Tegucigalpa, Honduras.- Aunque había esperanzas puestas en que durante el viaje de Xiomara Castro a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se firmara el memorando de entendimiento que dará pie al avance en la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, ello no ocurrirá momentáneamente debido a que la reunión únicamente servirá para finiquitar algunos detalles del documento.

El domingo 11 de diciembre de 2022, la presidenta viajó a Nueva York junto con su secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, donde tiene programado sentarse con Miroslav Jenča, subsecretario general para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, y quien además ha sido delegado por el secretario general de la ONU, António Guterres, para revisar los detalles y revisar el texto en una revisión final.  

“Podríamos decir que la reunión es para ver el memorando de entendimiento en una revisión final. Como es práctica de estos documentos, no lo suscribirá la presidenta Xiomara Castro, pero es la intención política que, una vez establecida esta reunión, procedamos a la suscripción del documento”, dijo a medios locales el canciller hondureño, Enrique Reina.

La firma del memorando de entendimiento de la CICI se ha retrasado durante los últimos meses debido a las intensas negociaciones sostenidas entre el Gobierno y las Naciones. Por ejemplo, dentro de la contrapropuesta que hizo el Gobierno al borrador del documento, y que Cancillería publicó el 23 de agosto de 2022, la intención era que el nombramiento de los funcionarios del mecanismo anticorrupción lo realizara el Estado hondureño.

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Sin embargo, según reportes de prensa y fuentes de la coordinación residente de la ONU en Honduras consultadas por Criterio.hn, esa condición no ha encontrado eco en el organismo internacional y, además de ello, ha propiciado una confusión dentro de la ciudadanía.

Otro de los puntos que se discuten al más alto nivel es el financiamiento de la CICI. Durante los últimos días, se ha manejado que el Gobierno financiará el 30% y la cooperación internacional el 70%. Criterio.hn contactó al secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, y le consultó sobre la veracidad de esa información, pero se limitó a contestar que no está autorizado a pronunciarse sobre ese especifico. Por su lado, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, dijo a este medio digital que hasta el 12 de diciembre “esos son detalles que aún se están definiendo”.

Distintos sectores de la sociedad civil, como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), han sugerido durante los últimos meses que el financiamiento del mecanismo anticorrupción únicamente provenga de las Naciones Unidas y de los países cooperantes. El reclamo se agudizó después de que el 20 de noviembre de 2022, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, públicamente sugirió que la CICI se financie con fondos estatales y que la cooperación internacional únicamente colabore con recursos técnicos.

SECRETIVIDAD

La ONU y el Gobierno, durante una reunión sostenida la semana pasada en la sede de las Naciones Unidas, donde estuvo presente Edmundo Orellana, el canciller Enrique Reina, y la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, acordaron que el contenido del memorando de entendimiento se mantenga en reserva hasta que esté suscrito. Después de la reunión que sostendrá Xiomara Castro con Miroslav Jenča, las esperanzas estarán puestas en una pronta firma por parte de la administración hondureña, que, en constantes ocasiones, ha prometido que el memorando de entendimiento estará rubricado antes del 31 de diciembre de 2023.  

Una vez que se firme el memorando de entendimiento, se habilitarán dos fases. En la primera, la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.

Asimismo, brindará apoyo y asistencia técnica en relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.

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La fase dos, por su parte, iniciaría con la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que daría vida a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

QUÉ FIGURA TENDRÁ LA CICIH

La ciudadanía también está a la espera de conocer qué figura obtendrá la CICIH. En un inicio, dentro del memorando de entendimiento, la ONU planteó que actuara como acusador privado, pero, en contrapropuesta, el Gobierno ofreció la figura de querellante adhesivo, para la cual se requerirá de una reforma al Código Procesal Penal.

En países como Guatemala, la CICI trabajó como querellante adhesivo y consiguió que el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti fueran encarcelados y, recientemente, juzgados por asociación ilícita y fraude en el contexto del Caso La Línea.

Sin embargo, el 1 de noviembre, la diputada Xiomara Zelaya de Libertad y Refundación (Libre) presentó una iniciativa de decreto que traza por objetivo elevar a la CICI en Honduras a un rango constitucional, con énfasis en independencia investigativa y análisis financiero, pero implícitamente evitaría que el mecanismo acuse en los tribunales. La intención de la diputada, aplaudida únicamente por funcionarios del Gobierno, no ha hallado simpatía en la sociedad civil.

La CICIH ha sido una promesa de la presidenta Xiomara Castro desde que asumió la presidencia el 27 de enero. Tras una comunicación con la ONU, se redactó el borrador del memorando de entendimiento, mismo que ha recibido dos modificaciones. La CICI vendría a Honduras a continuar, de alguna forma, el trabajo que inició la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que funcionó entre 2016 y 2020.