Presidente de Honduras se refugia entre las estrellas de generales

Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder, al fortalecer el estamento castrense mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Foto de portada: Fuerzas Armadas de Honduras

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, enfrenta la crisis causada por la pandemia de Covid-19 asignando nuevamente un papel protagónico a la cúpula de las Fuerzas Armadas que lo sostienen en el poder, pese a escándalos de corrupción e imputaciones directas de involucramiento con el narcotráfico por parte de fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los militares fueron designados por Hernández para la entrega de alimentación a una población de 3.2 millones de personas para que se mantengan en sus casas en busca de contener la propagación del coronavirus, ensanchando la creciente participación del estamento militar en la vida pública en la gestión de sus dos períodos de gobierno.

Los militares han jugado un papel “estrella” en la improvisada respuesta gubernamental ante la pandemia, caracterizada por denuncias de corrupción en la compra sobrevalorada en más de 7 hospitales móviles, al igual que la adquisición de miles de mascarillas y millonarios contratos de consultorías a parientes de funcionarios, según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), y a las que CRITERIO.HN les ha dado seguimiento.

Según cifras oficiales el gobierno ha gastado 4,589.1 millones de lempiras (183,626.5 millones de dólares), en compras para enfrentar la pandemia, pero centenares de personas contagiadas son atendidos bajo carpas en colchonetas en el suelo o sentados en sillas, donde escasea el oxígeno o manómetros, indispensables para salvar sus vidas.

Decenas de hondureños, han fallecido en las afueras de los llamados triages abiertos en las principales ciudades del país, incluso al llegar a hospitales, mientras otros han caído en las calles o han fallecido en sus viviendas, según vídeos divulgados en redes sociales, utilizadas por los ciudadanos para hacer las denuncias de la precariedad del sistema sanitario.

A la cúpula castrense vital para la estabilidad en el poder de Hernández, en la crisis, además se delegó fabricar mascarillas y trajes de protección para el personal médico, sumándose a tareas asignadas en el pasado en el área de la seguridad e inteligencia privativas de la policía, incluso en el de la política de migración.

También responsabilidades en la operación de un millonario proyecto de 4.000 millones de lempiras en el ámbito agrícola, obviando a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), responsable de la gestión en el sector.

“Este protagonismo militar evidencia la profunda soledad en que se encuentra el gobernante: el recurrir a los militares es un hecho para sentirse seguro y a salvo”, dijo a Criterio.hn la experta en el tema militar Leticia Salomón.

Las administraciones de Hernández han sido ensombrecidas por la corrupción y el narcotráfico, pero también por la militarización de la seguridad que se ha traducido en violación a los derechos humanos y sobre todo a un fuerte gasto en defensa bajo el argumento de combatir los cárteles de la droga y pandillas, dicen activistas humanitarios.

Y es que Hernández arrastra en su búsqueda del poder y en su ejercicio de la presidencia una historia de corrupción y vínculos con el narcotráfico a través de su hermano, Juan Antonio Alvarado, alias “Tony”, fraude, irrespeto a las leyes, la institucionalidad y autoritarismo fortalecido con las alianzas tejidas con las cúpulas militares, dicen analistas y críticos.

El mandatario alcanzó la presidencia por primera vez en 2014 y una vez en el poder admitió que unos 3 millones de lempiras, aportados por una empresa vinculada al escándalo de corrupción en el Instutituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar a su campaña en 2013 en el Partido Nacional, pero aseguró que él no se enteró.

Historia de corrupción y narcotráfico

La admisión de esta aportación a su campaña desató multitudinarias protestas en el año 2015 en las principales ciudades de Honduras, exigiendo que renunciara y que se estableciera en el país una misión similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.

Presionado por las protestas, el gobernante que se opuso a una misión de la ONU, como la CICIG, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) crear una llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que empezó a operar en 2016.

La misión puso al descubierto redes de corrupción con dineros públicos en campañas políticas, incluida la de Hernández, y el desvío de dinero a cuentas particulares, de empresas y de ONG’s, en las que se incluyó a parientes y familiares cercanos al gobernante.

La MACCIH, que representó el primer intento serio de pesquisar la extendida corrupción pública, impulsada por fiscales y jueces internacionales, investigó a funcionarios, exfuncionarios, diputados, ex diputados, gestionadores de ONG’s, entre ellos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

El gobernante bloqueó a principios de 2020, la continuidad de la MACCIH que amenazaba la impunidad de funcionarios, diputados, especialmente del Partido Nacional y sus aliados políticos en la facción más conservadora del Partido Liberal y agrupaciones políticas minoritarias, por escarbar en episodios de corrupción que en muchos casos llevaban hacia el mismo Hernández y su entorno, según investigadores de la misión de la OEA.

Hernández, no firmó el convenio de ampliación de la misión anticorrupción, alegando que “algunos sectores sociales, económicos y políticos” acusaron a la misión de haberse “excedido” y diputados oficialistas se quejaron porque reveló los nombres de implicados en investigaciones y que presuntamente obtuvo documentos oficiales ilegalmente.

“Cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado”, dijo Hernández al asumir su primer período en el poder en enero de 2014.

Pero Hernández ha sido abiertamente involucrado con cabecillas de cárteles del narcotráfico, durante el juicio en Nueva York de su hermano “Tony”, descrito por fiscales estadounidenses como un “narcotraficante a gran escala” y asegurado que el mandatario recibió un millón de dólares en la campaña política de 2013 del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, condenado en Estados Unidos.

Las imputaciones contra Hernández por presunto involucramiento con el narcotráfico, desde los Estados Unidos, no han cesado desde la captura de su hermano “Tony” en octubre de 2018, pero no se ha presentado acusaciones en su contra por el ilícito, que el gobernante ha negado reiteradamente.

Al iniciar el juicio en una Corte Federal en Manhattan, un fiscal aseguró que “Tony” Hernández traficó durante años toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo la protección de su hermano, el presidente de Honduras.

El mandatario respondió asegurando que “nadie está por encima de la ley y (…) nunca he intervenido ni lo voy a hacer para proteger a nadie, ni amigos, ni correligionarios, ni familiar, absolutamente a nadie”.

Sin embargo, las imputaciones en cortes de Nueva York contra Hernández continúan.

En una acusación, el 30 de abril por narcotráfico en una Corte en Nueva York, contra el ex jefe de la policía, Juan Carlos “El Tigre Bonilla”, el fiscal Federal de Manhattan, Geoffre S. Berman, dijo que el ex oficial “en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente… supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos”.

El analista Armando Orellana dijo a Criterio.hn que “en un país con instituciones sólidas, Hernández hubiera sido sometido a juicio político, porque son acusaciones gravísimas en contra de un jefe de Estado”, y opinó que “claramente ese viraje hacia las Fuerzas Armadas ha estado concretamente ligado a un escudo para protegerse contra las denuncias por narcotráfico”.

Hernández tejió una relación estrecha con los mandos militares, vital para su estabilidad en el poder al fortalecer el estamento castrense, mediante el incremento de los gastos de Defensa y Seguridad, y además de ello, al reclutar a generales en su gobierno, para colocarlos en cargos públicos.

Los gastos en Defensa y Seguridad registran un incremento anual sostenido. En 2016 se destinó a estos sectores 12,665.1 millones de lempiras, en 2017 13,274.3 millones, 2018 18,145.4 millones y en 2019 15,099.0 millones y en 2020 15,059.00 millones de lempiras, según un análisis del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).

Recluta generales

Pero el gobernante, no sólo incrementó el gasto de Defensa y Seguridad, si no que cortejó directamente a los generales, en su mayoría ex jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los incorporó en las planillas de gobierno, incluso como secretarios y subsecretarios de Estado.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Fredy Santiago Díaz, es el actual secretario de Defensa, el también general de división, José Isaías Barahona, se desempeña como uno de los subsecretarios de Relaciones Exteriores, y el general René Osorio Canales, como comisionado de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES).

Entre tanto, el general de división Julián Pacheco se convirtió en el primer director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DNIE), durante el gobierno de Porfirio Lobo y luego Hernández lo ungió como secretario de Seguridad en su segundo período, en enero de 2017.

Díaz, quien también se desempeñó como viceministro de Defensa, en el segundo período del gobierno de Hernández y desde febrero de 2018 ministro de esa cartera, fue hasta 2015 jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras Osorio ocupó el mando militar de 2011 a 2013, bajo el mandato del presidente Lobo.

Osorio, Díaz y Pacheco ocuparon mandos militares y de cuerpos de inteligencia en períodos en los que “Tony” Hernández y el también condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Fabio Lobo, hijo del presidente Lobo, estaban ligados a cabecillas locales y mexicanos de cárteles de la droga, según los fiscales norteamericanos.

Hernández, ha asumido un comportamiento casi obsesivo en el gasto militar y de seguridad, cobijado en el combate al narcotráfico y las pandillas, en contraste con lo destinado a las áreas de la salud y la educación. Lo que ha quedado al descubierto por el débil sistema sanitario incapaz de atender la pandemia del coronavirus, y una infraestructura de escuelas y colegios destruida y sin servicios de agua potable continua, por lo que en su mayoría no son útiles para establecer los llamados triages.

El gobierno ha adquirido aviones, barcos, helicópteros, radares, moderno equipo militar y construido infraestructura presuntamente para combatir el narcotráfico, reflejando un supuesto mensaje de compromiso de lucha antidrogas dirigido a las autoridades estadounidenses.

Tras las elecciones de noviembre de 2017, calificadas de fraudulentas por la oposición, los mandos castrenses en defensa de la continuidad en el poder de Hernández reprimieron utilizando fuerza excesiva, incluso letal para dispersar multitudinarias protestas, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras.

El organismo aseguró que policías y militares, especialmente miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada por Hernández mataron a 22 manifestantes, mientras el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estableció que al menos 37 personas murieron en la represión de las protestas de miles de manifestantes que bloqueaban carreteras en ciudades y poblados en rechazo al triunfo otorgado por el Tribunal Superior de Elecciones (TSE) a Hernández.

Militares defienden fraude

Las dudas sobre el triunfo de Hernández fueron tan fuertes, que la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó mediante un informe preliminar a celebrar nuevas elecciones en Honduras debido a que el organismo “no puede dar certeza respecto al resultado de las elecciones” del 26 de noviembre de 2017.

Hernández logró ir por la reelección presidencial, pese a que la Constitución de Honduras la prohibe, valiéndose de un fallo de la Corte Suprema de Justicia controlada por magistrados leales a él tras un recurso de amparo del extinto expresidente Rafael Callejas y un grupo de diputados nacionalistas.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, René Orlando Ponce, defendió abiertamente la reelección de Hernández, días antes de abandonar el cargo.

“Si hiciéramos una encuesta, pero realmente una encuesta que fuera bien objetiva, yo le puedo asegurar que la mayoría de la población está de acuerdo… que haya una reelección y que se haya reelecto el actual presidente. Se lo puedo asegurar yo”, dijo el exjefe militar en un canal de televisión reflejando sus simpatías por el mandatario.

El oficial, que asumió la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 21 de diciembre de 2017, participó activamente en la represión militar de las protestas por el denunciado fraude, al sustituir en el mando al general Francisco Isaías Álvarez que ocupaba el mando durante las elecciones del 26 de noviembre y casi un mes después.

Los militares, que derrocaron y enviaron al exilio al expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, acusado de pretender reelegirse en la presidencia, respaldaron a Hernández, pese a que éste violentó la Constitución y consumó un fraude electoral.

Actualmente, Hernández es lealmente respaldado por el jefe del Estado Mayor Conjunto general de división, Tito Livio Moreno, quien asumió el 20 de diciembre de 2019. El jefe castrense goza de una amplia presencia mediática impulsada por Hernández, especialmente en el marco de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, analistas prevén que los militares que pretenden levantar su perfil durante la pandemia con el apoyo de Hernández también arrastrarán como participantes en la gestión de la crisis con el desprestigio del gobierno por los escándalos de corrupción en la adquisición de hospitales móviles, mascarillas y otro equipo de bioseguridad sobrevalorados.

“Se que ustedes han sido un factor determinante en poder combatir esta terrible enfermedad, pero ustedes soldados de mi patria, han demostrado que las Fuerzas Armadas del pueblo hondureño estamos a su servicio”, dice Moreno en un mensaje reiteradamente difundido en el canal de la televisión oficial.

Corrupción, estafa o fraude

En el proceso de gestión de la crisis por los contagios de la Covid-19 el gobierno de Hernández enfrenta severas críticas por la compra sobrevalorada de siete hospitales, adquiridos a una empresa de maletín con sede en los Estados Unidos, por casi 1.200 millones de lempiras (47.8 millones de dólares) por parte del director de Inversiones Estratégicas de Honduras INVEST-H, Marco Bográn, un colaborador de confianza del gobernante.

Los hospitales fueron pagados por Bográn al contado a un intermediario de origen guatemalteco, identificado como Axel López, sin ninguna garantía de entrega y calidad.

Dos de los hospitales de 91 camas presuntamente llegaron el viernes a Puerto Cortés, pero aún no se sabe si vienen completos o con todos los equipos, ni se llegarán los otros cinco comprados por Bográn, que es investigado por el Ministerio Público por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Misiones de transporte de alimentos, producción de material de bioseguridad, responsabilidad en el manejo de los hospitales móviles y hasta custodia y vigilancia epidemiológica, son algunas tareas que visibilizan a los militares.

Pero, esencialmente, el desmedido estrellato militar ha alcanzado dominio en el escenario público, mediante la concentración de proyectos de asistencia social como el programa “Honduras Solidaria”.

Pese a que en el proceso de distribución la población, ha condenado a los soldados por tolerar la entrega de alimentos a activistas del gobernante Partido Nacional, según información oficial hasta la fecha, se ha asistido “igualitariamente” a más de 700 mil familias.  

Sin poseer las competencias necesarias, las unidades armadas también han sido asignadas en la tarea de la vigilancia epidemiológica de la Covid-19. A pesar de su carácter represivo, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ha sido encomendada al manejo de la custodia de los cercos epidemiológicos en zonas de la capital hondureña contagiadas por la enfermedad.

La PMOP también ha sido destinada a la gestión del abastecimiento de agua en los barrios y colonias capitalinas y San Pedro Sula. “Más de 60 colonias y barrios de la capital fueron beneficiados con la distribución de agua potable”, dijo a Criterio.hn el vocero de la Policía Militar, Mario Rivera.

Seguridad y antitransparencia

Según un reciente análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), para el presupuesto de 2020, la inversión destinada para equipamiento militar se incrementó a un 39.6 por ciento. Para el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), estos recursos se suman al presupuesto ya sobredimensionado que forma parte del proceso de remilitarización.

Pero también Cespad advierte que la situación “se vuelve más preocupante porque las Fuerzas Armadas y las secretarias de Defensa y Seguridad, son las instituciones que menos rendición de cuentas hacen y menos transparencia tienen”.

Puntualmente porque se ubican en rango de instituciones beneficiadas con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que impide cualquier intentó de auditar la institución castrense.

Entre ellos, la auditoria a los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo presupuesto para el año pasado se estimó en 2,943.5 millones de lempiras, según la secretaría de Finanzas.

Criterio.hn consultó al director del Programa de Desarrollo Agrícola (PDA), capitán de navío Adán del Cid, sobre la gestión en la ejecución de los 4 mil millones de lempiras, cuyos resultados han sido motivo de intranquilidad entre las organizaciones campesinas que han criticado la potestad del agro dada a la institución castrense.

Según del Cid, para este año se asignaron 138.9 millones de lempiras como parte de una inversión directa a los productores agrícolas en mayor vulnerabilidad. Sin embargo, las transferencias todavía no han sido completadas, ya que “todavía no se ha materializado los depósitos respectivos por parte de la secretaría de Finanzas en las cuentas del Banco Central”, explicó.

Para este año se tenía previsto auxiliar a 7 mil campesinos, pero por las “complicaciones” en los trámites administrativos, Del Cid justificó que solo se beneficiarán 3,030 campesinos.  

La analista y experta en asuntos militares, Leticia Salomón, dijo que el proceso de remilitarización fortalecido en el gobierno de Hernández está dirigido básicamente a acuñar el esquema político conservador que impera en Honduras.

“Podemos afirmar que es la expresión concreta de la militarización del Estado que ya se venía evidenciando y, lo que es peor, de la militarización de la conducción de la respuesta gubernamental a la epidemia”.

La estudiosa observa que el estamento militar luce como el brazo armado de un presidente desprestigiado nacional e internacionalmente, y no como una institución independiente.