Tegucigalpa, Honduras.- Que el estado de excepción haya pasado de un plano meramente “excepcional”, como lo establece la Constitución de la República, a uno permanente, vuelve esta rigurosa medida contraproducente para el Estado hondureño, ya que atenta directamente con toda la población, según analistas abordados por Criterio.hn.
La socióloga Leticia Salomón consideró que el estado de excepción se volvió contraproducente cuando se fue prorrogando hasta convertirlo permanente y, en consecuencia, permitir, de esa manera, que los efectivos de la Policía Nacional y Policía Militar de Orden Público (PMOP) incurran en la violación de derechos humanos.
“Estas medidas pueden ser positivas en momentos determinados, en los que está aflorando una crisis y parece que no hay control de la situación. Dejarla como permanente es contraproducente para el gobierno y abre las puertas para que los policías y militares puedan sentirse dueños del mundo y violentar los derechos humanos”, opinó Salomón.
Agregó que “el combate a la delincuencia tiene dos componentes. Uno, es la prevención y, el otro, el componente de control o represión, este podría ser el marco para seguir prorrogando la medida excepcional”.
Aunque la Constitución de la República en su artículo 187 faculta a los gobiernos de turno a apoyarse en un estado de excepción en situaciones que realmente lo ameriten, es decir, es espacios “excepcionales”, el de la presidenta Xiomara Castro se abanderó de esta medida hasta prolongarla más de un año y convertirla en política.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro literalmente no ha extendido por un periodo de un año esta medida, sino que lo ha estado haciendo por espacios de 45 días, cumpliendo, de esa manera, con la que manda la Constitución, pero desnaturalizando porque no debería ser permanente, como está pasando en el país vecino El Salvador.
Y, lejos de cuestionar o entender cómo el gobierno está aplicando esta medida, otros analistas señalan que se debe estudiar y conocer los impactos que el estado de excepción está teniendo en la sociedad y si está teniendo poca o basta efectividad para continuar ampliando.
Según la información de la Policía Nacional, la violencia en 2023 y en lo que va de 2024, registró una leve reducción en comparación a los decesos contabilizados hasta el cinco de diciembre de 2022, que no habían implementado el estado de excepción. Sin embargo, la criminalidad continúa campante y, de hecho, hasta ha incrementado en el país.
De hecho, en 2023 y los primeros días de 2024, incrementó el número de homicidios múltiples y femicidios, de los registrados en 2022, lo que provocó que organizaciones de sociedad civil y defensores de derechos humanos cuestionen la continuidad de la rigurosa medida, además de la ineficacia, suspende algunas garantías ciudadanas establecidas en la Constitución.
Con esta medida en vigencia se suspenden las garantías ciudadanas 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, establecidas en la Constitución, facultando, de esa forma, a las autoridades policiales y militares a ejecutar allanamientos y arrestos sin una orden judicial previa, como lo advirtió la socióloga Salomón.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MILITARIZACIÓN
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía comparó los resultados del estado de excepción con los de la militarización en el país, aunque ambas están siendo empleadas por el gobierno para hacer una lucha frontal a la criminalidad, ninguna está dando resultados mínimamente positivos.
“Un gobierno puede utilizar estrategias de seguridad pública, pero al utilizarlas se debe tener estrategias, establecer un tiempo limitado en el van a estar, que todo está bajo control civil y establecer un plan de salida; para que no se conviertan en medidas permanente, como lo estamos viendo con los militares y con el estado de excepción”, opinó Mejía.
Lo expuesto por Mejía tiene sentido. Por ejemplo, el último antecedente que pone en evidencia el prematuro y evidente fracaso de la Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar, fue intervenir varios departamentos hondureños, en los que, en lugar de una disminución, se registró un alza en la violencia y la criminalidad, resultado similar al del estado de excepción, que es encabezado por la Policía Nacional.
Aunque el estado de excepción en Honduras es un rotundo fracaso, según analistas, contrario a los resultados obtenidos en El Salvador, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan abanderados de esta medida para obtener jugosos incrementos a sus presupuestos generales y así continuar dotándolos de armas, vehículos y hasta sensores para proteger el territorio nacional.
Por ejemplo, hace algunos días llegaron al país dos “Black Mamba”, camionetas completamente blindadas y dotadas con un arsenal de armas para supuestamente combatir el crimen organizado de Honduras.
Esto sucede al mismo tiempo que el sistema sanitario y de educación de Honduras se encuentran en precarias condiciones; sin medicamentos en los estantes y hasta sin la capacidad de brindar atención médica, lo que provoca severos cuestionamientos al gobierno de Castro.
