Hasta el momento 11 de esas solicitudes de reserva de información siguen “pendiente” o en “trámite” de una resolución por parte del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Tegucigalpa, Honduras. -Desde 2022 hasta 2024, al menos 13 secretarías e instituciones estatales han solicitado declarar en secretividad o reserva su información en los portales de transparencia del Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Las últimas en hacer esta solicitud han sido, la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería).
Mientras que la Dirección por Gestión de Resultados (Diger), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia –en dos ocasiones–, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Energía (Sen), lo hicieron en 2023.
Hasta el momento se desconoce qué información y qué criterios han argumentado las instituciones para solicitar la reserva de su información.
En enero de 2024,Criterio.hn conoció que la Secretaría de Energía (Sen) solicitó la reserva de información del dictamen técnico DGEEH-IT-003-2021, realizado por esa secretaría tras la revisión de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) publicado en agosto de 2022.
En dicho documento se estableció que desde el 2020 existe una solicitud por parte de Azipetrol Honduras, S.A. [H2P Honduras, S.A.] y CaribX, “para la extensión al tiempo de contrato de operación para la exploración y subsiguiente explotación de hidrocarburos en la zona marítima de Honduras”.
Analistas lamentan que, pese a la derogación de la Ley de Secretos, algunos funcionarios busquen que el IAIP declare en secretividad información referente a instituciones gubernamentales.
Durante la realización de la investigación Empresa británica sin experiencia tejió red para explorar el petróleo en La Moskitia hondureña –que posteriormente publicó Criterio.hn– la unidad de investigación de este medio digital solicitó a la Secretaría de Energía (Sen) dicho dictamen. Pero esta institución del Estado declinó entregarlo con el argumento de que estaba pendiente una solicitud de reserva de información planteada al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP).
Ante la insistencia del equipo de Criterio.hn que al no existir aún una resolución favorable a la solicitud de declarar bajo reserva el documento, el mismo debería ser proporcionado, la respuesta fue que de entregar el informe el Estado de Honduras podría enfrentar a una demanda internacional, algo de lo que ellos no se podían responsabilizar.
SOLICITUDES DE RESERVA DE INFORMACIÓN VIENEN DESDE 2021
Al respecto el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Hermes Moncada, precisó que desde 2021 se han hecho 25 solicitudes de reserva de información de las cuales tres son de este año 2024.
Durante su participación en un programa televisivo el comisionado señaló que varias de estas solicitudes fueron hechas en la administración del expresidente, Juan Orlando Hernández, declarado culpable de delitos relacionados a la narcoactividad durante el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Explicó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a los titulares de las secretarías de Estado, instituciones, direcciones que la información pueda ser clasificada como reservada.
En el artículo 17 habla sobre la clasificación de la información como reservada, el cual dice textualmente que “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público”.
En ese sentido, expone los motivos para declarar como reservada la información cuando divulgación de la misma ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado; la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data.
Además, del desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia; el interés protegido por la Constitución y las leyes; la conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales y la estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.
“Los titulares de las instituciones o de los poderes del Estado tienen esa prebenda de poder hacer planteamientos de reserva de información, pero el IAIP debe hacer los procedimientos de rigor bajo el entendido de sustentado en normas nacionales e internacionales”, precisó el comisionado.
SE REVISARÁ CRITERIOS PARA DAR DICTAMEN APROBAR O DENEGAR SOLICITUD DE RESERVA DE INFORMACIÓN
Hermes Moncada dijo que se debe hacer una prueba si procede o no el planteamiento de reserva de información.
Añadió que este proceso dura alrededor de un año, y al pasar ese período de tiempo el pleno de comisionados debe emitir una resolución para declarar o no en reserva dicha información.
Puntualizó que, para reservar la información se debe plantear y acreditar los medios probatorios y que haya una situación de necesidad de una situación de riesgo que contemple o que estén marcados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los artículos 16 y 17.
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Para el abogado y analista político, Lester Ramírez, algunos funcionarios de la actual administración han sido contradictoria, ya que celebraron la derogación de la Ley de Secretos, pero solicitan que información de algunas secretarías e instituciones sea declarada bajo reserva.
En una conversación con este medio digital el jurista señaló que esto en vez de abonar a la transparencia en la institucionalidad, sólo promueve una “involución”.
“Vemos que estamos ante una política de gobierno que va orientada y focalizada a censurar coartar libertades de acceso a la información que son derechos fundamentales que brinda acceso a otros derechos y a permitir también la discrecionalidad en la toma de decisiones, es decir, que puede haber si continúan estos niveles de opacidad y tomando en cuenta que entramos a un año electoral muchos riesgos de corrupción”, dijo el entrevistado.
