Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres, abogó por la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú, manifestando que este garantizaría la reparación para quienes han sufrido la violencia extractivista, el acceso a la justicia y la exigencia del respeto de derechos fundamentales.
Llamado oficialmente como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, la adhesión a dicho tratado es una tarea pendiente heredada del régimen del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, cuyas instituciones no movieron un dedo para consentir a la adhesión.
Estos tres pilares que expone el Acuerdo de Escazú vendrían a dilucidar los conflictos y situaciones irregulares producto de proyectos extractivos implantados en los territorios, incluidos los territorios indígenas, que fueron legados tras el golpe de Estado, explicó la lideresa Lenca.
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El Acuerdo de Escazú también promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y bienes públicos, así como el respeto de los pueblos indígenas y las comunidades locales, algo que va en concordancia con la lucha que ha sostenido por años el Copinh y otras organizaciones, personas y espacios de lucha, planteó.
“Desde mi posición de coordinadora del Copinh, pero también desde mi posición de hija de una persona asesinada por luchar por la defensa de los bienes comunes, creo que es un principio que garantizaría la reparación de quienes hemos sufrido con estas pérdidas, por estas violencias, saber que otras personas puedan tener mejores mecanismos para el acceso a la justicia”, compartió.
El acceso a justicia por el asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, ha sido un camino empinado y lleno de obstáculos, diseñados para asegurar que el caso se mantenga en la impunidad. La familia de Cáceres, el Copinh y el equipo legal del Bufete Estudios para la Dignidad, que les representan han logrado sentenciar a los autores materiales y el coautor del crimen, sin que la justicia toque aún a los autores intelectuales del crimen.
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Fueron condenados en noviembre de 2018 por el asesinato de Berta Cáceres: el ex jefe de seguridad de DESA y teniente del ejército, entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo; el sargento de fuerzas especiales Henry Hernández; el oficial de fuerzas especiales entrenado por los Estados Unidos, Mariano Díaz Chávez; Óscar Torres; el gerente ambiental de DESA Sergio Ramón Rodríguez Orellana; Edwin Rápalo; y Edilson Duarte Meza, según detalló Frontline Defenders.
En junio de 2020, el exgerente de DESA, Roberto David Castillo, fue sentenciado como coautor en el asesinato de Cáceres a 22 años y seis meses de prisión. Actualmente, está pendiente la resolución del juicio por el caso conocido como Fraude sobre el Gualcarque, en el que Castillo también está imputado, el cual involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Zúniga Cáceres recordó que el Copinh ha visto la maquinaria que se emplea en favor de los intereses en temas de generación de energía para defraudar al Estado y obtener mayores ganancias de las que se podría obtener legalmente, mediante el uso de irregulares licencias ambientales, testaferrato, y donde la institucionalidad es instrumentalizada para favorecer a un sector empresarial vinculado al asesinato de la lideresa Berta Cáceres.
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Ante el cambio climático, Zúniga Cáceres señaló como injusto que sean los pueblos originarios, quienes más han cuidado la naturaleza y quienes menos han impactado al calentamiento global, quienes paguen con sus vidas y sus derechos una sistemática condición de violencia.
La coordinadora del Copinh también reveló que en conversaciones con funcionarios del Estado existe preocupación sobre cómo se operará desde la institucionalidad una vez entre en vigencia el Acuerdo de Escazú, algo que ella también comparte por lo que realizó un llamado a las organizaciones para la construcción de los protocolos necesarios para clarificar cómo funcionaria en la práctica.
“Creo que sí es algo muy importante, porque nosotras por ejemplo lamentamos que el Convenio 169 [de la OIT] solo sea un instrumento internacional pero que incluso Tribunales en Honduras se han pronunciado diciendo que porque no existe una normativa no es de carácter obligatorio”, concluyó.
Bertha Zúniga Cáceres realizó estas declaraciones en el marco del Foro Nacional por la Adhesión al Acuerdo de Escazú, organizado por el comité nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), realizado a finales de agosto.
