Los movimientos de la diversidad sexual se volcaron masivamente a las urnas para elegir a la presidenta Xiomara Castro. ¿Responderá su gobierno a las demandas y expectativas de estos grupos?
Por: Ariel Torres
Portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –El 10 de enero de 2022, Thalía Rodríguez, una reconocida defensora de los derechos humanos de las personas trans, fue asesinada en Tegucigalpa. Su crimen puso en relieve los desafíos que tiene el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para proteger a la comunidad de la diversidad sexual en Honduras.
Para quienes la conocieron, Thalía era una «guerrera» que no bajó la mirada ni ante el virus del SIDA, ni ante la violencia social, política y policial del país. Sus allegados la recuerdan como una mujer optimista, alegre, libre y con un discurso unificador.
«Somos fuertes, somos frágiles también, somos débiles, pero también somos implacables, somos duras, más que nadie», decía Rodríguez, con pasión, en un reciente y corto retrato de su vida que puede encontrarse en redes sociales..
Un mes después del asesinato, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguró haber encontrado al presunto ejecutor del asesinato de la defensora de derechos humanos. Como ocurre con la mayoría de los crímenes cometidos en contra de las personas trans, las hipótesis de los uniformados no hablan de un crimen de odio.
Donny Reyes, coordinador de la asociación LGTBIQ+ Arcoíris, prefiere no pronunciarse acerca de la versión policial, porque considera que hacen falta elementos para contrastar, pero enfatiza en las responsabilidades que tiene el Estado hondureño frente a los crímenes en contra de la comunidad de la diversidad sexual.
«Desde nuestro pensar y sentir, el asesinato de Thalía es el reflejo de la indefensión. Las personas trans tienen que vivir en lugares de riesgo. Su muerte está relacionada, más allá de lo que pudo haber pasado, con la desprotección total del Estado y en particular de las personas trans”, afirmó Reyes a Criterio.hn, quien a partir del uno de abril se convirtió en el coordinador del Consejo Nacional de Protección para los y las Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Si en Argentina la esperanza de vida de las personas trans no supera los 40 años, todo indicaría que en Honduras la cifra es menor. Sobre todo, al considerar que este país centroamericano tiene una tasa de homicidios seis veces más alta que la argentina. Dada la violencia imperante, a sus 58 años, Thalía bien podía considerarse como una «veterana» de la comunidad trans de este país.
Adversidades y hostilidades
Honduras es considerado uno de los lugares más hostiles de América Latina para ser miembro de la comunidad LGTBIQ+, una sigla que designa al colectivo compuesto por las lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer (sin etiquetas) y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +, que indica que el colectivo sigue en constante crecimiento.
La adversidad en contra la diversidad sexual es alarmante en este país centroamericano. Por un lado, las cifras señalan que, desde 2009 han muerto de manera violenta unos 402 de sus miembros. Por otro lado, la sociedad y el Estado hondureño muestran cuotas de intolerancia crecientes y con nuevas y peligrosas bifurcaciones debido a fundamentalismos religiosos.
Mientras en otros países las comunidades que integran la diversidad sexual ganan espacios públicos, en Honduras los pierden.
Según las organizaciones consultadas para este reportaje, la cifra de muertes sería mayor que la que se maneja, porque hay muchos subregistros que no se toman en cuenta u otras categorías de crímenes de odio que son ignoradas o no declaradas (mutilaciones genitales, quema de personas, golpizas).
Para Dany Montecinos, coordinador de Kukulcán, una de las asociaciones históricas de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras, el día común de una persona de la diversidad sexual inicia con insultos y discriminaciones, en su mayoría nunca denunciados por temor o desconfianza hacia las mismas autoridades.
«La gente se aparta, se baja de los taxis colectivos para no compartir el mismo espacio. Hay burlas, acosos, madres que les dicen a sus hijos varones que se cambien de acera cuando ven a una mujer trans o a un hombre gay afeminado. Hasta salir con los amigos puede ser un peligro o una humillación. Nosotros tenemos una pequeña unidad legal, donde vemos que las agresiones físicas, morales y sexuales son diarias», detalla Montecinos a Criterio.hn.
Para Donny Reyes, la incompetencia es el principal obstáculo para obtener justicia. «La policía de investigación no da la información correcta o la oculta. La DPI, que debe hacer hipótesis y teorías se caracteriza por presentar informes ligeros y subjetivos. También nos hace falta contar con jueces y fiscales sensibles al tema, que tengan el valor y la voluntad de marcar precedentes», agrega.
También lea: Xiomara Castro y las expectativas feministas en Honduras
Expectativas y realidades
Vicky Hernández, una mujer trans de 26 años, fue el asesinato «cero» que arrancó el conteo de las muertes de la comunidad LGTBIQ+. Su caso ocurrió durante la madrugada del 28 al 29 de junio de 2009, en San Pedro Sula, durante el toque de queda decretado bajo el golpe de Estado. De acuerdo a varios testigos, se presume que los autores fueron o soldados o policías.
De hecho, en junio de 2021, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado de Honduras por este crimen. Aquella fue una sentencia sin precedentes. Para el coordinador de la asociación Arcoíris, «este fallo es un hecho importante. Creemos que hay que darle relevancia, pero son elementos que pueden generar una mejoría, no un cambio estructural. Aunque ya es un paso importante», comenta.
«La sentencia por el asesinato de Vicky Hernández es una puerta para una agenda de trabajo fuerte con el gobierno», añade Reyes, quien también participó como precandidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias e internas de abril de 2021. Libre junto a una coalición ganó las elecciones de noviembre pasado bajo la candidatura de Xiomara Castro.
Actualmente hay unas 26 organizaciones, redes y colectivos nacionales que representan los intereses de la comunidad LGTBIQ+ en Honduras. Como en todos los sectores de la sociedad civil, este no siempre trabaja en conjunto, pero sí coinciden en la necesidad que el gobierno de la presidenta Castro reconozca la situación urgente en la que se encuentran y que tome acciones concretas.
En su Plan de Gobierno, Xiomara Castro propuso impulsar la Ley de protección para personas LGTBIQ+, penalizar los crímenes de odio, crear casas seguras con programas de atención primaria a personas víctimas de violencia y en riesgo, crear una Unidad de investigación comprometida en la persecución de crímenes violentos de odio a personas LGTBIQ, establecer un Programa de atención psicológica pública exclusivo para personas LGTBIQ+, aprobar la ley de identidad de género que asegure la inclusión social, así como promover espacios seguros para estas personas.
La inclusión de algunas de las demandas de la comunidad LGTBIQ+ en el Plan de Gobierno de la presidenta Castro ha despertado expectativas en este sector.
«Las esperanzas son bastante altas, tal vez estamos soñando. Recientemente entrevisté a 18 personas trans y ellas tienen grandes expectativas de cambio. Aunque yo sé que nuestras esperanzas pueden ser cortadas por la realidad. Además, no es una estrategia vendible para el gobierno hablar de la comunidad LGTBIQ+», comenta Dany Montecinos a Criterio.hn.
Montecinos recordó cuando la entonces candidata Castro, primero se mostró favorable al matrimonio igualitario y después dijo que no estaba dentro de sus líneas de trabajo. «Sin embargo, somos optimistas, creemos que tenemos que esperar estos primeros meses de gobierno para ver que lleguen las medidas favorables a nuestra comunidad», opina.
A pesar de las expectativas generadas, los dirigentes de las organizaciones saben que los cambios estructurales no llegan rápido. Para Reyes, hay instancias reacias al cambio, «espacios represivos y anti derecho como la actual Corte Suprema de Justicia. Yo tengo una relación como la de todo defensor, neutra, no obcecado por el color de la bandera del Partido. Le daremos tiempo a la presidenta», comenta.
Propuesta al gobierno
El movimiento de la comunidad LGTBIQ+, curtido con el golpe de Estado de 2009 y con los años represivos del gobierno saliente, sabe ser paciente, pero no cede en su agenda, porque considera que hay acciones que deben realizarse con urgencia, como, por ejemplo, la atención en hospitales.
Recuerdan que en la pandemia y después del impacto de las tormentas tropicales ETA y IOTA, predominó la negligencia y la discriminación médica en contra de miembros de la comunidad de la diversidad sexual. Según las organizaciones, se perdieron vidas que, para el caso, no están contadas en los registros.
La esperanza, difícilmente confesada de las organizaciones LGTBIQ+, es que cambie la ideología conservadora ultra religiosa que permea las instituciones del gobierno y que la llegada de la presidenta Xiomara Castro, instaure una nueva era de apertura, tolerancia y reconocimiento de la identidad sexual.
A mediados de enero la comunidad LGTBIQ+ le hizo llegar al Ejecutivo un documento donde exponen una serie de iniciativas de ley y acciones puntuales que modificarían sustancialmente la vida de estos grupos sociales. Algunos cambios consideran que pueden realizarse en los primeros cien días del gobierno, otros, dentro de dos años, y los más difíciles, al cabo de los cuatro años de mandato.
El movimiento de la diversidad sexual sabe que no son prioritarios en la agenda del Gobierno, sin embargo, sus demandas en derechos humanos, salud, educación, empleo, justicia, son prácticamente las mismas que pide el grueso de la población hondureña.
Junto a las feministas, los grupos organizados de la comunidad LGTBIQ+ son los únicos en hacer énfasis en la necesidad de reforzar el Estado laico o de reflexionar, a través del tema del matrimonio igualitario, acerca del concepto tradicional de la familia.
Por un pronunciamiento
El crimen contra Thalía Rodríguez podría ser otro asesinato «cero». Un desafío para el nuevo gobierno, una prueba de si es capaz de movilizar sus fuerzas para responder en nombre de la vida de una persona, más allá de su condición sexual, raza, identidad, religión o clase social.
El 11 de enero, la red Lésbica Cattrachas exhortó a la presidenta, en aquel momento electa, a que se pronunciara públicamente en el caso de Rodríguez. Pero la presidenta no dijo nada, como si no se hubiese enterado de la noticia.
«Si hubiera hecho un tuit o por lo menos un comunicado de solidaridad, nos habría hecho saber que es una mujer sensible al tema», reflexionó Donny Reyes.
Líderes como Reyes le recuerdan a la mandataria que debe estar consciente que la comunidad LGTBIQ+ le aportó miles de votos a su favor y que son de los pocos aliados que difícilmente cambiarán de acera si el Gobierno actúa con coherencia a sus propuestas.
Dany Montecinos coincide que habría sido un detalle importante de la presidenta haberse pronunciado, «inmediatamente habría comenzado a establecer un diálogo más directo con el sector», comenta, aunque también extiende su crítica a la misma comunidad LGTBIQ+, «tampoco se ha visto ninguna caminata para exigir una investigación para resolver la muerte de Thalía».
«O tampoco hubo un comunicado de la Secretaría de la Diversidad Sexual de Libre, ni de Víctor Grajeda, diputado abiertamente gay y suplente de Silvia Ayala (Libre). Quizá habría que comenzar por ellos, ¿no?», se pregunta Donny Reyes.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos sí condenó el crimen de Thalía. Por cierto, representantes de las organizaciones LGTBIQ+ se reunieron con la vicepresidenta de ese país norteamericano, Kamala Harris, cuando estuvo en Honduras durante la toma de posesión presidencial del pasado 27 de enero. En cambio, no se han podido reunir de manera oficial con la presidenta Xiomara Castro, ni cuando era candidata ni como presidenta.
Lea, además: Exigen justicia por transfemicidio de lideresa y defensora de DD.HH., Thalía Rodríguez, en Honduras
No son prioritarios
«La presidenta recibe un país complejo y convulsionado y nosotras no somos prioritarias. Es más, con solo hablar de nosotros, sectores poderosos le caen encima. Nuestra expectativa es que avance en cualquiera de los compromisos que asumió con la comunidad. Decimos que la vamos a acompañar como simples hondureñas y hondureños, para apostar por el país, independientemente de que no estemos en la agenda principal», matizó Donny Reyes.
«Pero lo digo desde mi activismo: tenemos que tener los pies aterrizados. Este es un país altamente dogmático, marcado por el fundamentalismo religioso y ella también es una mujer religiosa», añade Reyes, quien también cree que, con la llegada de Castro al poder, la Iglesia no tendrá la misma influencia que con el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2002).
Reyes desearía menos cálculo político y más sinceridad y coherencia por parte del Partido en el gobierno. Se dice «decepcionado» al ver que «por el día de la virgen de Suyapa han estado rezando (se refiere a Castro y a miembros del gobierno) con el cardenal que propició el golpe de Estado».
El dirigente de la asociación Arcoíris comparte en la entrevista una frase contundente, cargada de realismo, «el país cambió de color político, pero nosotros seguimos siendo la misma comunidad».
Crecimiento político de la comunidad LGTBIQ+
Durante las pasadas elecciones presidenciales la movilización de la comunidad LGTBIQ+ fue masiva. Aportaron decenas de personas para la observación en los comicios, y desde las redes sociales, impulsaron la participación electoral como nunca antes en la historia. Algunos de ellos también presentaron sus candidatos en las elecciones primarias o generales.
Las candidaturas desde las organizaciones LGTBIQ+ demuestran cómo esta comunidad ha capitalizado un buen número de simpatizantes políticos. Donny Reyes es una muestra, cuando en las elecciones primarios e internas de Libre le propusieron una candidatura de último momento y con apenas dos semanas de trabajo y sin invertir nada en la campaña, obtuvo casi nueve mil votos.
«Hay que trabajar en hacer mediciones, análisis, pero lo que sí es real, es que muchos compañeros y compañeras tienen una influencia que puede convertirse en una cuota de poder significativa. Se pueden construir sinergias, que podrían dar sorpresas», añade Reyes.
Cabe recordar que, antes del golpe de Estado en 2009, las organizaciones LGTBIQ+ evitaban mezclarse con la política vernácula, ya fuera por falta de espacios o por rechazo de los mismos partidos. Pero el golpe los sacó a las calles, donde fueron construyendo una nueva consciencia política.
Pero el camino por hacerse de un espacio político ha sido duro para la comunidad LGTBIQ+. Según el observatorio de muertes violentas de Cattrachas, las muertas y los muertos por violencia política ascienden a unos 120 crímenes.
Conquistar sus derechos políticos los enfrenta a poderes religiosos. Para el caso, aún recuerdan cuando en las vísperas de las elecciones generales de 2013, el pastor Evelio Reyes, un peso pesado de la Iglesia Evangélica en Honduras, hizo un llamado a los electores, «en el nombre de Jesús, atamos todos los intentos de dar poder y autoridad a través del voto a candidatos inmorales, incapaces. No voten por homosexuales y lesbianas, que corrompen los modelos de Dios. Que los hondureños no voten por los enemigos de Dios», dijo.
A la comunidad LGTBIQ+ también le toca luchar en contra de la homofobia predominante en las mismas organizaciones políticas. Sin embargo, en doce años ha conseguido, pese a las divisiones que siempre pueden existir, congregar a 26 organizaciones representativas y los diálogos, estudios, y alianzas son cada vez más amplios y completos.
Pero hay bemoles, el crecimiento no significa forzosamente participación. Para el caso, hay organizaciones capaces de sumar miles de miembros activos en redes sociales, pero, «somos en realidad muy pocos los que representamos a una comunidad inmensa. Te vas a una discoteca LGTBIQ+ y hay 500 personas reunidas, pero vas a una marcha para el matrimonio igualitario y no hay más de treinta. Sigue faltando convocatoria para temas de identidad de género, salud o política. Tenemos que analizar los intereses que lleven a las nuevas generaciones a involucrarse más y participar en iniciativas públicas», advierte Reyes.
Hay algo cíclico en la historia moderna de la comunidad LGTBIQ+. Con la salida forzada del expresidente Zelaya, también salieron a las calles e iniciaron un nuevo camino político. Atravesaron los doce años de gobiernos nacionalistas como quien cruza un campo sembrado de minas. Perdieron vidas y ganaron experiencias. Perdieron espacios públicos, pero ganaron espacios virtuales.
Como salieron con Zelaya, parecen «entrar» con la presidenta Castro. Por primera vez en la historia son incluidos en un plan de mandato, por primera vez tienen una representación oficial en el seno de un partido mayoritario (Secretaría de la Diversidad Sexual de Libre), por primera vez postulan varios candidatos declarados de la comunidad LGTBIQ+ a cargos de elección popular.
Algo inédito también, es que en el gobierno de Xiomara Castro se ha creado la Dirección de Inclusión Social y Equidad de Género, dentro de la ahora llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para garantizar espacios de participación, inclusión y visibilización a la comunidad LGTBIQ+ como parte de los grupos vulnerables.
El documento de once páginas que las 26 organizaciones enviaron al Ejecutivo a través de la Comisión de Transición respira madurez y reflexión. Son las nuevas autoridades quienes tienen la llave para que los proyectos se conviertan en hechos. Son ellas las que decidirán si caminan o no con la comunidad LGTBIQ+.
