Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- La población no pudo escuchar a totalidad las conclusiones del juicio que debió ser público en el caso Fraude Sobre el Gualcarque, incurriendo el Poder Judicial en irrespeto al principio de publicidad y transparencia al no transmitir la audiencia celebrada en el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
No obstante, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), pese al velo de opacidad desde el sistema judicial hondureño, resumió parte de las conclusiones realizadas por la acusación privada de la Causa Berta Cáceres a manos del bufete Estudios para la Dignidad el viernes 19 de agosto.
En la etapa de conclusiones destacó la exposición de la “red de corrupción que actuó maliciosamente en favor de DESA” y que causó al Estado de Honduras un perjuicio económico por un valor de L 380,795.06, con el objetivo de beneficiar a un grupo económico pese a que el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca no era viable.
En primer lugar, en su resumen el Copinh resaltó que una red de corrupción de funcionarios de diferentes instituciones del Estado hicieron uso de su posición privilegiada para realizar actos irregulares que favorecieron al Proyecto Agua Zarca y al grupo económico que lo promovió.
Pese a que Roberto David Castillo dejó de laborar para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hasta marzo de 2012, este trabajó para Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) firmando como Director de la empresa en reuniones con las comunidades de San Francisco de Ojuera e Intibucá para promover la aprobación comunitaria del proyecto Agua Zarca. Posteriormente, formó parte de la directiva de dicha empresa, con poder general de administración en el año 2011.
El testimonio del banquero y empresario Jacobo Nicolás Atala Zablah reforzó esta conclusión al señalar que “David Castillo le propuso invertir en un proyecto hidroeléctrico que se había adjudicado a una empresa a nombre de él en 2009, y además Jacobo Atala afirmó que le pareció relevante que David Castillo haya trabajado en la ENEE, para involucrarse en este proyecto de generación de energía sobre el río Gualcarque”.
Previamente, Criterio.hn señaló que en su testimonio Atala Zablah incurrió en contradicciones sobre los tiempos referidos entre el momento en que conoció a David Castillo, el estudio del análisis financiero y el momento en que la familia Atala Zablah decidió invertir en la empresa DESA.
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Otro punto que fue remarcado en las conclusiones fue el peritaje presentado por el Ministerio Público, el cual demostró que el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca no era viable. “Al realizar la modificación de la Licencia Ambiental por aumento de potencia de 14.458 MW a 21.7 MW se debió haber desarrollado un estudio de factibilidad, esto debido a que el cauce del Río Gualcarque presentaba un déficit en el volumen de agua requerida en el proyecto”, destacó el Copinh.
En esta etapa también se expuso cómo la “red de corrupción actuó maliciosamente en favor de DESA” al no haber debida diligencia en la revisión y análisis de la documentación presentada ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como la facilitación de cambios de categorías con el propósito de evitar el Estudio de Impacto Ambiental. Tampoco se tomaron en cuenta las observaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en cuanto a los posibles daños al caudal del río Gualcarque.
Finalmente, Copinh concluyó su resumen resaltando que el caso Fraude Sobre el Gualcarque demostró “que la sumisión de la institucionalidad del Estado por parte de grupos empresariales y funcionarios corruptos no solo se realizó para este caso, sino que fue práctica estandarizada para muchos otros proyectos de generación de energía, provocando severos daños a la economía y la administración del Estado”.
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El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco. Los imputados son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. El caso está ligado al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.
Roberto David Castillo Mejía ya fue sentenciado a 22 años y seis meses por su coautoría en el asesinato de la entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Isabel Cáceres Flores.
Este lunes 22 de agosto continuó la etapa de conclusiones en el juicio Fraude sobre el Gualcarque. Contrario al viernes en que se irrespetó el principio de publicidad y transparencia cuando debatían las partes acusadoras, durante los argumentos de la defensa de los imputados sí se contó con transmisión virtual.
