Urgen reformas que prohíban uso de recursos públicos para hacer proselitismo electoral

Tomado de CESPAD

El actual proceso electoral hondureño tiene como novedad la figura de la reelección, la que en opinión de expertos jurídicos y de representantes de todos los partidos políticos de oposición, transgrede los procedimientos establecidos en la Constitución de la República para una reforma de esta naturaleza.

La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la reelección presidencial, despojó al soberano de su derecho de pronunciarse y decidir sobre este tema. La resolución de la Sala de lo Constitucional no ha tenido ningún efecto en la reforma de la Constitución de la República ni en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En tal sentido, asistimos a las elecciones generales de noviembre del 2017 con un vacío jurídico, en el que la reelección presidencial ni siquiera está reglamentada. Lo anterior tiene implicaciones preocupantes para el proceso electoral de noviembre.

Las hondureñas y hondureños concurriremos a las urnas a decidir la elección del nuevo presidente del país, pero con el carácter profundamente desigual que plantea una campaña en esas circunstancias, con la enorme ventaja de utilizar los recursos públicos y actividades de gobierno para hacer proselitismo electoral. Las estipulaciones en los marcos normativos no son suficientes.

Para el caso, tanto las establecidas en el artículo 142 de la actual Ley Electoral, que prohíben “Utilizar los actos de gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo”; y, “utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda política”, como las restricciones similares adoptadas en la recién aprobada Ley de Política Limpia, dejan serias limitaciones en cuanto a la utilización de fondos en campañas electorales se refiere.

Ambos instrumentos jurídicos limitan el uso de la propaganda gubernamental solo en tiempo de campaña (que en el caso de las elecciones generales, que serían de septiembre a noviembre del 2017).

En aras de asegurar un proceso electoral limpio, creíble, transparente y auténticamente democrático, requerimos ir más allá de la normativa actualmente existente.

Es por eso que desde el CESPAD, retomando las mejores prácticas democráticas de la región demandamos la reforma de la Ley Electoral para la regulación de los fondos públicos, retomando y poniendo como ejemplo el artículo 142 del Código Electoral de Costa Rica que establece la prohibición siguiente: • “a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones.

 Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE”.