Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Al menos treinta femicidios, cincuenta y cinco casos de violencia contra mujeres y diecisiete agresiones sexuales fueron reportados en Honduras durante el mes de septiembre, según datos recolectados por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) a través del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres.
Los departamentos donde se contabilizó el mayor número de femicidios fueron Francisco Morazán (7), Yoro (5), Olancho (4) y Santa Bárbara (4), y como mínimo en siete de los casos la víctima conocía a su ejecutor y el rango de edad rondaba entre los 30 y 49 años de edad.
De los 19 casos de agresiones sexuales contabilizados, al menos nueve fueron cometidos contra niñas menores de 15 años y en siete de los sucesos el agresor era conocido o familiar de la víctima; siendo Francisco Morazán (5), Cortés (4) y El Paraíso (3), los departamentos donde se reportaron el mayor número de violaciones.
La organización feminista remarca que el “confinamiento nunca significó seguridad para las mujeres y niñas en #Honduras” y que la violencia machista es una pandemia que también se debe erradicar.
Recientemente, la Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios “Gladys Lanza”, desarrolló el tercer foro virtual “Situación de las violencias contra las mujeres y su manejo en el contexto de COVID-19” en el que se reveló que en las veintitrés semanas de confinamiento se han registrado 138 femicidios y más de 76,520 llamadas con denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en todo el país (unas 274 llamadas al día).
Desde marzo, las agrupaciones feministas advirtieron que el confinamiento era una medida insegura para las mujeres, pues para realizar una denuncia necesitaban cierta condición de seguridad que no sería posible si el agresor permanecía en casa. Sumado a esto, no todas las llamadas al Sistema Nacional de Emergencias por violencia doméstica fueron atendidas, según denunció el CDM.
A inicios de año, las mujeres declararon que los Femicidios en Honduras, eran una emergencia nacional que debía declararse ¡YA!, pero afirmaron que no había voluntad política para atender la problemática de violencia y femicidios y que incluso el 96% de los casos quedan en la impunidad.
