Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que arrastran con revelaciones sobre despilfarro de fondos y compras sobrevaloradas de propiedades, se escudan en la libertad de expresión para sustraerse de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Noticia Relacionada: Multan nuevamente al presidente de periodistas por ocultar información
Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), a la vez dirigentes del ente de pensiones, respondieron a una nueva sanción pecuniaria impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) al presidente del gremio, Dagoberto Rodríguez Coello, alegando que es un “hostigamiento del Estado a través del @IAIPHonduras al Colegio de Periodist
Hostigamiento del Estado a través del @IAIPHonduras al Colegio de Periodistas, que no es una entidad obligada a tener portal ante ésta institución estatal porque no recibe fondos del gobierno, pero insisten en la arbitrariedad. ¿Hasta cuándo?. Atención: @EdisonLanza y @RELE_CIDH
— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) December 16, 2019
La sanción impuesta a Rodríguez Coello, de casi 29.000 lempiras, es en su condición de presidente de la junta directiva del ente de pensiones por incumplir la ley de Transparencia al no publicar la información administrativa y financiera de la institución en el Portal Único de Transparencia del IAIP.
El IPP es sujeto de la ley de Transparencia, debido a que el ente en su decreto de creación establece que el estado transferirá anualmente fondos para su financiamiento, y desde que empezó a operar en 1987 la institución ha captado 53.2 millones de lempiras.
El ente es financiado además por las aportaciones patronales, las cotizaciones de los afiliados y las utilidades generadas por las inversiones.
En la cuenta de Twitter del CPH, los dirigentes tratan de manipular al valorar que la sanción impuesta por el IAIP no es contra el IPP, sino contra el Colegio de Periodistas, lo que no es cierto.
El CPH “no es una entidad estatal obligada a tener portal ante esta institución estatal porque no recibe fondos del gobierno, pero insisten en la arbitrariedad”, dice el twitt colgado por los directivos del gremio periodístico, en referencia a la sanción que les impuso el IAIP. Omiten decir que el IPP registra en sus estados financieros, que han captado 53.2 millones de lempiras en transferencias estatales.
¿Hasta cuándo? preguntan los directivos del CPH y de inmediato dicen “Atención: @EdisonLanza y a @RELE_CIDH”, pretendiendo que la sanción es contra la agrupación gremial y no un acto administrativo ejecutado por el IAIP en el caso del ente de pensiones por incumplir la Ley de Transparencia.
Con su reacción, los dirigentes del CPH pretenden coaccionar a los Comisionados del IAIP para que, en los casos que conocen, desistan de aplicarles la ley, tanto por negarse a entregar información del IPP, como por incumplir la Ley de Transparencia en lo referente a la publicación de la información de oficio.
CRITERIO ha puesto al descubierto en el IPP episodios de despilfarro del fondos, la adopción ilegal de resoluciones que afectan el monto de las pensiones de los jubilados, compras sobrevalorada de propiedades y otorgamiento de beneficios a ejecutivos del ente en detrimento de los periodistas afiliados.
Los directivos del CPH, presidido por Rodríguez Coello, también presidente de la junta directiva del IPP, pese a que no se trata de un asunto relativo al ejercicio profesional gremial de libertad de expresión o de prensa, llaman la atención del Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Relatoría para la Libertad de Expresión al igual que el Relator Especial se dedican a vigilar el respeto a la libertad de expresión y de prensa en los países del continente americano.
La directiva del ente de pensiones la integran el presidente, fiscal y presidente del Tribunal de Honor del CPH, además de representantes de las regionales de la gremial, y de los jubilados, que son designados de dedo por los directivos del Colegio de Periodistas pues no se celebran asambleas para su elección.
USAN IMAGEN DE PERIODISTAS
La sanción contra Rodríguez Coello, es la segunda desde abril de 2018 que le impone el IAIP por violar la ley de Transparencia. Su antecesor en la presidencia del CPH y la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fue sancionado a principios de 2016 con una multa de 8.000 lempiras.
Los directivos del ente de pensiones de manera sistemática rechazan suministrar información solicitada por sus afiliados sobre las operaciones finacieras, al igual que se resisten a someterse a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), escudándose en un inconstitucional decreto que les aprobó el Congreso Nacional, que exime al Instituto de la supervisión, control y vigilancia de los organismos especializados del Estado.
“En este caso se está aplicando la ley de Transparencia a los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista, no se trata de ningún hostigamiento o ataque al Colegio de Periodistas. No se trata de un atentado o amenaza a la libertad de expresión o de prensa”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde 2015 solicita información administrativa y financiera al IPP con poco éxito.
“Los directivos han operado cientos de millones de lempiras del ente de pensiones y el IPP ha captado fondos públicos, por eso deben cumplir la ley de Transparencia”, agregó Palencia, un periodista que tiene más de 38 años de ejercicio profesional.
Los directivos del CPH, que a su vez son directivos del IPP, han gastado más de medio millón de lempiras del ente de pensiones en pagar profesionales del derecho, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y otros abogados para presentar al menos 8 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra resoluciones del IAIP, ordenándoles entregar información.
La Sala de lo Constitucional ha emitido al menos cuatro fallos en contra de Recursos de Amparo presentados por el IPP, pero aún así los directivos no han entregado la información solicitada por periodistas afiliados al ente de pensiones.
No es la primera vez que los directivos del CPH recurren a la amenaza de solicitar la intervención de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y del Relator Especial Edison Lanza, pretendiendo evitar rendir cuentas o que se investigue denuncias por decisiones arbitrarias o ilegales en el IPP, que han perjudicado a los afiliados.
Los directivos del CPH respondieron de igual manera en septiembre ante una investigación abierta por el Ministerio Público ante denuncias presentadas por las afiliadas jubiladas Vilma Rosales y Delia Mejía por la aplicación de resoluciones al margen de la ley del IPP.
“Si pretenden destruir al CPH y al IPP y exhibir a sus directivos por no plegarse a presiones e intereses del poder, impulsado por acciones oscuras de tres ambiciosos que quieren que se haga ‘piñata’ con los fondos del IPP, vamos a denunciar al Estado ante la @RELE_CIDH y @EdisonLanza”, dijo Rodríguez Coello en su cuenta de Twitter.
“Que gran ‘coincidencia’ que entre tantos rumores y teorías conspirativas, @MP_Phonduras active una denuncia, sin ningún fundamento, que Vilma Rosales, Delia Mejía y Gustavo Palencia impulsan en ese ente contra la junta directiva del IPP porque no aceptan el cálculo de sus pensiones”, agregó.
Rodríguez Coello convocó a una “asamblea extraordinaria urgente” del CPH el 28 de septiembre “para abordar los siguientes temas: Ataque a la Libertad de Expresión y de la Institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista”.
Los directivos ante una pobre asistencia amenazaron con expulsar a Palencia, Mejía y Rosales por acudir el primero al Instituto de Acceso a la Información Pública y a ambas jubiladas por presentar denuncia ante el Ministerio Público y una demanda en los tribunales porque se ha incumplido la ley del IPP en el cálculo de sus pensiones.
