Tegucigalpa. – En los episodios de corrupción ocurridos en la última década en Honduras el gobernante Juan Orlando Hernández no actuó solo. Tuvo la complicidad de funcionarios, diputados, empresarios y operadores de organizaciones no gubernamentales.
Honduras, la segunda nación más pobre de América, perdió anualmente a causa de la corrupción unos 65.000 millones de lempiras entre 2014 y 2018 y que se estima en el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), asegura el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Ese período cubre cinco años de los ocho que gobernó Hernández.
Hernández, en el escenario de corrupción instaurado pagó a decenas de periodistas, incluidos directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), lo que quedó al descubierto en el llamado Caso Hermes, en el que 77 comunicadores recibieron casi 100 millones de lempiras de la casa presidencial para “que emitieran opiniones… a favor del presidente de la República”. (Descargue aquí la lista de los señalados en el Caso Hermes)
En Honduras se practicó una “corrupción a cielo abierto, una corrupción primitiva, abierta… los actores no han tomado cuidado de ocultarla”, dijo el exvocero de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el fiscal brasileño Luis Guimarães Marrey, poco antes de abandonar el país en junio de 2019.
“Tenían tanta confianza en la impunidad, que no tomaron el cuidado mínimo de ocultar los hechos”, agregó Marrey, uno de los jefes de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Honduras a principios de 2016 y puso al descubierto la corrupción del entonces gobernante Partido Nacional y Hernández, tras el golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, que llevó al poder al nacionalista Porfirio Lobo en el 2010.
Para ocultar una corrupción tan descarnada, fue necesaria también una prensa que renunció a cumplir su papel de contrapoder y fiscalizador del ejercicio del poder público en una democracia, opinan analistas.
La MACCIH—que llegó a Honduras tras multitudinarias protestas en las principales ciudades del país en 2015, exigiendo la renuncia de Hernández por el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en sus investigaciones conjuntas con la también desaparecida Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción ( UFECIC)— puso al descubierto casos de corrupción de funcionarios, diputados y operadores de llamadas ONG´s, en los que se desvió fondos para campañas políticas y enriquecimiento personal.
También lea: Sobreseimiento en “Caso Pandora”: aumento de espiral de la impunidad en Honduras
Pero también de periodistas pagados con fondos ligados al caso Pandora, que derivaron en la investigación del llamado Caso Hermes, en el que se destinó casi 98.3 millones de Lempiras a 77 comunicadores, entre ellos directivos del CPH.
“Bueno, la respuesta la tiene usted en el listado que aparece en lo que se conoce como Caso Hermes, ahí se repartieron cantidades millonarias entre algunos miembros de la prensa”, dijo el analista, abogado y exdiputado nacionalista, Raúl Alvarado, consultado sobre qué pasó con el trabajo de la prensa y los periodistas durante los gobiernos de Hernández marcados por la corrupción.
“Hubo una enorme dosis de corrupción”, agregó.
En el Caso Hermes presentado ante los tribunales por el fiscal anticorrupción Luis Javier Santos, que involucra a la fallecida hermana del extraditado gobernante a Estados Unidos, Hilda Hernández, Casa de Presidencial a través de una llamada empresa Servicios e Inversiones (AID) operó 122.1 millones de Lempiras de los que 98.3 millones fueron a parar a manos de periodistas.
Lea, además: Hermes, el nuevo escándalo de corrupción por el que está acusada una hermana de Juan Hernández
JOH ARRASTRÓ LA PRENSA
Los pagos a periodistas de medios escritos, radiales y televisivos entre 2014 y 2016 se realizaron a través de Servicios e Inversiones AID, por decisión de la fallecida hermana de Hernández y ministra de Comunicaciones y Estrategia “a fin de que emitieran opiniones favorables a favor del presidente de la República”, según el requerimiento presentado en los tribunales el 22 de febrero de 2021.
Santos presentó acusaciones contra 11 personas, en su mayoría funcionarios bajo cargos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, malversación y lavado de activos. Ninguna contra periodistas.
La corrupción de los periodistas en Honduras, no es un fenómeno nuevo, pero en las administraciones de Hernández se sistematizó coincidiendo con una profundización de la corrupción y una cruzada para controlar el sistema de justicia e impulsar una reelección presidencial ilegal en 2017.
En la fábrica de impunidad en el Congreso Nacional, dominado por el Partido Nacional y diputados liberales leales al expresidente Carlos Flores Facussé, el 26 de septiembre de 2019, también beneficiaron a la cúpula del CPH aprobándoles la ratificación y ampliación de un decreto que impide se investigue presunta corrupción en el ente de pensiones de los periodistas.
Lea sobre el tema: Amplían escudo de impunidad a directivos de periodistas
Les aprobaron el decreto 113-2019, que coloca a los directivos del CPH en el Instituto de Previsión Social de los Periodistas (IPP), sobre las leyes en Honduras, un instrumento de impunidad más sólido incluso que los que se aprobaron antes para funcionarios, diputados, empresarios y operadores de ONG´s involucrados en episodios de corrupción descubiertos por la MACCIH.
El decreto 113-2019 sancionado y publicado por Hernández el 25 de noviembre de 2019, pone al descubierto la complicidad entre los directivos del CPH y el exmandatario y el Partido Nacional al otorgarles un fuero especial que exime el ente de pensiones de la auditoría de los órganos especializados.
Al ente de pensiones de los periodistas: “no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, un inconstitucional privilegio que coloca en estado de indefensión a los afiliados.
El ente de pensiones de los periodistas, es escenario de desvío y despilfarro de fondos, compras sobrevaloradas de propiedades, la operación a su interior de un negocio inmobiliario privado, cálculo ilegal de míseras pensiones y negación de pensiones vitalicias a las que tienen derecho los afiliados al jubilarse.
Noticia Relacionada: Directivos de periodistas sostienen gerente pese a despilfarro en ente de pensiones
Por hechos similares, han sido enjuiciados y enviados a la cárcel directivos y administradores del IHSS y el mismo Colegio de Abogados de Honduras, pero los del ente de previsión de los periodistas siguen impunes, pese a denuncias documentadas ante la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y el sistema de justicia.
“Hernández y el Partido Nacional le dieron un escudo de impunidad sólido a este grupito de directivos del Colegio de Periodistas, les dieron manos libres para hacer y deshacer convirtiendo el ente de pensiones en una especie de botín”, dijo a Criterio.hn, el periodista Gustavo Palencia, que investiga las ilegalidades en el ente de pensiones desde el año 2015.
“Si no hubiesen incurrido en actos reñidos con la transparencia y la legalidad, no necesitarían ese escudo de impunidad, pero saben que si lo pierden se les deducirá responsabilidades”, agregó el comunicador.
La cúpula del CPH nunca se pronunció en contra de la serie de leyes anti transparencia aprobadas por Hernández y el Partido Nacional, como la llamada Ley de Secretos, que escuda la corrupción y limita el trabajo de periodistas y comunicadores de medios independientes que realmente investigan.
Y menos solidarizarse o expresar su condena por las amenazas y acusaciones contra el fallecido periodista David Romero que denunciaba la corrupción en el gobierno de Hernández, y tampoco en el caso de Milton Benítez, el llamado Perro Amarillo, u otros comunicadores y medios independientes como Criterio.hn cuando han sufrido amenazas o atentados contra su personal o su sistema de difusión.
Los miembros la cúpula del CPH se referían a las denuncias documentadas de corrupción de David Romero como “libertinaje”.
También lea: Complicidad entre poder y cúpula de periodistas que gozan de impunidad
DEFIENDEN CORRUPCIÓN
En una asamblea de emergencia del CPH el 28 de septiembre de 2019, en medio de la preocupación que generaba en la cúpula gremial la presentación en los tribunales del Caso Hermes, en el que se involucra 77 periodistas, entre los que se cuentan dos directivos actuales, un expresidente y varios exdirigentes, la cúpula gremial se solidarizó con los involucrados.
El expresidente del CPH y de la directiva del ente de pensiones gremial, Dagoberto Rodríguez, expresó la solidaridad con “nuestros agremiados que hoy son blanco de una brutal campaña de persecución, intimidación y odio, como parte de una estrategia obscena y sucia para desprestigiar a medios de comunicación e importantes líderes de opinión pública”.
El presidente del Tribunal de Honor del CPH y miembro de la junta directiva del ente de pensiones de los periodistas, Juan Carlos Sierra, aparece en el listado de comunicadores del Caso Hermes recibiendo 1,240.000 lempiras, mientras que el dirigente Lesman Aníbal Morazán recibió 1,400.000 lempiras, según la querella presentada por el fiscal Santos.
“El periodista tarifado hace tanto daño como el policía corrupto, el juez venal o el soldado cobarde. Deshonra la profesión y contamina el ambiente político”, dijo el extinto investigador, analista y escritor Víctor Meza en un artículo publicado por Criterio.hn el 25 de mayo de 2021.
Pero la cúpula del CPH, no sólo defendió y se solidarizó con los periodistas involucrados en el Caso Hermes, si no que en abril de 2021 acudió al Ministerio Público a pedir se investigara al fiscal Santos acusándolo de haber filtrado el listado de los comunicadores que recibieron casi 100 millones de lempiras.
Lea más: Cúpula del CPH pretende intimidar a fiscal que descubrió corrupción de periodistas
Santos, quien negó la acusación, reveló la acción de los dirigentes del CPH y lamentó que “el Colegio de Periodistas, en vez de decir que se investigue de manera objetiva a sus miembros, de manera de transparentar el gremio, lo que hace es denunciar” porque se mencionó en el requerimiento a sus afiliados.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) es el primer fiscal y primera autoridad del sistema de justicia en Honduras que pone al descubierto, en el Caso Hermes, la corrupción y complicidad de los periodistas en su relación con los gobiernos, en este caso el del exmandatario Hernández.
“La prensa tarifada no solo es un obstáculo para la conformación de la cultura política democrática, es en verdad una seria amenaza a todo el proceso de construcción democrática en su conjunto”, aseguraba Meza.
