Tegucigalpa. – ¿Imaginó Juan Orlando Hernández que la reforma constitucional al artículo 102 -aprobado por su legislatura en 2011 y que abrió las puertas a la extradición- sería usada en su contra? o ¿Pensó que la justicia jamás tocaría a la organización criminal que, según documentación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, él lidera?
De acuerdo con la carta filtrada, en la cual la Embajada de Estados Unidos solicita a la Cancillería de Honduras la detención provisional con fines de extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández estaría involucrado en delitos conexos al narcotráfico desde al menos el 2004.
Popularmente conocido como JOH, hoy enfrenta una posible extradición por considerarlo responsable de tres cargos relacionados a delitos de narcotráfico y armas de fuego. La mayoría de estas acciones criminales habrían ocurrido mientras fungió por cuatro años como presidente del Poder Legislativo y posteriormente ocho años como presidente del Poder Ejecutivo.
En total, Juan Orlando Hernández habría ocupado por doce años los más altos círculos del poder político; mientras manejaba un lucrativo pero ilegal negocio del que hay registro desde 2004 cuando habría comenzado a filtrar información sensible sobre la aplicación de la ley y las fuerzas militares de Honduras al narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo».
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Si bien, su supuesta implicación en estos ilícitos negocios antecede al golpe de Estado, la documentación muestra un incremento de acciones a favor del narcotráfico y una ampliación del círculo de socios después de 2009.
Aun así, Hernández -siendo presidente del Poder Legislativo- procedió en 2011 a reformar mediante el Decreto 269-2011 el artículo 102 de la Constitución de la República que especificaba: «Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero».
La legislatura presidida por Hernández agregó dos apéndices donde exceptuó de esta disposición los casos «relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada». Al mismo tiempo, acusaba a los detractores políticos que se pronunciaban en contra de la extradición de ser narcotraficantes.
En 2013, previo a que Hernández ascendiera a la presidencia del Poder Ejecutivo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron y emitieron por mayoría de votos el auto acordado que rige el procedimiento de la extradición, al cual Juan Orlando Hernández está siendo sometido actualmente, completándose de esta forma un ciclo iniciado por el mismo Hernández.
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¿QUÉ SIGUE PARA JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ?
De acuerdo con el auto acordado, el primer paso es la designación del juez natural. En este caso se trata de Edwin Francisco Ortez Cruz, de quien se informó tiene militancia en el Partido Nacional de Honduras, al cual pertenece Juan Orlando Hernández.
En segunda instancia, se especifica que se garantizará el debido proceso, el derecho a una doble instancia, derecho a la defensa material y técnica, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral. El tercer numeral detalla que el sujeto reclamado será asistido técnicamente por un abogado defensor, que en el caso de Hernández se trata de los profesionales del derecho: Félix Ávila y Hermes Ramírez.
En Cuarto lugar, el juez designado examinará la petición y de ser procedente, mediante auto motivado, ordenará la aprehensión o captura de la persona reclamada. El juez designado dictará la detención provisional por el tiempo máximo establecido en el tratado correspondiente. Según profesionales del derecho esto podría tener una duración de entre dos o tres meses.
Quinto, dentro del plazo de la detención provisional, el Juez Natural designado, señalará audiencia para que las partes intervinientes procedan a la presentación y evacuación de pruebas, el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. Asimismo, la audiencia podrá ser llevada a cabo en una o más sesiones. Una vez concluida, se procederá a valorar y dictar sin retardo la resolución definitiva.
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Juan Orlando Hernández fue presentado este miércoles, 16 de febrero, a la audiencia de información en el proceso de extradición. De esta se desprendió que la audiencia de presentación y evacuación de pruebas contra el expresidente hondureño tendrá lugar dentro de un mes, el próximo 16 de marzo.
Sexto, contra la resolución definitiva dictada por el juez natural, solo se podrá interponer el recurso de apelación, el cual será conocido y resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Séptimo, en caso de ser denegada la extradición por la CSJ, él o los sujetos reclamados serán puestos en inmediata libertad. En caso que la CSJ conceda la extradición, se remitirá el expediente al juez natural designado [Edwin Francisco Ortez Cruz], quien ordenará la entrega del reclamado, auxiliándose a través de la Secretaría de Seguridad, Cancillería y Defensa.
Octavo, junto al reclamado o posteriormente, se entregarán todos los objetos encontrados en su poder, o de cualquier otra forma en el país y que tengan relación con la conducta imputada como punible, así como todo aquello que pueda servir como medios o elementos de prueba. Las resoluciones que se dicten deberán ser notificadas a más tardar al día siguiente de dictadas. Para el procedimiento señalado en el presente auto acordado todos los días y horas son hábiles.
Juan Orlando Hernández vive hoy en carne propia las consecuencias de sus supuestos nexos con el narcotráfico y las repercusiones de su autoritarismo a lo largo de doce años como presidente del Poder Legislativo (4) y posteriormente del Poder Ejecutivo (8). La moneda está en el aire y con ella la posible pérdida definitiva de la libertad de quien se llegó a considerar un hombre intocable en Honduras.
