Tegucigalpa.- Policía y narcotráfico, deberían ser conceptos antagónicos; sin embargo, en Honduras parece que en algunos casos van de la mano. El último escándalo en salir a la luz pública fue la captura de cuatro oficiales y tres agentes de Policía en Olancho, la noche del viernes 8 de octubre, cuando trasladaban 19 kilos de supuesta cocaína en dos mochilas.
Los acusados son: el inspector de Policía Josué de Jesús Perdomo Ordóñez (32), los subinspectores de Policía Miguel Ángel Zúniga Landero (27), Saúl Alberto Zúniga Aguilar (26) y José Luis Cano Martínez (26); y los agentes de escala básica Obed Diblain Mencía Hernández (30), Erick Xavier Velásquez Carmona (25) y Edgar Misael Velásquez Andrade (21). Actualmente permanecen en detención judicial acusados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.
Cinco años han pasado desde que fue nombrada la Comisión Especial para el proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional (CEDTPN), dando inició al proceso de depuración policial y «transformación del sistema». Sin embargo, los logros de dicha junta siguen siendo cuestionables, sobre todo cuando resurgen casos similares a los del viernes pasado y además se ventilan nexos entre narcotraficantes y miembros de la Policía Nacional en las cortes de Nueva York.
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Tras la captura de los siete miembros de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado reafirmando su compromiso de «ejercer y aplicar la ley», reiterando que «no permitirá que acciones fuera de la ley de sus funcionarios, dañen la imagen institucional y propicien la desconfianza de la población». Pero las preguntas de la ciudadanía son muchas y una de ellas se enfoca en si hay funcionarios de mayor rango involucrados en el trasiego de la droga incautada la noche del viernes.
El comisionado de policía en condición de retiro, Leandro Osorio, declaró a medios radiales, que «en investigación no se puede descartar nada» y remarcó la importancia de que el Ministerio Público verifique la conexión entre los funcionarios policiales detenidos. Esto debido a que pertenecen a diferentes jurisdicciones «que se juntaron para ir supuestamente a Colón a traer esa droga».
Por lo que «El Ministerio Público tiene que investigar el antes, el durante y después de esta acción porque hubo y tuvo que haber actos preparativos para juntarse, alguien que los conectó, alguien que los junto y alguien que les dio la logística para ir a ese sector», afirmó Osorio.
¿FUE UNA FARSA LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA POLICÍA?
En relación al cuestionamiento sobre la eficacia de la depuración policial, Osorio subrayó que él infiere que la misma es una farsa. «Se supone que estos policías que capturaron y los otros que han capturado estaban certificados por la comisión de depuración», señaló. Agregó que lo que se hizo fue una «depuración a la medida del gobierno de este país» sacando a quienes estorbaban y dejando a «a las personas que eran de su agrado».
Para el diputado por Francisco Morazán del Partido Libertad y Refundación (Libre) y también exfiscal del Ministerio Público, Jari Dixon Herrera, el principal problema del proceso de depuración policial es que «ponen a corruptos a depurar a corruptos». En cambio, se deben buscar personas honestas y capaces, «pero aquí yo veo a un montón de corruptos con antecedentes oscuros queriendo depurar instituciones como la Policía o el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, cuando eso no es posible».
La actual junta interventora de la Policía Nacional está integrada por el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco; el pastor de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH). Alberto Solorzano; el secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) -antes coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)-, Omar Rivera; el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; y el abogado, exdiputado y exministro de la Secretaría de Trabajo, Germán Leitzelar. Estos dos últimos también forman parte de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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En el caso del secretario de Seguridad, Julian Pacheco, hay un surco de presunta evidencia que viene directamente desde la Fiscalía de Nueva York. Para el caso, el narcotraficante sentenciado Leonel “Cachiro”, dijo que pagó sobornos tanto al expresidente Lobo Sosa como a Julián Pacheco a cambio de protección.
Tinoco también fue mencionado como una pieza clave para que la fiscalía de Nueva York demostrara el involucramiento en el tráfico de drogas de Fabio Lobo y los narco sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro de apellidos Campos Flores y Freitas Flores, en ambos casos los acusados resultaron culpables y cumplen condena por narcotráfico.
En tanto Vilma Morales y Germán Leitzelar, forman parte de la ampliamente criticada junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que tras su nombramiento en 2014 por el presidente Porfirio Lobo Sosa, ha sido señalada por manejar informes bajo secreto de Estado, incumplimiento de pago en tiempo y forma de incapacidades a obreros y obreras en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, y violar la Constitución al privatizar clínica del IHSS en Roatán, entre otros.
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En enero de este año, Criterio.hn publicó el reportaje titulado «Depuración policial en Honduras, una farsa animada por la demagogia y la corrupción», donde se narra el viacrucis que familiares de César Aníbal Pedrano han pasado luego de que este falleció a consecuencia de la brutalidad policial en el municipio de Liure, departamento de El Paraíso. Su caso continúa en impunidad y sus agresores siguen activos.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS SIETE POLICÍAS ACUSADOS?
En cuanto a los siete policías detenidos se anunció que este miércoles, 13 de octubre, se celebraría la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. Entre las pruebas a presentar por el Ministerio Público destacan los 19 kilos de supuesta cocaína, mochilas, vehículos, sus armas de reglamento, el peritaje telefónico y los testimonios de los Policías que les detuvieron.
El comisionado de policía en condición de retiro, Leandro Osorio explicó a Criterio.hn que ante las evidencias que son de conocimiento público, que están en poder de la Fiscalía y que serán presentados ante el juez, no queda duda que «van a quedar privados de libertad porque es un hecho notorio público, el cual son 19 kilos de cocaína que no la van a poder esconder».
En relación con la defensa de los imputados, el comisionado Osorio manifestó que la misma correrá económicamente a cargo de los acusados. «No creo que el Estado esté en la disposición para darles los representantes procesales para que sean defendidos. En ese sentido yo creo que la defensa va a ser privada de ellos, no del Estado».
Por otra parte, en relación con la situación salarial de los siete policías acusados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita, Osorio expuso que si bien «han cometido un delito dentro de la institución -estando en servicio- todavía no han sido condenados, por lo que no se les puede suspender el sueldo hasta que sean condenados por sentencia firme».
