Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició el proceso de entrega al Ministerio Público de 1,100 expedientes investigativos concernientes al uso de fondos departamentales durante los últimos tres periodos de gobierno que, en su mayoría, fueron malversados y constituyen actos de corrupción que se mantienen en la impunidad.
Las autoridades del ente fiscalizador entregaron a las autoridades de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) un primer loto con 45 cajas que contienen 1,100 expedientes investigativos de auditorías realizadas para identificar mal manejo de los fondos públicos que debían ser destinados a programas de desarrollo social.
🚨COMUNICADO: TSC INICIA PROCESO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES AL MP, SOBRE EL FONDO DEPARTAMENTAL
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Apenas 64 informes de auditorías e investigaciones notificó el ente contralor, de los cuales, solo en 6 remitió al Ministerio Público por encontrar indicios de responsabilidad penal, la Uferco deberá investigar los más de mil expedientes lo que sobrepasa aún más las capacidades de la unidad que cuenta con escaso personal.
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El pasado 18 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 20-2022 que reconoce el fallo de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 131, inciso A, de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada mediante Decreto Legislativo 141-2017 por el conservador Partido Nacional que trasladaba al TSC la responsabilidad de auditar y determinar la responsabilidad penal, civil y administrativa en el manejo de fondos estatales lo que socavó las atribuciones de la fiscalía.
La reforma a la Ley Orgánica referente a la liquidación de fondos públicos para proyectos de desarrollo social, violentó la labor del Ministerio Público y atribuyó al TSC realizar las auditorías a servidores públicos, diputados, exdiputados, Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo, organizaciones privadas que solicitaron fondos al igual que fundaciones y personas naturales y jurídicas en los periodos comprendidos de 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Adicionalmente, la lesiva normativa establecía un periodo de tres años para que el ente fiscalizador determinara si existe responsabilidad penal, civil o administrativa lo que imposibilitaba al Ministerio Público enjuiciar a involucrados en malversación del erario.
Con Decreto 20-2022, se otorgó un plazo de 15 días, después que entrera en vigencia la ley, para que el TSC entregara los expedientes investigativos, fue el 23 de marzo que se publicó en el diario oficial La Gaceta, de lo contrario debían ser objeto de responsabilidad penal, pero la institución contralora comenzó la entre cuatro meses después.
“Tanto las autoridades del TSC como del Ministerio Público, iniciaron un proceso coordinado de la entrega de los expedientes o liquidaciones que fueron presentadas ante este ente contralor. Se sostuvo una reunión en la cual se acordó iniciar un proceso para la entrega de expediente que conllevará algún tiempo. Todos estos expedientes serán entregados respetando el debido proceso. El pleno de magistrados resolvió hacer efectivo la entrega de los expedientes cumpliendo lo ordenado por el Congreso Nacional”, detalló el portavoz del TSC, Rodolfo Isaula.
De las 45 cajas que contienen los 1,100 expedientes, se entregaron las primeras dos y gradualmente se entregará el resto. Cabe señalar que, en declaraciones pasadas, Luis Javier Santos, director de la Uferco, denunció que ni el 1% de los fondos malversados fueron investigados por el TSC.
Los fondos departamentales siguen vigentes bajo la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, contentivo en el Decreto Legislativo 116-2019.
La gestión presidida por Mauricio Oliva (2018-2022) limitó el accionar del Ministerio Público y protegió la normativa que solo puede ser derogada por mayoría calificada, es decir, 86 votos de 128 diputados. Mientras el TSC no extienda un informe con responsabilidad penal, la fiscalía no puede presentar requerimientos fiscales.
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El director de la Uferco, en reiteradas ocasiones ha demandado al Congreso Nacional la derogación de esta lesiva normativa, al igual que otras que allanan el camino para enfrentar las redes de corrupción, pero no existen avances reales.
Según la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, en entrevista a Criterio.hn, aseguró que varias de estas leyes están avanzadas para su derogación por lo que instó a los demás diputados demostrar su voluntad política.
“Exhorto a todos los diputados del Congreso para que aprobemos la derogatoria del decreto y, así como ese, todas las leyes que impiden la investigación y enjuiciamiento penal porque esos son obstáculos y ahí me muestren con hechos si tienen la voluntad política de luchar contra la corrupción o es más de lo mismo”, dijo.
LA PROPUESTA DE LUIS REDONDO
El presidente del Congreso Nacional, en abril anunció que se creará una ley para que los diputados se “conviertan en gestores de proyectos” que serán ejecutados por el Poder Ejecutivo, aunque esto se aleja de las funciones indica la Constitución a los diputados.
El propio diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera, en ese momento, aseguró que había negociaciones para que los diputados manejaran de nuevo fondos departamentales que contemplaban un millón de lempiras a congresistas propietarios y medio millón a suplentes con la finalidad de ejecutar proyectos sociales.
Redondo dejó a entrever que no cuenta con los votos suficientes para derogar la Ley Especial de fondos departamentales, así como la reforma que permite a diputados suplentes recibir pago de salarios, pese a no ser parte de sesiones legislativas.
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CASOS MÁS RECIENTES
El fondo departamental se creó en 2006, durante la administración del expresidente, actual asesor presidencial y coordinador del Partido Libre, José Manuel Zelaya Rosales, siendo Roberto Micheletti presidente del Congreso Nacional.
El primer caso que develó la malversación de estos fondos fue el caso Red de Diputados presentado por la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el que acusó a cinco exdiputados por haber desviado más de ocho millones de lempiras a cuentas personales y familiares.
La Uferco, a finales de junio, presentó un nuevo caso ligado a los fondos departamentales en los que sindicó a un diputado actual del Partido Nacional, más cuatro exdiputados, dos contadores de ONG´s y cinco particulares por desviar L 18 millones 950 mil del Congreso Nacional.
Cabe recordar que, el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, afirmó que la red de diputados que desviaron fondos a cuentas personales supera el centenar, incluido el expresidente del Legislativo, Mauricio Oliva.
