Partido Nacional está “colombianizando” la seguridad social en Honduras
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – “Antonio, soy yo Carmen, te llamaba para decirte que ahora las empleadas domésticas tenemos Seguro Social”, es el diálogo de un recordado anuncio publicitario de 2008 cuando el entonces gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales inició una campaña que promovía la inscripción de las empleadas domésticas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La intención fue buena, pero imposible, aun cuando el Gobierno del “Poder Ciudadano” y el Congreso Nacional, a cargo de Roberto Micheletti Baín, habían concertado la inscripción de esta población, pero llegó a ser solo una campaña de publicidad gubernamental, tal como acontece hoy en día con las propagandas del mandatario Juan Hernández.
Hernández, antes de la pandemia por Covid-19, comenzaba a promover el Plan para la Promoción Solidaria y de Auxilio Reciproco (Prosolidar) con el que se pretende, nuevamente, incluir a trabajadores de la economía informal al sistema de Seguridad Social, con un aporte estatal de 50 millones de lempiras y que a juicio de dirigentes obreros, médicos, sociólogos, políticos y otros representantes de la sociedad civil, es un nuevo proyecto demagógico que pretende acelerar la quiebra del IHSS.
Lo que pretende el mandatario es similar a lo que acontece en Colombia, en donde la base en la que se sostiene la salud y pensiones está en los bancos a través de las Administradoras de Fondos y Pensiones (AFP), Entidades Promotoras de Salud (clínicas privadas) y Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), estas dos últimas como parte de Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), advierten varios sectores entrevistados por Criterio.hn.
“El tema de la Seguridad Social en Honduras ha sido utilizado como un instrumento político y una fuente de recursos ilícitos para financiar campañas políticas, no solo de este momento, sino desde hace muchos años”, opina el analista político Olban Valladares, expresidente y directivo del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).
Recordó que él formó parte de una comisión especial del Congreso Nacional en 1998 para investigar unos reclamos hechos al Seguro Social cuando se comenzaban a escuchar públicamente denuncias de corrupción y sobre el pésimo servicio, por lo que conoce del tema y específicamente sobre las intervenciones, que precisamente comenzaron desde aquel entonces siendo presidente de la Republica, Carlos Flores Facussé, líder del Partido Liberal.
“La dirección del IHSS ha sido peleada por los partidos porque el director ha tenido junto con sus gentes claves administrativas, la facilidad de asignar recursos que no están destinados al servicio de beneficiarios, del afiliado, sino para pagar costos de campaña”, expresó a Criterio.hn, el exdiputado.
Valladares dice que, en aquel entonces, cuando él fue parte de la comisión legislativa, se detectó que gran cantidad de recursos habían sido utilizados para la campaña de un candidato de uno de los partidos tradicionales en Honduras (Partido Liberal o Nacional), pero “lamentablemente también por razones políticas, se protegió a la administración de aquel momento y no pasó nada”.
La historia contada por Olban Valladares sigue siendo la misma de hace 22 años en el Seguro Social y se remarcó en la recién terminada década con el latrocinio de unos 7 mil millones de lempiras ($300 millones) por parte de una red integrada por 320 personas en la que hasta el momento se ha identificado como autor mediato al exdirector Mario Zelaya Rojas y sus subalternos Ramón Bertetty Osorio, ex gerente financiero y José Zelaya, subgerente de compras y suministros, sin conocerse aún a los autores intelectuales y políticos del robo.
Hoy, a seis años de estar preso Zelaya Rojas, está siendo liberado poco a poco de la carga por este crimen que aún no llega a la persecución penal hacia los otros “cerebros” o autores intelectuales, a pesar de que el Ministerio Publico (MP), continúa prometiendo eficacia en la lucha contra la corrupción, que no ha sido propia, sino de exigencias sociales y organismos internacionales.
Con lo sucedido el martes 15 de diciembre en el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción con la absolución de 14 exdirectivos del IHSS acusados de prevaricato administrativo y violación a los deberes, entre ellos, Zelaya Rojas y Bertetty Osorio, quienes fueron absueltos de responsabilidad penal por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, se vislumbra que este caso quedará en la impunidad.
PROMESA EN PAPEL Y CONVENIO OIT NO RATIFICADO
El Reglamento del Régimen Especial y de Afiliación Progresiva de los Trabajadores (as) Domésticos (as) 2008, tenía como base “la voluntad de los patronos” para que las empleadas domésticas fueran afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que lógicamente arrancó con un sueño efímero.
El artículo 5 de ese documento indica que “el Patrono voluntariamente afilia a sus trabajadoras domésticas o éstas se afilian directamente, para gozar de las prestaciones médicas establecidas (…) “. Y el artículo 2 manifiesta que la aplicación de este Régimen Especial se llevará acabo de forma gradual y progresiva en todas las áreas geográficas donde el IHSS tenga cobertura (…)
La promesa, además, aseguraba que las trabajadoras domésticas tendrían acceso a cobertura de asistencia médica por enfermedad, cubriría embarazos, parto y puerperio, enfermedad común y consulta ambulatoria de especialidades, promoción y protección de la salud, prevención y control de enfermedades, promoción de estilos de vida saludable, medicina general, servicio de enfermería, laboratorio y farmacia.
Asimismo, salud oral preventiva (extracciones y obturaciones), emergencias y urgencias médicas, pediatría general, ginecología y obstetricia del primer nivel, programa de salud materno infantil y cirugía menor, entre otros, según los artículos 12 y 13 de dicho reglamento.
Sobre el tema Criterio.hn consultó al doctor Carlos Umaña, quien en el tiempo en que se aprobó dicha ley fungió como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la oficina regional de San Pedro Sula y actualmente es el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, siempre en la misma ciudad del norte de Honduras.
El médico recordó que en aquel entonces al menos 5,000 trabajadoras domésticas se registraron en el régimen, pero “no se pudo continuar porque no se le puede ofrecer la misma calidad de servicios a las empleadas domésticas, porque los patronos no quieren pagar la cuota requerida, porque es elevada, ni las mismas empleadas domésticas pueden con la cuota, entonces solo les dejaron los servicios privados y fracasó porque las empleadas no tenían derecho a la hospitalización”.
Por su parte el secretario adjunto de la Central General de Trabajadores (CGT), Humberto Lara, manifestó que apoyaron la iniciativa del gobierno, pero la oposición fue férrea de parte de la clase empresarial, “decían que era inaudito porque la empleada doméstica tenía vivienda, comida entre otros beneficios, contraviniendo sus derechos humanos y el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
El Convenio 189 no ha sido ratificado por el Estado de Honduras, según la dirigencia obrera, por la oposición del sector empresarial que teme que las trabajaras domésticas sean favorecidas con derechos laborales y de seguridad social.
Lara añadió que el tema no ha quedado en el olvido y recordó que para abordarlo se acordó abrir un debate a lo interno de una comisión integrada por los exdiputados Felicito Ávila del Partido Democracia Cristiana (DC) y Juan Barahona (Partido Libre), ambos exdirigentes obreros, “pero eso está dormido, no conocimos ninguna respuesta. Esta gente son una cosa en campaña, pero al llegar a esos puestos se olvidan de dónde salieron”, apuntó el dirigente obrero.
El secretario general de la CGT, Daniel Durón, califica la seguridad social y su universalización como “un problema estructural grave” y falsas promesas de los políticos porque el sector privado aduce impactos económicos.
“Se estancó, se congeló, y nos parecía contradicción que recientemente se ofreció la inclusión del sector doméstico y no se ha ratificado el Convenio OIT 189, son campañas políticas y al final no se concluyen”, dijo Durón quien cree que es imposible que el ofrecimiento sea concretado, menos ahora que se está en una pandemia.
Recordó que desde hace cuatro años existe en el Congreso una iniciativa de ley de autorregulación del sector informal, que se concertó con el Consejo Económico Social (CES), con la participación del Gobierno y los sectores gremiales y empresariales, “pero ahí siguen y son iniciativas consensuadas en el marco de la Seguridad Social”.
Otro ejemplo es que, a partir del 2016 en el marco de la nueva Ley de Protección Social, los trabajadores que cotizaban al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), con salarios debajo de 8 mil lempiras mensuales, el 1.5 % que el patrono depositaba a nombre del trabajador más el 1.5% que el trabajador aporta a su nombre generando intereses y excedentes, se pasó directamente al Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM).
Durón expuso que entre 2016 y 2019 el Régimen de EM recibió más de 3,200 millones de lempiras, una trasferencia mensual de unos 70 millones—según sus cálculos— que no entraban al Régimen de Invalidez Vejez o Muerte (IVM).
El plazo de este decreto vencía en septiembre de 2019 pero el Congreso lo reformó dejándolo indefinidamente o sea que esa cantidad de recursos que antes entraban al RAP no están entrando al IVM del IHSS, sino que al Régimen EM directamente para fortalecerlo (tras el desfalco), “pero no vemos avances para mejorar la seguridad social”, comentó Durón.
El analista Olban Valladares, recordó que por más de dos décadas se había estado solicitando al IHSS que en cada rompimiento de techos rindiera cuentas y se le exigía concretamente que cada cinco años hiciera un inventario actuarial de cómo estaba la situación financiera, pero nunca lo hicieron y después de 1998 se dieron los rompimientos de techos de cotización por presiones políticas en el Congreso y a la fecha no presentan un cuadro de proyecciones actuariales, porque el manejo es político.
“Incluso el Gobierno jamás volvió aportar las cantidades en que era necesario que lo hiciera y la deuda en un momento dado fue enorme, terminaron pagando parte de la deuda con bonos a largo plazo y esos bonos son como confites en el infierno”.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ESTÁ EN LA AGENDA POLÍTICA
Con relación a las acciones políticas a favor a la seguridad social, la diputada Doris Gutiérrez, dijo a Criterio.hn que en la pasada legislatura se aprobó la Ley Marco de Protección Social con la intensión de que todos los hondureños pudieran ser cubiertos.
Sin embargo, había que aprobar cuatro leyes más, una de ellas era la Ley de Seguridad Social, la Ley de Invalidez, Vejez y Muerte, La Ley de Pensiones y Jubilaciones, “pero resultó que no se pudieron aprobar porque se encontraron intereses muy fuertes en el proceso, por esa razón quedó estancado. Debe haber seguridad social universal, pero hay que meditarlo bien porque de una u otra manera pudiera llevar a la privatización de la salud”, advirtió Gutiérrez.
La congresista agregó que el proyecto de Prosolidar no lo han conocido en la Comisión Especial, aunque el Colegio Médico de Honduras (CMH) si ha tenido acceso al borrador de dicha ley enviada por Juan Hernández a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Dijo que solo tuvieron acceso al proyecto Fondes (otro nefasto decreto que al igual que los antes mencionados), quedó congelado debido a la masiva oposición.
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, considera que desde que se promulgó la Ley de Seguridad Social por el Gobierno de Villeda Morales, “poco crecimiento ha existido”.
La dirigente de los médicos dijo que la raíz del millonario descalabro del IHSS se implementó la Ley Marco de Protección Social, “un cambio social de enorme impacto negativo en la población”.
La Ley Marco de Protección Social ha estado plagada de irregularidades ya que lo publicado en el diario oficial La Gaceta difiere a lo consensuado con el Consejo Económico Social (CES) y a lo que se aprobó en el Congreso Nacional, por lo que se recurrió a la Fe de erratas, dejando de lado algunas cosas torales que han dejado afectada la seguridad social.
Figueroa expuso que parte del saqueo al IHSS es haber tocado los fondos del IVM para poderlo incorporar al Régimen de Salud. Asimismo, que la Ley de Seguridad Social y la Ley Marco de Protección Social, permiten que los fondos del IVM sean tocados e invertidos en otros rubros e incluso sean manejados por prestadoras bancarias de administradoras de fondos de pensiones.
Vea también: Políticos, empresarios y banqueros: el trinomio de la privatización de la seguridad social
Para el sociólogo, Eugenio Sosa, la lectura que hay que hacer sobre lo que acontece con la seguridad social de Honduras es una consecuencia del sistema partidario vigente. Es extremadamente clientelar, donde los discursos programáticos y serios no existen, lo que existen son una lista de promesas que no se sabe nunca de dónde van a cumplirlas, de dónde van a sacar los recursos, son promesas huecas, vacías, cuya finalidad principal es obtener votos a costa de lo que sea, pero sin ninguna seriedad”.
“PLAN COLOMBIA” DEL SEGURO SOCIAL
El Colegio Médico de Honduras y sectores sociales han venido alertando a la ciudadanía sobre las pretensiones de algunos políticos desde el Congreso Nacional, en relación con la seguridad social, especialmente con los fondos de los cotizantes, y ligan el tema a una estrategia que nace con el latrocinio al IHSS con la intensión de implementar el modelo de seguridad social de Colombia.
El Instituto de Seguros Sociales (ISS), antiguamente Instituto Colombiano de Seguros Sociales, posteriormente Seguro Social, fue una entidad pública encargada de la seguridad social del Estado colombiano, creada el 26 de diciembre de 1946.
El proceso de desaparición y liquidación de la entidad del Seguro Social inició en 1990, previo a la nueva constitucionalidad colombiana (ver Constitución de Colombia de 1991). Este proceso fue abanderado por una serie de políticos, entre ellos, el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) quien prometió garantizar el aseguramiento en salud de la población colombiana a través de la ley 50 de 1990 y la ley 100 de 1993.
En el caso de Honduras, las similitudes con Colombia se están dando con la promesa de universalizar la seguridad social que es parte de todo lo que ha venido pasando tras el desfalco y la aprobación de la Ley Marco de Protección Social y en 2021 otras leyes más, advirtió Figueroa.
La presidenta de los galenos alertó que la Ley del Sistema Nacional de Salud, que se pretende aprobar en el Congreso, autorizará las compras directas en el sistema sanitario y con ello se legalizará todos los actos de corrupción cometidos por Inversión Estratégica Honduras (Inves-H) en el marco de la pandemia.
“Esa nueva ley viene a decir que las reglas del juego cambiaron que, si se pueden hacer compras directas, sin garantías, permitirá que los recursos se drenen a través de prestadoras públicas, privadas o mixtas, entregarán el dinero que antes usaba la Secretaría de Salud y que tenía que llevar un mecanismo de rendición de cuentas, ahora estará en oenegés a su antojo”, dijo Figueroa.
La dirigente de los médicos señaló, además, que la normativa le abre el camino a Prosolidar “es justamente el seguir con esa esa promesa de dar salud a todos, pero con un servicio privado, como en Colombia, el mismo plan político, le entregarán un carné a todos los beneficiados y le dirán que tendrá acceso a una clínica, pero en esa clínica solo le darán un acetaminofén, no un medicamento para recuperarse, a no ser que pague”.
Figueroa alertó que Prosolidar y todo el andamiaje legal aprobado es parte de la demagogia que, será complementada con la aprobación de otras leyes, entre las que citó, la Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de Seguridad Social, Ley del Sistema Nacional de Pensiones y la Ley de Accidentes de Tránsito.
Un ejemplo claro de la privatización, según Figueroa, es que el IHSS ya subrogó los servicios al Hospital Cemesa en Roatán, despidió a todo el personal y quitó la clínica. “La estrategia es marchitar el sistema público de salud, la deficiencia no ha sido por casualidad, cuando digan que necesitan pagar una cirugía, simplemente tocará morirse como en Colombia”.
“ESTUPIDEZ” … ANTE LA DEMAGÓGIA
Respecto a la intención del Gobierno de incluir al sector de la economía informal al sistema, mediante un aporte estatal de 50 millones de lempiras, el dirigente de los médicos del IHSS, Carlos Umaña, considera la promesa como “una estupidez” y parte de la interminable demagogia.
“Con 50 millones no se hace nada, si un paciente en cuidados intensivos cuesta un millón de lempiras o más, o sea, eso es imposible, no puede ser así”, expresó al considerar que lo que se debe hacer es derogarse la Ley Marco de Protección Social y aprobarse una nueva legislación.
Según Umaña la salud realmente va a ser universal cuando se establezca un modelo similar al de Costa Rica, donde no hay privatización, sino que el Seguro Social es el gestor.
Para la doctora Ligia Ramos, fiscal del Colegio Médico de Honduras e integrante de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, en Honduras no existe seguridad social y eso se evidenció entre junio y julio de 2020 con el repunte de casos de Covid-19, que pese a la necesidad de más recurso médico y la disponibilidad de unidades de atención, se cerró la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tegucigalpa y se determinó no renovar los contratos a los médicos que venían atendiendo a los pacientes afectados por la pandemia.
Ramos pidió a los hondureños no olvidarse del saqueo al IHSS y de las muertes que se derivaron por la falta de medicamentos o de mala calidad y, ante el nuevo proceso electoral, aconsejó estar atentos a los discursos populistas y el actuar demagógico respecto al caso del Seguro Social.
