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Justicia reactiva caso “Red de Diputados” con el que la MACCIH inició lucha anticorrupción

Justicia reactiva caso “Red de Diputados”

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Por Redacción CRITERIO

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El primer caso de corrupción que presentó la extinta MACCIH fue el caso Red de Diputados que salpicó a cinco congresistas hondureños y que, tiempo después, el exjefe del ente Juan Jiménez Mayor develó que estarían involucrados más de un centenar de congresistas y excongresistas.

Tegucigalpa. El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, reveló que un juez reactivó el caso de corrupción “Red de Diputados” presentado por la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el que sindicó a cinco excongresistas.

En diciembre de 2017, la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC) acusó a los entonces diputados Augusto Cruz Ascencio, Eleazar Alexander Juárez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández y Dennys Antonio Sánchez por el presunto delito de malversación de caudales públicos.

La investigación realizada por la MACCIH, detalló que los congresistas se apropiaron de fondos públicos a través de los Fondos Departamentales para proyectos sociales del Congreso Nacional siendo desviados para uso personal a través de una ONG.

El modus operandi radicaba se ejecutaba al solicitar fondos al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, estos eran transferidos a la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH) la cual enviaba los fondos directamente a los diputados recibiendo 15 cheques con un total de 8,300,000 lempiras.

La red de corrupción que develó la MACCIH generó alarma en la clase política hondureña debido que la investigación involucraría a más de un centenar de diputados, incluido el entonces presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, así como a más de 30 ONG.

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Con el control del conservador Partido Nacional junto con el apoyo del también conservador Partido Liberal y los partidos minoritarios Democracia Cristiana (DC), Alianza Patriótica y la Unificación Democrática (UD) se aprobó el Decreto Legislativo 141-2017 reformando la Ley Orgánica del Congreso Nacional imposibilitando al Ministerio Público emprender acciones judiciales contra funcionarios, diputados, ONG, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no realice auditorías y confirme si existe o no responsabilidad penal.

En enero de 2018, la jueza Alma Consuelo Guzmán, durante la audiencia inicial, dictaminó archivar el caso acogiéndose a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional estableciendo que fuera el TSC quien estableciera si existe o no responsabilidad penal, administrativa o civil.

Cabe señalar que, en septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por la UFERCO en contra de la determinación de la jueza Guzmán por lo que ahora se reactivó el caso y se fijó realizar la audiencia inicial programada para el 26 de abril.

“El Congreso Nacional ha dado un paso adelante en la lucha contra la corrupción al derogar la Ley de Secretos, pero falta más. Para avanzar en la investigación y judicialización de casos de corrupción, urge la derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021”, expresó el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos.

Los decretos anteriores blindan la corrupción al exigir a la fiscalía un informe del TSC previo a acusar a un exfuncionario, diputado, exdiputado, ONG, organización que administró recursos públicos, limita el acceso a la información financiera y reforma el delito de lavado de activos beneficiando también a los condenados.

A los diputados Sánchez y Juárez se les acusa de haber malversado 449,110 lempiras, a Rodríguez 359,280 y a Cruz Asencio y Padilla 269,460 lempiras.

En febrero de 2018, Juan Jiménez Mayor, exvocero de la misión anticorrupción extinta en enero de 2020, reveló que la investigación que llevan a cabo implicaba a más de 60 congresistas que desviaron fondos de proyectos sociales a sus cuentas personales, al tiempo que detalló que la red de corrupción superaba más de un centenar de congresistas y excongresistas.

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