En un documento filtrado, con una traducción no oficial, la embajada de Estados Unidos establece que en 2013, previo a las elecciones presidenciales, Juan Orlando Hernández habría utilizado sobornos provenientes del narcotráfico para financiar su campaña electoral y sobornar a políticos y funcionarios electorales a fin de garantizar su victoria. «A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano», lee la carta.
Tegucigalpa. Todo estaba listo y servido. El jueves, 27 de enero, mientras en Honduras la presidenta Xiomara Castro era juramentada, en Estados Unidos la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentaba la documentación para solicitar la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández por delitos conexos al narcotráfico y armas de fuego.
Ese mismo día, y casualmente mientras la vicepresidenta de Estados Unidos mantenía una reunión con la presidenta Castro, Hernández corría a refugiarse como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), un organismo cuestionado por acoger a funcionarios corruptos de la región y que finalmente no lo protegería.
La suerte ya estaba echada y los señalamientos desde Washington eran gritos de que el tiempo se acercaba para que Juan Hernández fuera extraditado a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a través del Departamento de Justicia.
¿DE QUÉ ACUSAN A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Juan Orlando Hernández por al menos tres delitos. El primero, conspiración para poseer, importar, fabricar y distribuir una sustancia controlada a los Estados Unidos. Dos, usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Tercero, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos.
El documento filtrado, con una traducción no oficial, señala que entre 2004 y 2022, Hernández habría participado en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas desde Colombia y Venezuela, por vía aérea y marítima, y que eran dirigidas al occidente de Honduras, para su posterior traslado hacia la frontera con Guatemala y finalmente los Estados Unidos.
Se estima que desde 2004, la conspiración en la que participó Hernández habría transportado un aproximado de 500 mil kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos y habría recibido millones de dólares por sobornos y ganancias múltiples de organizaciones del narcotráfico tanto en Honduras, México, y otros lugares.
A cambio de los millonarios sobornos, Juan Orlando Hernández habría protegido a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición; así como proporcionar información sensible de las fuerzas policiales y militares a los narcotraficantes para ayudarles en sus actividades delictivas.
A la vez habría hecho partícipes de las acciones de protección de cargamentos de drogas a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; y permitido que se cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias, según lee el escrito.
Al cierre de esta nota, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se había pronunciado al respecto de forma oficial.
LÍNEA DE TIEMPO QUE RELACIONA A HERNÁNDEZ AL NARCOTRÁFICO
A continuación, compartimos fragmentos de la línea de tiempo proporcionada en la documentación que entregó la embajada de los Estados Unidos a la Cancillería de Honduras, basados en las pruebas y testimonios jurados admitidos en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York:
2005: Hernández, siendo diputado al Congreso Nacional, habría aceptado un estimado de 40,000 mil dólares en ganancias del narcotráfico de parte de Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo». El intermediario en la transacción habría sido su hermano Juan Antonio Hernández. A cambio, Díaz Morales habría recibido información y protección por parte de las fuerzas del orden hondureñas para transportar grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.
2009: Juan Orlando Hernández comienza a buscar la presidencia del Congreso Nacional. Alrededor de esa época, Díaz Morales, proporcionó USD $100,000 en ganancias del narcotráfico a Juan Antonio Hernández Alvarado para su hermano. A cambio, en caso de que Juan Hernández ganara las elecciones, los funcionarios amenos al narcotráfico de Díaz Morales y Juan Antonio Hernández serían colocados en puestos de aplicación de la ley, ellos serían beneficiados con mayor acceso a información relacionada a esfuerzos de interdicción de la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas.
Siempre en 2009, Juan Orlando Hernández se alía con Porfirio Lobo Sosa o «Pepe» Lobo, quien en ese momento buscaba la presidencia de la República, para obtener USD$ 2 millones en ganancias del narcotráfico de parte de Amilcar Alexander Ardón Soriano, alias «Chande», quien es descrito como un antiguo narcotraficante hondureño y exalcalde de El Paraíso, Copán.
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A cambio, tanto Hernández como Lobo prometieron proteger a Ardón Soriano de la detención y extradición; así como el nombramiento de un pariente y coconspirador de Ardón Soriano «CC-1» en el gobierno. Extremo que fue cumplido y bajo esa función «CC-1» adjudicó contratos gubernamentales a compañías ficticias controladas por narcotraficantes para ayudarles a lavar ganancias del narcotráfico.
2010: Con Juan Orlando Hernández en la presidencia del Congreso Nacional, Juan Antonio Hernández y Ardon Soriano participaron en múltiples cargamentos de cocaína al mes, por varios medios de transporte, incluyendo helicópteros, aviones y barcos. Hernández Alvarado y Ardón Soriano transportarían aproximadamente 30,000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.
2012: Juan Orlando Hernández apoyó enmienda constitucional para que se autorice la extradición de ciudadanos hondureños sean procesados por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, en reuniones privadas Juan Hernández junto a otros funcionarios públicos hondureños prometen proteger a sus aliados del narcotráfico de la extradición a los Estados Unidos a cambio de grandes pagos y el apoyo económico en las próximas elecciones.
2013: Hernández comienza su campaña para convertirse en presidente de Honduras y acepta un estimado de 1 millón dólares estadounidenses en ganancias del narcotráfico de parte de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como «El Chapo». La transacción fue realizada a través de su hermano Antonio Hernández, quien ya estaba trabajando en coordinación de Ardón Soriano y otra organización de narcotraficantes liderada por Miguel Arnulfo y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y con seguridad armada para transporte de los cargamentos a través de Honduras. A cambio de 1 millón de dólares estadounidenses, Juan Hernández prometió continuar protegiendo las actividades de narcotráfico del cártel de Sinaloa en Honduras.
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Previo a las elecciones presidenciales, los fondos de la campaña de Juan Hernández fueron usados para sobornar a políticos y funcionarios electorales. Estos fondos, en parte provenían de ingresos del narcotráfico, con el fin de garantizar que Hernández ganará las elecciones. CC-1 y otros funcionarios viajaron a varios municipios y sobornaron a los funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuento de votos a favor de Hernández. «A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano».
2014: Tras su elección como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se asocia con Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que operaba un laboratorio de cocaína en Honduras. Fuentes Ramírez proporcionó 25 mil dólares estadounidenses, bajo el entendimiento que Hernández le protegería, mientras que el mandatario tendría acceso al laboratorio de cocaína de Fuentes Ramírez.
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Juan Orlando Hernández habría dicho a Fuentes que su hermano, Antonio Hernández, era quien estaba manejando las actividades del narcotráfico en Honduras y que Fuentes debía reportarse directamente en temas de narcotráfico a él y que iba a «meterle droga a las narices de los gringos».
Siempre en 2014, durante una reunión entre Juan Orlando Hernández, su hermano Antonio Hernández, Ardón Soriano y CC-1, entre otros, para discutir las extradiciones pendientes de Miguel y Luis Valle a los Estados Unidos, el entonces mandatario habría dicho que decidió extraditar a los Valle en respuesta a que ellos planeaban asesinarlo.
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2017: Mientras hacía campaña para su reelección como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se reunió con Ardón Soriano para que financiara su campaña y a cambio le protegería de la extradición. Ardón Soriano aceptó, y utilizó aproximadamente $1,500,000 de dólares estadounidenses de ganancias del narcotráfico para, entre otras cosas, sobornar a otros políticos y funcionarios electorales para que apoyaran a Hernández en las elecciones de 2017. «Hernández fue entonces reelegido como presidente de Honduras», lee el documento.
2018-2019: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Antonio Hernández sobre su participación en el tráfico de cocaína y posteriormente condenado en octubre de 2019 por delitos que incluyen conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de esa conspiración de narcotráfico.
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Mientras esto ocurría en Nueva York, el presidente Hernández habría continuado «coordinando estrechamente con los narcotraficantes en Honduras para promover la conspiración». Lo ejemplifican señalando que, en mayo, un día después que Juan Hernández fue identificado como uno de los coconspiradores de su hermano, Geovanny Fuentes Ramírez visitó la residencia presidencial, momento a partir del cual Fuentes Ramírez pasó a pagarle a Hernández directamente los sobornos para su protección, por un total de cientos de miles de lempiras hondureños.
En el juicio contra Antonio (Tony) Hernández, «se presentó como prueba una fotografía recuperada del teléfono celular de Hernández Alvarado que muestra una ametralladora con el nombre de Hernández. También se presentaron como pruebas en el juicio de [Antonio] Hernández Alvarado libros de contabilidad de drogas que pertenecían a otro ex narcotraficante hondureño (“CC-2”) que contenían anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y las iniciales de Hernández, “JOH”, junto con las entradas correspondientes que reflejaban grandes pagos a [Juan Orlando] Hernández y [Juan Antonio] Hernández Alvarado».
Finalmente, señalan que una semana después de la condena de Juan Antonio Hernández Alvarado, presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC-2 en una prisión hondureña para «evitar la posible cooperación de CC-2 en contra de, entre otros, [Juan Orlando] Hernández».
