Crawfish Rock: ¿Cómo una zona restringida en Roatán fue elegida como ZEDE?

Por: Marcia Perdomo

Portada: Reynaldo Raudales

Gráficos: Guillermo Burgos

Fotografías: Fernando Destephen

Tegucigalpa. –Al llegar a la comunidad de Crawfish Rock lo primero que llama la atención es su denso bosque. La playa de arena blanca, el susurro del mar Caribe y la frondosa arboleda lo convierten en un paraíso escondido, pareciera estar lejos de los emporios hoteleros de Roatán.

El equipo de Criterio.hn visitó la comunidad habitada por negros de habla inglesa a finales de septiembre y durante una entrevista, una de las lideresas comentó: “El territorio de Crawfish Rock anteriormente era de Pristine Bay hasta Palmetto Bay [dos complejos turísticos]”, su inflexión de voz en esa observación fue el inicio de la tercera y última entrega sobre el juego de ajedrez que involucra a tres presidentes del Poder Ejecutivo (todos del Partido Nacional) y los directivos de Honduras Próspera en la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras. Ojo, que Pristine Bay es tema central para entender cómo se aprueban licencias ambientales a proyectos en zonas protegidas.

EL ESPEJISMO DE SOSTENIBILIDAD

Prometen un modelo de desarrollo localmente sostenible en una de las islas más hermosas del Caribe con un plan de crecimiento que abarca más de 750 acres, 1.2 kilómetros de playa y residencias construidas aprovechando “principalmente la madera sostenible de origen local”; pero convenientemente olvidan mencionar que su proyecto está en una zona clasificada como “restringida” por la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía.

Honduras Próspera está ubicada dentro del territorio correspondiente a la aldea de Crawfish Rock. Un área que, según la legislación antes mencionada, cataloga como restringida y que por “su importancia ecológica, será restringida completamente la intervención humana, exceptuando aquellas actividades relacionadas con la investigación científica y la educación ambiental”, según el artículo cuatro, numeral 2, inciso B.

Islas de la Bahía más allá de ser un bello destino que genera ganancias económicas al sector turismo y al Estado, forma parte de la porción sur de la segunda barrera de coral más grande del mundo, conocido como el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), que recorre México, Belice, Guatemala y Honduras. Además, constituye un lugar clave para la protección de la biodiversidad, incluyendo las tortugas marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que se encuentran en peligro de extinción, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

De hecho, Honduras posee al menos diez leyes y normativas correspondientes al manejo y protección de las Islas de la Bahía, según señala la primera auditoría ambiental realizada entre el periodo 2007 a 2011 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la zona. Pese a esto, la mayoría de esas normas que  se  han  emitido  en  materia  ambiental, son difíciles de aplicar, pues no hay “sistemas vigilantes” que se encarguen de verificar las regulaciones emitidas, cita el mismo informe.

Los manglares, humedales, lechos de pastos marinos y extensos arrecifes presentes en las Islas de la Bahía conforman ecosistemas que tienen un papel clave en la economía del país y la región. Específicamente, Roatán goza de una gran biodiversidad, hogar de la guatusa y el venado cola blanca, varias especies endémicas de reptiles y una gran cantidad de aves migratorias que se benefician del manglar; también se pueden encontrar asociaciones vegetales de bosque de pino, explicó a Criterio.hn un biólogo hondureño que prefirió reservar su nombre.

Todos estos elementos, se entremezclan a tal punto que no se puede quitar uno sin impactar el otro. “Los servicios ecosistémicos que brinda la isla son invaluables, arrecifes, pastos marinos y manglares son viveros de centenares de especies de peces e invertebrados que se desarrollan en esos ecosistemas y luego salen a mar abierto. Además de ser de una belleza única y característica, los manglares también contribuyen a evitar la sedimentación en los arrecifes coralinos y disminuir el impacto del oleaje y poseen comunidades ecológicas muy diversas en cuanto a atributos estructurales y funcionales”, ahonda el biólogo.

Roatán está bajo explotación continua. “En toda la isla y fuera de las áreas protegidas, se encontró una relación significativa entre la expansión urbana y la pérdida de manglares”, afirma el biólogo entrevistado por Criterio.hn. Asimismo, expone que, si bien las reservas protegidas designadas han paliado la tala de manglares y la recuperación de los mismos afectados después del huracán Mitch en 1998, la pérdida del bosque manglar se está acelerando fuera de las áreas protegidas para abrir camino a la creciente infraestructura urbana y turística.

El biólogo expresa que “la pérdida de arrecife de coral está ligada a las actividades que se realizan en la isla, la pérdida de cobertura vegetal es una de las razones principales y en específico la disminución de los ecosistemas de mangle. Como puede inferirse, la degradación de los ecosistemas de Roatán está ligada a la falta de interés de implementar planes de manejo y desarrollo sostenibles, provocados por los efectos de la corrupción sobre el cumplimiento, seguimiento e implementación de las leyes”.

De hecho, el estudioso señaló que en la isla se conocen numerosos proyectos de desarrollo que han afectado los recursos costeros de Honduras, pero que la falta de datos de seguimiento limita la cuantificación del daño. El primero está relacionado a la construcción del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, el cual incluyó relleno que causó turbidez crónica, que a la vez redujo la densidad del coral a causa de la asfixia por sedimentos y las poblaciones de peces.

El segundo, basado en informes anecdóticos de investigadores locales indica que la sedimentación causada por la erosión de la construcción de carreteras y hoteles causa uno de los principales impactos en los arrecifes de las Islas de la Bahía. De manera similar, las limitadas instalaciones de desechos domésticos no se consideraron un problema en la década de 1980, pero las aguas residuales y el consiguiente aumento de nutrientes, son ahora considerados un factor estresante importante para los arrecifes en todo el sistema de barreras mesoamericanas.

El especialista en biología aclara que medir el impacto de un proyecto de cualquier índole no es tarea sencilla ya que requiere una extensa base de información sobre el mismo, datos de los cuales Honduras Próspera ha revelado muy poco. Sin embargo, indica que “la Isla está bajo una explotación severa, y que las libertades otorgadas a las ZEDE ponen aún más en peligro los ecosistemas de Roatán”.

De lo que se conoce hasta el momento, explica que existen muchas dudas en relación con la sostenibilidad de un proyecto que traza la construcción de un complejo habitacional, un centro marino, un hospital y una plataforma para el desarrollo económico. Mucho más cuando se plantea la posibilidad de tener una población de más de 100,000 habitantes, como lo expresó el director ejecutivo de Honduras Próspera, Erick Brimen, en su entrevista con la revista Econ Américas en la que garantiza la viabilidad legal del proyecto afirmando, entre otras cosas, que una vez la población de la ZEDE sobrepase los 100 mil habitantes, cualquier reforma o derogación de la misma solo podrá ser realizada a través de un referéndum.

“Sería una locura considerando la capacidad de carga de la Isla en cuanto a la disponibilidad de recursos como agua dulce, generación de energía y resiliencia de los ecosistemas”, señala el biólogo en relación con la posibilidad de que la ZEDE llegue a contar con 100 mil habitantes. Además, agrega “de todos modos, si el proyecto se ejecutara siguiendo los lineamientos más estrictos para asegurar la sostenibilidad ambiental, los ecosistemas terrestres y marinos de Roatán y en general de las Islas de La Bahía han sufrido tres décadas de explotación severa que pone en entredicho la posibilidad de un proyecto de la magnitud de una ZEDE”.

“Las amenazas a la interfaz marino-terrestre de Roatán planteadas por la expansión urbana hacia los manglares de la isla pueden verse agravadas por el cambio climático” que trae consigo el aumento del nivel del mar, el calentamiento de las temperaturas del océano y los posibles aumentos en la intensidad y frecuencia de los huracanes en el Atlántico que exacerban la presión sobre los ecosistemas costeros del Caribe.

El estudioso de ciencias biológicas cierra la entrevista afirmando que, si bien, aún no es posible emitir un juicio final sobre el impacto ambiental de las ZEDE, “los retos que debería superar para ser sostenible se verán afectados por la falta de transparencia del proyecto”.

DE PRISTINE BAY A HONDURAS PRÓSPERA

Los precedentes son importantes y el caso Pristine Bay es un ejemplo claro. Además de la inconstitucionalidad que representa la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y la consecuente vulneración a los derechos de las poblaciones próximas a las ZEDE que citan los expertos en derecho; esta no es la primera vez que un proyecto se instala en Crawfish Rock pese a ser una zona inventariada como restringida por “su importancia ecológica”.

En 2012, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) publicó la Auditoría de Gestión Ambiental Sobre el Saneamiento Ambiental de la Isla de Roatán, Islas de la Bahía, Informe N. 006-2012-DARNA-SERNA-A que comprende al periodo de tiempo del 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011. En él, el TSC señala en sus conclusiones que en el “proyecto Eco-Resort Pristine Bay no se utilizó correctamente el criterio técnico de selección por ubicación”.

De acuerdo con el escrutinio realizado por el TSC a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente -antes Serna, ahora Mi Ambiente- “a nivel institucional la gestión ambiental realizada por la SERNA en la isla de Roatán durante el periodo 2007-2011, según las líneas de investigación, esta es inadecuada e insuficiente”.

El informe remarca que la Licencia Ambiental N° 005-2008 del 27 de febrero de 2008, se encontró que  el  mismo  está  ubicado  en  la  aldea  Crawfish  Rock y que pese a esto, Serna en su análisis realizado previo a la emisión de la licencia ambiental, le ubicó en la zona consolidada de French Harbour, obviando que en  el  sitio  del  proyecto  se  encuentran aproximadamente 10 hectáreas de manglar.

Tras ser interpelado por el TSC sobre el tema mediante dos oficios, el Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, en ese momento, Rigoberto Cuellar Cruz, respondió que efectivamente: “Eco Pristine Bay Resort: se encontraba ubicado en la parte norte de la isla, sin embargo, dos de sus accesos están ubicados en el lado sur de la isla, uno en French Harbour, y otro French Key…” Algo así como defender el otorgamiento de la licencia ambiental de un proyecto en una zona protegida porque tiene acceso mediante calles a un área que tiene menos regulaciones.

Lea también: ¡Confirmado, Rigoberto Cuéllar es el funcionario que recibió soborno del IHSS!

A la respuesta poco congruente de Cuellar Cruz, el informe enfatiza la importancia de proteger los manglares ubicados en la zona de Crawfish Rock; así como evitar la tala y acondicionamientos abusivos, ya que son de interés científico para el seguimiento mundial de arrecifes, pastos marinos y valor paisajista y ecoturismo.

A lo largo de todo el dictamen del TSC que no trata solamente de Pristine Bay, pero es el punto de interés en relación a Crawfish Rock, se señala que “existen edificaciones que no cumplen con lo dispuesto en la normativa vigente de la isla”, que las zonas de playas naturales están siendo eliminadas por hoteles; provocando “daños no solo  al  sistema  natural  costero, sino que ocasiona un impacto visual en el paisaje de la isla. Resaltando que la belleza de Islas de la Bahía corresponde a “sus atractivos naturales y por conservar un entorno autóctono”. Así como su ecosistema de arrecifes que forman parte de la segunda barrera de arrecifes del mundo, “un recurso cotizado por turistas de países como EUA, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, El Salvador, México, por mencionar algunos”.

En cuanto a las increpaciones realizadas por los auditores del TSC, la Serna se defiende alegando que no cuenta con recursos económicos, así como servidores públicos que realicen la labor. Sin embargo, uno de los auditores cuya opinión fue incluida en el reporte respondió: “Al no prestar asesoría  técnica  y  vigilancia,  permite  que  tanto  las  instituciones del Estado como el sector privado actúen al margen de la ley, generando presión ambiental en los ecosistemas”.

Ante tal escenario habría que preguntarse si esta falta de recursos para dar cumplimiento a la ley y normativas que protegen a las Islas de la Bahía no es una debilidad programada para beneficiar a los inversores que prosperan en detrimento del equilibrio de los ecosistemas que hacen de la isla un atractivo turístico.

¿VALE LA PENA UN PROYECTO QUE PONE EN RIESGO TODO UN ECOSISTEMA?

El coordinador del Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia (MADJ) y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, expresa a Criterio.hn que “una maravilla de la naturaleza no vale un proyecto de estos”. Además, infiere que el gobierno central no es congruente porque, por un lado promueve Islas de la Bahía como una maravilla de la humanidad y por el otro no mide el impacto que tendrá en el ecosistema la instalación de una ZEDE.

Para este tipo de esquemas los perjuicios sobre el medio ambiente “son daños colaterales” en beneficio del mercado capitalista; “lo humano es colateral, es sobra y por tanto debe soportar estos impactos”, crítica Fernández. Asimismo, vincula proyectos como la ZEDE Honduras Próspera con proyectos energéticos con históricos conflictos de abusos como el de Roatán Electric Company (Reco), que genera energía eléctrica en la isla a través de combustibles fósiles o incluso la concesión de ríos para generar energía en la región continental. “Forman parte de un solo proyecto de saqueo de la riqueza del país, de pérdida de soberanía y de ataque a los pueblos”, asegura.

El exfiscal del Ministerio Público razona que ante “el modelo económico extractivista capitalista, corrupto por naturaleza” la única forma de hacer frente a proyectos de este tipo es través de “ejercicios de soberanía desde la base de la legitimidad que tiene la misma Constitución de la República y normas secundarias como la Ley General del Ambiente”.

A esto, el defensor del ambiente, Pedro Landa, agrega que Islas de la Bahía además de ser una zona ambiental protegida, forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano que incluye la Barrera de Coral de Belice, Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que desde su punto de vista “concede una categoría muy superior a lo que es la norma hondureña”.

Landa expresa que con este tipo de inversión de obras que alteran el ambiente en la región se pone en riesgo el ecosistema global de los arrecifes coralinos, una de las principales atracciones turísticas de la zona y del buceo en Islas de la Bahía. A esto agrega que el Estado tiene “obligaciones […] en materia de convenciones internacionales, que está obligado a cumplirlas de acuerdo a lo que está establecido en los artículos 16 al 19 de la Constitución de la República porque los convenios están por encima de cualquier otra ley, incluyendo esta Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”.

Esto último, lo expone porque desde los poderes Ejecutivo y Legislativo se han aprobado cambios tanto a nivel legislativo como ministerial que ponen en detrimento las leyes de protección ambiental y que expeditan las licencias a proyectos extractivistas en Honduras. Un ejemplo de esto, a juicio del ambientalista, fue el acuerdo ministerial No.0740-2019 mediante el cual se aprobó la Tabla de Categorización Ambiental que reclasifica las áreas protegidas.

Lea también: Durante la pandemia Honduras ha acelerado los proyectos extractivistas y entreguistas: Pedro Landa

Y es que la eficiencia que muestra el gobierno central a la hora de emitir permisos de concesiones que van en detrimento de sus zonas protegidas contrasta cuando se trata de dar luz verde a acuerdos internacionales que ayudarían a su protección y preservación, como fue el caso cuando se venció el plazo para la firma de adhesión al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

El Tribunal Superior de Cuentas ya lo decía en 2012. En su auditoría ambiental realizada entre el periodo 2007 a 2011 apuntó dentro de sus conclusiones que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) no había realizado las gestiones necesarias

para que el Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía [creado en 1997 bajo el Decreto N° 005-97] fuese incluido dentro de la Red Internacional de Áreas Protegidas del Hombre y la Biosfera, establecidas por la UNESCO, lo que a juicio de los auditores del TSC restaba oportunidades de protección y preservación.

El Estado de Honduras tampoco ratificó cuatro convenios internacionales en pro de la protección y conservación de los arrecifes de coral, que en su mayoría ya habían sido ratificados por México, Belice y Guatemala. “Hay una deficiencia en cuanto a la ratificación y

adquisición de compromisos legales internacionales relacionados con la protección de los arrecifes de coral”, cita el documento.

Bien dicen que donde no hay voluntad, hay mil excusas. En este caso las evasivas e incumplimiento de las leyes benefician a inversores, en detrimento del medio ambiente y los pobladores de Roatán. La historia de Pristine Bay se repetirá con Honduras Próspera, apuntando a la pérdida de zonas de manglar y otros tipos de bosque en la costa norte de Roatán, precisamente en las cercanías de la barrera de arrecifes coralinos, como indicó el biólogo consultado por Criterio.hn.

Conozca más sobre la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) leyendo Crawfish Rock: el ensayo del neoliberalismo radical en Centroamérica y conozca cómo Honduras Próspera tiene más de dos años en sigiloso accionar junto a la administración de Juan Hernández, con vistas de expansión en la región. También se recomienda la lectura de Crawfish Rock: entre el abandono del gobierno y la amenaza de expropiación por instalación de ZEDE, que profundiza sobre la situación de los habitantes de Islas de la Bahía y cómo desde la opinión de expertos en Derecho Constitucional, los Poderes Ejecutivo y Legislativo se aliaron para suprimir cualquier desavenencia desde el Poder Judicial contra las Redes Especiales de Desarrollo (RED), conocidas posteriormente como ZEDE. Finalizando con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma.