Rodolfo Padilla Sunceri, exalcalde de San Pedro Sula, a quien se le negó una de las múltiples solicitudes que presentó.
Cabe señalar que la Unidad de Estadísticas del Poder Judicial no posee cifras actualizadas sobre los casos de amnistía y los fallos de estas.
Según el asesor presidencial en el tema de presos políticos, Pedro Joaquín Amador, con la amnistía se beneficiará a unos 7,000 campesinos, más de 700 mujeres, 170 estudiantes universitarios, 72 sindicalistas, más de 3,000 oponentes al régimen de Hernández, 32 profesores criminalizados y más de 145 ambientalistas.
“Estamos revisando caso por caso para llevarlos al juez ejecutor quien decide si la aplica o no la aplica. No es ningún pacto de impunidad, lo que pasa es que hay sectores oscuros que quieren satanizar la amnistía. Estos sectores oscuros no tienen autoridad moral para satanizar la amnistía, para hablar de leyes”, expresó Amador.
LOS VICTIMARIOS QUE INVOCAN AMNISTÍA
Los apoderados legales de Roberto David Castillo Mejía, declarado culpable de ser coautor del asesinato contra la ambientalista Berta Cáceres e imputado en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, pretendió salir beneficiado con el decreto de amnistía.
Castillo es acusado por delitos de fraude y uso de documentos falsos con relación al otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque.
El argumento de los apoderados legales de Castillo radica en que su defendido fungió como coordinador de control de gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entre 2008 y 2010, situación que recae en el artículo 4, inciso A de la ley de amnistía que otorga de manera directa solicitar el beneficio a autoridades o empleados durante el periodo de gobierno de Zelaya Rosales, sin embargo, la justicia negó la petición.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien juramentó a la presidenta de la república, Xiomara Castro, en su toma de posesión, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se defina si la amnistía violenta o no la Constitución de Honduras.
Lo anterior responde a una solicitud que se presentó a la Sala III del Tribunal de Sentencia que dirige Romero Dávila y que pretende beneficiar a más de cuatro implicados en delitos contra la administración pública por malversar fondos destinados a la construcción de viviendas y dotación de pupitres en zonas rurales del país.
“Hemos considerado que la misma vulnera principios constitucionales. La Sala de lo Constitucional debe determinar si es constitucional o no”, expresó.
Según Romero Dávila no puede emitir un fallo de absolución o extinción del proceso penal mientras no exista un pronunciamiento del Poder Judicial sobre la amnistía.
A criterio del abogado constitucionalista Oliver Erazo al aplicarse la amnistía en casos de corrupción existe un abuso porque se estaría cubriendo otro tipo de delitos que no tienen nada que ver con “el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo”, por el contrario, el tipo de delitos que tienen correlación contra la administración pública.
UN INSTRUMENTO DE JUSTICIA
Para la titular del COFADEH, la normativa es “un instrumento de justicia” que busca favorecer a las víctimas del golpe de Estado y los criminalizados por el régimen que instauró el conservador Partido Nacional al mando de Juan Orlando Hernández.
“No creo que estuviese mal esta amnistía, el caso es que nosotros tenemos la fortaleza en derechos humanos, pero en toda esa maquinaria maquiavélica de los políticos entre los políticos eso no lo podríamos certificar”, dijo.
Para Oliva, las víctimas están siendo beneficiadas, pero son los grupos de poder quienes elaboran una estrategia para confundir a la opinión pública y utilizan organizaciones de derechos humanos molestas porque no fueron involucradas para otorgar certificaciones cuando lo que se evitó fue hacer negocios con las víctimas.
LA PROPUESTA DE UNA REFORMA
A raíz de los cuestionamientos y críticas de la amnistía, los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), que votaron a favor de la ley, pretendieron promover una reforma arguyendo que desconocían que el beneficio se otorgaría de manera directa a los exfuncionarios, empleados, autoridades de la administración Zelaya Rosales.
La congresista y abogada Maribel Espinoza, a causa de críticas por apoyar la normativa, respondió que no fue parte de la sesión ya que se encontraba fuera del país, pero anunció que la bancada del PSH acordó presentar una reforma estableciendo criterios de calificación conforme a convenios internaciones.
No obstante, hasta este momento dicha propuesta quedó en un discurso, vacío de acciones, debido a que no se presentó ni se ha presentado moción alguna.
Espinoza señala que los jueces deben examinar con pulcritud las peticiones de amnistía y determinar su procedencia o improcedencia conforme a la norma constitucional y “jamás otorgarse a delitos que no tienen conexión alguna con delitos políticos por tratarse de simple saqueo público”.
Entre tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, no descarta una revisión a la ley y ejecutar cambios, aunque es del criterio que no se han cometido abusos en su aplicación.
Contrario opina el diputado del Partido Nacional, Edgardo Loucel, quien afirma que la amnistía es un “pacto de impunidad” que “tenía nombre y apellido a favor de los correligionarios del partido de gobierno”, postura que mantiene el Partido Nacional y exige la derogación de la normativa.
El abogado y congresista, Jari Dixon Herrera, recriminó que los jueces están otorgando amnistías como si fuera “un cheque en blanco”, sin revisar si el caso tiene o no pruebas fehacientes contra el sindicado o si se justifica o no una persecución política.
“Yo le pido a los jueces que van a conocer estos casos, estas solicitudes que la ley de amnistía no la apliquen como un cheque en blanco para que dejen en libertad a cualquier persona involucrada en un caso de corrupción. Deben revisar si tienen pruebas no pueden admitir la ley de amnistía, pero no deben hacer un escándalo con una cuestión que está bastante clara”, manifestó.
Para el titular de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, quien inicialmente calificó el decreto como “un pacto de impunidad”, considera que ahora, para evitar que los sindicados en corrupción salgan favorecidos, el juez debe otorgar amnistía “siempre y cuando esos procesos hayan sido calificados como políticamente motivados”.
Según el también exfiscal de la república, el juez debe otorgar el beneficio acreditando que los referidos en el inciso A fueron políticamente perseguidos, de lo contrario, afirmó que tanto el juez como el fiscal del Ministerio Público se convertirían en sujetos pasivos de una acción criminal.
Orellana manifestó que, “por analogía, que es un mecanismo de interpretación jurídica que lo conoce cualquier estudiante de derecho, que ha estudiado lo básico”, el juez debe utilizar el mecanismo previsto para los demás incisos de la ley, es decir, pedirle al COFADEH y a la Secretaría de Derechos Humanos se pronuncien al respecto y si no se pronuncian el juez no podrá otorgar la amnistía.
Como bien reconocen parte de los entrevistados en esta nota, la aplicación de la amnistía por parte de los jueces refleja la justicia selectiva en Honduras, mientras se favorece a políticos vinculados en corrupción, los defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, continúan siendo víctimas de las autoridades judiciales al negarles el sobreseimiento definitivo a su favor por la defensa del agua y el medio ambiente.
Cabe indicar que el decreto también impide modificar o alterar los artículos constitucionales que rigen la forma y periodo de gobierno, las prohibiciones para ser presidente, las prohibiciones para ser reelecto en la presidencia a menos que se apruebe mediante una consulta popular o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
De igual manera, se declarará oficialmente la plaza pública ubicada frente al aeropuerto Toncontín con el nombre de Plaza Isis Obed, asesinado el 5 de julio de 2009, convirtiéndose en la primera víctima mortal del golpe de Estado.
Además, se apoyará a los descendientes directos de las víctimas registradas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos de derechos humanos en Honduras, otorgándoles asistencia social que garanticen su supervivencia en condiciones de seguridad y dignidad.
