Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alertó que David Castillo pretende beneficiarse con el decreto de amnistía en el caso conocido como “Fraude sobre el Gualcarque”.
Roberto David Castillo Mejía imputado en este caso también fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. El Tribunal tiene agendado emitir la sentencia conforme al fallo condenatorio dictado hasta el lunes 4 de abril, a la 1:30 de la tarde.
En un escrito compartido por el Copinh, los abogados defensores Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez Reyes solicitan se aplique a Castillo el Decreto Amnistía número 04-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el viernes 04 de febrero del año 2022.
🔴#Alerta | David Castillo busca beneficiarse de Decreto de Amnistía para cerrar caso en su contra por corrupción en el #FraudeGualcarque.
Abogados del coautor del asesinato de Berta Cáceres han solicitado aplicación del decreto de amnistía para propiciar impunidad. pic.twitter.com/TaKOtcuFdh— COPINH (@COPINHHONDURAS) March 11, 2022
David Castillo está acusado por los delitos de fraude y uso de documentos falsos en relación al licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque.
El Copinh informó que la solicitud fue consignada el martes 8 de marzo y el Tribunal de Sentencia convocó a audiencia el miércoles 16 de marzo a las 9:00 A.M. para debatir la petición.
El consejo recalcó que “la hora y el día coinciden con la audiencia de extradición de Juan Orlando Hernández y el fallo del caso en contra de la ex primera dama Rosa Bonilla”.
Bajo Decreto Legislativo 4-2022, el Congreso Nacional aprobó la “Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos No se Repitan” en condena al golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.
Entre los beneficiados por esta normativa están exfuncionarios acusados y condenados por actos de corrupción durante el periodo 2006-2009.
Según la memoria del Copinh, Castillo fue subteniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) entre 2006 a 2008 y posteriormente coordinador de control de gestión de la Empresa Nacional Energía Eléctrica (ENEE) entre 2008 y 2010.
En el gobierno de Manuel Zelaya, la ENEE fue intervenida por las FF.AA. por lo que militares fungieron funciones en áreas administrativas de la empresa estatal con el objetivo de recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, así como la mora financiera.
CRÍTICAS DE LA CIUDADANÍA A LA AMNISTÍA
El decreto de amnistía ha recibido críticas por algunas organizaciones de la sociedad civil, como el “Movimiento Patria Honduras”, que mediante un comunicado reprochó la aplicación arbitraria de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso Nacional que beneficia a exfuncionarios acusados y condenados por actos de corrupción durante el periodo 2006-2009.
Uno de los casos de amnistía que causó malestar entre la ciudadanía fue el de Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Chimirri quedó en libertad tras siete años de prisión. El exfuncionario fue condenado en 2018 a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, y ocho años por abuso de autoridad y fraude.
