Tegucigalpa, Honduras-. El gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro estaría enfocado en conflictos políticos generados desde grupos de oposición, integrados por figuras principales en el golpe de Estado de 2009 y salpicados en casos de corrupción, dejando de lado los problemas históricos que enfrenta Honduras, como la falta de empleo, inseguridad y pobreza.
“Libre (partido de gobierno) no está haciendo las cosas bien, todavía se sienten resistencia con protestasa en las calles, pero no se dan cuenta que ahora tienen la responsabilidad de la conducción del país, por lo que deben comportarse como funcionarios y no activistas”, opinó el analista político Raúl Pineda Alvarado.
Para Alvarado, que fue diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el gobierno de Xiomara Castro y todo su gabinete de funcionarios, en lugar de prestarle atención a los grupos conservadores de oposición que pretenden desestabilizar su gestión, deberían de continuar con la agenda, por el bien del país.
“El gobierno debería enfocarse y mantenerse en el desarrollo de la agenda, promover los temas de interés nacional, como ser la creación de empleos, porque al final esto terminara siendo una lucha política que llegará hasta los próximos comicios generales (2025)”, dijo.
El antecedente más reciente que pondría en evidencia cómo Xiomara Castro se encuentra enfocada en temas políticos, fueron las aristas principales del discurso que emitió el pasado 18 de agosto de 2023, mientras inauguró una cancha deportiva en la colonia El Sitio, ubicada en la capital.
“No podemos desconocer que mi gobierno está bajo el ataque de las fuerzas narco-conservadoras del país; las que privatizaron nuestras carreteras, aeropuertos y saquearon la democracia (…) hay que decirles claramente que no volverán y el pueblo volverá a vencerlos. Prohibido olvidar, somos resistencia”, mencionó Castro.
Agregó que “fue necesario que el pueblo tomara conciencia en 12 años, 7 meses de lucha, para que se volcara masivamente en las urnas. Mi gobierno del socialismo democrático viene a inaugurar esta obra que es para todo el pueblo, esta cancha (…) es parte de la estrategia de mi gobierno para la prevención de la violencia.
Las declaraciones de Castro, surgen después que el pasado 16 de agosto, la oposición encabezada por el actual designado presidencial, Salvador Nasralla, conformara el Bloque de Oposición Ciudadano (BOC), cuyo objetivo es desestabilizar los poderes del Estado, a través distintas medidas, que van desde manifestaciones, hasta alianzas en el Congreso Nacional.
En palabra sencillas, esta alianza, política, integrada por figuras del golpe de Estado en 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya y por diputados salpicados en casos de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), busca intimidar para desestabilizar al gobierno de Castro, a través de manifestaciones y componendas políticas para que no avance con la agenda presidencial.
Uno de los integrantes de este bloque de oposición es el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien fue uno de los principales artífices del golpe de Estado de 2009, contra del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), que actualmente se desempeña como asesor de Xiomara Castro.
De igual manera, del lado del Partido Nacional, están los diputados Tomás Zambrano (jefe de bancada en el Congreso) y Antonio Rivera Callejas, ambos salpicados en el caso de corrupción Fe de Erratas, el cual puso en evidencia cómo la Junta Directiva de ese poder en aquél entonces (a la que ambos pertenecían), manipulaban la aprobación de leyes para favorecer intereses políticos.
Entre las principales quejas de este grupo de oposición, que el pasado sábado 19 de agosto se manifestó en las calles de la capital, está nombrar una Junta Directiva en el Congreso Nacional sin tener la mayoría calificada (86 votos) y aprobar el decreto 04-2022, bautizado como “pacto de impunidad 2.0”.
De igual manera, otro antecedente que Castro podría seguirle el juego a la oposición, es la convocatoria a una movilización pacífica en los bajos del Congreso Nacional, para que el Poder Legislativo elija al próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) que deberían entrar en funciones a partir del próximo 1 de septiembre.
“Como presidenta de la República de Honduras convoco al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 de agosto. Vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, precisó la presidenta.
El conflicto en ese poder del Estado es que las bancadas con número de diputados no se han logrado poner de acuerdo para llevar a cabo la elección. Por ejemplo, el partido oficialista sostiene que elegirán en el tiempo establecido en la ley, pero que no obedezca lo intereses de los nacionalistas como lo hace el actual titular del ente investigador, Óscar Fernando Chinchilla.
Los nacionalistas y liberales, aseguran que no permitirán que Libre elija o imponga un fiscal general a su medida, es decir, que no investigue posibles casos de corrupción que salpiquen a actuales funcionarios.
Entonces, a Castro por convocar a su militancia a una movilización en los bajos del Congreso Nacional, la señalan porque, de alguna manera, trata de interferir, entorpecer o poner el ambiente más tenso en esta elección de segundo grado.
El Congreso Nacional, de acuerdo a la Constitución, debe elegir al fiscal general y adjunto el próximo 1 de septiembre. Para ello debe lograr consensos y, de esa manera, conseguir la mayoría calificada que es 86 votos.
Hasta el momento, el Congreso nombró una comisión para conocer los perfiles de los cinco candidatos, que entregó la Junta Proponente, y tienen menos de 15 días para elegir a las nuevas autoridades, de lo contrario, el actual fiscal general Óscar Fernando Chinchilla continuará en el cargo.
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FUNCIONARIOS NO DAN EL ANCHO
Para Gabriela Blen, representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), muchas de las instituciones del Estado, que actualmente se encuentran atravesando crisis, están encabezadas por funcionarios que no cuentan con la preparación idónea para llevar las riendas de esos cargos.
“Yo creo que muchos puestos han sido ocupados por personas sin el perfil y la preparación adecuados, por eso la carencia de ejecución presupuestaria. Muchos siguen siendo activistas de oposición en lugar de funcionarios públicos responsables. El pueblo no está mirando los resultados esperados”, valoró Blen.
Por ejemplo, la Secretaría de Educación, encabezada por Daniel Sponda, cuenta con un presupuesto de 38,109,509,221.00 lempiras, pero se mantiene en constante crisis por la precariedad en la que se encuentran los centros educativos y la falta de contratación de docentes.
De acuerdo con un informe que presentó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), hasta abril de este año, el 25% de los centros educativos del país estaban cerrados por la falta de asignación de docentes, mientras hay más de 11 mil maestros desempleados y unos 300 mil infantes sin acceso a la educación.
Similar a lo que sucede en la Secretaría de Salud, dirigida por el doctor José Manuel Matheu, institución que, según se mantiene denunciando el Colegio Médico de Honduras (CDH), nunca se encuentra abastecida de medicamentos ni equipos para hacer procedimientos quirúrgicos en la mayoría de hospitales del país.
La Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de 26,638,801,518.00 de lempiras y, desde el 16 de enero de 2023, que se publicó en el diario Oficial La Gaceta el PCM-04-2023, esa institución pública tiene la facultad de hacer compras directas, sin necesidad de hacer licitaciones para abastecer los centros médicos.
A Xiomara Castro todavía le restan dos años y medio en el poder y, de acuerdo con analistas, tiene el tiempo para hacer aciertos que puedan levantar su liderato y la condición del país, para, de esa manera, no continuar cayendo en temas de confrontación con los partidos que le hacen oposición.
