Tegucigalpa.- Tras develarse el latrocinio de alrededor de tres mil millones de lempiras del Poder Legislativo en la administración de Mauricio Oliva, exigen al Ministerio Público deducir las responsabilidades penales contra los implicados, además investigar desidia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) frente a los actos de corrupción.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo presentó un informe en el que develó un rosario de actos de corrupción durante la gestión de Oliva, exdiputado del conservador Partido Nacional, que representó un perjuicio de 2 mil 926 millones 210 mil 159 lempiras.
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Millonarios subsidios que no fueron liquidados por diputados, sobrevaloración en contratos, excesivos gastos en alquiler de vehículos blindados y helicópteros, elevados seguros de vida y médicos que se asignaron a familiares de diputados y exdiputados, cooptación de medios de comunicación a través del despilfarro en propaganda y publicidad son parte de los hallazgos que denunció Redondo.
Sin embargo, la exigencia yace en que el Ministerio Público investigue y judicialice penalmente a los implicados en el saqueo al Poder Legislativo, de lo contrario, consideran que quedará como un escueto “show mediático”.
“El señor Redondo dijo la verdad, pero la forma en que lo hizo no fue la mejor creo que daba la idea que era un “show” mediático más que otra cosa. Habrá que demandar ahora que los acusados, de los cuales no se dio su nombre, respondan a esta acusación sino va a pasar sin pena ni gloria”, declaró el analista político y abogado Raúl Pineda, en entrevista a Criterio.hn.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló que corresponde a los organismos persecutores del delito actuar de oficio contra quienes estén implicados en el latrocinio al Poder Legislativo, al tiempo que demanda investigar el accionar del TSC.
“Hemos podido apreciar un abuso de poder, un uso de los recursos públicos de forma impresionantemente irregular y procede que los organismos de justicia del país hagan su trabajo… Dónde estaban las auditorías, dónde estaba el Tribunal Superior de Cuentas cuando pasaron estas series de irregularidades”, cuestionó.
Pino señaló que se entregó toda la información y documentación al Ministerio Público sobre los hallazgos por lo que espera se actúe de oficio.
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A juicio del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, no se debe permitir más impunidad por lo que reprocha que los entes contralores del Estado no procedieron a investigar el descomunal saqueo.
“Con el informe sobre los gastos del Congreso Nacional anterior, pareciera que el fin fue siempre servirse y no servir al Estado de Honduras. Derroche y exceso debe ser investigado y castigado por los entes contralores del Estado y preguntamos ¿por qué nunca lo hicieron antes?”, expresó.
Roy Pineda, magistrado presidente del TSC, respondió que comenzarán una investigación contra el auditor interno del Congreso Nacional para verificar el trabajo que realizó y del porqué ocurrieron los actos de corrupción que se denunció.
La excongresista del Partido Liberal, Karla Medal, calificó como “vergonzoso e inhumano” el latrocinio que denunció Redondo durante la gestión de Oliva en dos periodos de gobierno 2014-2018 y 2018-2022 y exige a los organismos de justicia actuar.
“Al Ministerio Público, Tribunal de Cuentas y auditores, Honduras demanda de un trabajo responsable y transparente. Están en la obligación para actuar de oficio, dónde están estas auditorías que se hacían a este poder del Estado”, añadió.
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A juicio del exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, existe pruebas contundentes que evidencias diversos delitos de corrupción y debe ser la fiscalía quien debe actuar tras el informe que presentó Redondo.
Podemos indicar que estamos ante tipo penales como fraude, malversación de caudales públicos, le corresponde al mismo Ministerio Público impulsar esta denuncia pública y de manera oficiosa deben hacerlo”, dijo.
Cabe indicar que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) realiza investigaciones sobre los actos de corrupción en el Congreso Nacional donde, al igual que en el Poder Ejecutivo, se destruyó la mayor parte de documentos y equipos con información financiera y administrativa siendo la finalidad ocultar los actos de corrupción.
