Dirigentes opositores convencidos que Juan Hernández busca postergar elecciones para su continuismo

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Políticos de la oposición hondureña coincidieron este viernes que el presidente Juan Hernández, que se reeligió inconstitucionalmente en noviembre de 2017, busca nuevamente mantenerse en el poder, pero ya no por la vía electoral sino por la imposición de la fuerza al buscar postergar las elecciones generales que deben desarrollarse en noviembre de 2021.

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Rasel Tomé, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), dice que el gobierno de Hernández puede hacer lo que se le antoje porque controla todos los poderes del Estado y porque tiene en su mano la industria mediática en Honduras. Afirma que recientemente ha sembrado bombas mediáticas distractoras para sondear de qué forma puede mantenerse en el poder, y que por eso ha colocado a sus cuadros políticos desprestigiados, como la diputada Welsy Vásquez, imponiendo ante el imaginario colectivo que no es momento de hablar de elecciones y que este tipo de procesos no son pertinentes por ahora por su alto costo.

“Caro le surge al pueblo hondureño la falta de democracia, nuestros recursos deben ser utilizados por el pueblo hondureño para fortalecer la democracia”, dijo Tomé en un foro televisivo desarrollado este viernes en el canal UneTV.

Tomé piensa que cada vez más las cosas están claras en Honduras, porque existe una dictadura que desde el Ejecutivo controla al Congreso Nacional y al Poder Judicial, porque claramente no hay independencia de poderes, pero que además hay asesinatos y presos políticos.

“Me disculpan los que no están ubicados de que existe una dictadura en Honduras, vaya pregúntele a un abogado dónde puede avanzar un amparo. Lo que hay es una dictadura que ha concentrado el poder y que incluso de ahí ha establecido como matriz la corrupción generalizada. Incluso cuando se sacó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) quedó demostrado que esta dictadura tiene apoyo internacional”, sostuvo.

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En tanto, la vicepresidenta del Partido Liberal, Maribel Espinoza, sostiene que hablar de postergar las elecciones es una situación grave y dice tener evidencias concretas.

“El Partido Nacional no está interesado en que se lleve a cabo un proceso electoral. Por una parte, quedó demostrado desde la no asignación presupuestaria en el Presupuesto General de la República para el 2020 en el que dejó sin presupuesto suficiente al Consejo Nacional Electoral (CNE), sabiendo que este debía iniciar el proceso para preparar toda la documentación y logística de las elecciones primarias y generales”, subraya Espinoza.

La dirigente liberal agrega que bebió aprobarse suficiente presupuesto desde el año pasado, porque esa es la primera prueba de que Juan Hernández busca quedarse en el poder, pero también la no aprobación oportuna de la nueva ley electoral y la no aprobación de la segunda vuelta electoral.

“Todas esas dilaciones en el Congreso que fueron provocadas por el mismo Partido Nacional de Honduras. Yo sí quiero hacer un reconocimiento a las doctoras Rixi Moncada y Ana Paola Hall, en cuanto a que se manifestaron diciendo que la reelección presidencial es ilegal. Y en ese sentido, aunque Juan Hernández mandara una propuesta, el CNE le advierte que no hay espacio para reelección. ¿Entonces qué le queda a Juan Hernández?, mantenerse en el poder por otras vías. Y lo que ha hecho es una administración desastrosa en la pandemia, Iota y Eta para mentir, engañar y robar. Alentando la corrupción y establecer todo un engranaje para mantener la corrupción”.

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Finalmente, Arístides Mejía, expresidente del suprimido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dirigente de la facción más conservadora del Partido Liberal, cree que todos los hondureños están conscientes de que existe una democracia frágil, bajo amenaza, pero que en los últimos años la situación ha empeorado de manera autoritaria.

Arístides Mejía piensa que en Honduras no existe una dictadura “porque tendrían que cerrarse medios y matar a personas para mantenerse en el poder y sostenerse únicamente por la vía de las armas. Este es un régimen misceláneo porque tiene características autoritarias y características de democracia, porque utiliza las elecciones para mantenerse en el poder. Es un nuevo modelo que se usa para mantenerse en el poder. No solo para gobiernos derechistas sino gobiernos de izquierda en América Latina que a veces no son democráticos”.

Mejía puntualiza que el fascismo y comunismo tienen en común el rechazo a la democracia, porque abrazan métodos autoritarios y eso es lo que nos une. Por eso lo que se busca en América Latina son las expresiones políticas moderadas.

“Lo que hace primero un antidemócrata es quitar los recursos para evitar elecciones o para buscar postergarlas. Juan Hernández y su grupo ya perdieron su alianza en Washington, porque anteriormente fue sostenido por la administración de Donald Trump, pero ahora con Joe Biden definitivamente habrá un cambio hacia la política en Centroamérica”, concluye el exasesor de Salvador Nasralla.

Presidente del Partido Nacional dice no a nueva ley electoral

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –El oficialista Partido Nacional no desaprovecha el caos que vive Honduras a causa de fenómenos naturales y la pandemia de Covid-19, para empantanar en el Congreso Nacional el proceso de aprobación de una nueva ley electoral, mientras sus facciones internas avanzan en la etapa de inscripción de movimientos y precandidaturas a cargos de elección popular para las elecciones primarias previstas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 13 de marzo de 2021.

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Una serie de tuits, partiendo del malestar por el activismo y sectarismo político en la entrega de ayudas a víctimas de los huracanes Eta e Iota, en el preámbulo de las elecciones primarias, fue el espacio propicio para que el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, reiterara que no es el momento adecuado para continuar el debate de la nueva ley electoral, de la que al 3 de noviembre ya se habían aprobado 224 de los 333 artículos que la componen y de los que se excluyen la segunda vuelta electoral y el voto electrónico, entre otras enmiendas profundas.

Este lunes Sánchez mensajeó en su red social “totalmente de acuerdo con Renato Álvarez, la ley electoral no debería ser tema de discusión en este momento, hubo tiempo y se les dijo. En este momento #Honduras necesita de tod@s para ayudar a quienes más necesitan. #COVID19 + #ETA + #IOTA. Es tiempo de solidaridad”.

El mal manejo de la crisis sanitaria, ambiental y la caída de la imagen pública-mediática y política del gobierno de Juan Hernández, señalado de múltiples casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad, entre otras denuncias, no ha sido tropiezo para que el partido de gobierno frene su proselitismo utilizando los fondos públicos para ganar adeptos y su poder ejercido desde el control de la institucionalidad para acomodar las leyes y todas las condiciones a su favor.

En las últimas horas el Partido Nacional procedió a la inscripción de dos movimientos insignes: Juntos Podemos, que postula a la primera magistratura al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, señalado por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, (MACCIH) por liderar una red de diputados corruptos dedicada al saqueo de fondos públicos. Este caso sigue impune.

El otro movimiento de los nacionalistas es “Unidad y Esperanza”, que encabeza el alcalde del Distrito Central Juan Nasry Asfura, investigado por el Ministerio Público por desvío de fondos de la municipalidad capitalina.

Reinaldo Sánchez
Reinaldo Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo e Inclusión Social, es además diputado por el departamento de Olancho. Para las próximas elecciones va en la planilla de diputados del movimiento de Nasry Asfura.

Mauricio Oliva compartió un Twitter reconociendo las dificultades que vive el país, sin que esto sea impedimento “para cumplir con la democracia y la ley electoral al entregar la totalidad de nuestras planillas de elección popular y autoridades de partido, de cara a las elecciones primarias”.

Después de semanas de empantanada la ley electoral, por la aprobación de seis artículos transitorios, Oliva afirmó que “vamos a tener reformas electorales… paciencia me ha sobrado, ya se ha avanzado mucho en ese tema y lo que falta es humildad para reanudar el diálogo”.

En septiembre de 2019 el jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, aseguró que Oliva estaba siendo investigado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción, (UFECIC), por delitos contra la administración pública. Sin embargo, la investigación fue suspendida ante un recurso interpuesto por Oliva que alegó que se le estaban violando sus derechos porque no se le había informado de qué o por qué se le estaba investigando.

“Tenemos un presidente del Congreso Nacional que está cuestionado, UFECIC lo estuvo investigando, está liderando un Código donde le va a beneficiar”, aseveró Fernández al referirse al nuevo Código Penal vigente a partir del 25 de junio pasado.

Partido Nacional de Honduras pide a un desprestigiado Luis Almagro vigilar elecciones de 2021

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-El Partido Nacional de Honduras, acusado de fraguar un fraude electoral en el 2017 para mantener en el poder a Juan Hernández, ha solicitado en las últimas horas la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante las elecciones internas de marzo de 2021.

La petición del gobernante partido hondureño, salpicado por la corrupción y vínculos con el narcotráfico, fue hecha por su presidente, el diputado y exministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Reinaldo Sánchez, quien viajó hasta New York para reunirse este martes con el secretario general del organismo continental, Luis Almagro.

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En las cuentas del Partido Nacional de Honduras se informó que en la reunión se le solicitó el apoyo para que exista observación electoral en las próximas elecciones de marzo de 2021. “Como partido político sabemos que las elecciones internas deben de ser impecables y para esto la observación internacional es fundamental”, indicó el instituto político en Twitter.

Las imágenes muestran la cordialidad y camaradería entre el Secretario General de la OEA y los miembros del Partido Nacional, entre los que también estuvo su vicepresidenta Olga Alvarado y el diputado Carlos Ledezma.

https://twitter.com/Alberto89544688/status/1321134407898533889

UNA OEA Y UN ALMAGRO SIN CREDIBILIDAD

En los últimos años la OEA ha perdido legitimidad por validar procesos electorales viciados por fraude, como ocurrió en Honduras en el 2017 y por refutar resultados en las elecciones celebradas en Bolivia en octubre de 2019.

Almagro, quien fue canciller de Uruguay durante el gobierno del expresidente, José “Pepe” Mujica, ha sido desconocido por el propio Mujica, que considera que su pupilo cambió y equivocó su camino al respaldar y atender únicamente los dictados de Washington.

A finales de agosto de este año, Julio Arbizú, ex procurador de la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), confirmó -en el programa Directo al Grano producido por Radio Progreso y conducido por el periodista José Peraza- que su renuncia y la del exjefe de esta instancia de la OEA, Juan Jiménez Mayor, obedeció al pacto existente entre el presidente hondureño Juan Hernández y Luis Almagro.

Arbizú también dijo que recibieron presiones de grupos en Honduras para no investigar los casos que denunció Berta Cáceres antes de ser asesinada. Además, reveló que fueron presionados para no nombrar a Luis Javier Santos como jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.

El Partido Nacional tiene dos aspirantes fuertes para ocupar la candidatura oficial de ese instituto político y que se definirá en las elecciones primarias que se llevarán a cabo en marzo de 2021: el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera.

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En las últimas horas Asfura ha sido señalado por el Ministerio Público por el supuesto desvío y mal manejo de fondos del erario por más de 28 millones de lempiras. En caso de ser declarado culpable, le quedaría el camino libre al presidente del Legislativo, Oliva Herrera, para ser el candidato presidencial por el partido de gobierno

Cabe señalar que la MACCIH fue desmantelada por el Congreso Nacional, luego que Juan Jiménez Mayor acusara públicamente a Oliva Herrera de encabezar una red de diputados dedicados a sustraer fondos públicos a través de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Sin ley y sin dinero para el Tribunal de Justicia Electoral, Honduras a merced de un nuevo fraude

Por: Redacción CRITERIO.HN

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El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que debería tener la última palabra en conflictos durante las próximas elecciones, carece de presupuesto para trabajar. Si el TJE no puede actuar, quien decidirá será la Corte Suprema de Justicia dominada por nacionalistas. La oposición dice que todo es un complot del presidente, Juan Hernández, para manipular las elecciones y seguir a toda costa en el poder

Tegucigalpa.- Funcionando a medio vapor, sin dinero para trabajar, sin regulación legal, sin independencia y en el abandono se encuentra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) creado el 24 de enero de 2019 para supuestamente encargarse de “los actos y procedimientos jurisdiccionales en materia electoral”, o sea “resolver todos los conflictos que surjan de las urnas”.

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Los críticos del gobierno de Juan Hernández consideran que la institución carece adrede de presupuesto, de ley y hasta de edificio propio con el fin de que la participación independiente no interfiera con los planes del gobernante de “mantenerse en el poder” en Honduras.

El TJE y el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron establecidos para sustituir al Tribunal Supremo Electoral, disuelto mediante reformas electorales. El TJE, encabezado por los abogados Eduardo Enrique Reina por el Partido Libre, Gaudy Bustillo por el Partido Nacional y Miriam Barahona por el Partido Liberal, ha estado trabajando desde comienzos de 2020 con un presupuesto de 35 millones en lugar de los 90 millones solicitados por sus autoridades, el cual “solamente logra cubrir sus salarios”, expresa el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras), Luis Daniel León.

Los magistrados del TJE ocuparán por turnos la presidencia de ese órgano, empezando el 23 septiembre y terminando el 23 de septiembre del año siguiente. De 2019 a 2020, Eduardo Enrique Reina ha estado al frente de la institución y entregará ese puesto en las próximas horas a Gaudy Bustillo, que terminará su mandato en 2021. De 2021 a 2022, asumirá el puesto Miriam Suyapa Barahona. Además de los magistrados propietarios, está integrado por dos magistrados suplentes, Francisco José Dávila Nolasco del Partido Alianza Patriótica Hondureña y Johanna Guandique Estrada del Partido Democracia Cristiana.

El TJE fue creado “como parte jurisdiccional y como última palabra en temas de justicia electoral”, aclara el presidente de esa institución, Eduardo Enrique Reina, en entrevista para Criterio.hn. El magistrado dice que el TJE es un “órgano constitucional independiente, sin relaciones de subordinación con otros poderes del Estado”.

Una ley especial creada en agosto de 2019, según Reina, nombra a los magistrados del TJE y les da atribuciones. Sin embargo, agrega Reina, esa misma normativa aclara que el nuevo Tribunal seguirá amparado bajo la antigua Ley Electoral mientras no se apruebe una nueva legislación que lo regule. Mientras tanto, la ley “transitoria” le sirve al TJE para funcionar administrativamente.

Debido a su reducido presupuesto, el TJE no cuenta con un edificio propio y desde enero pasado se encuentra hospedado en un pequeño recinto dentro del CNE en el que apenas caben los 22 empleados, hasta ahora contratados, entre ellos, diez abogados y personal de apoyo en el área administrativa y recursos humanos.

Para el 2019 se presupuestó 10 millones de lempiras, pero al final la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hizo un recorte de dos millones y le entregó ocho millones, dijo el magistrado presidente Eduardo Enrique Reina.

Para la primera etapa del TJE, un “artículo transitorio” de agosto de 2019 determinó que se deberían haber asignado 10 millones de lempiras como presupuesto inicial, pero los ocho millones asignados incluso “llegaron un poco tarde, a mediados de diciembre”, cuenta Reina.

“Presentamos un presupuesto de cerca de 90 millones”, añade el magistrado, “pero se nos otorgaron 35 millones”. El TJE pidió entonces ampliarlos a 60 millones, pero la pandemia del coronavirus impidió la ampliación e incluso hubo un recorte del 15.65 %, por lo que ahora los fondos se reducirán a menos de 30 millones de lempiras. Sus recursos reducidos les han impedido trabajar a todo vapor, lamenta Reina.

Tribunal de Justicia Electoral Honduras
En este pequeño espacio físico, dentro del edificio del Consejo Nacional Electoral, funciona el Tribunal de Justicia Electoral.

Si la falta de dinero y de instalaciones ha sido de entrada un agudo problema para que el TJE trabaje con eficacia en la solución de conflictos relacionados con el proceso de las elecciones en Honduras, las medidas impuestas por el gobierno de Juan Hernández debido a la llegada de la pandemia del coronavirus al territorio nacional, se convirtieron en un nuevo obstáculo para el TJE, al punto de que a finales de junio de 2020 el organismo electoral amplió el periodo de suspensión de labores debido al peligro de contagio.

La suspensión de labores, según el comunicado del TJE, se amplió “del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio con el objetivo de que el personal permanezca en sus viviendas, limitándose a circular en casos de extrema necesidad o urgencia”.

Otro obstáculo en el camino del TJE es la falta de una ley que lo regule, lo cual según expertos es una manera de atar las manos de esta institución debido a que no se tiene una idea clara de cuáles son sus deberes como regulador electoral en Honduras.

La precaria situación ha sido expuesta en reiteradas ocasiones por las autoridades del TSJ, quienes han enviado cartas al Congreso Nacional en busca de la aprobación de un presupuesto coherente con la finalidad de la institución y para que se apruebe el marco legal que genere seguridad jurídica en las actuaciones de este ente jurídico electoral.

Dilatorias y promesas

Para voceros del partido de gobierno, como es natural, las reformas legales para establecer qué es lo que le toca hacer al TJE van por buen camino y todo está “azul”, como dice la gente cuando se refiere a que todo va bien.

El jefe de bancada nacionalista David Chávez, por ejemplo, considera que el partido en el poder no está “inventado el agua caliente” con las reformas que dan vida al TJE, apoyadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) al traer “expertos en materia electoral”, pero que el Gobierno está tratando de lograr “procesos democráticos fuertes, transparentes, que respeten la voluntad popular en todos los niveles electivos”, según sus declaraciones.

El apoyo al que se refiere Chávez consistió, según la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, en pagarle seis millones de lempiras al secretario general de la OEA, Luis Almagro, “por una consultoría orientada a hacer reformas electorales que nunca surtieron efecto ni en el mismo poder del Estado” que pagó ese dineral.

La falta de una nueva ley “especial” para el TJE no impide que decida sobre conflictos electorales, ya que la institución no es una “ficción”, según el presidente de ese órgano, Eduardo Enrique Reina. “La creación del Tribunal para darle vida jurídica está plenamente reconocida”, señala. El reconocimiento estatal para el TJE se basa, dice, en la asignación del presupuesto para 2019 y 2020, y en la reforma constitucional que da vida a ese órgano.

El TJE no funciona todavía bajo la tan llevada y traída “ley especial”, sino “con la Ley Electoral actual”, agrega Reina, la cual les da atribuciones, como “conocer recursos ante eventuales problemas que tengan los derechos de los ciudadanos en la parte político-electoral”.

Además, indica el magistrado, el TJE puede “conocer sobre decisiones o resoluciones de justicia electoral. No estamos construidos sobre una ficción jurídica”. Esperan la aprobación de la nueva “ley especial”, pero ahora mismo el TJE puede “trabajar con esas atribuciones”.

En los últimos días el TJE recibió el primer caso jurídico para resolver: el expediente número 375-2019, remitido por el Consejo Nacional Electoral en el que se solicita la nulidad absoluta de una resolución dictada por el Tribunal de Honor del Partido Anti Corrupción (PAC) sobre la expulsión de los exdiputados, Rafael Virgilio Padilla y Walter Banegas.

El TJE se estrenará con ese caso, mientras el líder del del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, prefiere acudir a la Corte Suprema de Justicia, obviando que ya existe un ente encargado de resolver los conflictos electorales. La semana pasada el excandidato presidencial, presentó un recurso de amparo contra los magistrados del Registro Nacional de las Personas.

A pesar de que el presidente del TJE asegura que pueden operar con todas sus atribuciones, le han pedido al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la aprobación de la nueva Ley Electoral y la Ley de Justicia Electoral para recuperar la confianza de los votantes tras la crisis por el golpe de Estado de 2009 y los conflictos políticos de 2013 y especialmente lo ocurrido en el 2017, cuando se fraguó un fraude para favorecer la reelección del presidente, Juan Hernández, situación que dio vida al surgimiento del TJE y al CNE.

Por otra parte, la oposición argumenta que todos los problemas de dinero, libre circulación y legislación, entre otros, con que se ha encontrado el TJE en su gestión son una manera de evitar que haga su trabajo vigilando que las actividades electorales se lleven a cabo de manera legal y ordenada durante las elecciones.

El reducido presupuesto asignado a instituciones como el TJE pone al final en peligro el proceso electoral y la democracia, según Luis Daniel León, en declaraciones para Criterio.hn. León sospecha que detrás de los recortes de dinero o los escasos presupuestos hay una intención política. “En momentos de crisis todos nos zocamos la faja, pero que las instituciones no tengan las características mínimas para funcionar debilita el proceso electoral y el acuerdo político”, dice.

La idea de la gente en la calle es que el Gobierno actual no asigna dinero a organismos como el TJE o el CNE para poner en riesgo e impedir que haya elecciones con el fin de que Juan Hernández se pueda “perpetuar” en el poder.

“¿Qué puede pasar? Una crisis política por no tener presupuesto para ejecutar un proceso electoral”, agrega Luis Daniel León. “Hay una agenda política desde los poderes del Estado. Se escucha comúnmente que el presidente se quiere perpetuar. Por ahí van los análisis: si no da presupuesto, cómo hacemos elecciones”.

“Es evidente que el Gobierno pretende asfixiar esos organismos”, argumenta el abogado Edmundo Orellana Mercado, en entrevista para Criterio.hn, refiriéndose al CNE y al TJE.

Orellana ahonda en las dificultades que experimenta el Tribunal y sugiere que se deben a una estrategia de Hernández para extender su estadía en el gobierno. “El que menos interés tiene en las elecciones es el Gobierno porque el gobernante tiene problemas porque, si sale de allí, su situación personal es totalmente incierta”, agrega el jurista hondureño.

Según Orellana, JOH tiene problemas “serios”, ya que una corte federal de EUA lo señala como conspirador en materia de narcotráfico.

Además, el Gobierno está preocupado porque, según el analista político Raúl Pineda, “ha perdido la iniciativa”, pues “su liderazgo ha caído en un desprestigio muy grande, contaminando a los potenciales candidatos para asumir la Presidencia de la República”. Debido a esta falta de liderazgo, dice Pineda, la oposición tiene en estas nuevas elecciones una mayor posibilidad de ganar la Presidencia de la República.

El papel del TJE es “nulo”

Que la oposición asuma el poder es un riesgo para el Gobierno actual que, como menciona el abogado Orellana, choca de frente con los supuestos planes de continuismo de Hernández debido a sus problemas legales en la corte estadounidense.

“Si la oposición se une, va a ganar las elecciones”, argumenta Raúl Pineda, entrevistado por Criterio.hn. “Por primera vez es la que maneja la agenda y aquí va a suceder lo que decida la oposición para bien o para mal”.

Para Pineda, una serie de instancias legales podrían anular el papel del TJE en la solución de conflictos electorales en este año de elecciones. “Mientras se mantenga la posibilidad de que los conflictos electorales sean resueltos en última instancia por la Sala Constitucional, mientras exista la posibilidad de que, al presentar un recurso, la Sala o la Corte lo defina por la suspensión del acto reclamado, el papel del Tribunal de Justicia Electoral es prácticamente nulo”, dice Pineda.

Por lo anterior, el TJE, “no va a desempeñar la función que dio origen a su creación, que es una justicia electoral rápida y descontaminada”, dice Pineda.

En una comparecencia del foro televisivo Frente a Frente el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, declaró recientemente que en materia electoral “la última instancia es la Corte Suprema de Justicia”.

Algo parecido dijo en el mismo espacio televisivo el diputado liberal Juan Carlos Elvir, quien señaló que ese “será un futuro tema para debatir” y agregó “solamente será la Sala (…), será la Corte Suprema cuando se violenta el debido proceso” quien actúe en caso de conflictos, lo cual da a entender de nuevo que el TJE parece no tener “vela en el entierro” cuando se trata de tomar decisiones al respecto.

En cambio, en el mismo programa televisivo, el diputado por el partido opositor Libre, Jorge Cálix, opinó que la Constitución hondureña es “clara” en cuanto a este asunto: “La última instancia en materia electoral es el Tribunal de Justicia Electoral. Eso lo dice la Constitución de la República en su artículo 53. Contra las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral no cabe recurso alguno”.

Cálix es uno de los personajes públicos que se pronuncian a favor de que sea el TJE el que decida sobre los conflictos electorales, y no la Corte Suprema, la cual, se supone, está politizada al pertenecer al Partido Nacional y hallarse por esa razón sujeta a los dictámenes del gobierno de Juan Hernández. Un poder como ese en manos de la Corte puede causar falta de transparencia en las próximas elecciones, según opositores del Gobierno de turno.

Las opiniones de los expertos dejan abierta la puerta de la sospecha de que el Gobierno está interesado en mantener a los organismos electorales como el TJE en un desorden administrativo, sin dinero y, de paso, sin poder de decisión sobre posibles disputas electorales con vistas a los próximos comicios en Honduras como una manera de manipular los resultados en las urnas, permitiendo así el continuismo tan temido por los opositores de Juan Hernández.

Fraude o no fraude: he ahí el dilema

“Creo que ese Tribunal nació muerto desde el momento que la resolución final en definitiva la tiene el Poder Judicial. ¿Para qué sirve ese Tribunal?”, dice Raúl Pineda. “Creo que, si se va a mantener que la Corte conozca este recurso, más bien deberían hacer desaparecer el Tribunal de Justicia Electoral porque no va a servir para nada”.

Pineda no es el único preocupado por la falta de nuevas leyes que aseguren la transparencia en las próximas elecciones. Otros críticos alzan la voz reclamando por la lentitud aparentemente calculada de las instituciones que emiten esas leyes en el país. A estas alturas siguen sin aprobarse decenas de artículos de la nueva ley electoral y nadie asegura que las elecciones primarias y las generales de 2021 estén exentas de fraude.

Fraude es la palabra del día en boca de algunos expertos consultados por Criterio.hn. El supuesto fraude que al final puede permitir que Hernández siga en el poder.

“En consecuencia, la manipulación, la contaminación del manoseo político va a continuar en el Poder Judicial”, dice Raúl Pineda.

Para el abogado Edmundo Orellana, es posible hacer fraude desde muchas instancias. “Puede fraguarse en las mesas, en la transmisión de datos y el manejo del sistema y en la administración del sistema”.

Orellana se refiere además a la posibilidad de que el fraude se lleve a cabo utilizando el censo electoral, el cual no ha sido depurado todavía debido a que aún no se aprueba la nueva ley electoral que puede sustituir el viejo censo de 2017 por uno nuevo. Eso evitaría que “los muertos voten”, como supuestamente ya ha sucedido en anteriores elecciones en Honduras. Como señala la consejera del CNE Rixi Moncada, el censo “está lleno de fallecidos”.

En el censo “para elecciones primarias, cada partido establece una garantía para que el fraude no se produzca. Eso no afecta a la nación. El problema se podría plantear si ocurre en elecciones generales”, dice Orellana. Con “cualquier incidencia irregular vamos a tener un resultado como el actual, con un gobernante repudiado, que sea ilegítimo y que finalmente nos ha llevado a la crisis en que vivimos”.

Plan Estratégico

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD Honduras) trabaja desde hace dos años de forma estratégica con el Tribunal de Justicia Electoral a través de diferentes líneas de acción. Una de ellas es la construcción del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 que fue facilitado técnicamente por el NIMD Honduras, porque “sabemos que los sistemas electorales realmente democráticos, tienen en la justicia electoral un indiscutible protagonista”, dice el director ejecutivo de esa instancia, Luis Daniel León.

León realizó la entrega oficial del PEI 2020-2024 al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Eduardo Enrique Reina, en compañía de las magistradas Gaudy Bustillo y Miriam Barahona en una ceremonia virtual debido al COVID-19.

El plan en mención, elaborado mediante un proceso participativo y liderado por las máximas autoridades del Tribunal de Justicia Electoral, refleja la voluntad de esta institución por alcanzar los consensos requeridos y un medio para fortalecer su legitimidad y construir institucionalidad, así como el interés de que se le perciba como una institución que actúa con sujeción al Estado de derecho y a los principios adoptados, para así gozar de la necesaria credibilidad y confianza plena de los ciudadanos.

Honduras inicia proceso para las elecciones de 2021 sin reformas electorales

Por: Leonardo Aguilar

Ilustración: Guillermo Burgos

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Tegucigalpa.-El domingo 13 de septiembre de 2020 Honduras dio por iniciado el proceso electoral de 2021. La ciudadanía reclama que las elecciones tanto primarias como generales sean transparentes, sin embargo, se hizo la convocatoria a las elecciones primarias sin llegar a los consensos necesarios para aprobar el dictamen de la nueva Ley Electoral.

La convocatoria para las elecciones primarias fue hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, siguiendo las instrucciones que manda la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de mayo de 2004.

La consejera del CNE, Rixi Moncada, piensa que la convocatoria es ilegal porque se basa en el censo electoral de 2017, argumentando que “está lleno de fallecidos, corrupción e inconsistencias” y que ir a un proceso sin segunda vuelta electoral significa que no habrá forma de realizar elecciones limpias, ya que “ahora mismo no hay manera de cumplir con esa garantía”.

elecciones Honduras 2021

El Partido Nacional, que tiene 61 de los 128 diputados del Congreso Nacional, se negó a cumplir los acuerdos para aprobar las nuevas reformas contenidas en el dictamen que proponía, entre otras cosas, evitar el fraude en las mesas electorales. Además, establecía cambios en el pago de la deuda política, una modificación que representa una muerte anunciada para los partidos pequeños acostumbrados a recibir en cada proceso electoral cerca de L. 10 millones, sin importar los votos que saquen, y de paso elimina la posibilidad de que siguieran vendiendo sus credenciales.

En palabras del sociólogo, Víctor Meza, aunque el dictamen de nueva Ley Electoral presenta algunas cosas positivas, la propuesta no está a la altura de ser llamada una nueva ley: “Algunos dicen que bastaba con reformar la ley vigente. Podría decir que temas sustanciales para la modernización están ausentes”.

Para este nuevo proceso electoral se eliminó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fue sustituido por el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).  Los magistrados y consejeros que integran estos organismos están regidos por una ley especial.

Un análisis minucioso del dictamen de la nueva Ley Electoral reveló que este no contempla ni la segunda vuelta, ni la ciudadanización de las mesas electorales, ni reformas tecnológicas, tal y como lo revela un análisis comparativo del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh).

En agosto de 2013, el entonces candidato presidencial Juan Hernández firmó el Compromiso de Garantías Mínimas para la Ética y la Transparencia Electoral que establecía que quien ganara las elecciones haría reformas electorales para transparentar los procesos. Pero Hernández no solo incumplió el compromiso, sino que violentó la Constitución de la República al reelegirse en el cargo de la Presidencia. Contra esa reelección se hizo una impugnación en 2018, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lleva dos años ignorándola.

En octubre de 2018, la diputada del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, denunció que el Congreso Nacional le pagó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, US$ 249 mil (L.6 millones) para el pago de una consultoría orientada a hacer reformas electorales que nunca surtieron efecto ni en el mismo poder del Estado que hizo la millonaria erogación.

A catorce meses para escoger al nuevo presidente de Honduras, la ciudadanía aún tiene el paladar amargo por las decenas de muertes a manos de policías y militares. Estos decesos fueron registrados durante las manifestaciones por la reelección fraudulenta de Juan Hernández en 2017 y quedaron documentados en un informe de Naciones Unidas.

Este análisis a profundidad de Criterio.hn demuestra que no existen garantías para evitar un nuevo fraude electoral, ni con el dictamen abortado de la nueva Ley Electoral y mucho menos con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004. La falta de seguridad jurídica se constituye en un alto riesgo de que la convulsión vuelva a las calles.

A elecciones sin segunda vuelta electoral

El origen de no sentirse representado en el poder nació, creció y se robusteció tras el golpe de Estado en de 2009 contra del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009). Tras esa ruptura constitucional se rompió el bipartidismo histórico ejercicio por los partidos Liberal y Nacional y se creó el partido Libertad y Refundación (Libre) que ha sido constante y ha obtenido un importante caudal de votos. La existencia de este partido obliga a plantearse la necesidad de una segunda vuelta electoral.

El presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley Electoral, el diputado liberal Mario Segura, dijo que, si no se discutía y aprobaba la reforma constitucional de la segunda vuelta, ellos se retirarían de los debates.

El balotaje o segunda vuelta sonó en las últimas semanas como un alarido para enterrar más de una década de sinsabores democráticos, sin embargo, la idea de reformar la Constitución para ese fin no fructificó en el Congreso Nacional.

El abogado Edmundo Orellana, doctor en derecho administrativo y ex Fiscal General de Honduras, le dijo a Criterio.hn que el dictamen de esa nueva Ley Electoral no traía innovaciones importantes como para que justificaran el nombre de “reformas electorales”, ya que en primer lugar desecharon la segunda vuelta electoral, que esa sí es una reforma electoral sustancial porque le otorga legitimidad al gobierno cuando son más de dos partidos los que están participando activamente y con posibilidades reales de asumir el poder.

Los diputados del Partido Nacional cerraron filas contra la segunda vuelta y apenas debatieron unas cuantas horas el dictamen de la nueva Ley Electoral a través de la plataforma digital Zoom. Los diputados del partido Libre y Liberal, por su parte, fracasaron en su intento para tener reformas antes de la convocatoria a elecciones.

Justicia no resolvió vicios de reelección presidencial

El presidente hondureño, Juan Hernández, prolongó su mandato mediante una reelección argumentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que violentó la ley más importante de Honduras, la Constitución de la República, asegurándole a Hernández un periodo más en el poder (2014-2018 electo y 2018-2022 reelecto). 

Las posibilidades para una segunda reelección de Juan Hernández son reales debido a la falta de un marco jurídico estricto que le impida seguir en el poder. Aunque él mandó un mensaje a la oposición diciendo que no se postulará para un tercer mandato, aunque lo hizo con un estilo folklórico, invitándolos a tomarse “un té de valeriana para calmar los nervios”.

Un sector que tiene nervios es la empresa privada. El empresario Armando Urtecho, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su preocupación por las múltiples voces que han salido a decir que es posible que Juan Hernández vuelva a lanzarse a la Presidencia: “Nos preocupa que las normas nuevas no den la seguridad jurídica que requiere el país y que se genere violencia al final de las elecciones”.

De manera astuta, Hernández ha enviado al Congreso Nacional en tres ocasiones un decreto de ley para que ese poder del Estado discuta sobre los límites a la reelección presidencial, algo que ha sido rechazado por los Partidos Liberal, Libre y Pinu-SD, que consideran la medida como una jugada política de Hernández para legalizar su reelección. Los opositores aseveran que jamás se prestarán a reglamentar algo inconstitucional, mientras los nacionalistas aseguraban hasta meses después del fraude electoral que ellos proponían que la reelección fuera por una única vez, “como en los Estados Unidos”.

El exmagistrado del desaparecido TSE, Enrique Ortez Sequeira, dijo a Criterio.hn que no van a haber reglas del juego claras en las próximas elecciones y que quien va a tener la última palabra será la Corte Suprema de Justicia.

Ortez Sequeira está convencido que el círculo de Juan Hernández necesita mantenerse en el poder, ya que ahora existen dos elementos que no estaban tan profundizados como ahora: la narcopolítica y la corrupción, y le agrega el caso Invest-H, como caso emblemático de la corrupción durante la pandemia por  Covid-19. “Si pierden, muchos de ellos terminarán en cárceles de Honduras o de Nueva York”, expone el exmagistrado del TSE.

Sequeira -que renunció a su cargo como magistrado del TSE en abril de 2014- añade, con respecto a la reelección presidencial, que “ese recurso de amparo está sin resolver y no lo van a resolver. Eso comprueba que existe una concentración de poder y que quien está en el gobierno tiene contralada toda la institucionalidad del país”.

El expresidente Manuel Zelaya dijo a Criterio.hn que Juan Hernández no puede participar por varias razones, primero, porque el Partido Nacional redactó una resolución durante una convención en la que aseguraron que no lo apoyan para una nueva reelección. Después, porque en el CNE, cuando era presidido por Rixi Moncada y con el voto de Ana Paola Hall, tomó una decisión de no inscribirlo si manda su inscripción. “Así que él no podría participar bajo ningún mecanismo”, cree Zelaya.

Órganos electorales siguen politizados

El 10 de septiembre de 2019 el Congreso Nacional eligió a las nuevas autoridades de los organismos electorales que estarán en su cargo un periodo de cinco años, con la posibilidad de ser reelectos. El CNE está integrado por tres concejales propietarios (que se alternan anualmente la presidencia) y dos concejales suplentes.

Pese a que una de las recomendaciones para no repetir los errores del desaparecido TSE era despolitizar los órganos electorales, el CNE está integrado por los consejeros, Rixi Moncada (Libre), Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Kevin Aguirre (Partido Nacional). Este último, Aguirre, será el consejero que asumirá la presidencia del CNE en el momento más importante:  convocatoria y desarrollo de elecciones generales.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) está integrado por Eduardo Enrique Reina (Libre), Miriam Barahona (Partido Liberal) y Gaudy Alejandra Bustillo (Partido Nacional). Mientras que Francisco José Dávila Nolasco (Alianza Patriótica Hondureña) y Karen Johanna Guandique Estrada (Democracia Cristiana) son magistrados suplentes.

El sacerdote católico German Reyes, representante de Cáritas, dijo que el dictamen de la nueva Ley Electoral busca mantener el control de los tres partidos mayoritarios, ya que es una forma de protegerse en el próximo gobierno. “No se está abriendo el espacio para la ciudanía. Los tres partidos controlarán las mesas. Quedamos en manos de las mismas personas que han estado gobernando este país”.

Tripartidismo construyó propuesta para nueva Ley Electoral

Los grandes actores para la propuesta de la nueva Ley Electoral son los partidos Libre, Liberal y Nacional, a pesar de que existen 14 partidos en contienda. Los congresistas se enzarzaron en una amplia gama de debates que giraron en torno al escrutinio, juntas receptoras de votos, organismos municipales y departamentales, deuda política, identificador biométrico, paridad y alternancia, diputados al Parlamento Centroamericano, cociente electoral y censo electoral.El diputado por la Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, dijo durante uno de los debates de la nueva Ley Electoral: “Hemos vuelto a un triunvirato. En donde solamente negocian personas de la ultraderecha, izquierda y ultraizquierda”.La diputada Doris Gutiérrez dice que estos tres partidos políticos no quieren que los demás institutos políticos integren las Mesas Electorales Receptoras, ni los Consejos Departamentales y Municipales.

El abogado Raúl Alvarado piensa que “es comprensible lo que Doris Gutiérrez dice, pero la democracia es un sistema político que orbita con relación a las mayorías. Lo contrario sería que los partidos con una gran masa de militantes se hiciesen a un lado y dejaran a las minorías tomar las decisiones”.

Transmisión de resultados: “caídas del sistema”

En las pasadas elecciones de 2017, el sistema de transmisión de resultados del TSE se cayó por cinco horas consecutivas. Salvador Nasralla que iba 5 puntos arriba de Juan Hernández, con el 57 % de las actas escrutadas, fue rebasado por Juan Hernández, tras la caída del sistema, y 21 días después  terminó siendo ungido como ganador.

El diputado del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) e ingeniero informático, Luis Redondo, dijo a Criterio.hn que él estuvo presente en un evento de ciberseguridad auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la transmisión de resultados electorales en Honduras para las elecciones de 2021. “Todo lo que se decía ahí sonaba muy bonito. Pero les pregunté que de que servían todas las bondades de ese sistema si las llaves las tenía el propio gobierno que no goza de legitimidad. No me supieron responder. El sistema de transmisión debe ser programado para que no sea tocado por nadie por lo menos un mes antes y un mes después de las elecciones”, dijo Redondo.

La consejera del CNE, Rixi Moncada, fue consultada por Criterio.hn sobre el sistema de transmisión y la opinión de Luis Redondo. Ella explicó: “Le puedo decir que el desaparecido TSE, en ningún proceso electoral de los cinco que ejecutó, fue titular de la transmisión. La transmisión siempre se contrató por fuera, en la institución en 10 años no existe el desarrollo de capacidades propias. Siempre se contrató afuera por muchos millones de lempiras. Y sin ser dueños de los programas. Ni de los códigos fuentes. Ni de ningún derecho de carácter intelectual. Ese sistema de transmisión es fundamental para tener resultados la misma noche de las elecciones, pero ese sistema de transmisión es operado por humanos y lo que la OEA dice, a través de sus misiones técnicas, es que tuvo incontables intrusiones humanas. No solo 640 caídas que tuvo en las pasadas elecciones; se trata de un sistema que por mucha seguridad que tenga es fundamental quién lo opera”.

Ante la pregunta de si se contratará siempre un sistema de transmisión externo, Moncada dejó entrever que no existe capacidad en el CNE para contratar un sistema de transmisión en Honduras y le cedió la responsabilidad a su homóloga: “Pues lo más seguro es que, si no hay capacidades instaladas en la institución, y estamos a 6 meses… Esperaremos a ver qué se plantea la consejera Ana Paola Hall”.

Voto electrónico, domiciliario y en el extranjero

El voto electrónico en Honduras, una de las peticiones para buscar mayor transparencia democrática, no fue incluido en el proyecto de dictamen para la nueva Ley Electoral y mucho menos está contemplado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004.

Para Redondo el fraude está garantizado porque aún en el dictamen de la nueva Ley Electoral no se establecen cambios tecnológicos y no se prioriza votar con una nueva identidad y tampoco con un nuevo censo electoral. “No hay una tan sola una reforma que garantice un proceso tecnológico que venga a garantizar que no se haga fraude”, explica.

En cuanto al voto domiciliario y el voto en el extranjero el dictamen de la nueva Ley Electoral no establece novedades, más allá del estilo de la redacción, con respecto a la ley actual.

Mesas electorales: el pantano del debate

Lo que antes conocíamos como Mesas Electorales Receptoras (MER), en el dictamen de la nueva Ley Electoral pasan a ser Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Uno de los puntos principales para que no se aprobara el dictamen de la nueva Ley Electoral, antes de la convocatoria a elecciones, fue que los partidos Nacional, Liberal y Libre no se pusieron de acuerdo en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos.

El abogado Rafael Jerez, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Criterio.hn que esto confirma la importancia que revisten las mesas para los partidos políticos, porque cuando el Partido Nacional vio que pierde el control de las mesas con la nueva Ley Electoral, entonces debido a eso, cambió su postura frente a los consensos que ya había hecho.

Jerez indicó que le gusta el planteamiento del dictamen de la nueva Ley Electoral ya que en este se propone que las mesas no estén sobrepobladas y que sean conformadas por tres integrantes propietarios que representan a los partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal) y dos suplentes (de los partidos pequeños), que serán integrados de forma aleatoria.

“Es que al final de cuentas no se trata de a qué partido le beneficia o no, si existieran irregularidades en las mesas para eso se crearon acciones de nulidad que están ahí y que se van a poder interponer ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) también”, añade el profesional del derecho.

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Consejos Electorales

Antes eran conocidos como Tribunales Electorales Departamentales, sin embargo, el dictamen de la nueva Ley Electoral los denomina Consejos Departamentales Electorales. Su tarea es exhibir públicamente listados electorales e información del proceso electoral; hacer llegar a las juntas receptoras el material electoral; recibir las actas de cierre de todas las Juntas Electorales Receptoras junto con las demás documentaciones utilizadas en el proceso electoral, entre otras atribuciones.

La Ley también crea los Consejos Municipales que serán nombrados por el CNE a petición de los partidos políticos.

Rixi Moncada aseguró que “los organismos departamentales y municipales deben tener todas las facultades para hacer el consolidado de los votos de la gente, tanto en el municipio como en el departamento. Nosotros a nivel de pleno del CNE, lo que debemos es garantizar de que en la Junta Receptora y Consejos Departamentales y Municipales hagan tanto los escrutinios como conteos de actas de manera descentralizada, en garantía de respetar la voluntad de la gente.

Paridad, alternancia e igualdad de género

El dictamen de la nueva Ley Electoral establece cambios en el principio de la paridad en todos los niveles de elección popular. El capítulo III regula la paridad, alternancia e igualdad de género, temas comprendidos en los artículos 74, 75 y 76.

La diputada Doris Gutiérrez expresó durante uno de los debates: “alabamos que haya un enfoque transversal de género, y digo alabamos porque creo hablar en nombre de las mujeres que somos la mayoría en Honduras, en torno al 52 %. Esta ley en eso es muy innovadora porque va el enfoque de género, la paridad y la alternancia”.

Sin embargo, el abogado Rafael Jerez, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), no está de acuerdo con la diputada Gutiérrez y dice que en el dictamen de la nueva Ley Electoral “la participación política de las mujeres, queda igual a como está ahora, incluso hay regresiones porque no se exige la paridad y alternancia en los suplentes. Y tampoco a nivel de alcalde y vicealcaldes. Entonces es un retroceso”.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina establece que Honduras es uno de los países que no alcanza ni el 20 % de representación de mujeres en el Poder Legislativo y en el caso de las corporaciones municipales o alcaldías, apenas llegan a ocupar un 7.2 %.

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Tráfico de credenciales

Uno de los puntos positivos del dictamen para una nueva Ley Electoral, es que al menos en la teoría, se promete eliminar el tráfico de credenciales. En las anteriormente conocidas como Mesas Electorales Receptoras las credenciales identificaban a los representantes de los partidos políticos, sin embargo, los partidos pequeños eran incapaces de cubrir los de centros de votación ubicados en el territorio nacional, por tal razón, utilizaban las credenciales para actos de corrupción, al poner las credenciales como objetos de compraventa.

El dictamen de la nueva Ley Electoral propone que los representantes de los partidos políticos, ubicados en las Juntas Receptoras de Votos, sean identificados de una forma tan minuciosa que sea imposible la suplantación.

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A elecciones con 14 partidos políticos

Las elecciones de 2021 contarán con la participación de 14 partidos políticos: Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN), Libertad y Refundación (Libre), Democracia Cristiana (DC), Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Unificación Democrática (UD), Partido Anti Corrupción (PAC), Alianza Patriótica Hondureña (APH), Frente Amplio (Faper), Va Movimiento Solidario (Vamos), Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH), Liberación Democrática de Honduras (Lidehr), Salvador de Honduras (SDH)  y Todos Somos Honduras (TSH).

Los partidos Lidehr, del candidato Lempira Viana; SDH de Salvador Nasralla y TSH, del diputado, Enrique Yllescas, fueron inscritos el pasado 7 de septiembre por el CNE, que entonces estaba presidido por la concejal, Rixi Moncada.

Honduras podría quedarse únicamente con tres partidos políticos una vez finalizado este proceso electoral de 2021, eso debido a que la nueva Ley Electoral hace cambios en cuanto al pago de la deuda política. La creación de partidos pequeños ha sido un negocio y una jugada para traficar credenciales, dijo a Criterio.hn el analista, Raúl Pineda Alvarado.

Censo electoral y denuncias de manipulaciones

El dictamen de la Ley Electoral pide al Registro Nacional de las Personas (RNP) entregar un listado general de electores al CNE y se fundamenta en el artículo 56 de la Constitución de la República, en lo referente a lo “público, permanente e inalterable”. Además, dedica los artículos 86, 87 y 88 de la Ley Electoral.

Un análisis riguroso demuestra que el dictamen de la nueva Ley Electoral no hace cambios sustanciales en este sentido.

El dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Barahona, señaló incluso que el dictamen de la nueva Ley Electoral permite igualmente la manipulación del censo, es decir, que todo el esfuerzo económico de todos los que prestaron dinero, cooperantes internacionales, impuestos ciudadanos, por depurar un censo y tener una nueva tarjeta de identidad, todo eso, se corrompe a través del dictamen.

El dirigente interpreta que la nueva Ley Electoral regresa a los antiguos observadores electorales, que en el dictamen de la nueva Ley Electoral son nombrados como delegados. “Esta es una figura que en el pasado siempre sirvió para darle pase a una persona para que pudiera votar en otra mesa en donde no le tocaba.”

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Financiamiento y deuda política

El dictamen de la nueva Ley Electoral hace cambios en cuanto al pago de la deuda política, lo que llevó a los representantes de los partidos pequeños a amenazar, incluso, con acudir a instancias internacionales para exigir que no les quiten los beneficios que históricamente han obtenido.

Históricamente se ha acusado a los partidos pequeños de ser correa de transmisión del partido político que está en el gobierno, porque para ellos, los procesos electorales se convirtieron en un negocio más allá del pago por el voto por concepto de deuda política; su negocio está en la venta de credenciales y en jugar un papel de comodín en la integración y configuración de la Junta Directiva el Congreso Nacional, dijo a Criterio.hn, Elvin Hernández, sociólogo e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

El 17 de enero de 2017 el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como como Ley de Política Limpia y que fue impulsada por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para combatir la infiltración del narcotráfico en el financiamiento político.

En un sinfín de juicios por narcotráfico en EE. UU. han surgido testimonios de narcotraficantes que confesaron haber financiado a políticos hondureños a cambio de que cuando estuvieran en el poder les retribuyeran brindándoles seguridad.

Por ejemplo, en octubre de 2019, el testimonio de Alexander Ardón en la corte de Nueva York sacudió a Honduras. El narcotraficante reveló que en el 2017 para garantizar la reelección de Juan Hernández aportó US$ 500.000 para su campaña en el departamento de Lempira y que de manera adicional entregó 1.6 millones para garantizar el triunfo en Copán. El exalcalde de filiación nacionalista dijo que Hernández solicitó el dinero durante una reunión celebrada en Santa Rosa de Copán, seis meses antes de las elecciones. Ese mismo mes, Víctor Hugo Díaz Morales alias “El Rojo” también dijo que le había entregado 100 mil dólares a Juan Hernández y a Porfirio Lobo Sosa para la campaña de 2009.

Las acusaciones se dieron en el marco del juicio por narcotráfico a Juan Antonio “Tony” Hernández, donde se reveló además que “El Chapo” Guzmán entregó personalmente un millón de dólares a Tony para financiar la campaña de su hermano, el presidente de Honduras, Juan Hernández.

El economista del Foro Social Para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, dijo a Criterio.hn que la política limpia ha sido marginada por los partidos políticos porque había un anteproyecto de ley que le daba independencia, creando una unidad especial para fiscalizar el financiamiento de los institutos políticos.

“El problema es que ahorita la Unidad de Política Limpia está adscrita al CNE, entonces esa no independencia está sujeta presupuestariamente, normativamente y armónicamente, entonces acá prácticamente marginan a la unidad porque no les conviene que sean investigados. Por eso es que no se debate esta unidad, porque por eso la quieren tener ahí de adorno”, dice Zepeda.

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Elecciones primarias e internas

El dictamen de la nueva Ley Electoral presenta un cambio novedoso en cuanto a esto, y es que crea la figura de la consulta partidaria como mecanismo para elegir candidatos en asambleas departamentales y municipales, esto cuando un solo movimiento solicite su inscripción, en la misma fecha prevista para las elecciones primarias. Si se vence el plazo y no hay inscrito ningún movimiento interno, el CNE puede autorizar al partido para elegir, bajo su supervisión, los candidatos en una asamblea.

El dirigente de Libre, Rafael Barahona, dijo que hay artículos peligrosos que le entregan la llave a los principales líderes de los tres principales partidos políticos para que decidan si quieren o no realizar elecciones internas.

El presidente de la comisión del dictamen de la nueva Ley Electoral, Mario Segura, dijo que quisieron dar la oportunidad a los partidos pequeños para no acudir a elecciones internas, sino que pudieran escoger a sus candidatos en asambleas, bajo la supervisión del CNE. Según Segura, esta decisión se dio para evitar vacíos en la ley.

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Diputados al Parlamento Centroamericano

En cuanto a la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano la ley, que regía al TSE, establecía que se tomaran como base los resultados obtenidos a nivel nacional en el nivel presidencial, y se siguiera el mismo procedimiento que se aplica para los diputados al Congreso Nacional, sin embargo, el dictamen de la nueva Ley Electoral reformula la manera para elegirlos y señala que deben respetarse las normas fundacionales del Tratado constitutivo de ese organismo regional y manda a que se declare electo en cada departamento al candidato del movimiento que obtenga la simple mayoría de votos, excepto los dos departamentos con mayor población, Francisco Morazán y Cortés, en donde saldrán dos diputados que serán electos por cociente departamental.

¡Injerencia! EE. UU. da visto bueno a reformas electorales de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –La embajada de los Estados Unidos ha manifestado su complacencia por la aprobación de la nueva Ley Electoral de Honduras de cara a las elecciones de 2021.

“La aprobación de la Ley Electoral será un paso importante para restaurar la credibilidad en el proceso electoral y las elecciones del 2021”, opinó la representación diplomática a través de un Twitter.

Para el analista, Gustavo Zelaya, el mensaje de la embajada estadounidense es una orden enviada a la bancada del oficialista Partido Nacional para que en el Congreso Nacional se aprueben las reformas tal cual fueron introducidas a ese poder del Estado, sin que se haya incluido cambios de fondo como la segunda vuelta y la reelección.

“Creo que no hay que sorprenderse de eso, ha sido la política normal de los Estados Unidos hacia el país, de injerencia, de control, de dominio de los actores políticos más importantes que hay en el país”, dijo Zelaya.

La injerencia a la que hace alusión el analista fue evidente durante las elecciones de 2017, cuando la entonces encargada de negocios de Estados Unidos, Heide Fulton, llegó al centro de cómputo del Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) a validar el fraude electoral para imponer y respaldar la reelección de Juan Hernández.

En enero de 2018 la entonces representante de la embajada de los Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, válido y urgió el conteo de actas para validar el fraude electoral. En la imagen junto al presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson.

Gustavo Zelaya manifestó además que las imposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos siempre han estado presentes en Honduras, como en el 2009 cuando se produjo el golpe contra el presidente, Manuel Zelaya Rosales.

Para comprender la injerencia norteamericana el analista reflexionó sobre el dominio territorial que Estados Unidos tiene en Honduras y que se refleja en los radares instalados en varias partes del país, para el supuesto control del narcotráfico y en la base militar asentada en Palmerola, Comayagua y que se supone es la más grande de América Latina.

“Creo que ese control que hay de nuestro país por parte de Estados Unidos, esa subordinación, parece que fuera más marcada en Honduras que en el resto de otros países de América Latina”, expresó.

Zelaya aclaró que el dominio estadounidense no solo es una base militar sino el control sobre el Estado, el gobierno, la propiedad y sobre las decisiones políticas más importantes.

RNP encontró 50 mil muertos habilitados para votar en primeras pesquisas del censo electoral

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Alrededor de 50 mil muertos habilitados en el censo electoral para ejercer el sufragio ha  encontrado el Registro Nacional de las Personas (RNP) en el primer mes de trabajo del Proyecto de Enrolamiento, Identifícate, que ejecutan para depurar el censo electoral y emitir la nueva tarjeta de identidad. “Nosotros le decimos inconsistencias”, dijo a un medio radial, Roberto Brevé, comisionado permanente de la institución estatal.

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Explicó que el trabajo consiste en la construcción de la base de datos para el nuevo Censo Nacional Electoral, actualizando la información de los hondureños, cuyo trabajo, dijo se espera concluya al final de este mes para que la nueva tarjeta de identidad esté disponible en diciembre, entregarla sin problemas y que la gente pueda votar en las elecciones primarias de marzo del 2021.

El funcionario dijo que trabajando con un 30 % de los empleados, con todas las medidas de bioseguridad y en los lugares que presentan menos contagios de Covid-19, el proyecto ha registrado el trámite de la identidad de 450 mil ciudadanos. “Estamos recuperando la confianza del pueblo hondureño con la información propia de cada ciudadano, hemos hecho un trabajo grande para tomar todas las medidas de seguridad, de tecnología y hacer un proceso transparente”, señaló Brevé.

Sostuvo que en la próxima semana ya estarán trabajando en las ciudades grandes, incluidas Tegucigalpa y San Pedro Sula, para cumplir con la planificación prevista y pensando en salir bien con el calendario electoral.

El funcionario aseguró que el censo quedará limpio y no permitirá manipulaciones del personal del RNP ni de personas ajenas.

Históricamente en Honduras se ha denunciado la manipulación del Censo Nacional Electoral para la facilitación de fraudes electorales mediante la habilitación de personas fallecidas y migrantes que residen en otros países.

Para las elecciones generales del 2017 el censo electoral contemplaba 6.2 millones de electores de los que a juicio de la dirigencia del Partido Libertad y Refundación (Libre) más de un millón, en ese momento, ya estaban muertos. En las últimas semanas la precandidata de ese partido político, Xiomara Castro de Zelaya, anunció que esa institución partidaria boicotearía las elecciones internas y generales de 2021 si el RNP no cumplía con la elaboración de un nuevo censo y con la emisión de una nueva tarjeta de identidad.

“Vamos a elecciones o hay continuismo”: Mario Fumero

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Para el reverendo, Mario Fumero,  la celebración de elecciones dentro del sistema constitucional son valederas, porque el problema  no está en que se desarrollen en tiempos de la pandemia sino en  la forma en que se van a llevar a cabo y las campañas que se utilizarán para dicho propósito.

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Fumero aconsejó a los políticos que inviertan menos dinero en las campañas y en las movilizaciones masivas porque la situación de Honduras no está para eso. Sin embargo, dijo que, en la realidad el pueblo solo tiene dos opciones: ir a las elecciones o dejar que siga el continuismo. “Creo que preferimos que haya elecciones y no romper el calendario democrático del país”, continuó diciendo el también director del Proyecto Victoria.

Señaló que, por falta de valores, la corrupción es un mal endémico en todas las esferas del Estado, pero que no podemos obviar los derechos ciudadanos ante la situación de la pandemia que viven los hondureños.  Ante tal situación,  Fumero plantea priorizar la forma  de llegar a las urnas  sin poner en riesgo a los electores y combinar la política con la salud, cuidando al  individuo sobre los derechos ciudadanos.

Indicó que el éxito de las elecciones dependerá de cómo evolucionen las cosas en el futuro y de cómo se desarrolle la campaña, porque el riesgo es inminente mientras no haya una vacuna contra el Covid 19.  “El éxito o el fracaso va ser determinado por la seguridad  si no hay vacuna antes de las elecciones”, aseveró Fumero, en el foro, Políticos en Tiempos de la Pandemia, desarrollado por TSI. 

Sobre el tema, también participó el sociólogo,  Eugenio Sosa,  quien es del criterio que la política, en el marco del Covid -19 se vuelve necesaria  porque es de ahí donde se deben derivar las buenas instituciones y los mejores estadistas que le propongan a  la sociedad  una mejor gestión de la pandemia.

Según Sosa, lo que ahora hay en Honduras es una degeneración de la política y un grupo de políticos que han perdido la calidad política y la moral poniendo  intereses personales a través de la corrupción y los  intereses partidarios por un triunfo electoral. Aseguró que los partidos políticos en un contexto de pandemia deberían reflexionar al conocimiento y a la forma de cómo mejorar la gestión de la pandemia.

“Pero si lo vemos por el lado politiquero es lamentable que se tomen primero intereses personales o partidarios”, dijo el sociólogo, quien agregó que se ha perdido la posibilidad de que en los momentos más críticos haya convergencia en Honduras.

De igual manera, expresó que Honduras es el país con más desigualdad de América Latina, con una gran cantidad de pobreza y que ese conglomerado va aprendiendo en el camino a vivir con la pandemia usando mascarilla y a desarrollar su día día sin importarles si hay o no segunda vuelta electoral. 

Apuntó que una ciudadanía interesada por la democracia o por la política requiere de ciertas condiciones sociales, pero aclaró que en el país hay un sector importante de la población preocupado por las situaciones políticas y por la corrupción, que son los que se involucran activa o pasivamente con preguntas, como ¿dónde está el dinero?

“Y que hay un gran sector que todavía sigue siendo presa de las políticas clientelista y asistencialistas de los políticos porque los grandes niveles de pobreza no van de acuerdo con la democracia”, concluyó Eugenio Sosa.

“Mel” Zelaya asegura que va por el paro nacional y un frente amplio electoral

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –El coordinar del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, aseveró en las últimas horas que junto a su partido político está intensificando la organización, movilización y estrategia de lucha hasta concretar el paro nacional y elecciones limpias.

Una vez concretado su propósito, el derrocado presidente hondureño establece la conformación de un frente amplio, integrado por diversos sectores, para derrotar a la dictadura que encabeza el jefe del régimen, Juan Hernández.

La propuesta de Libre se origina en un amplio pronunciamiento titulado: “El absolutismo en Honduras, reflejado en el presupuesto 2020”, donde además del argumento político, centra su discurso en el tema económico, jurídico y social.

La institución política de la oposición convocó en noviembre de 2019  a un paro nacional para sacar del poder a Juan Hernández, por aferrarse a la presidencia de Honduras, mediante un fraude electoral y una reelección ilegítima. Asimismo, por sus acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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Hasta el momento el paro nacional no se ha concretado, e incluso, algunos dirigentes de Libre han confesado públicamente que mientras la empresa privada no se sume a dicho objetivo no habrá ninguna acción para paralizar el país. Sin embargo, en el pronunciamiento emitido la noche del domingo, Libre refiere que su militancia “está intensificando su organización, movilización y estrategia de lucha hasta concretar el paro nacional y elecciones limpias”.

“Es el momento de poner en práctica las lecciones aprendidas de las experiencias electorales de 2013 y 2017 cuando construimos exitosas alianzas sociales y políticas contra la dictadura y en forma clara ganamos las elecciones, como bien lo sabe el pueblo, pero se robaron el poder, lo que nunca más debe ocurrir porque estamos preparados para evitarlo”, reza el texto de once páginas.

Gran acuerdo nacional y el frente amplio

La institución política propone la unidad de los diferentes sectores económicos, sociales, políticos y religiosos, mediante la construcción de un “gran acuerdo nacional”, que fije las bases, la estrategia y las prioridades de corto, mediano y largo plazo para la transformación democrática de Honduras, así como, la organización de un “frente amplio” que derrote la dictadura y cambie este sistema dominante y excluyente.

Propuestas políticas

Como parte de su estrategia política, Manuel Zelaya Rosales propone: la consulta popular, el referéndum revocatorio, el voto electrónico, la identificación con huella dactilar, sistema de transmisión transparente, la no trashumancia política de los representantes electorales, la integración de los organismos electorales nacionales y locales, y un alto al tráfico de credenciales.

Presupuesto 2020

Por otra parte, dice que “la dictadura en Honduras se auto aprobó el Presupuesto 2020 por más de 280 mil millones de lempiras, quebrantando normas establecidas en la Constitución, por lo que la bancada de Libre votó en contra.

En ese sentido señala que el Partido Nacional continúa con la práctica de proyectar bajos ingresos tributarios para después tener una total discrecionalidad en la asignación de recursos para gasto público, provenientes de los “ingresos adicionales que se recauden” y que no están sujetos a asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, lo que “constituye un perverso y consciente fraude de ley, y una posible fuente de saqueo y corrupción”.

El presupuesto aprobado para el año 2020 no incluye las demandas de inversión en el sector productivo-agropecuario, que podía permitir una mejora de las condiciones de vida y el empuje del crecimiento económico, menos aún se incluyen prioridades humanas como la falta de agua en las áreas urbanas y graves problemas ambientales como la sequía en el área rural, cuestiona.

Algunos señalamientos puntuales del pronunciamiento de Libre:

  • En esta década 2009-2019, el Estado ha sido totalmente sometido y plegado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y del capital transnacional. El entreguismo de Juan Orlando y el sometimiento, está retratado en la conspiración transnacional de políticos, militares, empresarios, diplomáticos y religiosos, que rompieron el orden democrático y constitucional, sin importar el sacrificio, persecución y asesinatos contra el pueblo.
  • Continúan impunes: los crímenes de jóvenes para ocultar el fraude de 2017, la reelección ilegal del actual jefe del régimen y el infame Golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que marcarán para siempre esta década de ignominia y represión. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto ha dicho que, si los militares tomaran el poder, se quedarían treinta años. Esta declaración pública, es una afrenta y una amenaza que la sociedad entera rechaza y condena.
  • En una década se ha desnaturalizado y destruido el Estado de Derecho a través del manoseo a la Constitución, con reformas que derogan leyes garantes de derechos individuales y sociales; y la creación de leyes antidemocráticas orientadas a concentrar el poder para facilitar el espionaje, la persecución y los encarcelamientos como regla.
  • Se perdió por completo la separación de poderes, las fuerzas militares y policiales, operan junto a fiscales y jueces, criminalizando y entablando juicios sumarios a selección del Consejo de Seguridad y Defensa que dirige Juan Orlando a su conveniencia.
  • El ciclo para imponer el pensamiento único se complementa a través de las corporaciones mediáticas, creando falsas apreciaciones sobre la realidad, ahora con gran velocidad y capacidad, mediante las fake news (noticias falsas), con los troll robotizados, los bots automatizados y los chat-bots en las redes.
  • La política de seguridad es un fracaso y funciona bajo la orientación del Comando Sur y con la vil complicidad de grupos de sociedad civil y cúpulas religiosas corruptas a quienes no les importa la siniestra “estrategia de limpieza de clase”, a todas luces deliberada y solo posible bajo la égida terrorista de fuerzas extrajeras en un territorio ocupado.
  • Los capos del crimen organizado ante el inminente peligro de ser asesinados sumariamente, como ha ocurrido en cárceles de presunta alta seguridad, prefieren entregarse a los Estados Unidos.
  • El caos de la inseguridad también está en el régimen penitenciario, que alberga escuadrones de la muerte responsables de actos paramilitares dentro y fuera del recinto.
  • La impunidad es un asunto de supervivencia para la dictadura y es por ello que no puede combatir el crimen de narcotráfico y la corrupción. Debemos estar convencidos que la justicia selectiva y la impunidad continuarán, en tanto el sistema esté al servicio de quien dirige el Estado y cooptado por el crimen organizado y el narcotráfico.
  • Cuando sólo se combate la corrupción de personas se oculta la del sistema. El sistema capitalista no puede sostenerse sin que medie la corrupción que se mueve a sus anchas y cada día crece, en el sector privado y público.
  • La continuidad del Convenio original de la MACCIH representaba una remota posibilidad de conocer la verdad sobre grandes casos de corrupción del Estado, que han permitido a quienes ostentan el poder, permanecer impunes. Los resultados de la MACCIH-UFECIC, aunque limitados, han servido para evidenciar gran parte de la clase política y empresarios, que se encuentran bajo sospecha por sus actos dolosos.
  • La mayoría de “nuevos ricos” no podrían explicar de ninguna forma racional las enormes fortunas y privilegios de los que hoy gozan.
  • Nuestros bosques, cuyos límites permisibles de corte fueron aumentados ilegalmente y sin ninguna justificación, por el Instituto de Conservación Forestal, están sometidos al saqueo y depredación; las cuencas hidrográficas han sido devastadas, mientras se continúa otorgando permisos para las dragas que están destruyendo el lecho de los ríos y las fuentes de agua; y persisten las concesiones y explotación a cielo abierto, intensificando el daño al medio ambiente y a la vida de la gente.
  • El desangramiento provocado por la deuda pública afectará a 5 generaciones y solo en 2020 nos obliga a pagar 42 mil millones de intereses y capital al sector financiero.
  • La deuda pública decretada en el presupuesto 2020, es la mayor partida presupuestaria de la historia.
  • Comprar armas o financiar con préstamos un centro gubernamental sin planificación urbanística, y a las ONGs de la corrupción, desconociendo la escasez de medicinas, pupitres, textos, médicos y maestros, es un crimen recurrente en esta dictadura.
  • Los datos de la CEPAL nos revelan, que en 2009 la deuda ascendía a menos de 3 mil millones de dólares. En una década la deuda ha sido cuadruplicada y de acuerdo con la información oficial ronda los 12 mil millones de dólares, sin considerar el endeudamiento aprobado para el 2020 que, según el Foro Social para la Deuda Externa, Fosdeh, es mucho mayor una vez que se incluyan las sumas por deuda flotante no reportada.
  • Al país no están llegando nuevas empresas para crear empleos, transferir tecnología y aumentar el crecimiento. Finalizamos el 2019 con un crecimiento económico pírrico de entre 2.8% y 3.0%. Las mismas autoridades de facto reconocen que la inversión extranjera se redujo en más del 40% durante el primer semestre. La inversión nacional está deprimida y estancada. Alrededor del 65% de la inversión extranjera es reinversión de utilidades.
  • La realidad demuestra que 6 de cada 10 hondureños están abiertamente desempleados o con subempleos; 6 de cada 10 hondureños viven en la pobreza y 4 de cada 10 en la extrema pobreza.
  • Honduras se encuentra en una situación que la CEPAL define como la más pobre de todo el continente y no debemos dudar ni por un segundo que, mientras se siga por la misma senda económica, antidemocrática y entreguista, la situación solo se inclinará a ser cada día más dramática.

En alusión a Ricardo Álvarez, Hernández amenaza con correr de su gobierno al que siembre división en el Partido Nacional

Ricardo Álvarez
La convención evidenció cuán dividido está el Partido Nacional. El evento se desarrolló con la ausencia de Ricardo Álvarez; el expresidente Porfirio «Pepe» Lobo y el líder del movimiento Monarca, Roberto Ramón Castillo.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –La convención del Partido Nacional se convirtió este sábado en un mitin del jefe del régimen, Juan Hernández, y evidenció el debilitamiento del partido de gobierno.

La actividad política se desarrolló en la ciudad de Danlí con la ausencia de los líderes del partido de la estrella solitaria que previamente habían anunciado que no asistirían porque están en contra de la imposición que Hernández está haciendo sobre el denominado movimiento “sin cabeza” y que supuestamente está impulsando la precandidatura presidencial del alcalde capitalino, Juan Asfura.

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Fue así como el designado presidencial y líder del movimiento Salvemos Honduras, Ricardo Álvarez; el expresidente de Honduras y coordinador del movimiento Todos por el Cambio, Porfirio “Pepe” Lobo y el líder del Movimiento Nacionalista Rafael Callejas (Monarca), Roberto Ramón Castillo, optaron por no asistir a la convención, contrario al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que al final llegó y se abrazó a Hernández.

A la convención “cachureca” llegó además de Oliva el alcalde capitalino, que fue vitoreado por los presentes al momento de ser presentando por el gobernante, quien lo anunció como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Nacional.

Hernández presentó también como precandidato a Mauricio Oliva.

Ricardo Álvarez
El jefe del régimen, Juan Hernández, presentó en la convención de este sábado como precandidatos presidenciales del Partido Nacional al alcalde capitalino, Juan Asfura y al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Elecciones internas

En los últimos meses se ha rumorado sobre la supuesta intención de Hernández de cerrar los espacios para imponer la  candidatura presidencial nacionalista, e incluso, la oposición política ha advertido que la pretensión del gobernante es seguir en el poder y postularse a una segunda reelección.

Ante las versiones en su contra, hoy durante la convención, Hernández aseveró que su partido irá a elecciones internas. “Hoy se abrió la pesa y el “Partido Nacional tiene sus candidatos y vamos a elecciones internas con respeto y promoviendo la unidad”, expresó.

Amenazas

Previo al anunció, el jefe del régimen hondureño amenazó con separar de sus cargos a aquellos funcionarios que atenten, según él, contra la unidad del Partido Nacional. Se puede colegir que la advertencia fue dirigida hacia el designado presidencial, Ricardo Álvarez, quien recientemente confesó ante medios de comunicación que no tiene funciones en su cargo público, porque Hernández no le asigna responsabilidades.

El viernes, Álvarez dejó entrever mediante un mensaje de Twitter que está siendo víctima de amenazas, atropellos y presiones.

“La unidad total se da cuando hay respeto, inclusión y buen trato. Unidad total es cuando no hay amenazas, atropellos ni presiones. Unidad total es cuando dejas en libertad a cada individuo de elegir con quien estar. Reflexionemos, estamos a tiempo. Unidad total es que todos cuenten”, escribió en la red social Álvarez.

Las amenazas denunciadas por el designado presidencial fueron confirmadas la mañana de este sábado cuando Hernández, en el marco de la convención, dijo tajantemente: “Yo quiero pedirle a todos los líderes de mi partido, desde la base hasta los que ahora aspiran a Presidente, que cuidemos la unidad del partido, la democracia permite ir a elecciones internas y así debe ser, pero con respeto, con prudencia, con pasión también, pero no se vale meterle zancadilla a la gente, no se vale agredir al hermano nacionalista, no se vale irrespetarlo porque ya hemos visto  en el pasado que cuando queda heridas y el partido se divide, el partido pierde y Honduras pierde”.

A renglón seguido Hernández lanzó la advertencia al decir, “el funcionario que trabaje conmigo, que se salga de esa raya no va a seguir trabajando conmigo. Quiero advertirles, el líder o lideresa que no entienda la magnitud de la unidad de la democracia, del respeto, haga daño al partido, el partido le va a hacer justicia y todos nosotros los buenos nacionalistas le vamos a hacer justicia”.

Nominalmente Ricardo Álvarez—aunque haya revelado que no tiene funciones dentro del gobierno—devenga un salario como designado presidencial, cargo que no puede ser objeto de destitución por parte del titular del Poder Ejecutivo porque es de elección popular. Sin embargo, la ilegalidad es una patente que identifica al jefe del régimen, quien se mantiene en el poder a base de una ilegítima reelección y de un fraude electoral.

Miedo

Durante la convención del Partido Nacional, Hernández reavivó las consignas conservadoras del Partido Nacional. En primera instancia se jactó de ser fiel seguidor y de los lazos sanguíneos de su esposa con el dictador Tiburcio Carías Andino. También aprovechó el momento para meterle miedo a sus simpatizantes al decir que el Partido Nacional es la única alternativa para que Honduras goce de paz y tranquilidad y evite que la izquierda llegue al poder, porque es anarquista, ataca la economía y la religión.