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Presupuesto de salud y educación, una ilusión que podría convertirse en un engaño

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Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Con bombos y platillos el ministro de Finanzas, Marco Midence, anunció que el Gobierno hondureño, que dirige Juan Hernández, ha fortalecido los presupuestos de salud y educación para el ejercicio fiscal del 2021.

El Gobierno ha instalado en el ideario colectivo que el nuevo presupuesto prioriza la reconstrucción, reactivación económica, la salud y educación, como motor de recuperación luego de los daños provocados por las tormentas tropicales Eta y Iota y la pandemia por COVID-19.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso Nacional los presupuestos de salud y educación incrementaron en comparación al año pasado. En 2020 el monto para salud osciló en 15 mil 880 millones 193 mil 416 lempiras (L. 15,880,193,416) y para 2021 aumentó a 18 mil 218 millones 439 mil 532 lempiras (L. 18,218,439,532).

Por su parte educación pasó de 29 mil 907 millones 613 mil 557 lempiras L. 29,907,613,557 en 2020 a 32 mil 234 millones 886 mil 9 lempiras (L.32,234,886.009) en 2021.

El Gobierno ha sacado provecho mediático, al punto que Midence presumió que lograron construir un presupuesto en el que el 30 %, que forma parte de la administración central, será destinado a salud y educación.

 

ILUSIÓN QUE MAQUILLA LA REALIDAD

A finales de diciembre de 2020, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal de 2021, que asciende a 288.871,1 millones de lempiras, de los que 162.435,6 millones se destinaron para la administración central y 126.435,4 millones para la administración descentralizada.

“Existen medias verdades y mentiras cuando vemos el monto absoluto de lo aprobado en diciembre, se puede decir que es cierto pero el asunto no se puede ver así porque sabemos que hay mucha burocracia, corrupción en las compras y contrataciones, todo eso resta a los montos asignados en el presupuesto”, reacciona el economista del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.

El Mirón

La afirmación de Marco Midence es ENGAÑOSA porque presenta una realidad inexistente que produce confusión y promueve la imagen de un Gobierno comprometido con el desarrollo social.

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El economista del Fosdeh, Ismael Zepeda, contrarresta el discurso del ministro de Finanzas, Marco Midence, al señalar que entre el presupuesto de 2020 y el de 2021 no hay muchas diferencias.

Zepeda dice que el Gobierno vende una ilusión alejada de la realidad. “Pretenden crear una ilusión de una asignación presupuestaria a salud y educación, pero cuando uno desglosa ese presupuesto se da cuenta que no hay muchos cambios en comparación a otros años”.

Midence destacó a medios de comunicación que la partida para el gasto corriente disminuyó un 20 %, es decir, unos 5 mil millones de lempiras con respecto al presupuesto del 2020, y con ello se reorientó a otras áreas como salud y educación.

“Hay que ver si se cumple el presupuesto porque el Gobierno en todo el año hace modificaciones, sabemos que el monto aprobado no es el mismo que el ejecutado, este es un año político y es probable que les den prioridad a los programas de Vida Mejor en lugar de salud y educación”, señala por su parte el economista Claudio Salgado.

Para Salgado el Gobierno está tan desprestigiado que ya no se les cree nada, por lo que es válido poner en duda si el nuevo presupuesto se verá reflejado en áreas sensibles como la salud y educación, partiendo que el país vive en la actualidad una emergencia sanitaria.

El economista considera que será clave la vigilancia social para que se inviertan los fondos estipulados y se abastezcan los hospitales y los centros educativos.

“Veremos a lo largo del año si se refleja el presupuesto en la compra de insumos, invertir en salud y educación, todavía está en duda que ese presupuesto ajuste para este año en la situación que vivimos”, enfatiza el economista.

El profesor Juan Romero afirma que el dinero aprobado por el Gobierno en años anteriores no se refleja en hechos: “no es cierto que haya recursos disponibles, en la realidad vemos que hace falta dinero y voluntad política para que la educación sea una prioridad para el Estado, por ejemplo, el 2020 fue un año duro para la educación pública, porque por el confinamiento las clases se impartieron de forma virtual y el Estado estuvo ausente, y parece que la situación en el 2021 será igual”.

Para Ismael Zepeda el discurso del Gobierno no evidencia los registros presupuestales de los últimos diez años, pues desde su punto de vista las asignaciones para la secretaría de Educación no han crecido ni siquiera un 40 %.

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SALUD Y EDUCACIÓN NUNCA HAN SIDO PRIORIDAD

“Para un pueblo tan empobrecido como el nuestro, un presupuesto de este tipo no será suficiente, por eso se deben eliminar gastos que no aportan nada, como el de las Fuerzas Armadas, eso es un gasto, no es una inversión”, cuestiona el economista Claudio Salgado.

El economista considera que, para el Gobierno, la salud y educación no han sido prioridad, prueba de ello es la débil infraestructura educativa y la crisis permanente que viven los centros asistenciales públicos.

“Se le ha dado prioridad al gasto militar y eso no conduce a una acertada política social o desarrollo de nación”, comenta Salgado.

Por su parte Zepeda señala que “durante los últimos diez años lo que hemos visto es un crecimiento en seguridad, pero salud y educación no se compara con ello, estas secretarias no han tenido el crecimiento de seguridad”.

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El Fosdeh desarrolló el estudio “Seguimiento y Evaluación del Gasto Público en Seguridad y Defensa 2002 – 2018”, en el que evidencia la prioridad del Gobierno en los últimos años, para fortalecer la seguridad por encima de la educación y salud.

“La evolución del presupuesto aprobado para la Secretaría de Defensa a lo largo de los años es creciente, así como el gasto efectuado por este ente, otro aspecto sobresaliente son los incrementos presupuestarios realizados cada año (modificaciones presupuestarias). Este panorama responde a las medidas implementadas en el país en pro del aumento de la figura militar en materia de seguridad pública”, explica el documento.

El informe detalla que la administración gubernamental de Juan Hernández es la que más recursos ha destinado a la secretaría de Defensa. “Es oportuno señalar que, durante este periodo, además de dársele a las fuerzas armadas la potestad de realizar funciones en el marco de seguridad pública, también el conflicto político y social posterior a la celebración de elecciones generales en noviembre de 2017, provocó costos financieros no presupuestados a esta institución, así como violación de derechos a manifestantes en contra de la falta de transparencia de la institución encargada del proceso electoral”.

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Según el Fosdeh, la principal fuente de financiamiento de la secretaría de Defensa es el tesoro nacional porque en esta fuente se concentra la recaudación de ingresos nacionales, vía impuestos, resaltando que, dentro de los mismos, el que genera mayores recursos es el Impuesto Sobre Ventas (impuesto indirecto), por tanto, la ciudadanía, a través del pago de sus impuestos, financia a este ente.

De acuerdo con el análisis del Fosdeh, el gabinete de Defensa y Seguridad ha triplicado su presupuesto, razón por la que este organismo de sociedad civil sostiene que las prioridades no han sido la salud y educación como intenta hacerlo creer el Gobierno a través de Marco Midence.

“Las armas no sirven para nada, solo para proteger la élite de nuestro país, lo que se debería hacer es implementar una política que restituya los beneficios y la inversión integral en salud y educación”, sugiere Salgado.

Según el docente Juan Romero el Estada abandonó a la educación en los últimos años y puso de ejemplo el arranque del actual año lectivo en el que, a su juicio, “hay muchas dificultades porque no existe de parte del Estado el ofrecimiento de una plataforma informática que garantice facilidades para matricular a estudiantes e impartir los temarios”.

“Hay instituciones que deben pagar sus sistemas de software para impartir las clases y almacenar la información y tareas, eso lo debería pagar el Estado, pero no se está dando, es decir, no hay respuesta del Estado para resolver esos problemas. Eso también es abandonar a la educación”, apuntó el mentor.

DESARROLLO SOCIAL: UNA TAREA PENDIENTE EN HONDURAS

Los analistas creen que en Honduras hay que apostar por reestructurar la administración de la salud y educación y por un desarrollo social integral, que busque transformar la atención que se le brinda a la ciudadanía.

“Las acciones que puede tomar un Gobierno para fortalecer la salud y la educación es construir más hospitales y escuelas, poner metas de desarrollo humano en ambos sectores, por ejemplo, reducir el analfabetismo, los indicadores de desnutrición y mortalidad infantil, es decir, trabajar en función de esos objetivos”, insta Claudio Salgado.

Para fortalecer la educación y la salud, Salgado propone constitucionalizar la asignación presupuestaria. “Se debe crear una disposición constitucional que diga que los presupuestos de salud y educación no pueden ser menores al Producto Interno Bruto (PIB), eso sí sería algo bueno”.

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Mientras tanto Ismael Zepeda considera que, para hacer eficiente a la administración pública en esas áreas, hay que apostar por una reestructuración interna. “En salud y educación también hay burocracia, hay que revisar todos esos aspectos para poder transformar esas áreas, hay que reestructurar todo, no solo se trata de incrementar presupuesto, hay que tener una visión más integral de las cosas”.

 “EL DINERO AJUSTA CUANDO NO SE LO ROBAN”

En el informe “Estimación de la corrupción en Honduras entre el año 2014-2018” el Fosdeh relata el impacto ocasionado por la corrupción en Honduras.

Las cifras fueron adquiridas a partir de la sistematización y análisis de casos de corrupción registrados en diversas áreas de la vida social y política de Honduras. En el año 2014, según el Fosdeh, por concepto de corrupción el país perdió 37 mil 947 millones de lempiras con 79 centavos (L 37,947.79).

 “La situación del avance de la corrupción prosigue en términos semejantes a los observados en 2014. Para el año 2015 se estimó un monto total de cuarenta y cinco mil treinta y siete sesenta y cuatro millones de lempiras (L 45,037.64) equivalente a un diez punto setenta por ciento (10.70 %) del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado”, detalla el documento.

En 2016 el flagelo creció en comparación a los años anteriores, tanto así que el Fosdeh estimó un monto de 49 mil 619.76 millones de lempiras perdidos por corrupción.

El 2017 y 2018 la tendencia de aumento se mantuvo. En 2017 las pérdidas fueron de 56 mil 566.61 millones de lempiras y en 2018 de 64 mil millones 866 lempiras.

El documento enfatiza que el dinero que Honduras pierde por corrupción, también afecta áreas estructurales como la salud y educación.

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