La ruptura en la alianza entre los partidos Libre y PSH, que resaltó al inicio del período legislativo 2022-2026, ha complicado el camino al oficialismo dentro del Congreso Nacional, al complicar la obtención de 65 votos en elecciones importantes
Tegucigalpa, Honduras.- Tras haberse roto la alianza legislativa con el Partido Salvador de Honduras (PSH), a Libertad y Refundación (Libre) se le ha complicado la aprobación de decretos con la mayoría simple, es decir, 65 votos, lo que ha provocado un ambiente de ingobernabilidad en el Congreso Nacional.
Se evidenció el pasado jueves cuando se intentó aprobar un paquete que incluía una amnistía municipal y migratoria, amnistía vehicular y amnistía energética.
Durante esa sesión legislativa, el PSH se alineó con el Partido Nacional y una facción del Partido Liberal, lo que imposibilitó que se llegara a la mayoría simple, alcanzándose solamente 63 votos entre Libre y una facción de la bancada liberal.
No es la primera vez que la ruptura de la alianza entre Libre y PSH le pasa factura al oficialismo en la discusión y aprobación de asuntos de alta trascendencia.
Ocurrió también el pasado 12 de enero, cuando se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y el PSH dio la espalda a Libre, que necesitó votos del Partido Liberal para conseguir los 65 votos.
De igual forma, ocurrió cuando se intentó elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del período 2023-2028, y el PSH se alió con los partidos Nacional y Liberal para nominar a Marcio Cabañas y Jenny Almendares para dichos cargos, mientras el oficialismo proponía a Johel Zelaya y Marcio Cabañas.
EL OFICIALISMO, EL MÁS AFECTADO
Analistas consultados por Criterio.hn aseguran que es el oficialismo quien se ve más afectado con la ruptura de esta alianza legislativa.
«Esto provoca una división entre el electorado que votó por el oficialismo y, obviamente, el propio partido Libre ha sido incapaz de mantener sus alianzas con quienes llegaron a un frente amplio y ha disminuido la posibilidad de cumplir con ciertas promesas de campaña», expresó a Criterio.hn el analista en democracia, Joaquín Mejía.
Por su lado, el analista político Oliver Erazo aseguró que Libre, en el poder, sufrió una degradación y rompió la «coalición para derrocar lo malo que había en el poder», que lo llevó a unirse al PSH.
«La alianza se creó con la promesa de llegar al poder y luego impulsar una agenda para el fortalecimiento y el reencuentro con un Estado constitucional de derecho», dijo a Criterio.hn.
Sin embargo, expresó que, una vez instalados en el poder, «la historia fue diferente».
«Comenzaron a engendrar violaciones a la Constitución de la República, actos inconstitucionales y violaciones al principio de legalidad. Creo que la ruptura afecta más a quien ejerce el poder, es decir, a Libre, y puede afectarlo de cara a una elección venidera. No solo se trata del hecho de sumar una mayoría calificada», señaló.
En contraste, Joaquín Mejía manifestó que el PSH tenía derecho a desligarse de Libre, pero indicó que también es cuestionable la cercanía que ha entablado con el Partido Nacional, al que se había opuesto durante el último proceso electoral.
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«Me imagino que el PSH no ha reflexionado en que una cosa es romper alianzas, pero otra es aliarse con el Partido Nacional. Esto implica compartir los mismos valores con un partido que ha causado tanto daño al país», apuntó.
A consideración de Oliver Erazo, será difícil que Libre y PSH vuelvan a establecer una alianza o que unan caminos en venideros procesos electorales, y que la única manera de hacerlo sería revirtiendo acciones controvertidas que marcaron el inicio del período legislativo 2022-2026 dentro del Congreso Nacional.
«Creo que eliminando la amnistía y eligiendo en propiedad la Junta Directiva, Libre y PSH podrían encontrar un retorno a un punto de concordancia, pero lo veo bastante distante porque Libre hace un ejercicio omnímodo del poder. Creen que el pueblo les dio en las urnas el poder de hacer lo que quieran, cuando se votó por ellos para que hicieran lo contrario», comentó Erazo.
ALIANZA ROTA
Tras el triunfo electoral de Libre en las elecciones generales de 2021, Libre y PSH establecieron una alianza legislativa que no duró ni siquiera un año.
Al inicio, PSH acompañó a Libre en la elección de Luis Redondo, del PSH, como presidente del Congreso, con votos de 49 diputados propietarios: 31 del Partido Libertad y Refundación (Libre), 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH), siete del Partido Liberal y uno de la Democracia Cristiana, y se integraron los diputados suplentes para acumular el voto de más de 80 congresistas.
En esa Junta Directiva se nombró también a Fátima Mena e Iroshka Elvir, del PSH, como vicepresidentas.
Como parte de ese pacto, además se le otorgó al PSH seis presidencias y siete vicepresidencias de comisiones legislativas, siendo retirados estos diputados de sus cargos el pasado 4 de mayo.
Mientras tanto, una facción de Libre, encabezada por Jorge Cálix, sesionaba al inicio del período legislativo 2022-2026 con el respaldo del Partido Nacional y un importante grupo de diputados del Partido Liberal, aunque finalmente se integraron al Congreso presidido por Luis Redondo y la bancada de Libre se consolidó con 50 diputados.
LA CUESTIONADA AMNISTÍA APROBADA ENTRE LIBRE Y PSH
Otro acto controvertido en el que resaltó la alianza legislativa entre Libre y PSH fue la aprobación del decreto 04-2022, que contiene la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan, conocida como Ley de amnistía política.
Bajo esta amnistía, el 3 de marzo de 2022, el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, fue beneficiado con cartas de libertad, pese a que un tribunal de justicia lo había hallado culpable por delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, y lo había condenado a 17 años de prisión.
Un día después, el 4 de marzo, a Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia, también se le otorgó una carta de libertad, tras haber cesado cualquier acción penal en su contra. Después de que el conocido artífice de El Carretillazo, que constituyó la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), fue procesado por delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El decreto 04-2022 otorga el beneficio de absolución de acción penal contra presos y perseguidos políticos, quienes se opusieron al régimen de facto que sucedió al golpe de Estado, así como a los civiles que, en defensa de la Constitución, defendieron el medio ambiente y el orden democrático, siendo criminalizados por jueces y fiscales a la orden de los tres últimos gobiernos nacionalistas.
No obstante, dicha normativa también incluye un abanico de delitos contra la administración pública, como el abuso de autoridad, la violación de los deberes de los funcionarios, la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas y el fraude en perjuicio de la administración pública.
