La embajadora Dogu continúa mostrando su injerencia ante determinaciones soberanas del Congreso hondureño. El Gobierno le presentará una protesta formal
Tegucigalpa, Honduras.- El gimoteo de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, continúa. Las decisiones soberanas del Congreso de la República, al parecer, siguen causándole descontento y malestar a la máxima representante diplomática de Estados Unidos en Honduras, un país que históricamente se ha visto avasallado por las directrices que emanan de la nación norteamericana.
La embajadora asegura, a pesar del transcurso de los meses, que la derogación de la “Ley de Empleo por Hora” y la aprobación de la “Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano” están “complicando las probabilidades de éxito en inversiones destinadas a Honduras”.
“Estas acciones están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras”, expresó la embajadora Dogu el 25 de octubre de 2022, durante la celebración del encuentro anual de la Cámara de Comercio Americana-Hondureña.
Al igual que en episodios previos, las declaraciones de Laura Dogu colocaron al Gobierno hondureño en una posición de enfurecimiento. El canciller de la República, Enrique Reina, declaró que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras son “altamente necesarias”, pero que también existe un lazo de dignidad que “se debe respetar”. El 31 de octubre de 2022, informó, se citará con la diplomática estadounidense, a quien le presentará una protesta formal por lo que él considera una “injerencia”.
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Aunque la embajadora estadounidense continúe evidenciando oposición a la derogación de la “Ley de Empleo por Hora” y a la aprobación de la “Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano”, es necesario resaltar que ambas fueron decisiones soberanas de las diputadas y los diputados del Congreso de la República. Laura Dogu, habría que consultarle, ¿se tomaría a bien una opinión emitida por un embajador hondureño con relación a una determinación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos?
LAURA DOGU PROMUEVE LEYES ABUSIVAS
La “Ley de Empleo por Hora” se aprobó en el Congreso hondureño el 24 de marzo de 2014, como una iniciativa que tenía como supuesto propósito contrarrestar los indicadores de desempleo, sin embargo, en muchos de los casos la normativa fue utilizada, por parte de empresarios abusivos, como una herramienta que les permitía contratar mano de obra barata, privando a empleados del acceso a derechos establecidos en el Código del Trabajo.
A pesar del respingo del sector privado, que aseguró que se perderían cientos de miles de empleos, y ante el impulso de las centrales obreras, la ley fue derogada el 28 de abril de 2022 por la Cámara legislativa, aunque ingresó en un período de vacatio legis que la hizo entrar en vigor hasta dos meses después, el 28 de junio de 2022.
La ley fue utilizada, en muchos casos, para cercenarle derechos a miles de empleados de Call Center (Centro de Llamadas, en español) que, ante el raquítico mercado laboral, se ven en la obligación de acudir a ese tipo de trabajos alternativos.
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Según datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo a Criterio.hn, en Honduras operan 41 Call Centers nacionales e internacionales, entre los cuales 12 (el 29.3%) cuentan con capital estadounidense.
Tras la entrada en vigencia de la derogación de la “Ley de Empleo por Hora”, algunas de estas empresas se han visto obligadas a otorgar plazas permanentes a sus empleados, pero a otros, abusivamente, los han despedido sin un preaviso. ¿Esa es la inversión extranjera que promueve la embajadora estadounidense?
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En la capital hondureña, Tegucigalpa, se construye el nuevo edificio de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos meses, los constructores contratados por la firma B.L. Harbert International han denunciado la contratación bajo empleo por hora, una situación que ha reducido sus salarios y los ha privado de la seguridad laboral que ostentarían bajo la normativa hondureña.
Las voces de estos obreros, entre los cuales muchos han sido víctimas de accidentes laborales, continúan sin ser escuchadas por la Oficina de Operaciones de Edificios en el Extranjero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, según denuncias del Comité Internacional de DSA (Socialistas Democráticos de América), al menos cien de ellos han sido despedidos.
“Si la Embajada de Estados Unidos busca defender empresas que se han beneficiado de algunos esquemas que no han sido los correctos, ellos también deben recapacitar que no es la mejor forma de lograr inversiones en el país”, soltó el canciller Enrique Reina.
EMBAJADA LLAMÓ A DIPUTADAS Y DIPUTADOS
El 12 de mayo de 2022, el Congreso de la República aprobó la “Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano” con 95 votos a favor y 19 en contra (en su mayoría del Partido Nacional).
La ley ordena a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a revisar todos los contratos de generación (en su mayoría leoninos), al igual que autoriza a la gerencia de la estatal eléctrica a realizar una reestructuración administrativa y técnica de la empresa.
El 3 de octubre de 2022, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Finanzas informaron sobre la firma de un memorando de entendimiento, que trazó como objetivo la renegociación de 16 contratos con 14 empresas generadoras de energía eléctrica.
Pero a través de Twitter, días antes de que el anteproyecto de ley se discutiera y votara en su tercer debate, la embajadora Laura Dogu expresó: “Estamos analizando la propuesta energética, y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”. Recientemente volvió a evidenciar su posición en contra de la determinación del Gobierno hondureño.
La situación se vuelve más seria. El 25 de octubre de 2022, el canciller Enrique Reina declaró que, aunque inicialmente no quiso hacerlo público, conoció que desde la Embajada estadounidense se llamó a diputadas y diputados, con el propósito de evitar que se aprobara la ley.
“Sí consideramos que en otros casos ellos (la Embajada) han buscado en el Congreso que no se aprueben leyes como la Ley de Energía, estuvieron llamando a diputados y diputadas para que no se aprobara”, mencionó Reina.
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El secretario del Congreso, Carlos Zelaya Rosales, también expresó que un jefe de bancada (sin especificar el partido al que pertenece) le llamó y le comentó que se les había amenazado con retirarles visas americanas. Si la embajadora Laura Dogu realmente respeta la soberanía de Honduras, como mínimo, debería defenderse ante tales señalamientos. ¿O, realmente, no le genera vergüenza interferir en las decisiones de los demás países?
NO ES LA PRIMERA VEZ
No es la primera vez que Laura Dogu es calificada como “injerencista”. En ocasiones previas, sus pronunciamientos en contra de la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que se mantiene engavetada, y una polémica al denominar al designado presidencial, Salvador Nasralla, como “vicepresidente”, ya habían puesto en conflicto a la diplomática con el Gobierno hondureño.
Aunque algunos sectores conservadores califican las acciones de la Administración de Xiomara Castro como innecesarias, ella es quien constitucionalmente dirige la política exterior del país. Por lo anterior, la presidenta de la República tiene derecho a establecer límites de respeto que, si se analizan objetivamente, sí han sido sobrepasados por la representación diplomática de Estados Unidos.
El vicepresidente del Congreso de la República, Hugo Noé Pino, también refirió en las últimas horas que las acciones de Laura Dogu son “elementos distorsionadores en la relación entre Honduras y Estados Unidos”.
“Hasta ahora creo que la agenda común que tenemos de evitar la migración y combatir el narcotráfico es bastante amplia, pero miro una situación innecesaria”, expresó Pino, quien además ha sido embajador de Honduras ante Estados Unidos.
