Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Ministerio Público (MP) presentó requerimiento fiscal este viernes contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias y por su alta investidura se instruye abrirle un proceso de antejuicio. La acción legal también abarca a dos funcionarias del Poder Judicial.
Según radio Globo, los requerimientos se vinculan al caso de corrupción ligado al robo de vehículos denominado “Operación Shalom”, que se habría suscitado en Estados Unidos. La venta de los vehículos se haría en el autolote Infer S. de R. L. en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.
Al momento de presentársele el requerimiento fiscal, Bonilla manifestó desconocer las acciones judiciales, aunque aseguró que siempre ha actuado en el marco de la ley. “Me sorprende esta situación, pero con estos cargos estamos expuestos a estas cosas”, dijo.
El requerimiento fue presentado por la Unidad Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia, adscrita a la Dirección General de la Fiscalía del Ministerio Público, informó el vocero de la Corte Suprema de Justicia.
Bonilla es acusado de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, por haber influenciado en dos juezas del Poder Judicial para que dejarán en libertad a su sobrino Carlos Roberto Bonilla de 44 años, quien guarda prisión por el delito de lavado de activos y su primo Denis Donadín Bonilla García, también recluido por los delitos de almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones ilegales.
Se detalló que grabaciones en poder del Ministerio Público dejan al descubierto cuando el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, llamó telefónicamente a la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmi Elizabeth López, cuando ésta se desempeñaba como jueza de jurisdicción nacional, y la influenció para que dejara en libertad a sus familiares.
También se informó que se ha solicitado antejuicio contra la jueza de jurisdicción nacional, Luz María Núñez al igual contra la ahora magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmi Elizabeth López, ambas implicadas por aceptar las órdenes de Bonilla, pues trataron de poner en libertad a los enjuiciados. A ambas funcionarias judiciales se les entregó también requerimiento fiscal, la primera acusada por el delito de prevaricato y la segunda por abuso de autoridad.
Aparentemente, el Ministerio Público habría pedido al Congreso Nacional la solicitud de separación del vicepresidente del Consejo de la Judicatura y su enjuiciamiento por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
La casa de radio, informó que el caso es del conocimiento de la embajada de los Estados Unidos, desde donde habría presiones para que se aplique la justicia hondureña, ya que el delito del robo y blanqueo de vehículos se cometió en la nación del norte.
DENUNCIAS CONTRA TEODORO BONILLA
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura ha sido acusado en reiteradas oportunidades por influenciar a los jueces en la aplicación de la justicia.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, fue denunciado el 15 de enero del año pasado ante ese mismo organismo, por el juez de Letras de lo Penal de Choluteca y Valle, Gustavo Escoto, por los delitos de violación a la independencia judicial y abuso de autoridad, porque lo obligó a emitir un fallo al margen de la ley, cuando estaba asignado en aquella sección.
En virtud que la denuncia nunca surtió efecto, Escoto la elevó al Ministerio Público, donde el acaso aún permanece engavetado.
También fue denunciado el 27 de julio pasado por el juez José Dimas Agüero Echenique por pretender influenciarlo y lograr que enjuiciara y metiera preso al periodista David Romero Elner.
El 24 de junio nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denunciaron supuestas injerencias del Consejo de la Judicatura en las decisiones jurisdiccionales adoptadas en diferentes juzgados y tribunales del país.
Las supuestas injerencias del Consejo de la Judicatura, específicamente de su vicepresidente, han sido denunciadas también por la Asociación de Jueces por la Democracia.
