Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó facultar a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) adscrita al Ministerio Público, procesar penalmente de manera directa a implicados en casos de corrupción sin necesidad de la aprobación del fiscal general quien considera la normativa como “inconstitucional”.
A la 1:30 de la madrugada de este viernes, con 69 votos a favor y con la ausencia de la mayoría de los diputados de los conservadores Partido Nacional en alianza otrora con el Partido Liberal se aprobó conferir un estatus especial a la unidad fiscal del Ministerio Público que investiga redes y estructuras de corrupción en Honduras.
Con el voto de los 50 diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), los 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH), 6 del Partido Liberal más el voto del diputado nacionalista Luis Barahona más el de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Anti-Corrupción (PAC) se aprobó la normativa que fortalece la lucha contra la corrupción y la impunidad.
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“Lo que hicimos con UFERCO es que ahora va a poder actuar con la libertad que debió haber actuado desde un principio. Ya le dimos dientes a esta unidad para que sean ellos los que empiecen a actuar para combatir la corrupción. Este Congreso del pueblo facultó a la UFERCO para que pueda actuar sin limitaciones contra las estructuras criminales”, expresó
La Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, presidida por la congresista Fátima Mena, dictaminó favorable la aprobación del decreto por lo que el diputado del Partido Libre, German Altamirano, solicitó la dispensa del segundo debate por lo que fue aprobado en el tercer y último debate.
REACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE ESTATUS ESPECIAL A LA UFERCO
El Ministerio Público, a través de redes sociales, se pronunció sobre las atribuciones otorgadas a la UFERCO y aseveró que la normativa eleva a su titular Luis Javier Santos al mismo rango que le confiere la Constitución de Honduras al Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla.
“Apoyamos la lucha contra la corrupción y afirmamos que, para fortalecer el Estado de Derecho, con un fiscal del mismo rango que el fiscal general se requiere una reforma constitucional, no hacerlo sentaría un precedente que podría fragmentar toda nuestra institucionalidad, al no respetarse los procesos de selección de autoridades de rango Constitucional”, expone la postura de la fiscalía.
La normativa de siete artículos otorga a la UFERCO la venia para ejercer la acción pública penal de oficio en casos de corrupción sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general ni otra autoridad.
Es decir, ahora el titular de la unidad anticorrupción adscrita al Ministerio Público podrá presentar requerimientos fiscales contra implicados en corrupción de forma directa debido que muchos casos se mantienen en la impunidad ya que Chinchilla, no autorizó judicializar el caso.
La UFERCO solo deberá informar al director de fiscales los requerimientos que se presentará, además de poder requerir información y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
De igual manera, podrá solicitar o decomisar, cuantas veces sea necesario, documentación de cualquier entidad pública o privada sin necesidad de una orden de un juez como lo impidió el conservador Partido Nacional a través de reformas a la Ley de Lavado de Activos.
Deberá informar a la población y medios de comunicación sobre los requerimientos fiscales que presenten ante los órganos jurisdiccionales de la república.
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El personal asignado gozara de inamovilidad de sus cargos mientras dure la vigencia del decreto y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por sus investigaciones realizadas ni por el ejercicio de la acción penal pública. Solo el jefe de la UFERCO podrá realizar destitución o traslados.
La vigencia o atribución conferida a la UFERCO concluirá una vez asuma un nuevo fiscal general y fiscal adjunto como titulares del ministerio público quienes deberán recibir informes pormenorizados de las acciones y casos judicializados durante el periodo.
Además, se incrementa en un 10% los recursos financieros de la unidad que deberán ser destinados para capacitación, compra de equipo, contratación de personal.
Como blindaje, todo artículo o norma que contravenga dicho decreto quedan en suspenso por el tiempo de la vigencia.
“Se van a dar cuenta de la magnitud de lo que hizo el Partido Nacional, de los actos de corrupción, muchos ni siquiera se imaginan. Aquí le estamos quitando el candado que injustamente tenía una fiscalía”, expresó el congresista Yavhe Sabillón.
Para su aprobación, Redondo invocó el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que permite que un decreto o proyecto pueda ser debatido por artículo, capítulos o títulos siendo aprobado por la totalidad del decreto.
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LA POSTURA DEL TITULAR DE LA UFERCO
Contrario al posicionamiento del Ministerio Público, el titular de la UFERCO se refirió al decreto que fortalece la lucha y combate contra la corrupción y aseveró que aquellos que la contrarían es porque tienen temor que la justicia los alcance.
“Las personas que pueden temer que se fortalezca la UFERCO son las involucradas en actos de corrupción. Estas iniciativas vienen de personas intereses en que el trabajo de la UFERCO se haga bien, que los casos se investiguen y lleguen a los tribunales”, expresó.
Pese que el Partido Nacional junto con el Partido Liberal enarbolan la falsa concepción que la normativa es inconstitucional, Santos resalta que el decreto ratifica los reglamentos del Ministerio Público y “eso no es contravenir la Constitución”.
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A juicio del exfiscal de la república y actual ministro anticorrupción, Edmundo Orellana, la normativa aprobada quita la barrera impuesta a la unidad del Ministerio Público y ejemplifica el deseo frontal de luchar contra la corrupción.
“Con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de la UFERCO, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, allanando el camino para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH)”, manifestó.
A criterio de Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la UFERCO debe permanecer activa más allá de la elección del nuevo fiscal luego “ser la punta de lanza de la CICIH”.
El congresista Carlos Umaña, aclaró ante la falsa campaña mediática que orquestan las grandes corporaciones de televisión, que la UFERCO continúa adscrita al Ministerio Público y el fiscal Santos tendrá la facultad de presentar requerimientos fiscales como las demás fiscalías.
Cabe señalar que aquellos que se oponen (Partido Nacional y Partido Liberal) aprobaron desmantelar la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) junto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) siendo creada la UFERCO en reemplazo.
Sin embargo, desde que se instituyó la UFERCO fue debilitada en su capacidad personal y de investigación permitiendo que la impunidad y la corrupción socaven la nación que es la cuarta más corrupta de América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
