Tegucigalpa.- Desde hace más de dos años, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) está a la espera de que un tribunal se pronuncie sobre los recursos de apelación interpuestos en el caso de corrupción conocido como Arca Abierta.
“Es inusual que tarde tanto una apelación de un caso de estos” aunque “no nos extraña”, declaró a Criterio.hn el titular de la Uferco Luis Javier Santos.
Desde febrero de 2019, el caso se encuentra en apelación, cuando “las apelaciones por lo general son resueltas en seis meses”, explicó.
Arca Abierta fue el nombre con el que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) denominó a una investigación relacionada con la malversación de caudales públicos por más de 21 millones de lempiras procedentes de Casa Presidencial, la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional que fueron depositados a una cuenta de la Asociación Planeta Verde. De allí fueron a dar a las cuentas personales de diputados y exdiputados, así como a las de familiares y amigos, según la investigación.
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Por este caso fueron acusados veinte personas, entre diputados y exdiputados, de las que cinco recibieron el sobreseimiento definitivo; seis, el sobreseimiento provisional; y once, el auto de formal procesamiento.
La Uferco presentó varios recursos de apelación con el fin de que a varios de los acusados les fuera revocado el sobreseimiento definitivo.
“Si el caso hubiera seguido el trámite normal que siguen los demás casos ya se hubiera pronunciado un tribunal emitiendo una sentencia, bien condenatoria o absolutoria, porque ya el proceso lleva tres años, entonces es un tiempo prudencial para que un proceso llegue a sentencia”, dijo el fiscal Santos.
Dijo que hasta la fecha el Ministerio Público ha presentado dos recursos de pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia.
“Lo único que queda en ese caso es seguir esperando y que la Corte resuelva las peticiones que el Ministerio Público le ha hecho de pronto despacho”, puntualizó.
Cinco diputados acusados por este caso aparecen en una lista de seis funcionarios con señalamientos creíbles de haber cometido o facilitado actos de corrupción o el tráfico de drogas dada a conocer este martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
