Con más de 15 mil denuncias en 2024, la violencia contra las mujeres se intensifica en Honduras, revelando la necesidad de reformas legislativas y el fortalecimiento de la fiscalía de la mujer para garantizar justicia y protección.
Los datos de violencias contra mujeres siempre han sido alarmantes, señaló Merly Eguigire. Para la feminista, lo que ha ocurrido en este último tiempo es que dicha violencia se ha evidenciado a través de la denuncia.
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia contra las mujeres en Honduras continúa siendo un grave problema de derechos humanos. Crisis urgente que requiere respuestas integrales y efectivas para proteger a las mujeres, garantizar su acceso a la justicia y erradicar la impunidad que perpetúa la violencia de género en el país.
En lo que va de 2024, más de 15 mil denuncias por violencia contra las mujeres han sido presentadas al Ministerio Público, revelando una preocupante escalada en los casos de agresión hacia el género femenino. Estas denuncias comprenden en su mayoría acusaciones por violencia doméstica, física, psicológica, sexual y patrimonial
Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», frente a un problema que ha sido una constante en la sociedad hondureña, expresó que, aunque esta problemática ha existido por años, recientemente se ha hecho más visible gracias a un aumento en las denuncias. Principalmente de desapariciones de niñas y mujeres.
Ante este escenario, la feminista enfatiza la necesidad de una mayor respuesta por parte de las autoridades estatales. «Es prioritario que el Ministerio Público fortalezca la fiscalía de la mujer, especialmente en los municipios con mayor incidencia de violencia», expresó Eguigure. Según su perspectiva, es esencial no sólo fortalecer las unidades existentes, sino también crear nuevas donde sea necesario, para garantizar una mayor agilidad en los procesos de investigación.
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NECESIDAD DE REFORMAS LEGISLATIVAS
La visibilización de los casos es solo el primer paso; sin embargo, es crucial las autoridades estatales como el gobierno y el Congreso Nacional tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y garantizar su derecho a vivir libres de violencia.
Las organizaciones de las mujeres están a la espera que la propuesta de Ley Integral de Prevención de la violencia contra la Mujer, sea enviada al Congreso Nacional para posteriormente sea aprobada. “Necesitamos el apoyo de tos los diputados y diputadas no importante el partido político”, dijo a Criterio.hn Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras.
Además señaló que actualmente se está discutiendo en el CN la aprobación de la Ley de Alerta Morada, con la que se busca tener un marco jurídico para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
A pesar de los esfuerzos realizados, para Merly Eguigure aún hay un largo camino por recorrer en términos de legislación. «El Congreso Nacional debería penalizar de manera más severa la violencia contra las mujeres. Las medidas administrativas actuales no han producido los resultados esperados, y los datos siguen aumentando», remarcó. Esta situación refleja una falta de acción decisiva por parte de las autoridades legislativas para abordar de manera efectiva este flagelo social.
FORTALECIMIENTO DE FISCALÍA DE LA MUJER
La violencia contra la mujer es un fenómeno que trasciende las fronteras urbanas, manifestándose con mayor intensidad en las áreas rurales. En estos contextos, las mujeres enfrentan múltiples obstáculos que dificultan su acceso a la justicia, debido a la falta de presencia de los entes pertinentes para denunciar.
Eva Sánchez, directora de la organización de mujeres intibucanas Las Hormigas, remarcó que, para las mujeres, la violencia en las zonas rurales es “más difícil”, debido a que –por la zona— en algunos lugares no hay señal telefónica por lo que no pueden denunciar ni a la recién habitada línea 114, ni al Sistema Nacional de Emergencia 911.
Otra de las limitantes que impide a las mujeres interponer una denuncia, o continuar con el proceso judicial, son los recursos económicos. “No tienen dinero para viajar a las ciudadanes a interponer una denuncia, son condiciones más precarias en las que viven”, enfatizó Sánchez.
Bajo este contexto, Merly Eguigure, señaló que es prioritario que el Ministerio Público, fortalezca la fiscalía de la mujer principalmente en los municipios con mayor incidencia. Ya que la defensora de derechos humanos, considera que se permitirían mayor agilidad en los procesos de investigación.
Eguigure también destacó la importancia que el gobierno desarrolle campañas de prevención de la violencia desde la institucionalidad del Estado. Estas campañas deben estar orientadas a promover el respeto a la vida de las mujeres y a condenar enérgicamente los hechos de violencia. La defensora de derechos humanos subrayó que estas acciones no sólo son necesarias, sino urgentes, para cambiar la percepción y el comportamiento de la sociedad hacia la violencia de género.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó que, en 2023, las mujeres presentaron 3,582 quejas por diversas violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en el grupo con mayor número de denuncias. De estas, 488 quejas correspondieron a amenazas de muerte, lo que plantea un desafío significativo en términos de seguridad y protección del derecho a la integridad y la vida de las mujeres.
