Tegucigalpa.- El director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, denunció que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió informes falsos para favorecer a sindicados en corrupción, acusación que reconoció recientemente el magistrado presidente del ente contralor, Roy Pineda.
El fiscal Santos reveló que, previo a reiniciarse la audiencia inicial contra varios exdiputados y un actual diputado del Partido Nacional acusados de malversar más de L 18.9 millones, el TSC entregó finiquitos a los imputados pretendiendo favorecerlos cuando las pruebas confirman que no ejecutaron los proyectos por los cuales solicitaron los fondos.
“Ahora que vamos al desarrollo de esta audiencia surgen estos informes, especulamos que el motivo es otorgar finiquito a ciertas personas que se encuentran involucrados en el manejo de fondos a través de estas organizaciones”, aseveró.
“Se supone que el TSC, a través de esos informes, debe transmitir seguridad a la ciudadanía y cuando se le está dando validez a este tipo de información y diciendo que los proyectos se ejecutaron normalmente y teniendo evidencia nosotros que no se ejecutaron, eso tiene que ser objeto de investigación”, añadió.
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Santos reprochó que el ente contralor emita informes “fundamentado en documentación con información falsa” por lo cual advirtió que se investigará a los funcionarios que emitieron finiquitos y detectar los que manipularon la información.
“Vamos a llegar hasta el fondo del asunto para determinar quién está detrás de la emisión de informes basados en documentos que ponemos asegurar tiene indicios de falsedad… Vamos a iniciar una investigación con qué información están fundamentando estos informes porque esto es delicado para la administración de justicia”, sostuvo.
Según reveló Santos, los representantes de las ONG que malversaron fondos no se encuentran en el país por lo que se pregunta “quién liquidó los fondos para que el TSC emita informes”.
MAGISTRADO PRESIDENTE CONFIRMA INFORMES FALSOS
A través de su cuenta de Twitter, el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda, confirmó que desde el ente los auditores se han prestado a cometer actos ilegales reñidos con la ley al tiempo que señaló estar anuentes para que se realicen las investigaciones por parte del Ministerio Público.
“Son preocupantes los reiterados cuestionamientos de falta de ética, independencia y objetividad en la labor que realizan algunos auditores del TSC… Desde esta presidencia estamos en la disposición que se realicen las investigaciones necesarias no solo en este casi, sino en todos los que tengan indicios de corrupción de parte de funcionarios o empleados”, expresó.
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Pineda instruyó para establecer un control en la designación del personal que integran equipos de auditoría, sus declaraciones de conflicto de intereses e independencia.
“Urge tomar acciones contundentes a lo interno de la institución en todas las áreas operativas para garantizar la calidad en los resultados de investigaciones y auditorías que realiza el ente contralor”, indicó.
A juicio del abogado Rigoberto Portillo, “se necesita concretar es un proceso de evaluación y certificación de auditores que permita asegurar la calidad y sobre todo la honestidad del personal que trabaja en esa importante institución de transparencia.
UN MODOS OPERANDI
El propio vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, declaró otorgar finiquitos a corruptos es una modalidad recurrente del TSC y señaló a la expresidenta del ente, Daysi Anchecta, se dedicó a entregarlos a discreción.
“El TSC fue una plataforma utilizada para lavar los delitos de corrupción, la expresidenta Daysi Anchecta se dedicó a darle finiquitos a la estructura corrupta del Partido Nacional”, expresó.
Al igual, Oved López, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que “la fabricación de casos ficticios y protección a funcionarios del Partido Nacional fue tanto que, para cubrirse, hicieron un decreto en el Congreso Nacional donde se ordenaba al Ministerio Público que, previo a una investigación, todo tiene que pasar por el TSC, por eso lo hicieron porque los corruptos tenían el control del TSC a través de sus activistas se sentían protegidos”.
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De igual manera, el expresidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, cuestionó que el TSC sea utilizado para chantajear o favorecer a funcionarios o autoridades corruptas bajo informes con documentación falsa que aumenta la impunidad y la corrupción.
“Usar la institucionalidad del país para chantajear a quienes somos un obstáculo para las élites de poder corruptas que han secuestrado históricamente nuestro país es una práctica sucia que debe terminar. A mis adversarios les digo, mi postura sigue firme e inclaudicable”, comentó.
Recientemente, el TSC exhibió un informe en el cual señala a Zelaya de no liquidar más de cinco millones de lempiras para el financiamiento de las elecciones primarias lo que asegura violentó sus derechos y se filtró información que era confidencial y sin haberle sido notificada, “me condenaron públicamente porque es una estrategia mediática en mi contra”.
Para el director de gobernanza y transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, el TSC está controlado por los partidos políticos mayoritarios lo que generó la pérdida de la confianza en la institución y sus capacidades investigativas.
“El TSC está capturado por los partidos políticos, el TSC ha perdido realmente cualquier capacidad de detección, prevención, investigación de corrupción porque juegan los intereses políticos partidistas”, lamentó.
UNA NORMATIVA QUE REDUCE AL MINISTERIO PÚBLICO
El pasado 18 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 20-2022 que reconoce el fallo de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 131, inciso A, de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada mediante Decreto Legislativo 141-2017 por el conservador Partido Nacional, una normativa lesiva que trasladaba al TSC la facultad de auditar y determinar la responsabilidad penal, civil y administrativa en el manejo de fondos estatales, lo que redujo las atribuciones de la fiscalía.
La reforma a la Ley Orgánica referente a la liquidación de fondos públicos para proyectos de desarrollo social, violentó la labor del Ministerio Público y atribuyó al TSC realizar las auditorías a servidores públicos, diputados, exdiputados, Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo, organizaciones privadas que solicitaron fondos al igual que fundaciones y personas naturales y jurídicas en los periodos comprendidos de 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
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Adicionalmente, la lesiva normativa establecía un periodo de tres años para que el ente fiscalizador determinara si existe responsabilidad penal, civil o administrativa lo que imposibilitaba al Ministerio Público enjuiciar a involucrados en malversación del erario.
Aunque la normativa se declaró inconstitucional, el manejo de fondos públicos a discrecionalidad siguen vigentes bajo la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, contentivo en el Decreto Legislativo 116-2019.
La gestión presidida por Mauricio Oliva (2018-2022) restringió aún más el accionar del Ministerio Público y protegió la ley que solo puede ser derogada por mayoría calificada, es decir, 86 votos de 128 diputados. Mientras el TSC no extienda un informe con responsabilidad penal, la fiscalía no puede presentar requerimientos fiscales.
“Sabemos que es ilegal algunos finiquitos que han presentado los diputados que se investigó en varios casos de corrupción, por lo cual consideramos que el Congreso actual tiene que restablecer las atribuciones del Ministerio Público que fueron otorgadas el TSC. No es posible que un tribunal de cuentas tenga mas facultades que el Ministerio Público que es el ente persecutor del delito”, reprochó Gabriela Blen, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ).
