Tegucigalpa, Honduras. – La tragedia de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres fueron asesinadas desenmascaró la profunda crisis de seguridad y corrupción en el sistema carcelario de Honduras, pero significó la oportunidad perfecta para que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) apareciera en la palestra pública como la única solución.
Ante la decisión de la presidenta Xiomara Castro de ceder el control a la PMOP –de acuerdo con la periodista Wendy Funes “el brazo armado de Juan Orlando Hernández”— los cuestionamientos sobre esta disposición que forma parte de las “medidas drásticas”, no se hicieron esperar, periodistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales recordaron que la PMOP fue la protagonista de la crisis postelectoral de 2017 y es la misma señalada por sus vínculos con el crimen organizado y por la comisión de crímenes graves.
En los últimos días, circuló en redes sociales una publicación aparentemente de Infobae –medio de comunicación argentino— donde mencionan una investigación de la revista InSight Crime, que vincula a defensores de derechos humanos con la mara MS13. En la imagen se menciona que a través de las organizaciones se presiona al gobierno para otorgar “privilegios” a los privados de libertad.
Ante el señalamiento, desde la página de Twitter la revista InSight Crime, desmintió dicha publicación. “Esto es falso. InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”.
“Los autores de esta campaña utilizaron ilegalmente el logo de Infobae y el nombre de InSight Crime, para echar a andar esta campaña de desprestigio”, expresó en entrevista con Criterio.hn Héctor Silva Avalos, periodista independiente de El Salvador.
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CORTINA DE HUMO Y CAMPAÑA DE TERROR
Luego de las aclaraciones de Infobae, InSight Crime y de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, de quienes circularon sus fotografías, y nombres de las organizaciones, en la que se señaló tenían vínculos con la Mara MS-13, Criterio.hn entrevistó a periodistas y defensoras de derechos humanos que han sido señaladas.
Para Wendy Funes, directora de Reporteros de Investigación, no es más que “un intento de callarnos porque hemos denunciado que los narcopolíticos que ahora están en el poder quieren desplazar a las estructuras de Jun Orlando Hernández”.
La periodista hondureña, considera que estas acciones forman parte de una estrategia de conspiración y boicot que inició principalmente contra el exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, destituido de su cargo inmediatamente después de la tragedia en PNFAS, y que ahora una vez con el control penitenciario, buscan desinformar a la ciudadanía por medio de cortinas de humo.
“Ellos (militares) han estado acostumbrados a manipular a la opinión pública sin que haya medios que saquen la luz esas cosas, ahora que nosotros desde la prensa alternativa estamos contándolo a nivel nacional e internacional, obviamente tienen que desprestigiar al mensajero como una especie de muerte moral”, expresó Wendy Funes.
Por su parte, Héctor Silva Avalos, indicó que este tipo de campañas “están orientadas a generar terror”, además la vinculación con maras y pandillas es para crear “un ambiente de zozobra para hacer creer que los enemigos son los periodistas y defensores de derechos humanos y no las autoridades que violentan los derechos humanos o tienen arreglos con las pandillas”.
Por su parte, Rihanna Ferrera, directora ejecutiva de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel-Trans, refirió que esperaban este tipo de campañas. “Es una estrategia que siempre los militares han utilizado, no es algo raro, es algo normal por parte de ellos, la criminalización, la desinformación y el desprestigio hacia las personas defensoras”.
Además, denunció que desde el 2029 ha sido criminalizada por trabajar en la defensa de derechos humanos de personas privadas de libertad y que está a la espera de la presentación de pruebas que refirió Ramiro Muñoz.
El cinco de julio, el comandante de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Muñoz, en un programa de televisión dejó entre ver que hay organizaciones de derechos humanos que son extensiones del crimen organizado. “si alguien va a defender los derechos humanos de los privados de libertad, es de todos los privados de libertad, no sólo de una organización criminal”.
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RESPALDO DE ORGANISMO INTERNACIONALES
Casi de inmediato organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron en apoyo a las defensoras de derechos humanos y periodistas señaladas. Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA), dijo a Criterio.hn que ha recibido una serie de llamadas telefónicas, correos electrónicos y muertas de solidaridad a través de las redes sociales, y que a pesar que su vida corre riesgo por las campañas de desprestigio, continuará ejerciendo su derecho como defensora de derechos humanos.
Desde la embajada de Alemania en Honduras, los y las defensoras de derechos humanos recibieron el apoyo. “Alemania apoya la defensa de los derechos humanos. ¡No a la violencia y la desinformación en contra de defensores!”.
Otra de las organizaciones que se pronunció ante esta campaña fue Peace Brigades International (PBI) en Honduras. “Mostramos preocupación por reciente campaña de desprestigio contra personas defensoras que ha circulado en redes sociales. Mostramos preocupación por reciente campaña de desprestigio contra personas defensoras que ha circulado en redes sociales”.
Funes, quien es defensora de derechos humanos y también periodista, señaló que desde la Secretaría de Derechos Humanos no ha recibido ningún tipo de apoyo para salvaguardar su vida ni la de los demás señalados.
“Proteger mi vida es responsabilidad del Estado y la Secretaría de Derechos Humanos, desde el mecanismo, no está haciendo nada. (…) si a mí me pasa algo ellos son los culpables porque no han hecho nada para proteger mi vida”, acotó Wendy Funes.
La Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, señala que uno de los deberes de los Estados es “Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la declaración”.
