Tegucigalpa. –La corrupción histórica en Honduras se ha desenfrenado durante la pandemia por la COVID-19 debido a los elevados niveles de impunidad y opacidad en los procesos de compra y contrataciones y se traduce en miles de muertes y contagios.
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Lo anterior fue una de las conclusiones durante el foro Con Criterio de Mujer la noche del lunes cuando este medio de comunicación abordó la corrupción en el sistema sanitario durante la pandemia con la participación de tres profesionales del área de la salud.
Blanca Munguía, directora del sector salud de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ); Reyna Durón, directora del Observatorio COVID-19 de UNITEC y Suyapa Sosa, jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital El Tórax, también ligaron el flagelo de la corrupción a la parte ética y profesional de los funcionarios y personal sanitario que está al frente de la pandemia.
“La corrupción mata”, comenzó diciendo Blanca Munguía, quien manifestó que este flagelo se traduce en al menos 7,594 muertos y 285,000 casos positivos de hondureños durante los casi 17 meses desde que comenzó la declaratoria de emergencia nacional por parte del gobierno que encabeza Juan Hernández.
Las cifras anteriores son conservadoras, pues son las que presenta el gobierno, quien no goza de credibilidad, advirtió Munguía.
HOSPITALES MÓVILES
En marzo de 2020 el gobierno autorizó a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para que efectuara la compra de emergencia de siete hospitales móviles. Esta transacción, que se llevó a cabo desde aquel entonces, nunca surtió efecto para atender a los pacientes que han sido afectados por el coronavirus, pese a que el gobierno pagó 47.8 millones de dólares, mediante una transacción fraudulenta.
Por este acto de corrupción, guardan prisión el director y gerente administrativo de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes, respectivamente. Mientras el intermediario a través de la empresa Elmed Medical System, Axel López tiene orden de captura con alerta roja internacional y todavía sigue prófugo de la justicia hondureña
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En el marco de la pandemia también se registraron compras sobrevaloradas de medicamentos, insumos, material y equipo médico y de bioseguridad por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), sin que hasta la fecha se haya logrado un proceso judicial contra los responsables, de hecho, el exdirector de esta institución, Gabriel Rubí, figura en la planilla de diputados por el Partido Nacional en la casilla uno del departamento de Yoro.
La corrupción ha salpicado además otros procesos de compras y contrataciones por otras instituciones del gobierno que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que es quien lidera la toma de decisiones.
Para la directora del Observatorio COVID-19 de UNITEC, Reyna Durón, la corrupción se origina por los altos niveles de impunidad y opacidad y por las prácticas antiéticas de los funcionarios e incluso de cierto personal sanitario.
Durón manifestó que en el país se olvidaron los tres principios de la ética: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia.
“La corrupción se facilita porque los mecanismos de justicia fallan y en la pandemia algunos controles se han debilitado”, apuntó la investigadora de la salud, no sólo en alusión al débil papel de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, sino a la falta de equidad y distribución equitativo de los beneficios.
La jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, coincidió con Durón al señalar que la corrupción en el sistema sanitario no es exclusiva del gobierno, sino que también involucra a médicos y funcionarios de todas las escalas.
“Nosotros vemos como hay corrupción en los hospitales cuando el personal de enfermería toma fotos de pacientes hospitalizados y se los manda a los familiares para que les paguen”, denunció Sosa, quien reflexionó que tomar ese tipo de imágenes atenta contra los derechos individuales de las personas.
Sosa manifestó, además, que el sistema sanitario siempre ha estado colapsado, pero que la pandemia ha desnudado esta condición.
También, denunció que en los centros triajes llegan médicos a presionar a los pacientes para que compren medicamentos, que ni siquiera tienen las indicaciones para los enfermos, aprovechándose de su desesperación.
Asimismo, reveló que al inicio de la pandemia compraban equipo médico a cierto precio y ahora estos precios se han incrementado hasta cuatro veces más con relación al precio original.
Sosa también denunció que los ventiladores mecánicos, que fueron adquiridos por el gobierno a inicios de la pandemia a 15 mil dólares cuando el precio de mercado era de tres mil dólares, se encuentran engavetados en las diferentes regiones sanitarias del país. Recordó que muchos de los ventiladores llegaron al país incompletos y con sus sensores dañados.
Dijo además que dos pacientes murieron debido a que los sensores de los ventiladores se apagaron. Se hizo la denuncia, pero no ha prosperado.
“Se aprovechan de la muerte y eso no tiene nombre. Se aprovechan de la gente más humilde, de los que no tienen”, Suyapa Sosa, jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar.
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La jefa de Neomología del Hospital El Tórax, dijo además que hasta el momento se han cerrado al menos 109 triajes debido a la falta de apoyo presupuestario por parte del gobierno central.
En virtud de la creciente demanda de pacientes, los triajes están siendo la contención de los hospitales, donde continuarán muriendo más personas, advirtió Durón porque los pacientes con COVID-19 requieren de una alta carga de oxigeno que en los triajes no se brinda.
“La miseria de la salud pública representa la riqueza para otro sector”: Suyapa Sosa, jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar.
Las invitadas coincidieron en que los datos sobre los decesos y casos positivos de la COVID-19 están siendo manipulados por el gobierno.
En torno a las vacunas calificaron el proceso de desastroso, lento y poco organizado y también lamentaron que la población dependa de las donaciones porque el gobierno fue incapaz de hacer las compras con anticipación.
Según el portal Vacunas Abiertas de Revistazo.com, hasta el momento en Honduras sólo se ha vacunado con dos dosis al 1.74 % de la población, es decir, 118,933 personas.
EMERGENCIAS VERSUS CORRUPCIÓN
La corrupción registrada en Honduras durante la pandemia tiene su origen en el decreto PCM 005-2020 mediante el cual se declaró emergencia nacional por COVID-19 y automáticamente se activaron las compras y contrataciones directas. La emergencia fue extendida hasta el 31 de 2021.
Sobre el tema Blanca Munguía dijo que históricamente Honduras ha sido un país muy corrupto y que las emergencias han sido utilizadas para violentar procesos y cometer abusos de poder, mediante procesos de compra y adquisición poco transparentes.
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FALTA DE TRANSPARECIA Y ACCESO A DATOS
A partir de marzo de 2014, Honduras retrocedió en transparencia con la entrada en vigor de Ley de Secretos Oficiales o Desclasificación de la información Pública, más conocida como la Ley de Secretos.
La normativa clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años, respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública.
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A juicio de la doctora Reyna Durón en Honduras no sólo la Ley de Secretos está provocando problemas sino también la ausencia de acceso a datos sobre estadísticas.
Durón dijo que cualquier limitante de acceso a la información causa daños colaterales a la población y limita la investigación y el análisis de los problemas que se deben resolver.
