Algunos funcionarios de Juan Orlando Hernández, señalados de corruptos, han buscado refugio en Nicaragua, mientras que otros son prófugos de la justicia, detenidos en Estados Unidos o están en prisión en Honduras
Según analistas consultados por Criterio.hn, durante el mandato de Hernández, las instituciones vinculadas principalmente con la justicia y la seguridad han sido utilizadas para cometer ilícitos. No obstante, dichos funcionarios son solo la cara visible, pero detrás existe una estructura de corrupción que es necesario desarticular
Tegucigalpa, Honduras. – En prisión, prófugos, refugiados en Nicaragua y bajo medidas cautelares, se encuentran ahora algunos altos funcionarios que sirvieron durante los dos mandatos presidenciales de Juan Orlando Hernández (2014-2018-2022), algunos acusados de delitos vinculados a la corrupción, mientras que otros enfrentan cargos por narcotráfico.
Juan Orlando Hernández vacó de su cargo el 27 de enero de 2022, tras dos mandatos presidenciales, el segundo producto de una reelección ilegal, acompañada de fraude electoral y campañas políticas supuestamente financiadas por narcotraficantes, a quienes posteriormente habría ayudado en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos (EE.UU.).
en su segundo periodo tras una ilegal reelección
Después de ocho mandatos de Hernández y 12 del Partido Nacional (PN), la fiesta terminó para alias “JOH” y varios de sus colaboradores. El primero en enfrentar la justicia fue el propio mandatario, quien días después de dejar el cargo fue solicitado en extradición por el gobierno estadounidense, y el 14 de febrero del mismo año se concretaría la solicitud.
Algunas voces opinaron que Hernández ni siquiera tuvo tiempo de entregarse a Estados Unidos, como lo hizo su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández. Ya que días antes fue incluido en la lista Engel elaborada por Estados Unidos, que incluye a políticos y funcionarios antidemocráticos y corruptos, por lo cual su visa fue cancelada.
La extradición de Hernández sirvió como alerta para muchos de funcionarios corruptos en su administración, tomarán medidas rápidas para evitar ser requeridos por la justicia. Algunos buscaron refugio en Nicaragua, mientras que otros abandonaron el país con destino desconocido.
Algunos de los funcionarios corruptos que no salieron del país ahora enfrentan procesos judiciales en Honduras, y aquellos vinculados con el narcotráfico incluso han sido solicitados en extradición.
Mientras “JOH” enfrenta un juicio, varios de sus correligionarios que también enfrentan procesos en Honduras, como David Chávez, exdirector del Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP), y Nasry Asfura, exalcalde capitalino y precandidato presidencial, ambos vinculados con actos de corrupción durante su mandato, han pedido un juicio justo para Hernández.
Por su parte, el Partido Nacional, a través de un comunicado, ha querido establecer una distinción entre las acciones de Hernández y los valores del instituto político. «El juicio está dirigido a una persona acusada, no tiene nada que ver con sus amigos o las instituciones u organizaciones a las que el expresidente ha pertenecido a lo largo del tiempo», reza el texto emitido la mañana del martes 20 de febrero.
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LOS REFUGIADOS EN NICARAGUA
Juan Orlando Hernández no pudo escapar de la cárcel, a pesar de sus intenciones tras dejar su cargo, buscar integrarse inmediatamente al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Dicho organismo ya ha sido cuestionado por acoger a funcionarios corruptos.
La inmunidad sí la pudieron concretar varios políticos que fungieron en su administración, entre ellos Ricardo Cardona, Ebal Díaz y Óscar Fernando Chinchilla.
El primero en salir del país fue el exsecretario de la presidencia y mano derecha de Hernández, Ebal Díaz. Días después de que se confirmara su salida de Honduras, con destino a Nicaragua, se reveló que estaba siendo investigado por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en la compra de “Casas Contenedores” durante la llegada de los fenómenos tropicales ETA e IOTA.
Además, se le vinculaba con el narcotráfico, según documentos desclasificados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Del mismo modo, el 20 de junio de 2022, se confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgaron la nacionalidad a Ricardo Cardona, quien en el gobierno de Hernández se desempeñó como titular de la secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, hoy conocida como Sedesol.
De igual forma, el domingo 03 de septiembre se confirmó la salida del exfiscal en el gobierno de “JOH”, Óscar Fernando Chinchilla, el cual salió del país luego de culminar su periodo en el ejercicio de funciones, el 01 de septiembre del mismo mes.
Aunque se conoce que su salida giró en torno a su integración a la Corte Centroamericana de Justicia, no se descarta que la partida de Chinchilla y los otros dos exfuncionarios a Nicaragua haya sido con el fin de evadir la justicia y la posible extradición, ya que Nicaragua no tiene en vigencia dicha legislación. .
El papel que desempeñó Chinchilla ha generado muchas dudas, dado que, aunque Hernández tiene un proceso abierto en Estados Unidos, en Honduras nunca fue investigado.
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PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA
En el año 2023, con el cambio de autoridades en el Ministerio Público (MP), se comenzaron a abrir líneas de investigación y se emitieron requerimientos fiscales contra funcionarios vinculados a actos de corrupción que nunca fueron investigados en la gestión del exfiscal Óscar Fernando Chinchilla.
Para el caso, el 08 de noviembre de 2022, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, y contra la exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, acusadas de comter los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en la compra de los siete hospitales móviles durante la pandemia de la Covid-19 en 2020.
Días más tarde, Tabora fue capturada en la frontera de Guasaule, ubicada entre Honduras y Nicaragua, mientras pretendía al vecino país, mientras que Alba Consuelo Flores, el 9 de noviembre de 2023 avisó a través de su apoderada legal, Karla Romero, que se entregaría a la justicia. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido con su palabra.
Alba Consuelo Flores ejerció como Secretaria de Salud desde 2018 hasta 2022. Actualmente, enfrenta una orden de captura por presunta responsabilidad en fraude y violación de deberes de funcionario público relacionados con la compra fraudulenta de hospitales móviles, durante la pandemia de la Covid-19.
Otro de los exfuncionarios que se encuentra prófugo es David Chávez, exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) (2010-2013) y expresidente del Partido Nacional de Honduras.
El requerimiento fiscal del Ministerio Público fue emitido el 28 de noviembre de 2023, acusado de malversación de caudales públicos, en una supuesta sobrevaloración de equipos por 76 millones de lempiras cuando el valor real era de 21 millones.
Es preciso recordar que Chávez fue requerido por las autoridades cuando intentaba abordar un avión con destino a Estados Unidos. Tras ser bajado del avión, abandonó el aeropuerto por vía terrestre, según mostraron las cámaras de seguridad.
Desde entonces, se desconoce su paradero. Aunque las autoridades avisaron que tiene alerta internacional, lo único que se sabe de su vida es la información que ocasionalmente publica en sus redes sociales.
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LOS PRIVADOS EN ESTADOS UNIDOS
Entre los exfuncionarios de Hernández que actualmente se encuentran privados de libertad en Estados Unidos está el hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, quien fue capturado en 2018 en Miami, Florida.
Tras las investigaciones en su contra por sus vínculos con el narcotráfico y después de enfrentar un proceso, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua más 30 años.
Altos exjerarcas policiales en el gobierno de Hernández también están encarcelados en Estados Unidos, como es el caso de Mauricio Pineda Hernández, un exintegrante de alto rango de la Policía Nacional, quien además es primo del expresidente, se entregó a las autoridades estadounidenses en el año 2020.
Hernández Pineda no fue el único uniformado solicitado por el gobierno estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico. El 09 de marzo de 2022, días después de que se ejecutara la orden de extradición del mandatario hondureño, se conoció que Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, exdirector de la Policía Nacional (2012-2013), también era requerido por la justicia norteamericana.
Su captura se ejecutó el mismo día mientras intentaba cruzar el peaje de Zambrano, ubicado a 36 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El alto funcionario policial cuya extradición fue recientemente aprobada a petición de la Corte del Distrito Sur de Florida es Francisco Roberto Cosenza Centeno, quien ocupó el cargo durante el mandato de Hernández como director de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Cosenza fue capturado el 7 de enero y su solicitud de extradición fue aprobada el 15 de febrero del presente año. Se le solicita extradición por suponerlo responsable de cometer el delito de conspiración para realizar lavado de activos.
En relación al tema de los extraditables, el abogado y analista político Álex Navas expresó que la fiscalía de Nueva York y la fiscalía de Honduras no solo deben tener relación por el caso de Juan Orlando Hernández, sino que deben mantener una línea abierta para conocer todas las aristas y casos relacionados con los extraditables, sus socios y los mecanismos de operación.
Navas ejemplifica con la solicitud de extradición de Roberto Cosenza por el tema de lavado de activos, indicando que es crucial investigar a dónde fueron los fondos obtenidos de la tasa y quiénes son los otros responsables en este asunto.
En diálogo con Criterio.hn, Navas destacó la importancia de comprender todo el panorama para entender la profundidad de cómo se traficaba droga y se lavaban activos por parte de los funcionarios de seguridad en Honduras, solo así se puede desmantelar dichas estructuras.
PRIVADOS DE LIBERTAD POR DELITOS CONTRA LA SALUD
Entre los funcionarios de Juan Orlando Hernández que ahora están bajo prisión se encuentran aquellos que cometieron actos de corrupción mientras ejercían cargos en el sector salud.
Para el caso, el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn,fue condenado en 2022 a diez años de prisión, además de una sanción económica que supera los L. 1,475 millones, por su participación en la compra fraudulenta de siete hospitales móviles.
Este acto generó un perjuicio mayor a los L. 1,200 millones y resultó en la pérdida de vidas de miles de hondureños.
Por otro lado, el exadministrador de Invest-H, Álex Moraes, fue sentenciado a nueve años y la inhabilitación especial, al ser declarado culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Del mismo modo, El pasado 9 de noviembre, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra la exsecretaria de salud (2018-2020), Alba Consuelo Flores, suponiéndola responsable de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de los funcionarios en el caso de los hospitales moviles.
El 15 de noviembre fue capturada y puesta a disposición de la justicia. Sin embargo, el 16 de diciembre del mismo año, el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó cambiar las medidas de prisión debido a problemas de salud, según alegó su defensa y secundó Medicina Forense. Por lo tanto, Tabora salió de la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y se defenderá en libertad.
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DESENMARAÑAR ESTRUCTURA DE CORRUPCIÓN
Gabriela Blen, miembro de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), señaló que, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional y las instituciones encargadas de administrar justicia y seguridad fueron utilizadas para servir al crimen organizado, facilitando así actividades ilícitas.
Indicó que muchas personas, hoy en día, son la cara visible de estos delitos, pero hay más implicados detrás de ellos. “Los rastros de estas estructuras de corrupción y criminalidad son difíciles de desenmarañar, por lo que aún persisten en los poderes del Estado y las instituciones públicas, incluidas las alcaldías, que son cruciales en los territorios”, expresó Blen.
Se recuerda que entre los alcaldes involucrados en narcotráfico está Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “chande”, exalcalde de El Paraíso, Copán, se vio implicado en la acusación presentada por la Corte Federal de Manhattan, la cual lo señalaba por conspirar para traficar drogas y utilizar armamento pesado.
Ardón Soriano, quien perteneció al Partido Nacional de Honduras, fue conocido como el alcalde más extravagante de El Paraíso, Copán.
Hugo Ardón, quien fue director del desaparecido Fondo Vial, es hermano de Amílcar Alexander Ardón Soriano. Informes de inteligencia los señalan como dirigentes del cártel de los hermanos AA, que operaba en el occidente de Honduras. Hugo ocupó el cargo de director durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa, tanto en el período 2010-2014 como en el de 2014-2018.
Sobre el tema, Blen destacó que varios alcaldes han estado involucrados en estos actos. Además, señaló que hay regidores del Partido Liberal y del partido Libertad y Refundación que se han acomodado, a pesar de saber que estas personas son piezas clave en la estructura del crimen organizado de Hernández.
Considera irrisorio el envío de una comitiva de fiscales a Nueva York, gastando fondos públicos, cuando las pruebas están en Honduras. En este sentido, resaltó la importancia de que la fiscalía retome los casos iniciados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que no pudieron concluir debido a su retiro del país.
Blen considera que la llegada de la CICIH es crucial para auditar las acciones de los funcionarios y evitar la concentración de poder, ya que esta debilita la democracia, el Estado de derecho y la transparencia.
En este sentido, criticó al gobierno actual por cometer los mismos errores al manipular elecciones de segundo grado, lo que indica que no se ha aprendido mucho de la historia.
