Entre 2016 a 2021, unos 269 docentes fueron empujados al desplazamiento o estuvieron en riesgo inminente de ser desplazados, según informe citado por el ACNUR
Tegucigalpa. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó mediante una publicación la vulneración a su seguridad que viven maestros y maestras en instituciones educativas públicas en Honduras.
De acuerdo con la información revelada por ACNUR, «los profesores hondureños también se encuentran en la primera línea del desplazamiento interno, que se cree que afecta a más de 247.000 personas» en el país centroamericano. Esto en parte porque «los estudiantes buscan a los profesores para hablar con ellos sobre las amenazas que a menudo les obligan a abandonar la escuela para buscar seguridad en otra región».
Son esas confidencias, dice la publicación de ACNUR titulada «Docentes en Honduras se enfrentan a amenazas dentro y fuera de las aulas», las que provocan que los profesores se vean envueltos involuntariamente en conflictos de pandillas potencialmente mortales, forzándolos a huir también.
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Entre 2016 y 2021, conforme a un informe reciente de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Honduras citado en el documento, «unos 269 docentes fueron empujados al desplazamiento o estuvieron en riesgo inminente de ser desplazados, aunque esa cifra incluye solo los casos en los que se presentaron denuncias oficiales, lo que significa que el número real podría ser sustancialmente mayor».
La publicación de ACNUR también señala que las escuelas en Honduras están siendo utilizadas «como casas de seguridad para esconder drogas ilícitas o armas». Un director identificado bajo el seudónimo de Horacio Montes, para resguardar su seguridad, afirmó: “Hemos tenido niños que prácticamente tropiezan con armas [en la escuela]”, comentó. “Han encontrado balas y cartuchos, y nos los traen”.
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A las «tomas» de escuelas públicas se suman pagos de sobornos por parte de los maestros para poder ir a trabajar, cada vez que cruzan las «fronteras invisibles que separan el territorio de una pandilla de la otra».
Mientras que otros son víctimas «de extorsión, intimidación y amenazas por parte de los miembros de las pandillas, que a veces incluyen a sus propios estudiantes o a los padres de éstos». A la vez, identifican a las profesoras como especialmente vulnerables, ya que pueden ser objeto de acoso sexual o incluso de agresiones sexuales.
“Hay momentos en que ponemos en riesgo nuestra propia integridad, dando protección a nuestros niños y a nuestras niñas”, señaló el director de 51 años identificado bajo el seudónimo de Miguel López.
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La nota publicada por ACNUR apuntó que paradójicamente la pandemia de COVID-19 supuso una pausa en las amenazas que enfrentan los docentes hondureños que trabajan en territorio dominado por pandillas.
Sin embargo, «muchos profesores se han encargado de desafiar las fronteras invisibles entre los territorios de las pandillas para entregarles personalmente materiales impresos a sus alumnos para que puedan seguir el ritmo de sus estudios». Esto debido a que la mayoría de sus estudiantes no tienen acceso a dispositivos o conexiones a Internet.
