Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- El caso de los tres ex estudiantes universitarios condenados por el Poder Judicial a tres años de prisión, trabajos forzados y pago de supuestos daños a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) podría ser conocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si al agotarse el último recurso, la Corte Suprema de Justicia continúa persiguiéndolos, como ha sucedido en los últimos cinco años.
La semana anterior, el Poder judicial anunció a través de sus plataformas sociales de comunicación, que la Sala IV del Tribunal de Sentencias, de Tegucigalpa, condenó los ex estudiantes universitarios, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa y Moisés David Cáceres, acusados por el Ministerio Público del delito de detentación ilegal de bienes públicos.
El caso se deriva de una lucha estudiantil que en 2015 realizaron centenas de estudiantes que se tomaron los predios y edificios universitarios exigiendo mejoras del sistema educativo de la UNAH y respeto al derecho de la protesta, pero que en respuesta recibieron la acusación y descalificación de las autoridades, encabezadas por la entonces rectora, Julieta Castellanos.
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Desde el 2014 Castellanos venía persiguiendo a la dirigencia estudiantil y la acusaba de formar parte de un movimiento político, patrocinado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
El requerimiento fiscal contra los estudiantes lo presentó el Ministerio Público, el 15 de julio del 2015 y dos días después, un juzgado de los penal desarrolló la audiencia de declaración de imputado y el 5 de agosto, en la audiencia inicial les dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
En juicio oral y público celebrado el 27 de mayo, la sala IV del Tribunal los declaró culpables y luego les individualizó la pena, en un fallo que no fue transcrito y que por tres años lo mantuvieron solo en audio, impidiendo la presentación del recurso de casación que desde ese momento podía haber presentado la defensa.
Aplicación del nuevo Código Penal
La abogada Kenia Oliva, del equipo de la defensa, dijo que analiza presentar una solicitud para que a los ex estudiantes condenados, se les aplique el nuevo Código Penal que no incluye en su articulado la figura de detentación ilegal de bienes públicos. “No existe y el Código dice que no se podrán cumplir condenas por delitos que no existan al entrar en vigencia este código”, expresó Oliva. Ella dice que y el Poder judicial tiene el deber de anular la sentencia.
Oliva dijo, que esa acción la van a presentar antes de presentar el recurso de casación, que es otra opción favorable para los estudiantes. Indicó, que ese recurso es para solicitarle a la sala de lo penal la aplicación de la ley que más favorezca, pero si la Corte responde de manera negativa, interpondrá la casación.
La abogada dijo, que todavía no sabe cuándo presentará el recurso, debido a que el tribunal de justicia no ha citado a las partes en legal y debida forma, para notificarles la sentencia y darles a conocer la motivación de la sala. Aclaró, que sin ser notificada esa resolución no puede la defensa interponer el recurso de casación, pero tampoco hay términos legales que se venzan.
Afirmó, que durante el desarrollo del juicio hubo un momento en que le solicitaron al rector universitario, Francisco Herrara, desistir de la demanda, una opción que en la actualidad ya no es posible, debido a que la sentencia ya es firme.
Por su parte, Cesario Padilla, uno de los ex estudiantes condenados, lamentó la persecución de que ha sido objeto él y sus compañeros, por parte de las autoridades universitarias y los operadores de justicia.
A su juicio, el Poder Judicial les ha negado el derecho a la justicia ocultando una sentencia “que nosotros estamos queriendo conocer desde hace tres años y mágicamente apareció en la semana anterior y que solo la hicieron de conocimiento público, pero las partes no han sido notificadas y por eso no podemos presentar el recurso de casación”, expresó Padilla.
Indicó, que la sentencia fue dictada en el año 2017, pero ahora aparece con fecha del 21 de octubre del 2019.
Asimismo, Padilla dijo que de manera alterna con la casación, también realizarán acciones de incidencia a nivel internacional, porque “le apostamos a que este caso lo conozca la Comisión Interamericana de los derechos Humanos”, planteó.
