El nexo entre narcotraficantes y políticos hondureños, ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos, el caso más sonado es el del expresidente, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022)
Tegucigalpa, Honduras. -Una vez más se comprueba la relación entre el narcotráfico y la política en Honduras, luego de la captura y la prisión preventiva dictada contra el alcalde del municipio de Brus Laguna, Gracias a Dios, Wilmer Manolo Wood por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado.
Durante una operación realizada por el Ministerio Público en varios departamentos del norte de Honduras, fue capturado, Wilmer Wood, actual edil de una comunidad de indígena de misquitos.
Según las investigaciones realizadas por la fiscalía hondureña, Wood comenzó su actividad ilícita presuntamente hace más de 15 años realizando movimientos de droga y dinero desde el departamento de Gracias a Dios, hacia Colón y Atlántida, pero fue desde 2014 que trabajó de manera independiente, donde supuestamente se “han movido más de 90 toneladas de cocaína”.
En el comunicado emitido por el ente acusador del Estado, señala que Brus Laguna e Ivans fueron los “lugares de recepción”. Además, se le atribuyen al menos 15 eventos donde recibió cargamentos de droga en embarcaciones tipo go-fast provenientes de Colombia y movimiento de grandes cantidades de dinero en el interior del país y durante el año 2018 a la fecha”.
De igual manera, se estima que el actual alcalde habría participado en la recepción, acopio y traslado de al menos 30 toneladas de clorhidrato de cocaína. El 31 de agosto un Juzgado con Jurisdicción Nacional dictó prisión preventiva contra el alcalde de Brus Laguna, Wilmer Wood, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.
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RELACIÓN ENTRE NARCOS Y POLITICOS NO SON CASOS AISLADOS
Alcaldes, diputados, e incluso expresidentes, han sido mencionados en las cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad, el caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Hernández de tres delitos, entre ellos, conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego.
La acusación en su contra, detalló que entre 2004 hasta 2022 el expresidente Hernández habría participado en una conspiración violenta de narcotráfico distribuyendo alrededor de 500 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Otro caso emblemático, es el del exdiputado nacionalista y hermano del exmandatario Juan Orlando Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.
En 2019, la Fiscalía Federal Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el exalcalde por el Partido Nacional de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, por conspiración para importar cocaína en Estados Unidos y delitos con armas conexos vinculados con el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción.
“Ardón Soriano participó en actividades de narcotráfico a gran escala con traficantes que se encontraban en Colombia, Honduras, Guatemala y México, entre otros sitios. Ardón Soriano es el segundo exalcalde hondureño acusado en el Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. En julio de 2018, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, Honduras, fue imputado en una acusación separada de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y delitos con armas conexos”, cita la publicación de 2019 de la Embajada de Estados Unidos en Honduras.
El 30 de marzo de 2023 fue extraditado a Estados Unidos el exdiputado liberal, Midence Oquelí Martínez, por delitos asociados con la narcoactividad, el tráfico de armas y conspiración.
Oquelí Martínez fue diputado entre 2010 y 2018, fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño. Además, fue señalado de participar en negocios con el cartel de Los Cachiros.
En 2022, un tribunal de Nueva York, Estados Unidos condenó a 30 años de cárcel al exdiputado liberal, Fredy Nájera, por delitos de narcotráfico y posesión de armas, y deberá pagar 39 millones de dólares de resarcimiento y 10 millones de multa.
Según el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, Fredy Nájera, “abusó de su posición como congresista hondureño para liderar actividades de narcotráfico violentas y a gran escala en la misma parte de Honduras que representaba en su cargo de gobierno”.
La publicación destacó que los delitos de Nájera involucraron la distribución de más de 30 toneladas de cocaína, que finalmente fue importada a los Estados Unidos. En relación con estas actividades, el exdiputado “usó y empleó equipos de seguridad que usaron armas de grado militar, incluidas ametralladoras y lanzagranadas propulsadas por cohetes”.
“En 2012, Nájera presentó a miembros del Cartel de Sinaloa a funcionarios hondureños que brindaron acceso casi ilimitado a un importante centro de transporte marítimo comercial en Puerto Cortés, Honduras. El Cartel de Sinaloa dependía de las conexiones de Nájera para transportar aproximadamente 10 toneladas de cocaína a través de Puerto Cortés”, reza el comunicado.
DINERO DEL NARCOTRÁFICO EN CAMPAÑAS POLÍTICAS
Desde hace varios años se ha mencionado que políticos hondureños han recibido dinero del narcotráfico y crimen organizado, en 2016 el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jimenez Mayor, habló sobre la necesidad de fiscalizar las cuentas de los partidos y de las campañas electorales.
Asimismo, las irregularidades fueron evidenciadas por las misiones de observación electoral en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, al punto que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, pidió que se repitiera el proceso, algo fuera de lo común en un organismo internacional, se implementó una legislación electoral hondureña con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos y candidatos conocida como Unidad de Política Limpia.
Sin embargo, una nota realizada por Criterio.hn expone que después de seis años de haberse creado esta unidad fiscalizadora, la misma no logra despegar.
Para el analista político, Luis León, la Unidad de Política Limpia debería contar con su propia ley para asegurar la independencia de dicho órgano de fiscalización electoral.
En una entrevista brindada a este medio digital, semanas atrás, el analista dijo que esta unidad fiscalizadora no ha sido para nada una organización exitosa, ya que lastimosamente el trabajo de ellos se centró en estar verificando facturas y no hacer una investigación seria. Parte del fracaso de este órgano fiscalizador es la falta de recurso financiero y humano, la cobertura institucional.
