Condenan por desfalco en ente de pensión de abogados, mientras en el de periodistas continúa impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un tribunal anticorrupción condenó este viernes a un ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y a otras seis personas, entre ellas un ex gerente y un auditor del ente de pensiones de los profesionales del derecho por un millonario desfalco, mientras en el de los periodistas sus dirigentes buscan se les amplie en el Congreso Nacional un escudo de impunidad para no rendir cuentas en el Instituto de Previsión de los comunicadores.

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El ex presidente del CAH y de la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, Olvin Antonio Mejía, sería condenado a cumplir una pena de cárcel entre 8 y 16 años por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, al igual que al ex gerente del ente, Jose Argeñal Cerrato por el mismo delito, según el fallo leído por una juez del circuito anticorrupción.

También se condenaría a cumplir una pena entre 8 y 12 años, al ex auditor Interno del ente de pensiones de los abogados, Héctor Rodolfo Andino. Mientras que se condenaría a entre 4 y 8 años de cautiverio a  Pastor Valladares, Oscar Reinaldo Santos, Franciso Valladares y Rossel Euraque por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, en el grado de cómplices.

Los imputados fueron condenados por el desfalco de poco más de 30 milllones de lempiras, pero aún restan otras cinco líneas de investigación por el ilícito contra el ente de pensiones de los abogados, que alcanzaría una pérdida mayor a los 500 millones de lempiras.

La pena a los acusados será precisada en una nueva audiencia convocada para el 27 de septiembre.

El desfalco en el ente de pensiones de los abogados ocurrió presuntamente entre los años 2008 y 2012. El ex presidente del CAH, Oscar García, entre 2008 y 2010, falleció después de que fuera imputado.

La condena contra el ex presidente del CAH, entre 2010 y 2012 y el ex gerente y ex auditor y otras cinco personas imputadas como cómplices, ocurre cuando los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), buscan que en el Congreso Nacional les apruebe una ampliación de un decreto que permite que administren los fondos del ente de pensiones de los comunicadores, sin la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los directivos del CPH encabezados por el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, pidieron al Congreso Nacional les apruebe una ampliación del decreto 59-2000, que excluye al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas.

El decreto  de la impunidad, 59-2000 establece: “ARTICULO 1.- Interpretar los Artículos 2 y 64 del Decreto No. 190-85 del 30 de noviembre de 1985, conocida como “Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista”, en el sentido de que siendo un organismo de derecho público no estatal gremial si fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales de conformidad a su Ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.

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Ahora los dirigentes del CPH, en el proyecto de decreto presentado por el diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas, pretenden una ampliación para que el ente no pueda ser demandado en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pretendiendo bloquear juicios de afiliados en marcha que pondrían al descubierto el otorgamiento de pensiones en montos por debajo de lo que establece la ley del IPP.

El ente de pensiones de los periodistas, es el único que goza de este privilegio de ser excluido de la auditoría de órganos como la CNBS, inconstitucional al violar el artículo 60 de la constitución, que dice que en “Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.

                                     OCULTAN DIRECTIVOS DE PERIODISTAS

Los directivos de los abogados, entre ellos el ex presidente, José María Díaz, pidieron la investigación en el Ministerio Público del desfalco de fondos en el ente de pensiones de los profesionales del derecho, mientras que en el de los periodistas, el ex presidente, Eduin Natividad Romero García y el presidente actual Dagoberto Rodríguez Coello, rechazan la auditoría de la CNBS y someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Las arbitrariedades, el despilfarro y desangramiento de fondos en el ente de pensiones de los periodistas han quedado al descubierto en casi 40 artículos de investigación publicados por CRITERIO, desde mediados del año 2015.

El ente de pensiones de los periodistas, es el único de los institutos de previsión que nunca ha sido auditado actualmente por la CNBS y en el pasado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH).

Los directivos del ente de pensiones, jefeados por Rodríguez Coello, se niegan a entregar información de las operaciones financieras y administrativas ha afiliados que la han solicitado, al grado que han presentado ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar lo pedido por resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Los periodistas, directivos del CPH y del ente de pensiones, han gastado casi medio millón de lempiras pagando 30.000 lempiras por cada recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, recurso ante el IAIP, el pago de asesorías y consultorías de un ex fiscal del Ministerio Público, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un abogado y analista nacionalista, y dos abogados, uno de ellos de la plantilla de empleados del IPP, y una abogada que los representan en juicios en los tribunales.

“Es sintomático que los dirigentes del CPH prefieran gastar más de 500.000 lempiras en pagar abogados, por tal de no transparentar las operaciones del ente de pensiones de los periodistas. Lo más facil y menos costoso sería rendir cuentas, si es que no tienen situaciones financieras que quieran esconder”, dijo a CRITERIO el periodista, Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del ente de pensión de los comunicadores.

Vigilancia de redes sociales es parte de la doctrina de terror del gobierno: Edy Tábora

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La vigilancia en las redes sociales es parte de la doctrina de terror del gobierno para inhibir a los ciudadanos a participar en los asuntos de interés público, dijo el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora.

El defensor de los derechos humanos reaccionó ante las declaraciones vertidas por el gobernante, Juan Hernández, en cuanto a establecer el grado de culpabilidad en un hecho delincuencial y criminal de los ciudadanos a través de lo que publiquen en las redes sociales.

Tábora manifestó que lo expresado por Hernández no es nada nuevo porque desde hace mucho tiempo el gobierno viene dando vigilancia a las redes sociales de la ciudadanía que participa en protestas.

Dijo además que las declaraciones de Hernández son parte de la doctrina de terror del gobierno e intimidaciones y aunque se refiera de manera concreta a los miembros de la barras de fútbol, eso no significa que el mensaje no vaya dirigido para todas las personas que utilizan las redes sociales como un mecanismo de crítica o de cuestionamiento por las cosas que suceden en el país.

La acción del gobernante, “genera un mecanismo para que las personas se inhiban a seguir participando en asuntos de interés público en las redes sociales y eso precariza aún más la libertad de expresión”, concluyó el director de C-Libre.

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Vigilancia

Sumergido en su campaña de violencia de las barras de los equipos de fútbol, el gobernante de Honduras, Juan Hernández, expuso el martes que a través de las redes sociales se puede establecer el nivel de peligrosidad de las personas.

Las controvertidas declaraciones de Hernández fueron vertidas el martes durante una comparecencia ante medios de comunicación y donde remarcó su estrategia de criminalizar a las barras de los equipos de fútbol y de su asociación con las maras y pandillas.

Según Hernández las redes sociales servirán para determinar quiénes son los miembros de las barras de fútbol que están ligados con las maras y pandillas y quienes de ellos son de alta peligrosidad.

En Honduras hay un mal abordaje para la protección de periodistas

Consultado sobre la forma en la que opera el Mecanismo de Protección a Periodistas, Abogados y Defensores de Derechos Humanos, el director de C-Libre respondió que hay un mal abordaje.

Para Tábora la respuesta del Estado a los periodistas y comunicadores sociales es casi la misma, pues el enfoque es asignarle policías o militares, lo que a su juicio es una medida inadecuada porque los periodistas cuidan las entrevistas con las fuentes.

El defensor de los derechos humanos dijo que el simple hecho que en una entrevista esté presente un policía o un militar pone en riesgo tanto al periodista como a la fuente.

A su juicio, el Mecanismo está haciendo un manejo inadecuado de las medidas de protección hacia los periodistas y tampoco se ve voluntad política del gobierno porque sus autoridades tienen un discurso estigmatizante hace la prensa.

Presentan nuevo proyecto de decreto para más impunidad de directivos de periodistas

El diputado y empresario de medios de comunicación del departamento de Atlántida, Rodolfo Irías Navas, se convierte en aliado de los directivos del CPH en su cruzada por la impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lograron a través de sus aliados políticos en el Congreso Nacional, la presentación de una reforma a la ley del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en busca de sustraer al ente de la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de bloquear demandas de afiliados que ponen al descubierto normas ilegales adoptadas para esquilmar la pensión de los afiliados.

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Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del Poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal. Sin embargo, hoy se conoció que en medio de dichas deliberaciones los directivos del gremio periodístico pidieron nuevamente que se reforme la ley del IPP, que les otorga un escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El proyecto de decreto, que busca otra reforma de la ley del ente de pensiones de los periodistas, fue presentado el jueves por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, con miras a que el IPP no pueda ser demandado en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, que es donde corresponde por ser “un organismo de derecho público”, según lo consigna su ley de creación.

Complaciendo la petición de los directivos del CPH, el diputado y ex presidente del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas, presentó una reforma al decreto 59-2000, encaminada a eximir al IPP de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contrario a lo que establece su ley de creación.

“Los conflictos y demás relacionados a la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista, no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser esgrimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”, dice la reforma propuesta por Irías Navas.

Irías, en su argumentación para justificar la reforma, dice que el IPP es una institución que representa intereses gremiales por lo que su gestión corresponde a sus afiliados sin intervención del gobierno. Agrega que se ha generado confusiones indebidas e interpretaciones que pretenden someter las actuaciones de naturaleza laboral y otras actuacciones o decisiones del Institito de Previsión Social del Periodista a la competencia de lo Contencioso Administrativo.

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La reforma propuesta por Irías Navas dice textualmente:

“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y  64 del decreto 190-85 de fecha de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual deberá leerse de la siguiente forma: Artículo 1.  Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales y de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de esta en otro miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral.

 

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Pero el diputado nacionalista Irías Navas obvia decir que el decreto 59-2000 es utilizado por los directivos del CPH para evitar que el ente de pensiones de los periodistas sea auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, violando el decreto 60 de la Constitución que establece que: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.

Los directivos de los periodistas recurrieron a sus “amigos” diputados en el Congreso Nacional para obtener un segundo blindaje de su escudo de impunidad, después de más de cuatro años de violaciones reiteradas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negándose a entregar información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones.

“Los directivos del Colegio de Periodistas nuevamente acuden al Congreso Nacional por más impunidad, lo que evidencian, es que son parte del pacto de Impunidad que empobrece a Honduras. A nosotros como afiliados del IPP nos esquilman el derecho a una pensión justa”, dijo el periodista Gustavo Palencia, que solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del organismo.

Estos periodistas en esta nueva incursión en el Poder Legislativo, pidieron, además de conservar el escudo de impunidad que les aprobaron en el año 2000, una  ampliación para evitar que el Instituto pueda ser demandado por sus afiliados en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, donde corresponde, por ser el IPP “un organismo de derecho público”.

Varios afiliados han presentado demandas contra  el IPP en los juzgados de lo Contencioso Administrativo (demandas que están en proceso), debido a que los directivos les han otorgado pensiones disminuidas en más de un 50 por ciento, al margen de la ley, lo que constituye un fraude para los periodistas que se jubilan.

Los directivos del CPH, varios de ellos también miembros de la dirigencia del IPP, rechazan tenazmente la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se niegan a entregar información a sus afiliados y a ciudadanos, a lo que están obligados, debido a que captan transferencias del Estado.

“Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino al ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por la vía civil”, dijo Dagoberto Rodríguez Coello, en su cuenta de twitter @darocohn.

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Rodríguez Coello, jefe de redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, y  el ex presidente de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fueron multados con más de 26.000 lempiras el primero, y 8.000 lempiras el segundo, por violar reiteradamente la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El jefe de redacción de La Prensa en Tegucigalpa ha gastado casi medio millón de lempiras en abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de resoluciones del IAIP, que ordenó al IPP entregar información, y han erogado importantes recursos en asesorías y consultorías para ese mismo fin.

Los dirigentes del IPP, han operado sin ninguna auditoría de la CNBS más de 400 millones de lempiras, y rechazan tenazmente publicar información de sus operaciones en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Los fondos del ente de pensiones de los comunicadores han sido desangrados desviando recursos importantes en otorgar un millonario salario y privilegios al eterno gerente de la institución, que debieron ser destinados a las pensiones y beneficios de los afiliados.

A los periodistas afiliados se les viola su derecho a la igualdad ante las leyes, y se les coloca en estado de indefensión, al no cumplirse la obligación del Estado de tutelar su derecho a la previsión social.

Mario Cálix: “Estaría pidiendo en la calle con la pensión del instituto de los periodistas”

El veterano periodista, uno de los fundadores del CPH, dice que dirigentes del gremio abandonaron los principios que dignifican la profesión

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El veterano periodista Mario Cálix Meléndez está decepcionado porque los principios de solidaridad y bienestar común que alentaron la creación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), fueron abandonados por los dirigentes, y piensa que si le huyen a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el ente de pensiones de los comunicadores, es porque “algo está putrefacto”.

Mario Cálix“Se degeneró el principio que creó el Colegio de Periodistas por parte de un grupo de amigos periodistas empíricos y algunos profesionales”, dijo Cálix Meléndez, uno de los siete periodistas llamados “Grupo de los Notables” por los mismos dirigentes actuales del CPH, que los describen como “memorables colegas” y les atribuyen el mérito de impulsar la creación de la organización en el año 1979.

El “Grupo de Notables” promovió también la creación en 1985 del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), que fue impulsado como complemento del CPH, cuyo propósito fue mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los comunicadores, en tanto que el ente de pensiones buscaría garantizar una jubilación digna.

Los directivos del IPP, en una crónica de los orígenes del CPH y del instituto de pensiones ( lo único que publican en la página del Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública), incluyen en lo que ellos denominan “El Grupo de Notables”, además de Cálix, a los periodistas Fredy Cuevas, Armando Cerrato, Leonardo Galindo y a otros tres ya fallecidos.

“El Colegio de Periodistas se creó para unos principios solidarios de proteger al periodista, dándole beneficios sociales, y en sí, convertir al Colegio de Periodistas en un ente que beneficiara a los afiliados”, agregó Cálix en una entrevista con CRITERIO.

El periodista, de 68 años, trabajó más 40 años entre las décadas de 1970 y el año 2015 en el desaparecido diario El Día, el matutino El Heraldo, el noticiero televisivo Hoy Mismo y en instituciones de gobierno, en el área de la comunicación y relaciones públicas, e incursionó como escritor de al menos tres libros.

Sus obras, “Diario de un Tiempo Perdido”, “Mundo Paralelo” y “Dejavú”, contienen relatos, historias, anécdotas y notas periodísticas relevantes que no fueron publicadas en los medios en los que Cálix laboró. En su retiro, en su natal Olanchito, escribe la columna “Diario de un Tiempo Perdido” en el diario El País de San Pedro Sula.

Cálix relató que el modelo que pretendían seguir los periodistas que auspiciaron la creación del CPH, era el del Colegio de Periodistas de Venezuela, en la década de 1970, que poseía una sala de cine, un centro de exposiciones culturales, una revista semanal de investigaciones, una librería y hasta hotel en la ciudad marítima de La Guayra, que tenía enorme demanda de usuarios.

“La visión era mejorar las condiciones sociales, la dignificación en sí de la carrera del periodismo, sin embargo, la visión se ha trastocado porque se han abandonado todos aquellos principios”, comentó.

Desde el CPH, se impulsó la creación del ente de pensiones de los periodistas, gestionando la aprobación en el Congreso Nacional de un decreto legislativo en 1985, que dio vida a partir de 1987 al Instituto de Previsión Social del Periodista, con la esperanza de que los comunicadores tuvieran un retiro digno.

Pero el instituto, administrado por los mismos directivos del CPH, entrega a los jubilados pensiones que en su mayoría oscilan entre 2.000 y los 4.000 lempiras, mientras se desvían los fondos del sistema de previsión en el pago de abultados salarios, beneficios y privilegios a ejecutivos y empleados, entre los que el mayor beneficiado es el vitalicio gerente, Omar Calderón.

Las pensiones son tan míseras, que al periodista Mario Valladares Fonseca, a la edad de 60 años y después de más de 20 años de aportar al instituto, el gerente Omar Calderón, quien devenga un salario que ronda los 90.000 lempiras, le ofreció una pensión de 1.000 lempiras.

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Este trato a los afiliados que solicitan su pensión, ocurre mientras se desangran los fondos del ente de pensiones, y los directivos del IPP, jefeados por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, rechazan la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los directivos de los periodistas han pagado también casi 500.000 lempiras a abogados por consultorías, asesorías y por presentar más de ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, huyendo de la aplicación de la ley de Transparencia en el IPP.

“Lo cierto es que si el Colegio – a través del IPP – maneja fondos del Estado, por ley tiene que ser revisado, auditado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”, dijo Cálix.

“Si existe ese rechazo de esa auditoría es que algo anda mal ahí, algo está putrefacto”, sostuvo.

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                                  ALERTA A PERIODISTAS

Cálix criticó la apatía de los periodistas miembros del CPH y afiliados al IPP. “No les preocupa la situación del Colegio, pero esa actitud va a cambiar al momento que les toque retirarse de la profesión o jubilarse, porque ahí van a encontrar problemas, que yo me he enfrentado a ello”.

El periodista y escritor, que prefirió jubilarse en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y no en el IPP debido a las pobres pensiones que se pagan en el ente de los comunicadores, recién se presentó a las oficinas del IPP a que  le devolvieran las aportaciones al sistema.

“Yo pido que me devuelvan lo aportado al IPP y resulta que sólo me dan las aportaciones que corresponden a lo que yo entregué (aportaciones personales), pero no me dan lo que aportaron las empresas en las que trabajé”, dijo.

Pero solo le devolvieron las aportaciones personales de una de las empresas en las que laboró como periodista. “Trabajaba al mismo tiempo en dos empresas”, dijo Cálix, quien gestionó con el gerente del IPP, Omar Calderón, la devolución de sus aportaciones.

El gerente y los directivos del IPP, amparándose antojadizamente en normas arbitrarias inventadas por ellos, le han devuelto a unos pocos afiliados, parte de las aportaciones personales, o bien, las han colocado en un sistema privado de pensiones, mientras que a otros se las han negado.

Cálix destacó que hace cuatro o cinco años el mismo Calderón le aseguró que si él solicitaba la devolución de sus aportaciones, el IPP le devolvería 20.000 lempiras.

“Hace cuatro o cinco años me dijo – Calderón — que me correspondía regresarme 20.000 lempiras, pero ahora me sale con 12.000 lempiras”, comentó.

Recordó que antes de jubilarse en el Injupemp, en el año 2015, en donde sus aportaciones en 10 años y seis meses sumaban entre las cotizaciones personales y del patrono, 200.000 lempiras, Calderón le propuso trasladar sus fondos al IPP.

“Omar me dijo que trasladara esos fondos para el Colegio – el ente de pensiones de los periodistas –, y le pregunté yo, ¿cuánto me va tocar como jubilación?, como 2.500 lempiras – le respondió el gerente –, irrisorio eso”, comentó Cálix.

“El Injupemp me está otorgando una pensión de 11.000 lempiras por esos mismos 200.000 lempiras. Algo anda mal en el Colegio de Periodistas y también en el IPP”.

 Cálix aseguró que si hubiese aceptado la propuesta de jubilarse en el IPP, “estuviera pidiendo en la calle. Es vergonzoso una jubilación de 2.000 o 3.000 lempiras”, dijo el veterano periodista.

Se gesta nueva asociación de periodistas ante desprotección en el CPH

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un grupo de periodistas inició el sábado el proceso de creación de una asociación debido a la falta de rendición de cuentas, beneficios, protección del ejercicio profesional, exclusión, ausencia de democracia y transparencia en el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y su ente de pensiones.

«No estamos pensando en un nuevo Colegio, vamos a crear una asociación para desligarnos del yugo al que nos han sometido durante años un grupito en el Colegio de Periodistas de Honduras», dijo CRITERIO, el periodista Martín Ramírez.

Los periodistas que iniciaron el proceso de organización, se quejan por la ausencia de democracia en el CPH, al establecerse una «dictadura» através del llamado «Movimiento Álvaro Contreras», jefeado por un grupito de comunicadores de la «vieja guardia», cuya gestión se caracteriza por la ausencia de rendición de cuentas con las aportaciones gremiales y en el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP).

También, la exclusión de beneficios como la capacitación, acceso al ente de pensiones, protección del ejercicio profesional y la exigencia de un salario digno para un comunicador con formación universitaria.

periodistas

Los comunicadores en esta primera reunión, en un céntrico local en el casco histórico de Tegucigalpa, a la que acudieron casi una veintena de profesionales, decidieron impulsar la creación de la Asociación de Periodistas Profesionales y de la Comunicación de Honduras.

«El Colegio de Periodistas no representa nuestras necesidades, nuestras aspiraciones profesionales, estamos buscando crear una organización que tenga respuestas para los profesionales de la comunicación», dijo a CRITERIO el periodista de radio, Óscar Morán.

«El Colegio de Periodistas debería tener transparencia, debería de rendirnos cuentas porque somos pensantes», agregó.

El periodista Gustavo Palencia pide hace cuatro años información con poco éxito sobre las operaciones financieras y administrativas del IPP, la que los directivos se niegan a entregar por lo que han sido sancionados con multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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El presidente del CPH y el IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, fue sancionado con una multa de más de 26.000 lempiras por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al negarse a publicar la información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

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Antes, el ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor de la organización gremial, fue sujeto de una multa de 8.000 lempiras por no entregar información, la que 3 años después no suministra, en abierta desobediencia a resoluciones del IAIP.

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«No hay democracia, todo es unilateral, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas en el CPH, hay un grupito que decide. Estamos buscando la manera de cómo de manera separada del Colegio, buscamos una jubilación o un retiro de la profesión más digno», dijo Morán.

Violador de ley de transparencia pretende liderar cruzada por la libertad de expresión

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, llamó a que lo acompañen en una lucha para evitar que se ponga en vigencia el nuevo Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión, pero no anunció cuando cesará en las violaciones a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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«Ese Código Penal pretende aniquilar la poca libertad de expresión que nos queda. Anunciamos desde este momento que comenzamos una lucha con la ciudadanía, los medios de comunicación y con todos aquellos que quieran unírsenos para lograr su inaplicabilidad», dijo Rodríguez.

Rodríguez, quien también fue ministro de Prensa en el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro, habló la noche del sábado en un acto en un hotel de San Pedro Sula, en el que la dirigencia del CPH entregó su premio anual al comunicador sampedrano Salomón Salguero.

Ley de Transparencia
El presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, entrega el Premio «Álvaro Contreras» al veterano periodista Salomón Salguero.

«Como primer paso acudiremos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare su inaplicabilidad por violentar la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión», dijo el periodista jefe de la redacción del diario La Prensa en Tegucigalpa.

Pero Rodríguez se abstuvo de decir cuándo abandonará la guerra que libra contra la transparencia, para evitar publicar y entregar información de las operaciones financieras del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), a solicitantes de información, necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión.

Rodríguez, desde su cargo también de presidente del IPP, se niega a cumplir en tiempo y forma con la entrega de información solicitada al ente sobre sus operaciones financieras y a colocar su información en el Portal Único de Transparencia.

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El presidente del CPH no solo rechaza que el ente se someta a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que se opone a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite las operaciones financieras y administrativas del ente.

El IPP es el único ente de pensiones que nunca ha sido auditado por la CNBS, pese a que su ley se lo manda, al igual que en los casos del ente de los militares, maestros, empleados públicos, abogados y el Seguro Social que sí son vigilados.

«Es increíble que el presidente del Colegio pretenda erigirse en un luchador por la libertad de expresión, cuando él viola este derecho de los ciudadanos cuando se niega a entregar y publicar información financiera y administrativa del Instituto de Previsión Social del Periodista», dijo el periodista Gustavo Palencia, que desde hace cautro años solicita con poco éxito información al ente de pensiones de los comunicadores.

El presidente de las juntas directivas del CPH y del IPP, desde enero de 2017, en su tenaz lucha para evitar entregar información solicitada por periodistas afiliados, presentó al menos ocho recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pretendiendo que no se aplique al IPP la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Rodríguez, en esta guerra contra la transparencia, fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con una multa de poco más de 26.000 lempiras y fue calificado con cero por ciento en cinco ocasiones en la evaluación de cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no publicar información de sus operaciones financieras y administrativas en el Portal Único de Transparencia.

No es la primera vez, que el también empleado del grupo de medios Organización Publicitaria (OPSA), que opera revistas, diarios y canales de televisión, se atreve a nominarse en su pretensión de liderar cruzadas, aunque no ha logrado su propósito.

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En mayo de 2018, también en un día del Periodista, Rodríguez llamó a lanzar una cruzada contra la corrupción, pese a que desde que asumió en el cargo, en el 2017, oculta información financiera del ente de pensiones de los comunicadores.

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«Quiero mencionar que desde el CPH abogamos por un combate frontal a la corrupción y al saqueo de los dineros — del Estado –. Por eso desde este lugar proponemos una cruzada de la sociedad civil para extirpar este cáncer», dijo Rodríguez el 26 de mayo de 2018, cuando entregaba un premio al reportero de radio y televisión, Elán Reyes Pineda.

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Es en la gestión de Rodríguez en el CPH y el IPP cuando se han invertido importantes recursos del instituto de pensiones en pagar los servicios de abogados para que recurran ante los tribunales buscando ser excluidos del alcance de la Ley de Transparencia, con el objetivo de mantener oculta la información de las operaciones administrativas y financieras del ente de previsión.

OACNUDH saluda en su día a las y los periodistas de Honduras

 

«En esta ocasión, quiero rendir homenaje a los periodistas que hacen su trabajo todos los días a pesar de la intimidación y las amenazas. Su trabajo —y el de sus colegas caídos— nos recuerda que la verdad nunca muere. Tampoco debe morir nuestro compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión». —António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Celebrado el 25 de mayo, el Día del Periodista en Honduras es una fecha que nos invita a reflexionar sobre los principios fundamentales de la libertad de expresión, la situación de la libertad de prensa en el país y recordar a las y los periodistas que han recibido amenazas, han sido atacados/as o en el peor de los casos, han perdido la vida en el ejercicio de su labor.

En varios países del mundo, la labor de las y los periodistas sigue siendo peligrosa y las muertes violentas de comunicadores destacan estadísticas graves de impunidad. la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución en la que insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los y las periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y asegurar que las y los autores de esa violencia rindan cuentas ante la justicia.

Honduras se sitúa en la posición 146 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2019 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), perdiendo cinco posiciones comparado al 2018.

Tras su visita de país, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos constata en su informe en enero de 2019 que “entre 2001 y 2017 fueron asesinados al menos 76 periodistas” en Honduras.

Por lo anterior, la OACNUDH insta a las autoridades correspondientes a agilizar la investigación y judicialización de los asesinatos de periodistas, a revisar las normativas en cuanto a la libertad de expresión y a garantizar a los y las periodistas el poder ejercer su labor de una manera responsable y segura, sin limitar su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.

La OACNUDH expresa su preocupación por la criminalización de las y los periodistas. De acuerdo con información de C-Libre, desde el año 2003 cerca de 15 procesos penales han sido incoados contra periodistas. Cabe recordar la Observación general n° 34 del Comité de Derechos Humanos que “La existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática.”4

Además, la OACNUDH recuerda el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” La OACNUDH insta al Estado a la revisión del recientemente publicado Código Penal en esta área y reitera la recomendación del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en la que insistió al Estado de Honduras en “la necesidad de despenalizar la difamación, calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil; pues ello es más eficiente para proteger el honor y la reputación de personas sin que constituya una intimidación del uso de la fuerza pública o de la cárcel que afecte la libertad de expresión, especialmente cuando son utilizados por funcionarios públicos para silenciar la crítica.”

La OACNUDH reitera su recomendación hacia el Gobierno de revisar la legislación y las regulaciones que obstaculizan el derecho de acceso a la información pública mediante la revisión de la Ley de Ciberespacio y de la Ley de Secretos, y abordar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación mediante la reforma de la Ley de Telecomunicaciones.

OACNUDH felicita a los y las periodistas de Honduras, que ejercen su profesión con alta competencia y ética y priorizan la agenda de defensa y promoción de derechos humanos en el país. Una prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

En medio de hostilidades a la libertad de expresión Congreso premia a periodistas a puertas cerradas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-En un evento a puertas cerradas y en medio de un ambiente hostil para la libertad de expresión y otras libertadas, el Congreso Nacional de Honduras premio este jueves a doce comunicadores sociales de cara a la celebración del Día del Periodista, el 25 de mayo próximo.

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Al trasladar la ceremonia a otro lugar, el Congreso Nacional de Honduras incurrió en un gasto adicional.

La premiación se llevó a cabo en un restaurante capitalino, que fue cerrado y resguardado por agentes de seguridad del Estado, luego que la junta directiva determinara trasladar la ceremonia de la sede del Poder Legislativo a dicho lugar, con el argumento que la bancada de Libre iba a boicotear la fiesta.

En efecto la bancada de la principal fuerza de oposición política, que se ha declarado en insurrección porque las autoridades del Congreso no quieren nombrar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, había advertido que iba a entorpecer el desarrollo de la ceremonia.

Para mandar un mensaje de popularidad al pueblo hondureño los congresistas de Libre, al ver que la sesión de premiación no se desarrolló a las 8:00 de la mañana en la sede del Legislativo, se trasladaron al capitalino mercado Los Dolores. Desde ese lugar subieron imágenes a las redes sociales posando y comiendo baleadas en los comedores de ese sector populoso del centro de Tegucigalpa.

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Así posaron los diputados de la bancada de Libre en las imágenes publicadas en las redes sociales.

Los diputados de Libre posesionaron en las redes sociales la tendencia de que mientras ellos comían baleadas en un mercado y sin escoltas, los diputados del oficialista Partido Nacional se escondían en un exclusivo restaurante y bajo la custodia de un fuerte contingente policial.

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Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

“Este poder del Estado está comprometido con promover una prensa libre sin cortapisas de ninguna especie y sin los fantasmas de la intimidación que solo son convocados por los fanáticos de la oscuridad y las cenizas”: Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Amenazas a la libertad de expresión

La premiación a los periodistas se llevó a cabo en momentos polémicos debido que el nuevo Código Penal, publicado en el diario oficial La Gaceta del 10 de mayo pasado, contempla los delitos de la calumnia y difamación mediante expresiones difundidas a través de redes sociales, creando así censura previa y por ende un atentado contra la libertad de expresión.

El nuevo Código, que entrará en vigencia hasta el 10 de noviembre, tras un periodo de “vacatio legis” de seis meses y que reduce las penas para los delitos de corrupción, narcotráfico y el crimen organizado en general, ha sido rechazado por la sociedad hondureña, por lo que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha anunciado un diálogo para lograr concesos y hacer algunas reformas.

Honduras sigue siendo uno de los pocos países a nivel mundial que sigue penalizando con cárcel los delitos contra el honor. Por dicha situación se encuentra privado de su libertad el director de Radio Globo, David Romero Ellener.

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Según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en Honduras existen al menos 41 procesos penales que se llevan a cabo en los tribunales de justicia por delitos contra el honor desde el 2013. Trece casos corresponden a periodistas, ocho a políticos partidarios,  tres a sindicalistas, cuatro a defensoras del territorio, dos a defensoras de derechos humanos de las mujeres, dos víctimas que exigían justicia por un pariente asesinado, y un funcionario público. La mayoría por haber divulgado información o haber emitido una opinión respecto a asuntos de interés público.

Mientras se registran esas arbitrariedades, el presidente del Congreso, reconoció a través de su discurso que la libertad de prensa, “es un baluarte de las libertades que solo puede ser conculcada por gobiernos despóticos”.

El 22 de febrero de 2017 el Congreso hondureño aprobó el artículo 335-B del Código Penal, más conocido como “Ley Mordaza”, que establecía penas de hasta ocho años de reclusión por delitos cometidos desde los medios de comunicación. El artículo fue derogado el 14 de septiembre de 2018 con la publicación en el diario oficial La Gaceta, luego de intensos debates y recursos judiciales por parte de organismo que trabajan en la defensa y promoción y defensa de la libertad de expresión.

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Actualmente, el Poder Legislativo discute la aprobación de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, más conocida como “Ley mordaza de las redes sociales”.

La ley ya fue aprobada en segundo debata, solo resta el tercer y último debate su respectiva ratificación. La normativa establece control del contenido con lo que se promueve la censura previa y la violación a la libertad de expresión y el derecho humano al acceso al internet, que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En medio de ese ambiente adverso para el ejercicio de la prensa y la libertad de expresión, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje demagógico a los periodistas y comunicadores sociales, al asegurar que ha dado muestras indubitables de apertura y amplitud de pensamiento para concertar lo mejor para Honduras.

“Ahora mismo están invitados a la mesa de diálogo todos los que deseen expresar su parecer sobre la legislación nacional y particularmente para escuchar lo que los periodistas piensan sobre las normas que paralelamente garantizan la libertad de prensa y tutelan la honra de la personas”, expresó el diputado electo por el departamento de Choluteca, bajo las filas del Partido Nacional.

“Todos los demócratas, de manera natural e instintiva, reconocemos el sitial de honor que ocupa la prensa en la sociedad, porque valoramos su papel esencial para el avance de los pueblos, para el equilibrio de las fuerzas sociales”, dijo Oliva, quien dirige el Poder Legislativo hondureño y denunciado en varias oportunidades por negar el ingreso de periodistas opositores, a ese poder del Estado.

Transparencia

Según el presidente del Congreso, el gobierno hondureño garantiza la transparencia y el acceso a la información público, pese a la existencia de una ley de secretos que blinda la información hasta por 50 años.

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C-Libre exige alto a la criminalización de periodistas por cobertura de caravanas migrantes (+vídeo)

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), exige un alto a la criminalización y estigmatización de periodistas que brindan cobertura y acompañamiento a las caravanas de migrantes.

El ente defensor de la libertad de expresión señala que estas labores de cobertura han tenido como respuesta gubernamental de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos campañas de estigmatización que buscan profundizar el desconocimiento de la población y la desinformación.

Frente a las campañas de desinformación generadas por los gobiernos de origen, tránsito y acogida de migrantes, así como el silencio informativo de las causas que generan la migración, C-Libre destaca la labor de los periodistas que arriesgando su integridad física y en condiciones precarias han realizado la labor de divulgación, acompañando el recorrido de miles de personas expulsadas de su país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en recientes comunicados expresó que la región “ha sido testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos.

La CIDH destacó que las personas se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas que incluyen, principalmente, la situación de violencia e inseguridad, la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales, la pobreza y la falta de oportunidades, y que recientemente han venido a integrar las llamadas “caravanas de migrantes”.

También expresó: “con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados de un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes”.

El informe 2018 de la Oficina del Alto Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (OACNUD), establece que “la narrativa estigmatizante de la caravana [contra] los migrantes que comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales insinuó que el movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, incluidos yihadistas, maras y pandillas, así como también orquestado por la oposición política con “propósitos políticos y criminales”. 

Bartolo Fuentes periodista hondureño que ha sido estigmatizado y amenazado con

meterlo a la cárcel por su acompañamiento a las caravanas de migrantes  

Estas campañas de odio sostenidas por altos funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados Unidos, llevaron como primera acción la detención ilegal del periodista, Bartolo Fuentes, en el Estado de Guatemala el 16 de octubre de 2018, la cancelación de visas y otras sanciones.

Desde entonces, tanto Fuentes como otros periodistas y defensores de derechos humanos han sido hostigados por autoridades migratorias de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. La campaña de desprestigio ha continuado en Estados Unidos por parte del Secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, en su visita a Washington en febrero de 2019.

Frente a esta situación C-Libre expresó las siguientes preocupaciones:

Que según el documento “Rama de Operaciones en el extranjero del sector de San Diego: Caravana Migrantes FY-2019, organizadores, coordinadores, instigadores y medios sospechosos” filtrado supuestamente desde la Inteligencia Estados Unidos-México y publicado por el diario NBC-San Diego, de California incluyen a diferentes defensores de humanos de los migrantes, pero especialmente a periodistas.

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Que se mantienen las campañas de estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado de Honduras y Guatemala para congraciarse con los Estados Unidos de América, con la finalidad de criminalizar a periodistas como Bartolo Fuentes.

Que tanto en Honduras como en Guatemala no presentaron hasta la fecha las acusaciones respectivas contra funcionarios públicos por las violaciones a derechos fundamentales de Bartolo Fuentes, por la detención ilegal y por las campañas de odio.

A la vez exigió al Estado hondureño que:

Garantice a los periodistas y defensores de derechos de los migrantes el ejercicio de su trabajo y que reconozca su labor en función del interés público.

Que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de apología al odio contra la Secretaria de Relaciones Exteriores, María Dolores Agüero.

Que el Estado de Honduras se abstenga de crear falsas acusaciones penales contra el periodista, Bartolo Fuentes, como otros comunicadores que cumplen con su trabajo.

Autoritarismo gubernamental azota libertades públicas en Honduras: C-Libre

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) denunció este viernes que el gobierno de Honduras ha instrumentalizado un caso juzgado contra el periodista David Romero Ellner, utilizando un discurso de odio y manipulando el derecho de las víctimas, al mezclar la moral y el derecho.

Mediante un comunicado, la organización de sociedad civil, refiere además que la finalidad del gobierno es justificar el uso de la fuerza desmedida para allanar Radio Globo y capturar al periodista, David Romero Ellner.

Al hacer la aseveración, C-Libre se refiere a unas declaraciones brindadas el jueves por el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, que al referirse al caso del comunicador social hace acopio de un caso juzgado en el año 2004 y vierte una serie de calificaciones estigmatizantes contra el periodista y los sectores de oposición.

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A continuación el comunicado de C-Libre:

AUTORITARISMO GUBERNAMENTAL AZOTA LIBERTADES PÚBLICAS EN HONDURAS

El Comité por la Libre Expresión ante la captura y reclusión del periodista David Romero Ellner, expresa a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Condenamos la instrumentalización gubernamental de un caso juzgado utilizando un discurso de odio y manipulando el derecho de las víctimas, mezclando la moral y el derecho, para influir en un nuevo caso de interés privado, con la finalidad de justificar el uso de la fuerza desmedida para allanar Radio Globo y capturar al periodista.

Consideramos que las expresiones emitidas por el periodista David Romero Ellner, por las cuales fue condenado penalmente, son catalogadas como insultos que dañaron el honor de una persona deben ser sancionadas pero en el ámbito civil, para lo cual el Estado debió garantizarle un procedimiento expedito para tramitar su reclamo y reparar su derecho.

Rechazamos la violación del principio de independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo quien a través de un comunicado emitido por Casa Presidencial el 26 de marzo anticipó la decisión, que el Poder Judicial emitió a través del Juzgado de Ejecución de no acatar la Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmeritando el Sistema Interamericano ante el Estado de Honduras y poniendo en riesgo a todas aquellas personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH.

La intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial pone en evidencia la denuncia del juez, José Dimas Agüero Echenique, contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien le dijo que “el hombre ordenaba que condenaran al periodista”. Además, las palabras estigmatizantes del Secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, pronunciadas el día jueves 28 de marzo en comparecencia de prensa evidencia el interés del gobierno sobre la captura del periodista.

Por tanto, debemos preguntarnos, ¿La condena y captura del periodista David Romero Ellner tiene consecuencias para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión?

Nuestra respuesta es que sí.

En lo individual:

  • Por la imprecisión con que están redactados lo delitos contra el honor dejan un amplio margen para calificar cualquier expresión como delito.
  • Porque las injerencias políticas impidieron que se le garantizara un debido proceso.
  • Por la calificación de los hechos como un concurso real, permitiendo la sanción desproporcionada que realizó el Tribunal de Sentencia al haber condenado por seis delitos y no por uno solo.
  • Porque la pena de diez años y ocho meses a la que fue condenado el comunicador es excesiva, arbitraria e innecesaria para resarcir el daño ocasionado a la víctima.
  • Por la desobediencia del Poder Judicial ante la obligatoriedad de las resoluciones de la CIDH.

En lo colectivo:

  • Porque la inclusión de estos delitos en la ley penal y la aplicación de sentencia con penas desproporcionadas, poseen el efecto de intimidación y autocensura sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión y afectando no solo a las personas sancionadas, sino a toda la sociedad. Aún cuando diferentes organismos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como de las Naciones Unidas, han recomendado al Estado de Honduras despenalizar las figuras de injuria, calumnia y difamación por ser contrarias a los estándares internacionales en la materia.
  • Por el riesgo que genera para otras personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH que ante el desacato del Estado de Honduras en este caso, les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

De manera exigimos:

  1. Que el Estado de Honduras cumpla con las obligaciones ante el Sistema Interamericano, tal como lo ha demandado este día la CIDH y reconsidere la detención del periodista David Romero.
  2. Que la Corte Suprema se pronuncie al más breve plazo sobre el proyecto de ley de despenalización de los delitos contra el honor.
  3. Que el Congreso Nacional someta al pleno para su aprobación el proyecto de despenalización de los delitos contra el honor.
  4. Que Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) cumpla su responsabilidad de asegurar a toda la población el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

 

Tegucigalpa, 29 de marzo 2019