Plan de Ana García: desbancar a Libre, defender a JOH y el regreso de Vida Mejor
Corrupción y asistencialismo: las sombras que persiguen la campaña de la esposa de Juan Orlando Hernández
Tegucigalpa, Honduras. – Escudada bajo un discurso cristiano, prometiendo que devolverá al pueblo hondureño la esperanza y equipada con un audio de su esposo Juan Orlando Hernández, afirmando que apoyarla a ella es apoyarlo a él, Ana García Carías, aspira a ser la candidata a la presidencia de Honduras por el conservador Partido Nacional.
La esposa del expresidente, condenado por narcotráfico en una Corte estadounidense, se aferra a la inocencia de quien describe como el amor de su vida y califica la condena de Hernández como una injusticia contra la que luchará. De hecho, anunció sus aspiraciones a la presidencia de Honduras bajo el movimiento “Avanza”, cinco días después que este fue declarado culpable.
Aunque nació y creció en Tegucigalpa, Ana García ha preferido, para esta campaña, remarcar su linaje olanchano heredado de su familia paterna. Del legado materno, prefiere no sacarlo a la luz. Su tío abuelo era el dictador Tiburcio Carías Andino, quien gobernó Honduras durante 16 años consecutivos (1933-1947). Cursó sus estudios de secundaria en el Instituto Sagrado Corazón de Tegucigalpa, se graduó como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Mercantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en 2002 obtuvo el exequátur de notario.
La exprimera dama, cuya gestión fue manchada por denuncias de actos de corrupción, describe al actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro como “nefasto y terrible”. A la vez que asegura que devolverá al pueblo hondureño la esperanza y los programas asistencialistas implementados durante las administraciones de su esposo.
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MANSIONES, EMPRESAS Y DESVÍO DE FONDOS: LAS DUDAS SOBRE LA FORTUNA DE ANA GARCÍA Y JOH
La exprimera dama fue mencionada en 2019 en el caso Pandora que involucró el desvío de al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio de cara a las elecciones de 2013.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) –ambas extintas– pidieron la privación de dominio de la sociedad mercantil Asesores Especializados en Desarrollo Integral S. de R.L. (ASEDI S. de R.L.), por recibir aproximadamente 1.5 millones de lempiras procedentes del saqueo a la SAG.
Ana García fue socia fundadora de la sociedad junto a Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos y Zoila Patricia Cruz Cerrato, esposo y amiga de la fallecida Hilda Hernández, respectivamente.
En respuesta, la entonces primera dama publicó en redes sociales que ella se desligó de ASEDI S. de R.L. desde la constitución formal de la sociedad en 2006, asegurando que nunca tuvo conocimiento ni relación de las actividades de la empresa.
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En 2015, se descubrió que Ana García compró una mansión en Cooper City, condado de Broadward en la Florida, Estados Unidos. El costo inicial de la residencia fue de 805,000 dólares [17.7 millones de lempiras, al cambio de ese momento], más 2,905 dólares anuales en gastos de mantenimiento, servicios e impuestos. La abogada justificó haber realizado la compra del inmueble a través de un préstamo y en noviembre de 2019, la casa fue vendida, reveló Criterio.hn en una investigación que destapó la acumulación de bienes de la entonces familia presidencial.
La investigación de Criterio.hn, titulada «La cuantiosa fortuna de los Hernández-García, un potentado construido en doce años”, reveló que, a partir de 2010, la expareja presidencial registró siete empresas y 60 bienes inmuebles por un valor estimado en 7.8 millones de dólares. En total, las familias Hernández Alvarado y García crearon once empresas e inversiones por cerca de 267 millones de lempiras [10.8 millones de dólares] en 109 bienes inmuebles.
En enero de 2024, Criterio.hn publicó que la exprimera dama continuaba viviendo en la mansión de Palmeras de San Ignacio, la misma que había entregado bajo la figura de dación a banco Ficohsa, 35 días después de la captura de su esposo Juan Orlando Hernández, el 15 de febrero de 2022.
Por otro lado, existen cuestionamientos sobre los millonarios fondos que manejó la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih), incorporada en 2005 por Ana Rosalinda García Carías, y que una vez que Hernández llegó al poder, gestionó fondos provenientes del programa Vida Mejor y el programa ‘449’, según publicó Univisión en 2019. Otra fundación cuestionada y ligada a los Hernández fue la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh).
En marzo de 2024, el medio argentino Infobae informó que la exprimera dama estaba siendo investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos y traspaso irregular de bienes. En aquella oportunidad, Criterio.hn consultó al Ministerio Público sobre dicha información, pero no negó ni afirmó la aseveración.
ANA GARCÍA REPLICARÁ MODELO ASISTENCIALISTA DE JOH Y CRITICA GESTIÓN DE LIBRE
Criterio.hn contactó por mensajería a la abogada Ana García para agendar una entrevista en la que se abordaría su plan de gobierno y propuestas para captar los votos de la ciudadanía, sin embargo, no se recibió respuesta alguna.
A continuación Criterio.hn retomó parte de lo expresado durante el debate televisado de los candidatos a la presidencia por el Partido Nacional y que fue organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Para Ana García, problemáticas como la pobreza extrema y la extorsión se han profundizado durante la administración Castro. Aunque, durante el último año de gobierno de su esposo la pobreza alcanzó al 73.6% de los hogares hondureños, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que posteriormente fueron borrados. Mientras que la actual administración, reporta una disminución de al menos nueve por ciento, aunque este decrecimiento también ha sido cuestionado por economistas.
Cuando las cifras de pobreza fueron publicadas en 2021, economistas señalaron que la cifra contradecía las políticas gubernamentales implementadas, entre estas, los programas sociales o asistencialistas, que nuevamente en esta campaña, Ana García promueve a través del restablecimiento del programa Vida Mejor.
García afirma que los programas sociales desarrollados por el actual gobierno son entregados con sesgos políticos. Sin embargo, las dos administraciones de su esposo fueron salpicadas por esta misma acusación.
En 2017, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) señaló que más de 15,017 millones de dólares dirigidos al programa Vida Mejor, entre 2010 a 2015, fueron utilizados con propósitos políticos partidarios alrededor de la figura de Hernández, y no para reducir la pobreza.
Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, desde la municipalidad de Yoro –cuya alcaldesa era la nacionalista Diana Urbina Soto– se realizó una entrega selectiva y por afinidad política de alimentos y servicios de salud bajo el programa Honduras Solidaria. El caso escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala de lo Constitucional reafirmó la garantía de amparo en favor del pueblo indígena Tolupán.
Para combatir el desempleo, especialmente entre los jóvenes, propone apoyar los emprendimientos con capital semilla dirigidos hacia la formalización. Propone, además, el servicio cívico a través del cual los jóvenes tendrán la oportunidad de tener formación, capacitación e incorporación al mercado laboral.
García Carías asegura que el actual gobierno fracasó en la política de seguridad, señalando que “la extorsión ha llegado a lugares donde antes no llegaba” y plantea georreferenciar el delito. En este caso, pese al estado de excepción decretado por Castro, las denuncias por extorsión se han extendido a otros departamentos que antes no manifestaban tener la problemática. Aunque durante el juicio contra Hernández, en Nueva York, la Fiscalía vinculó a Juan Orlando Hernández en el pago a pandilleros para incitar y cometer actos de violencia durante las movilizaciones contra el fraude electoral de 2017.
García Carías declaró que apoya la extradición y que de alcanzar la presidencia buscará la aprobación de una ley para su regulación. La exprimera dama sostiene que en el caso de su pareja la extradición fue utilizada como un arma política, producto de una negociación del gobierno de Libre y algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, según ella, bajo las directrices de Joe Biden.
