HRW sugirió que Honduras debe tomar acciones urgentes para contrarrestar la corrupción en el país centroamericano
En el análisis de la HRW están: hospitales móviles, el proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, caso Pandora y Arca Abierta
Tegucigalpa. – La corrupción en Honduras en una constante que ha cobrado la vida de cientos de hondureños, además ha significado vulneración de derechos humanos, a razón de esto, la organización Human Rights Watch (HRW), instó a la presidenta Xiomara Castro a concretar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, recordó la promesa de campaña y de gobierno de la mandataria hondureña, de crear la CICIH. “Llevamos un año y medio desde esa promesa y de ejercicio de gobierno, y esa promesa aún no se ha materializado”.
En virtud de la lentitud en el proceso de instalación de la misión anticorrupción, Goebertus señaló que “la paciencia del pueblo hondureño y la paciencia de la comunidad internacional se está agotando”.
La postura de la funcionaria internacional de los derechos humanos coincide con la celebración del Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción –conmemoración en honor al nacimiento del General José Trinidad Cabañas—, ya que Honduras ha sido víctima de emblemáticos actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos que se han valido de las necesidades más imperantes, como la salud, educación y otras demandas básicas.
“La corrupción en Honduras ha generado violaciones a derechos humanos. Cuando hay corrupción en proyectos de salud, de represas hidroeléctricas, en proyectos de lucha contra la pobreza, lo que se genera –más allá del acto de corrupción— es una violación directa a los derechos humanos del pueblo hondureño”, indicó Juanita Goebertus.
HRW destaca que las negociaciones en curso entre la administración de la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para crear una comisión respaldada por la ONU y combatir la corrupción y la impunidad “brindan una oportunidad única para aprender de la experiencia pasada y lograr avances duraderos”.
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CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
El informe de HRW señala “la grave mala asignación de recursos en detrimento del disfrute de los derechos económicos y sociales puede constituir una violación de los derechos humanos”.
Santiago Mena, asistente de investigación de la División de las Américas, expresó en entrevista con Criterio.hn “vemos un panorama muy preocupante en materia de derechos económicos y sociales y el impacto que tiene la corrupción, es preocupante ver los datos producidos por el propio gobierno de altos niveles de pobreza, el poco acceso a la salud, a la educación y garantía de derechos de los pueblos indígenas”.
Honduras registra un índice de pobreza del 74% y 53% de pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras señala que en el país centroamericano 1.3 millones de niños y niñas están fuera del sistema escolar.
Para Santiago Mena, todo este panorama de desigualdades sociales, “tiene una conexión fuerte con la corrupción”, por lo que insta a la ciudadanía hondureña a “no olvidar” y continuar en la exigencia de “más salud, más seguridad y más educación”.
La dellegación de Human Rights Watch tuvo acceso a los archivos de casos descubiertos por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
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CASOS EMBLEMÁTICOS DE CORRUPCIÓN ANALIZADOS POR LA HRW
La comitiva de la HRW, que visitó Honduras durante 2022 y 2023 para desarrollar el análisis sobre las afectaciones de la corrupción en materia de derechos humanos, tuvo acceso a los archivos de casos descubiertos por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Entre los casos analizados que significaron un fuerte impacto de la corrupción en los derechos humanos, la HRW destaca el desfalco que encarnaron los Hospitales Móviles en el punto más álgido de la pandemia de la covid 19, con un gasto estatal de casi 50 millones de dólares y cientos de hondureños muertos.
Otro de los casos de corrupción analizados fue el proyecto de represa en el río Gualcarque, donde funcionarios públicos aprobaron permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Ante esto el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – organización liderada por la activista ambiental y de derechos indígenas Berta Cáceres, asesinada en 2016— denunció que la concesión de la represa fue otorgada sin obtener el consentimiento de la comunidad indígena Lenca.
De igual manera, la HRW estudió el caso Pandora, que significó la malversación de unos 282 millones de lempiras, extraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), destinados para proyectos agroindustriales, agropecuarios, y hortícolas para el supuesto beneficio de mujeres campesinas en los departamentos de Olancho, Intibucá, Colón, Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Gracias a Dios, Comayagua y Yoro.
En este acto de corrupción, estaban vinculados los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el expresidenciable del Partido Liberal, Elvin Santos, el exalcalde de Yoro y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, Arnaldo Urbina y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara, entre otros. Sin embargo, pese a los señalamientos, a finales de 2022, la Corte Suprema de Justicia desestimó los cargos les otorgó sobreseimiento definitivo. También la Human Rights Watch, analizó el caso Arca Abierta, mediante el cual la UFECIC acusó a 11 legisladores y un ciudadano particular de malversación de fondos, y a nueve personas más como cómplices. Sin embargo, el jueves 12 de enero de 2023, a través del juez Reinaldo Hernández –justo antes de vacar la CSJ, encabezada por Rolando Argueta—, los diputados y exdiputados señalados quedaron libres definitivamente tras revocárseles las medidas cautelares.
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En ese sentido, Santiago Mena recalcó que en Honduras lo que tiene que suceder para que el sistema de justicia sea fuerte y resistente –además de la instalación de la CICIH—se deroguen los decretos que fomentan la impunidad y la obstrucción de la justicia, además de una reforma al sistema judicial para que sea independiente y efectivo.
“Estas son todas las medidas que después de un año y medio de gobierno, no hemos visto ningún tipo de avances, son promesas centrales de la presidenta Castro, es momento de demostrar resultados concretos y efectivos”, enfatizó Santiago Mena.
Entre los decretos que a criterio de la Human Rights Watch se deben derogar con urgencia, están el Decreto 116/2019 –que blinda de investigación penal por parte del Ministerio Público a los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, que ejecuten fondos estatales para realizar proyectos sociales y comunitarios; el Decreto 117/2019 que exonera de sanciones civiles, administrativas o penales a los diputados por actos realizados “en el ejercicio de sus funciones como legisladores”.
Además, el Decreto 57/2020, que obliga a los fiscales a solicitar siempre información por escrito a los funcionarios públicos y permite la incautación de documentos sólo con la autorización previa de un juez; el Decreto 93/2021, que debilita la definición penal de lavado de dinero, haciendo que el lavado sea más difícil de probar en los casos en que se desconoce el origen de los activos.
Y por último el Decreto 4/2022, que otorga amnistía a personas que fueron funcionarios públicos durante el mandato del derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y fueron acusadas o condenadas por acciones relacionadas con el ejercicio de su función pública durante el golpe de Estado del 2009.
“Si Honduras establece las condiciones adecuadas, la comisión internacional podría convertirse en un modelo regional en el combate a un flagelo que vulnera los derechos de las personas y su posibilidad de vivir con dignidad a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe”, instó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La HRW, envió el informe con las recomendaciones a la presidenta Xiomara Castro y al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres a manera de acelerar el proceso de instalación de la CICIH, un mecanismo urgente en Honduras, país centroamericano que se ubica en la posición 157, de los 180 países que analiza la Organización Transparencia Internacional, sobre la percepción de la corrupción. Esta evaluación tipifica que entre más cercano a 180, el país evaluado, es más corrupto.
El Gobierno de Honduras y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento, el 15 de diciembre de 2022, y luego, el 25 de abril de 2023, la presiednta Xiomara Castro firmó los términos de referencia para la llegada al país de un grupo de expertos, proceso que se ha venlido postergando desde mediados de mayo. El gobierno asegura ahora que el grupo de expertos, que vendría a explorar, entre otras cosas, las condiciones legales, llegará al país en julio.
