El reto de Bukele

Sobre los juicios colectivos de las maras y la democracia

Reflexiones

Por: Rodil Rivera Rodil

La política de seguridad puesta en práctica en El Salvador para combatir a las pandillas del crimen organizado sigue siendo criticada por algunos sectores de la comunidad internacional, mayormente de organizaciones de derechos humanos. El presidente Bukele -se dice- está pasando por alto las condiciones económicas y sociales que han dado lugar a las maras, al igual que a la moderna concepción penal y penitenciaria de la rehabilitación del delincuente. Veamos qué tan veraz es este juicio.

En una temprana fase de la evolución del derecho penal, cuando se lo conceptuaba solo como un “derecho punitivo” y aún no se habían desarrollado sus primeras ramas auxiliares, como la criminología y la medicina legal, los procesos criminales eran sumarios, secretos y de naturaleza inquisitoria. Los jueces se desempeñaban como parte interesada, es decir, sin la objetividad, y mucho menos, la imparcialidad de los modernos tribunales de justicia, tal como lo hacía la tristemente célebre inquisición española, cuyas condenas eran en extremo severas y atendían únicamente al delito y su gravedad, en franco desdeño del delincuente.

La pena de muerte, en la que subyace un ancestral afán de venganza por la ofensa recibida, se tornó en aquellos tiempos el tema controversial por excelencia de los penalistas. Los que lo defendían solían invocar el Antiguo Testamento, en el que Dios protege a Caín a pesar de haber matado a su hermano Abel, así como el Pentateuco, el primero de los cinco libros de la Biblia, que abunda en su aplicación por asesinato, adulterio, hechicería, paganismo, homosexualidad, zoofilia, blasfemia, violación, rebelión y apostasía, contradiciendo así el quinto de los Mandamientos, en el que se ordena “no matar”.

Y por una irónica paradoja de la historia, grandes personalidades del bien público, como Platón, Aristóteles, Séneca, Santo Tomás de Aquino, Juan Jacobo Russeau, el barón de Montesquieu, Enmanuel Kant y Federico Hegel, fueron convencidos partidarios de la pena capital, en tanto que el revolucionario que lideró el “período del terror” en la Revolución Francesa, Maximiliano Robespierre, el famoso escritor Victor Hugo y la casi totalidad de los juristas de la época, la adversaron por distintos motivos, pero, básicamente, por no ser disuasoria, a juzgar por la gran cantidad de personas que no dejan de cometer los que esta castiga.

No obstante, el destacado criminalista italiano Rafael Garofalo (1851-1934), acérrimo defensor de esta pena, rebatió el argumento de su no disuasión replicando, con innegable lógica, que si bien la experiencia puede acreditar los incontables hombres que no fueron desalentados por ella, por el simple e irrefutable hecho de que incurrieron en los delitos que la acarrean, no puede, en cambio, presentar los que sí fueron persuadidos de no hacerlo, por la evidente dificultad de identificarlos.

Pero he aquí que la tesis de Garofalo, que no disfrutó de mayor acogida en su tiempo, en la actualidad podría estar recibiendo un inesperado respaldo nada menos que de la República Popular China, la primera o segunda nación más poblada del orbe. Con la llegada al poder del presidente Xi Jinping hace una década, las ejecuciones judiciales, sobre todo, por delitos de corrupción, se han visto incrementadas, pero, curiosa o significativamente, la comisión de delitos capitales se ha ido reduciendo de manera considerable. ¿Simple coincidencia o una sorprendente verificación de las ideas de Garofalo? Tal vez algún día lo sepamos a ciencia cierta.

Pero retomando el hilo de nuestro razonamiento, no fue sino durante la Revolución Francesa de 1789 que se reconoció el derecho a la presunción de inocencia, y más tarde, a mediados del siglo XIX, que la doctrina y la jurisprudencia penales, inspiradas en las teorías positivistas de la antropología y la sociología criminales de César Lombroso y Enrico Ferri, respectivamente, comenzaron a fijar su atención en la personalidad del delincuente más que en el delito. Con el devenir del tiempo se fue generando una dialéctica interacción entre las dos concepciones, y como resultado, se acuñaron nuevas figuras, tanto para el delito como para el delincuente.  

Así surgió el genocidio, originalmente concebido para los crímenes del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, repudiado por la mayor parte de los penalistas por haber sido tipificado a posteriori; los delitos propiamente colectivos, cuyos autores son sectas y muchedumbres, y los cometidos por grupos delictivos organizados, justo como las maras.    

Esta última figura penal emerge con las pandillas fundadas en Los Ángeles, Estados Unidos, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado principalmente por jóvenes latinos provenientes de las capas desfavorecidas de la sociedad. Su proliferación en México, Centroamérica y otros países de America Latina a partir de los años noventa, así como su cambio cualitativo a organizaciones ya puramente delictivas, en las que la edad dejó de ser la característica predominante, obedece a que se volvieron la expresión patológica de un profundo e intrincado odio de clase incubado tras largos años de vivir en un submundo de irrefrenable violencia. Y de dónde, fracturados psicológicamente, se vieron lanzados hacia una regresión cultural y transformados en una suerte de delincuentes natos, imposibilitados ya, en una buena mayoría, de toda recuperación que les pueda ayudar a ser devueltos a la normalidad social.

Y sigue siendo indubitable que el origen último de estas pandillas, responsables de incontables asesinatos, violaciones, extorsiones y otros delitos similares, debe buscarse en la extrema pobreza y en la terrible desigualdad que agobia a estos países. Y que, como consecuencia, la única lucha verdaderamente eficaz contra ellas también continúa recayendo en el impulso de medidas estructurales que conduzcan a la erradicación o disminución de sus causas, pero sin descuidar la legalmente ineludible represión de sus delitos. Y, desde luego, con el énfasis puesto en una u otra, según el país de que se trate.

En El Salvador, por ejemplo, fue claro que el grado de criminalidad al que las maras habían llegado estaba por rebasar la capacidad del gobierno y amenazaba con convertirlo en un Estado fallido o en un narco Estado -como en un cercano futuro puede pasar en Honduras-  por lo que el presidente Bukele optó por la drástica decisión de cortarlas de tajo, aunque sin desatender los esfuerzos para reducir la desigualdad y la corrupción, como erróneamente lo pregonan sus opositores. De hecho, con el mero retorno a la plena seguridad ciudadana, en El Salvador poco a poco se está produciendo la reapertura de miles de pequeños y medianos negocios que se habían visto obligados a cerrar sus puertas por la extorsión. Lo que, lógicamente, está reactivando la economía a niveles no vistos desde hacía más de treinta años, con el agregado de que a los mareros prisioneros se les está brindando un especial tratamiento que vincula la reeducación con el trabajo productivo, como la construcción de más de mil pupitres diarios para las escuelas públicas del país.

De otro lado, no puede soslayase que estamos hablando de un ensayo único en el mundo por su magnitud y características. Por lo que aún es temprano para predecir si, efectivamente, resultará con buen suceso o no. Puesto que de lo que se trata, ni más ni menos, es de probar que el viejo aserto de que los métodos represivos son inútiles para enfrentar la delincuencia organizada no era tan cierto como siempre se creyó. Lo que explica, igualmente, que en casi todo el planeta se esté pendiente de lo que, finalmente, acontecerá en El Salvador.

Por lo que toca a los juicios colectivos que han empezado a celebrarse en el vecino país contra los cerca o más de 70 mil mareros capturados, con el fin de imprimirle celeridad y sostenibilidad jurídica a la nueva política de seguridad y que han motivado la preocupación de las Naciones Unidas, al margen de que se olvida que estos se han vuelto una práctica común internacional, debe reconocerse, paladinamente, que el respeto al principio del debido proceso difícilmente podrá ser observado en la estrategia de Bukele con la pureza y fidelidad que reclaman las organizaciones de derechos humanos, tal como lo comenta el profesor Luis Greco, catedrático de Derecho Penal Internacional de la Universidad Humboldt, de Berlín:

«Las maras son bandas criminales que han cometido cientos de delitos y homicidios en los últimos años en El Salvador. Probar la culpabilidad individual siempre es complicado y puede ser costoso. El respeto a la responsabilidad individual no siempre se mantiene, especialmente en situaciones de crímenes masivos o grandes crisis sociales ¿Es eso lo que sucede en El Salvador? Es entendible que se quiera recortar recursos con estos juicios. Claro que hay problemas de legitimación, pero también la Justicia europea y la estadounidense han seguido el camino de lo pragmático. Los juicios masivos contra redes delictivas organizadas y contra organizaciones terroristas o guerrilleras son una práctica común en todo el globo”.

Pero conviene señalar que la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, conocida como “Convención de Palermo”, de la que Honduras forma parte desde el 2003, faculta a cada Estado Parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para el juzgamiento de las organizaciones delictivas de terroristas, asesinos, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos, sin excluir el Club de Motociclismo “The Hells Angels”, de origen estadounidense, y, por supuesto, las maras de América Latina.

La Convención de Palermo reconoce la amplia potestad de los Estados Parte de crear los procedimientos que consideren apropiados para determinar la responsabilidad penal de los encausados, sin limitación alguna, por lo que estos perfectamente pueden ser de carácter individual o colectivo, al igual que ocurre con los medios de prueba que podrán emplearse, incluyendo la simple pertenencia a una organización delictiva y la presunción de culpabilidad. Y a los que se hace expresa mención en el “Compendio de casos de delincuencia organizada”, que contiene la “jurisprudencia y comentarios jurídicos pertinentes”que la ONU aprobó para ilustrar sus alcances y facilitar la aplicación del Convenio, y en el que figuran diversos casos en los que aquellos fueron utilizados, y de los que copio los siguientes dos:

“En VEN 1, fueron arrestadas siete personas en el aeropuerto cuando regresaban a Venezuela desde Alemania con un total de más de 600,000 euros, de los cuales no fueron capaces de indicar el origen lícito. Acusados por los delitos de blanqueo de dinero y asociación criminal, las personas fueron condenadas y se confiscó el dinero, sobre la presunción de que se trataba de productos del delito”.

188. En cuanto a la extradición. La Corte del Reino Unido, que había de decidir sobre la extradición, estableció que el acusado era miembro de un grupo delictivo organizado, y debido a dicho estatus personal, era considerado presuntamente responsable por todas las actividades desarrolladas por el grupo, por el reclutamiento en Lituania de mujeres a quienes él explotaba para prostitución en el Reino Unido; así, podía haber sido extraditado a Lituania”.

De otro lado, debe tomarse en cuenta que la rigurosidad observada por Bukele solo será necesaria por una única vez. Cuando concluyan los procesos de esta primera fase, la persecución penal contra la delincuencia organizada tenderá a normalizarse, y de allí en adelante, si todo va bien, se estima que la sociedad salvadoreña podrá disfrutar de uno de los más bajos índices de criminalidad de todo el globo.  

Repárese, asimismo, en que, si el método de Bukele funciona, tal y como se está perfilando, su triunfo tendrá un impacto global tan grande que, más temprano que tarde, y seguramente por el imparable reclamo popular, será copiado o imitado por muchos otros países de la región y, posiblemente, del mundo entero, sin importar su tendencia política. Y hay más, si Bukele desistiera de buscar la reelección, o por cualquier otro motivo no fuere presidente en el siguiente período, téngase por seguro que su sucesor, quienquiera que sea, no podría, aunque lo deseare, revertir lo que aquel ha hecho con las maras, y menos cuando ya casi todo esté consumado. Ningún gobernante es tan tonto como para cometer este suicidio político.  

¿Por qué, entonces, no brindarle un razonable compás de espera al presidente Bukele para que concluya su experimento y salgamos de la duda? Esto es lo que luce sensato, y más aún, lo verdaderamente inteligente, ya que, si a él le va bien, todos, sin excepción, saldremos beneficiados. ¿O es que alguno de nosotros tiene interés en continuar viviendo en la peor de las zozobras, bajo el constante temor de que cualquier día de estos seamos asaltados y brutalmente asesinados por enloquecidos mareros?

En cuanto a la pretensión de desacreditar la política de seguridad implantada en El Salvador por el supuesto autoritarismo de Bukele, quien, además, se estaría valiendo de ella para reelegirse atentando contra la democracia de su país, esta constituye una acusación de carácter esencialmente político e irrelevante para el asunto que nos ocupa, el cual, reitero, atañe, más bien, a la esencia misma de las ciencias penales, como es la prosecución del delito. Y mal puede calificarse al mandatario salvadoreño de dictador, dado el enorme apoyo electoral que ha recibido y los extraordinarios índices de popularidad que mantiene después de más de cuatro años de estar en el poder.

Y es que el tema de la democracia tiene que ver más con el agotamiento y rotundo fracaso al que fatalmente la ha arrastrado el modelo neoliberal que con cualquier otra cosa. Y todo indica que tampoco guarda relación con posturas ideológicas, al menos con las que están en boga en Europa, en donde la derecha, y sobre todo, la izquierda, se han desteñido tanto que ya no es fácil dilucidar quién es quién, y no digamos ahora, con la tremenda confusión política en que la ha sumido la guerra de Ucrania.

Aunque, por lo visto, en Latinoamérica no nos quedamos atrás. Javier Milei, el candidato más votado en las recién pasadas elecciones primarias de Argentina y considerado la “estrella” de la ultra derecha de su país, se proclama anarcocapitalista, monarquista libertario, anticlerical, anti papa Francisco y defiende el matrimonio homosexual y la venta de órganos. Y, por si alguna duda persistiere sobre su ideario político, ideológico y filosófico, la ha despejado confirmando que, si gana la presidencia, su principal asesor será un perro suyo ya fallecido, con el que se comunica a través de una médium…

Tegucigalpa, 22 de agosto de 20023.

  • Rodil Rivera
    Abogado y Notario, autor de varios ensayos sobre diversos temas de derecho, economía, política e historia; columnista por cuarenta años de varios diarios, entre ellos, EL Pueblo, El Cronista, Diario Tiempo y La Tribuna, y diputado por el Partido Liberal al Congreso Nacional de 1990-1994. test3@test.com

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