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Por: OFRANEH

Sambo Creek 21 de Octubre del 2016.- El pasado martes 18 de octubre, a pocas horas que nuestra compañera y coordinadora general Miriam Miranda recibió el reconocimiento Carlos Escaleras -dedicado a los defensores de los derechos a la tierra y bienes comunes- fueron asesinados dos dirigentes del Muca, los señores José Angel Flores y Silmer George.

La guerra de no tan baja intensidad que se libra en el Valle del Aguan, con el propósito de preservar los privilegios de grandes latifundistas en detrimento del campesinado desposeídos, ha tenido como resultado más de un centenar de defensores de los derechos territoriales asesinados, al mismo tiempo que se ha militarizado el valle del Aguán.

La muerte de los compañeros del MUCA resalta la ausencia de protección para aquellos que poseen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH)., y de como las buenas intensiones de las campañas a favor de los defensores territoriales se esfuman ante la agresividad de una élite de poder que recurre al asesinato, como la vía más expedita de resolver los reclamos territoriales y ambientales.

La ausencia de un estado de ley en Honduras, país que a partir del golpe de estado del 2009 entró en una de imparable violencia, ha dado lugar a una dictadura civil de mano dura que no repara en la destrucción del tejido social, amparándose en una militarización vertiginosa del país.

El crimen como un recurso de la élite de poder para lograr sus despojos, se demuestra con el caso de Berta Cáceres, la que fue asesinada el tres de marzo del presente año, sin que los autores intelectuales del delito se les haya formulado cargo alguno. La combinación de ejecutivos de la empresa DESA -propiedad del clan Faraj Atala- asociados con militares, entre ellos un mayor del ejercito, instructor de la tenebrosa Policial Militar; es un indicador de la complicidad del estado con los asesinos.

Como muestra de la política de terrorismo de estado, la represión policial cundió en la marcha pacífica que se dio el día de ayer en Tegucigalpam, frente el Ministerio Público, en la cual la OFRANEH acompañaba al COPINH, en su reclamo alrededor de las enormes inconsistencias y dilación en el caso del asesinato de Berta Cáceres.

En el momento que se iniciaba una ceremonia de invocación a nuestros ancestros, una lluvia de bombas lacrimógenas lanzadas por elementos de la Policía nacional, creó una estampida entre los manifestantes, en su mayoría mujeres y algunos menores de edad, que se habían movilizado desde sus comunidades en los territorios Lenca y Garifuna.

¨Defender sin Miedo¨ es el nombre de la campaña promovida por la Unión Europea, la que impulsó con algunas Oneges el premio Carlos Escaleras, el que puede quedar no más que en palabras huecas si la U.E. y los países cooperantes no hacen presión a la administración de Juan Hernandez, la cual fue aplaudida por los embajadores del , cuando se efectuaron las truculentas elecciones del 2013.

Honduras una vez más viola el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas para el pleno goce de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. No es la primera vez que las fuerzas del Ministerio de Seguridad reprimen al pueblo y utilizan el gas pimienta como una ofensiva, mas que disuasión al disparar las bombas a quemarropa dirigida a los cuerpos de las personas que ejercen su derecho a manifestarse.

No es posible que se nos reciba a los pueblos indígenas -que habitamos Honduras, antes de la instauración de la República- con balas, gases lacrimógenas, chorros de agua, y una violencia desmedida, la cual culminó en una enorme cacería; cuando nos movilizamos hacia a la ciudad capital para exigir nuestros derechos.

Es hora que el Estado abandone su necropolítica y respete los derechos humanos. los que ha venido degradando de forma sistemática en los últimos años.