Organizaciones de sociedad civil recriminan las declaraciones de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, sobre el paradero de Angie Peña, al considerar que es una información reservada que podría poner en alerta a los captores de la joven y por ende en riesgo su vida.
Tegucigalpa, Honduras. – Luego de la desarticulación de una red de pornografía infantil y trata de personas en Roatán, Islas de la Bahía, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, aseguró, en un medio de comunicación, que se sabía el paradero de Angie Peña –joven desaparecida misteriosamente desde el 01 de enero de 2022—.
“Sabemos quién la tiene y sabemos qué sucedió alrededor de su rapto”, expresó la subsecretaria de Seguridad. Además, aseguró que recientemente, la joven “fue vista viva”, posteriormente Villanueva señaló que es un tema delicado y que ya no seguiría hablando al respecto
Estas declaraciones han generado cuestionamientos por tratarse de temas sensibles que deben tratarse con reserva para mantener la integridad de la víctima y no alertar a sus captores.
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», dijo a Criterio.hn que, si en efecto las autoridades policiales saben del paradero de Angie, su recuperación debería darse inmediato. Sin embargo, expresó su preocupación por el manejo de la información, que en ocasiones ha sido negada. “Están cometiendo errores de comunicación o de coordinación”, dijo la defensora de derechos de la mujer.
De igual manera, la directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), Jessica Sánchez, a través de la red social X, increpó el manejo de la información que brindó Julissa Villanueva. “Al parecer nuestra viceministra no lo entiende, pese a las múltiples discusiones que hemos tenido. Con estas declaraciones ya alertó (otra vez) a los tratantes”, reprochó.
Además, Sánchez, enfatizó que todos los casos de violencia contra la mujer, entre ellos, el tráfico y trata “se necesitan confidencialidad”. Es importante mencionar que la investigación de la desaparición de Angie Peña había sido declarada bajo secretividad, sin embargo, ello no impidió a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, dar detalles del caso que aún está sin resolverse.
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SIEMPRE TUVIMOS TEMOR
Criterio.hn se contactó con Ericka Michelle Melgares, madre de Angie Peña,quien señaló que en la isla de Roatán siempre se supo el paradero de su hija. “Toda la gente de Roatán –incluidos policías y fiscales— sabían de esto, ellos estaban al tanto de lo que sucedía en la isla, es un secreto a voces”, expresó.
Ante la falta de información sobre el avance de la investigación de la desaparición de Angie, su familia, se acercó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y presentó el caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada, razón por la cual, de acuerdo con Melgares, las autoridades hondureñas han dado avances en la investigación.
Con relación a las declaraciones de la funcionaria, que de acuerdo con analistas alerta a las estructuras y pone en riesgo la vida de Angie, Ericka Michelle Melgares, expresó que “siempre hemos tenido temor”. Además, confió a Criteriio.hn que han suido objeto de amenazas, razón por la cual han tenido que salir del país.
En la entrevista, Ericka Michelle Melgares, enfatizó que esperan que las nuevas autoridades del Ministerio Público desarticulen la red de trata de personas en Roatán, es “justicia, queremos que nos digan dónde está Angie, a quién se la vendieron, qué la hicieron, qué fue de mi hija, sólo queremos justicia y que se sepa la verdad”.
Melgares, aprovechó para enviar un mensaje a las familias de personas que permanecen desaparecidas para que continúen la búsqueda de sus familiares.
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CASO ELEVADO AL COMITÉ DE DESAPARICIÓN FORZADA
En enero, familiares de Angie, en compañía de 16 organización y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), exigieron al Estado de Honduras acciones contundentes.
A razón de ello, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar a Angie, y proteger su vida e integridad personal. El requerimiento obligaba a las autoridades competentes a actuar de inmediato y presentar una estrategia basada en tres áreas: humanitaria, investigación penal y participación de la familia de la víctima.
Cristina Alvarado, integrante del Movimiento por la Paz «Visitación Padilla». (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
Al respecto, la defensora de los derechos de la mujer, Cristina Alvarado, refirió “quiero pensar han tomado (autoridades) en consideración estas sugerencias y por eso contamos con nuevos hallazgos”. Del mismo modo reconoció que quien ha dado respuesta a las demandas del Comité contra desapariciones forzadas ha sido el fiscal general Joel Zelaya.
Alvarado, remarcó que esperan que la investigación no sólo se reduzca al caso de Angie Peña, sino también los otros casos de desapariciones forzadas.
En Honduras, entre 2012 y 2022 se reportaron 9,838 personas desaparecidas, de las cuales, el 62% son hombres y el 38% son mujeres. Entre ellas, Angie Peña.
