Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Múltiples sectores señalan que la derogación de la denominada Ley de Secretos es un avance, pero no es suficiente, pues siguen en pie varios decretos que trasgreden la trasparencia y blindan a la corrupción, estos quedaron establecidos por el gobierno pasado, pero otras, como la ley de amnistía, son más recientes.
Esa valoración también la comparte el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien señaló a través de su cuenta de Twitter que el Congreso Nacional ha dado un paso, pero todavía falta investigar y judicializar diversos casos para confrontar la corrupción.
Santos exhortó a derogar ágilmente los lesivos decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021.
El congreso Nacional a dado un paso adelante en la lucha contra la corrupcion al derogar la Ley de Secretos, pero falta mas, para avanzar en la investigación y judicialización de casos de corrupcion. Urge la derogación de los Decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021…, pic.twitter.com/1GSrDLttTK
— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) March 15, 2022
Por su parte, el analista y abogado, Oliver Erazo, apuntó que esto va más allá, pues también debería analizarse la reforma o derogación a la amnistía política, denominada “pacto de impunidad”.
En ese sentido, el Poder Legislativo debe derogar todo proyecto de decreto que sea constitutivos de mantos de impunidad, por eso hizo hincapié a observar la ley de amnistía que también está generando impunidad para altos funcionarios.
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“Para dar ejemplo, debemos comenzar a revertir todo, no solo la viga del vecino, también la propia”, indicó el abogado, quien agregó evitar solo perseguir las acciones nefastas de los azules, sino también las de los rojos.
Erazo está de acuerdo con que se eliminen los decretos antes mencionados, pero sin olvidarse de tomar nota ante las leyes creadas por el nuevo Congreso Nacional, que también han sido cuestionadas por diversos sectores.
Cabe recordar que, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), manifestó su preocupación por la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación y Rendición de Cuentas, Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales contenida en el decreto 116-2019, el cual entró en vigencia el 18 de octubre de 2019, estaba encaminado a reactivar el Fondos Social Departamental (FSD).
En aquel entonces, la MACCIH explicó que la ley conocida como “Ley de reactivación del Fondo Social Departamental”, serviría para dificultar las investigaciones por malversación de fondos de bienestar social o fondos proporcionados por el Estado para los más necesitados. Otra medida introducida por la ley fue el retraso de hasta siete años para iniciar las investigaciones del Ministerio Público.
La MACCIH advirtió que la ley vulnera la Constitución por atribuir al Poder Legislativo acciones que le corresponden al Ejecutivo, además, la contradice al atribuir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) capacidades que constitucionalmente corresponden al Ministerio Público.
Por tanto, el decreto 116-2019 es una ley que limita las acciones del MP al momento de requerir a instituciones públicas del estado, descentralizadas, alcaldías, Congreso Nacional, las ONG que cometan actos ilícitos en la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos.
El abogado Erazo dijo a Criterio.hn que en ningún momento tener el poder debe ser oportunidad para cubrirse de impunidad, si es así, cualquier derogación carecerá de coherencia al revertir acciones del gobierno pasado, pero crear otras.
“Independientemente que a los amigos diputados les moleste cuando se les analiza sus actuaciones, también cuando son buenas hay que elogiarlas”, destacó el togado, al tiempo que reconoce que se les aplaude cuando ejecutan buenas acciones a favor de las mayorías.
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BANDERILLAZO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
En cuanto al decreto 57-2020, aprobado en mayo de 2020 por los congresistas del pasado gobierno, donde contemplaron tres artículos del Código Procesal Penal (217, 219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.
El objetivo del decreto ha sido limitar los decomisos y secuestros de documentos por parte de la fiscalía, que ahora debe esperar la autorización de un juez, lo que da la oportunidad para que los implicados oculten, eliminen o modifiquen los documentos.
El otro duro golpe para frenar la lucha contra la corrupción, aconteció con la aprobación de decreto 93-2021, en noviembre de 2021, aprovechándose de esto, los diputados nacionalistas y liberales se confabularon para reformar varios artículos del Código Penal acerca de la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas.
Al respecto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) había hecho un análisis sobre esas reformas, las que, en conclusión, representaron una violación a las garantías judiciales.
El especialista en temas jurídicos, destacó que todo lo que se desvié del marco institucional y del marco legal, por responsabilidad, se debe advertir y proceder a cambiarlo.
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Ante todo, estimó que aparentemente la lucha contra la corrupción para generar un gobierno transparente, -distinto al del expresidente y ahora extraditable Juan Orlando Hernández-, parece estar dando sus primeros pasos.
Sin embargo, debe tenerse especial cuidado porque, “por un lado, se puede dar el banderazo de combatir la corrupción, pero por otro lado se crean leyes de impunidad”, concluyó el togado.
