Tegucigalpa. El proceso para la selección y elección de los magistrados y magistradas que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) si bien tiene cambios sustanciales que apuestan por la transparencia y eficacia, algunos consideran que al final será conformada por personas ligadas a intereses económicos y políticos con un cambio solo en la adversidad para enfrentar la justicia del país.
El exfiscal y abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, vaticina que la nueva Corte Suprema responderá a grupos políticos y económicos al tiempo que señala que tras “espectáculo” en el proceso de selección y elección lo único que cambiará es la adversidad para litigar los casos judiciales.
“Nueva Corte Suprema de Justicia indefectiblemente será expresión de todos los grupos políticos y económicos que controlan el país. Todo lo demás es parte del recurrente espectáculo de cada siete años. Nos toca disputar poder político y después litigar con mayor o menor adversidad”, expresó.
NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HN. Indefectiblemente será expresión de los grupos políticos y económicos que controlan el país. Todo lo demás es parte del recurrente espectáculo de cada 7 años. Nos toca disputar poder político y después litigar con mayor o menor adversidad. pic.twitter.com/C3yyQH0311
— Víctor Fernández (@VictorFerG) August 7, 2022
Las declaraciones de Fernández toman fuerza cuando el propio coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), asesor presidencial y expresidente, José Manuel Zelaya afirma que la Corte Suprema responde a intereses económicos y ahora la pugna es por tener a sus representantes partidarios.
“En resumen han quedado los abogados de los bancos y transnacionales como magistrados, ahorita se está haciendo un esfuerzo para que Libre tenga representación”, dijo.
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Al igual, su hermano el congresista Carlos Zelaya, secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, aseveró que la intención del Partido Libre es que sus magistrados y magistradas conformen la Corte Suprema que permita tener control en el Poder Judicial como lo ostentan en el Poder Ejecutivo.
“Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender a abogados y abogadas que son de nuestra militancia que tienen derecho a postularse como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, no lo vamos a esconder, de frente lo decimos, vamos a apoyar a esos compañeros que tienen todo el derecho y también vamos a defender a los funcionarios de esta administración que tienen derecho porque son personas correctas y que han luchado para postularse”, manifestó recientemente.
Para el analista e investigador Carlos Sierra, en entrevista a Criterio.hn, es una realidad que el diseño constitucional del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia dicta que los magistrados y magistradas son electos por los diputados y diputadas quienes representan intereses del partido político y, en algunos casos, “representan intereses económicos”.
“Esa es una realidad, es un agravante cuando algunos diputados y diputados en el pasado y en el presente representan intereses de poderes fácticos, vinculados a sectores oscuros y perversos”.
Sierra también concuerda que el cambio será en los obstáculos o adversidades que represente la nueva Corte, aunque confía que los cambios en el proceso de selección a través de la Junta Nominadora eviten que estos “representen al crimen organizado o poderes económicos perversos”.
“Una mejor Corte Suprema de Justicia no significa que sean apolíticos a lo que se refiere es que, aunque pertenezcan a partidos políticos, que su hoja de vida, su práctica jurídica y personal demuestren que son personas intachables para administrar la justicia del país al margen que representen los intereses de un partido político lo más importante es que impartan una verdadera justicia”, indicó.
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Además, expone que la conformación de fuerzas políticas en el Congreso Nacional cambia la conformación de la Corte Suprema con base a la repartición histórica de cuotas de poder siendo una oportunidad para que sean los y las mejores candidatas de cada partido quienes sean electos.
Por su parte, el abogado Odir Fernández reflexiona que “no es malo pertenecer a un partido político, lo malo es tergiversar las normas para beneficiar a los partidos políticos” o a favor de intereses de sectores corruptos situación que considera difícil pueda cambiar en este nuevo proceso.
“Creo que es bastante difícil, este proceso ya está comenzando completamente desacreditado, venimos doce años de una gobernanza bastante nefasta, de control absoluto, parece que no hemos aprendido la lección y que el sector político no quiere entender lo que necesita el país”, lamentó.
Para Juliette Handal, miembro de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), es evidente que todos los partidos políticos y sectores de poder “van a pelear por su gente, solo que otros no lo dicen, sino que en forma oscura lo ocultan”.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, reconoce que sectores conservadores en Honduras “han montado una campaña para mantener el control de la Corte Suprema y tiemblan en pensar que no responda a sus intereses”, sin embargo, promete que no habrá “más manipulaciones” y se elegirá a una “Corte Independiente”.
“No les dejaremos el campo libre a los mismos que avalaron la destitución de cuatro magistrados en 2012, a los mismos que callaron una reelección ilegal, a los mismos que respaldaron un gigantesco fraude electoral”, manifestó.
Asimismo, la congresista y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, Maribel Espinoza, concuerda que existe un fuerte debate entre grupos de poder que pelean sus magistrados factor que exhibe como “un poder judicial que protege descaradamente a jueces y empleados corruptos y se persigue a los honestos”.
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Espinoza cataloga como “perversos” a quienes quieren seguir teniendo el control de la Corte Suprema por lo que reitera la demanda de un Poder Judicial “independiente”, de lo contrario, se seguirá promoviendo la impunidad, la corrupción y atentando contra la forma de gobierno siendo la ciudadanía quien enfrenta una justicia selectiva y en contra de los intereses del pueblo.
A juicio de Juan Carlos Aguilar, coordinador del centro de asistencia legal anticorrupción de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), “la Corte Suprema, en los últimos tiempos, ha sido un instrumento para consolidar proyectos políticos en detrimento del estado de derecho, democracia y seguridad jurídica lo que afecta la inversión y la vida de los hondureños”.
Un caso que exhibe el control de intereses económicos por encima de los derechos de las comunidades en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente es la criminalización y persecución contra los defensores del ambiente de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón que enfrentaron la adversidad de la justicia ante una Corte Suprema cooptada y ser parte del régimen criminal que instauró Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico.
