EE.UU. investiga por narcotráfico a JOH, Ebal Díaz, Julián Pacheco e Hilda Hernández

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El gobernante hondureño, Juan Hernández; el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz; el secretario de Seguridad, Julián Pacheco y la extinta, Hilda Hernández, estarían siendo investigados por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos por su presunta participación en el narcotráfico a gran escala y actividades de lavado de dinero provenientes de la importación de cocaína a la nación del norte.

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Lo anterior ha sido informado este miércoles por la oenegé, Pro Honduras Network, que nuevamente ha sacado a la luz documentos desclasificados por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se ventilan los juicios de los capos de la droga donde se incluye a los líderes de los más sanguinarios y temibles cárteles como el de Los Cachiros, Los Valle-Valle, El Negro Lobo, Fabio Lobo y Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández, hermano del gobernante hondureño.

Según la publicación de Pro Honduras Network, los documentos liberados forman parte de las pruebas presentadas por la fiscalía en el caso de Tony Hernández.

La vinculación de las más altas figuras del Estado hondureño con el narcotráfico, se origina a pocos días de la publicación en el diario oficial La Gaceta del nuevo Código Penal, que reduce de manera sustancial las penas contra los delitos de tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción.

El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre, reduce la prisión por el delito de tráfico de drogas de 15 a 20 años a cuatro y siete años.

Probablemente la clase política, involucrada en el narcotráfico está buscando ser enjuiciada en Honduras para evitar la extradición a los Estados Unidos.

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Actualmente Honduras se encuentra convulsionado por varios sectores de la sociedad que exigen en las calles la no privatización de la salud y la educación. Para mañana jueves y viernes se ha convocado a un paro nacional.

A continuación los fragmentos de la documentación desclasificada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en poder de Pro Honduras Network:


Santos Orellana duda que Hilda Hernández se haya accidentado en helicóptero

POR: Redacción CREITERIO

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Tegucigalpa.-El capitán depurado del ejército de Honduras, Santos Orellana Rodríguez, expresó este miércoles que pone en duda que Hilda Hernández—hermana del jefe de Gobierno Juan Hernández—haya perdido la vida en el accidente aéreo el 16 de diciembre del año pasado.

“Hay cosas que son difíciles de opinar e hipotéticas, pero dentro de uno, sus corazonadas, su experiencia como investigador, como inteligencia, me quedan dudas que la señora Hilda Hernández haya ido en esa aeronave”, dijo Orellana Rodríguez, esta mañana en el programa en La Plaza que dirige la periodista Gilda Silvestrucci y que se transmite por Radio Globo.

Apuntó que con base a su preparación en inteligencia y luego de analizar el caso: “En mi criterio personal, yo estoy seguro que la señora Hilda Hernández, no iba en esa aeronave”, insistió.

También, opinó que es difícil creer que Hilda Hernández y el propio gobernante no se hayan enterado que su hermano Juan Antonio Hernández, alias “Tony Hernández,  estaba involucrado en el narcotráfico.

Según el militar depurado, los tres hermanos Hernández utilizaron las instituciones del gobierno para todas las transacciones irregulares.

Orellana Rodríguez fue dado de baja deshonrosa por las autoridades de las Fuerzas Armadas el 21 de octubre del año 2016, como represalia luego que denunciara que “Tony Hernández” estaba vinculado al narcotráfico.

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La muerte de Hilda Hernández fue oficializada un día antes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara como ganador de las elecciones del 26 de  noviembre a Juan Hernández, en medio de una crisis política sin precedentes en la historia de Honduras y aupada por claras evidencias de un fraude electoral.

La Fuerza Aérea de Honduras informó el mismo día del accidente que, el hecho se produjo en una aeronave tipo Ecuriel AS 350 B-30 matrícula FAH-905, mientras Hilda Hernández se dirigía a su residencia en la ciudad de Comayagua, Comayagua.

La aeronave fue encontrada en la comunidad de Yerba Buena, en el municipio de Lepaterique, localizado al oeste de la capital hondureña, Tegucigalpa.

Revelan que Hilda Hernández pagó L 2.5 millones para controlar a fiscales del caso Pandora

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La fallecida Hilda Hernández habría pagado 2.5 millones de lempiras a fiscales del Ministerio Público para que presentaran a su conveniencia los requerimientos fiscales en el caso Pandora.

Lo anterior lo reveló, Omar Menjívar, apoderado legal de Fernando Suárez Ramírez, actor clave en el saqueo de los 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), bautizado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Señaló que los fondos pagados sirvieron para controlar a la gente en el Ministerio Público y se asignaran responsables de la investigación “coordinados por la oficina de la señora Hilda Hernández” y fue así cómo se definió a quiénes y por qué delitos se acusaba.

“El rol que desempeño ello (Hilda Hernández) era autorizado por su hermano, pero además con el pleno conocimiento de su hermano, el que ejerce las funciones de presidente en el país, con el beneficio directo para él, porque todo se hizo fundamentalmente para financiar la campaña del Partido Nacional”, expuso Menjívar en una entrevista concedida a Radio Progreso, perteneciente a la iglesia Jesuita.

El procurador privado detalló que los cheques que se emitían eran cambiados en los bancos por los beneficiarios, pero que éstos retornaban los fondos a la Casa Presidencial, para las actividades particulares del Partido Nacional y para los lujos que se daba el círculo que comandaba la mafia.

El abogado Menjívar contó que la extinta hermana del gobernante le regaló una lujosa camioneta a Suárez Ramírez, para mantenerlo contento para realizar las irregulares transacciones a través las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras, plataformas utilizadas para drenar los recursos del Estado.

“Le fueron a estacionar cuatro Prados (camionetas) en el estacionamiento de Casa Presidencial” e Hilda Hernández le entregó 30 mil dólares a su defendido para que pactara la prima del vehículo con la agencia vendedora.

Menjívar dijo que el Partido Nacional ha mutado de organización política a organización criminal, dirigida en el plano operativo por Hilda Hernández, que era quien daba las instrucciones a su defendido para que distribuyera el dinero, pero antes le establecía el nombre del beneficiario, el momento, la fecha y los montos de los cheques.

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El abogado manifestó que su conducta ética no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque existen suficientes argumentos y pruebas que fue parte de una red que causó daños a la sociedad hondureña mediante el saqueo a la SAG. Apuntó que su alegato de dejarlo en libertad, bajo la protección de la ATIC, es porque la vida de su defendido corre peligro en manos de las mafias que lideraron el acto criminal.

“Cualquier cosa que a mí me pudiera pasar, es claro que el responsable de eso sería el presidente de la República para abajo”, expresó Menjívar al dejar establecido que su vida corre peligro.

Finalmente, apuntó el Partido Nacional se ha convertido en una organización criminal, porque no es casualidad que el hermano del gobernante haya sido capturado en los Estados Unidos, por estar ligado al crimen organizado.

El viernes anterior se conoció que Juan Antonio “Tony” Hernández fue capturado en la ciudad de Miami, Florida, por cargos ligados al narcotráfico y armas.

Actor clave en caso Pandora declara que JOH es el cabecilla de los saqueos en varias instituciones del Estado

Fernando José Suarez Ramírez declaró ante el Ministerio Público y tribunales de justicia que, además de la SAG se saqueó, el Congreso Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el PANI y el Infop.

Según el abogado Omar Menjívar, su defendido Fernando José Suarez Ramírez, le ha planteado un reto al Ministerio Público y a la MACCIH, para que acusen a los verdaderos responsables del desastre que hay en Honduras.

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Fernando José Suarez Ramírez, uno de los actores claves del caso Pandora, ha revelado ante el Ministerio Público y ante los tribunales de justicia que el jefe de Estado de Honduras, Juan Hernández y la difunta hermana de éste, Hilda Hernández, son los cabecillas de una red criminal que saqueó varias instituciones del Estado.

Lo anterior fue revelado este domingo por Omar Menjívar, abogado defensor de Suarez Ramírez, durante una entrevista proporcionada a la local Radio América.

Añadió que su cliente ha delatado que “lo ocurrido fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto”, dijo Menjívar.

El profesional del derecho se refirió al tema tras conocer la resolución de la jueza natural que conoce el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume. La madrugada de este domingo la jueza determinó dejar a Fernando José Suarez Ramírez bajo la custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al valorar que su vida corre riesgo.

La Defensa alegó que mafias del caso Pandora pueden atentar contra la vida del imputado, logrando acreditar que ha sido víctima de amenazas a muerte contra su vida, la de su esposa, e hija de apenas tres años y de su familia en general.

Menjívar sostuvo que las amenazas recobran mayor fuerza luego que su defendido ha proporcionado información clave ante el Ministerio Público y ante la misma justicia.

El procurador privado enfatizó que su conducta ética y profesional no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque tiene responsabilidad clave, “él fue un participante de todos estos hechos, que consistieron nada más y nada menos que el saqueo de 282 millones de lempiras solo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero se saqueó fondos del Congreso, saquearon fondos de otras instituciones del Estado”.

Añadió que hubo saqueo en el Congreso Nacional, Secretaría de Desarrollo Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y todos, supuestamente, justificados en proyectos dirigidos para la gente pobre, campesinos, mujeres y niños.

Amplió que su cliente no ha llegado a los tribunales de justicia a decir que es inocente, sino que a aceptar su culpabilidad para que se le aplique la ley en la medida que corresponde.

También “ha venido a delatar que los hechos que ocurrieron no fueron hechos aislados que se le ocurrieron a él o a Jacobo Regalado” como se ha manejado por los medios de comunicación e incluso por la misma Fiscalía, dijo Menjívar.

Añadió que su cliente ha delatado que lo ocurrido fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal que lamentablemente es la que dirige al Estado de Honduras y esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva y esa dirección ejecutiva la ejercía nada más y nada menos que Hilda Hernández, por delegación, conocimiento del presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto”, expresó.

Amplió que Fernando Suárez, fue una pieza, a quien se le asignó un rol que “lo cumplía o lo cumplía”. Una vez que se metió a eso, zafarse no está tan fácil; se metió a eso y ahora asume las consecuencias y desde luego ha recibido amenazas a muerte serias”, anfatizó.

Menjívar identificó como cabecillas de la red criminal al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y a la difunta hermana de éste, Hilda Hernández, quienes—aseveró— de acuerdo a las evidencias utilizaron los recursos para financiar campañas políticas.

Apuntó que es reprochable que su defendido haya participado en los actos ilícitos y que se le debe castigar por lo que hizo, pero que hay que reconocerle que está tratando de redimirse y de colaborar para que el Ministerio Público, en primera instancia conozca la verdad y para que la justicia se realice conforme a esa verdad demostrable, “porque no es que son pablaras simplemente de él, sino que hay evidencias suficiente que demuestra lo que está diciendo”.

En conclusión, el abogado dijo que Suárez Ramírez le ha planteado un reto al Ministerio Público y para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) “ahora sí tomen la decisión de acusar a los verdaderos responsables del desastre de este país”.

El abogado sostuvo que su defendido ha declarado ante los tribunales que casi la totalidad de los fondos saqueados en todas las instituciones del Estados, sirvieron para pagar la campaña política de Hernández, tanto desde la campaña interna bajo el Movimiento Azules Unidos en 2012 y después, en la campaña de cara a las elecciones generales de 2013 y la campaña general de 2017.

Además de gastar los fondos en las campañas del Partido Nacional y también del Partido Liberal, Menjívar manifestó que los líderes de las mafias aprovechaban los recursos para enriquecerse personalmente. “Este pequeño grupo orquestador de todo esto. Se compró bienes, casas, terrenos, aquí y en el extranjero, vehículos y se pagaban lujos”.

Durante la audiencia inicial, que finalizó en horas de la madrugada de este domingo, la jueza natural Lidia Álvarez Sagastume, dictó sobreseimiento definitivo a Suárez Ramírez por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y prevaricato y le dictó auto de formal procesamiento por fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.

Se conoce como caso Pandora a la conformación de una red criminal de 38 personas, entre políticos, empresarios y particulares que, entre los años 2010 y 2013, saqueó 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

De acuerdo a las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC, los recursos económicos sirvieron para el financiamiento de campañas políticas de los Partidos Nacional, Liberal y del Frente Amplio.

Fernando José Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se entregó en el pasado jueves a la ATIC.

Noticia relacionada: Dejan bajo protección de la ATIC a saqueador de la SAG

Suárez Ramírez, quien se encontraba prófugo de la justicia, es uno de los 38 señalados en el famoso caso Pandora, que en su mayoría se encuentran en libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la MACCIH de haber defraudado al Estado.

De acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la MACCIH, Suárez Ramírez habría sido el principal socio del exsecretario de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.

El requerimiento establece además que era “el encargado de los fondos públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55 millones de lempiras para su propio beneficio”.

Dejan bajo protección de la ATIC a saqueador de la SAG

Defensa alegó que mafias del caso Pandora pueden atentar contra la vida del imputado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La jueza natural que conoce el caso Pandora, Lidia Álvarez Sagastume, dejó bajo la protección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a Fernando José Suarez Ramírez, uno de los 38 implicados en el saqueo de más de 282 millones de lempiras en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Durante la audiencia de imputado, que finalizó en horas de la madrugada de este domingo, la jueza dictó sobreseimiento definitivo a Suárez por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y prevaricato y le dictó auto de formal procesamiento por fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.

Sin embargo, determinó dejarlo recluido en las instalaciones de la ATIC, bajo la protección de los agentes de esta unidad del Ministerio Público, porque sus abogados acreditaron, supuestamente, que su vida corre peligro.

El abogado defensor Omar Menjívar, manifestó que su conducta ética no le permite argumentar que su cliente es inocente, porque existen suficientes argumentos y pruebas que fue parte de una red que causó daños a la sociedad hondureña mediante el saqueo a la SAG. Apuntó que su alegato de dejarlo en libertad, bajo la protección de la ATIC, es porque la vida de su defendido corre peligro en manos de las mafias que lideraron el acto criminal.

Omar Menjívar
El abogado defensor Omar Menjívar

Menjívar identificó como cabecillas de la red criminal al jefe de Gobierno de Honduras, Juan Hernández y a su difunta hermana, Hilda Hernández, quienes de acuerdo a las evidencias utilizaron los recursos para financiar campañas políticas.

Fernando José Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se entregó en el pasado jueves a la ATIC.

Suárez Ramírez, quien se encontraba prófugo de la justicia, es uno de los 38 señalados en el famoso caso Pandora, que en su mayoría se encuentran en libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de haber defraudado al Estado.

Luis Suarez

De acuerdo al requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la MACCIH, Suárez Ramírez habría sido el principal socio del exsecretario de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.

El requerimiento establece además que era “el encargado de los fondos públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55 millones de lempiras para su propio beneficio”.

Peligra vida de periodistas, abogados y grupos sociales

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. Un informe del Centro de Políticas Internacionales (IPC, siglas en inglés) hace una radiografía completa de la situación de defensores de la vida, miembros de la diversidad sexual y periodistas en Honduras. Los niveles de violencia, amenazas y ataques que recortan drásticamente las libertades de expresión y asociación, son atroces. Los problemas son similares para todos estos grupos: la falta de investigaciones y de procesamiento judicial serios respecto a las amenazas y ataques en su contra; La presunción de participación de funcionarios del gobierno local y nacional y/o de miembros de las fuerzas oficiales de seguridad en algunas de estas amenazas, intimidaciones y ataques; y La falta de políticas gubernamentales para su protección.

Este informe, a través de muchas entrevistas e investigaciones de campo, deja claramente establecido que el Estado de Honduras está incumpliendo con proteger al pueblo. Unos 50 periodistas han sido asesinados en Honduras desde 2003 a la fecha; 46 de ellos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Asimismo, los periodistas enfrentan amenazas e intimidación, que provienen de funcionarios públicos, de miembros de las fuerzas de seguridad y también del crimen organizado; así como desplazamiento interno debido a amenazas y al uso indebido del sistema jurídico para intimidarlos.

Los periodistas señalan que reciben presión por autoridades del gobierno y editores para limitar su cobertura, y reportan que los peligros que enfrentan resultan en autocensura. Entre 2011 y 2014, el reportero Alex Sabillón sufrió 11 actos de intimidación y asedio por funcionarios locales, la Policía Nacional, funcionarios de empresas y fuentes desconocidas, mientras trataba de cubrir casos de corrupción local y extracción de recursos naturales, entre otros temas, en la ciudad de Choloma, Cortés, norte de Honduras.

En mayo de 2014, a los periodistas Emy Padilla y Jorge Burgos les fue cerrado su programa en canal 6 por órdenes de Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Hernández, aduciendo que criticaban mucho al actual gobierno. Otra situación que fue denunciada por los periodistas hondureños es que si reportan sobre casos de corrupción, los funcionarios del gobierno los acusan de defender a los traficantes de drogas, señalaron varios comunicadores entrevistados.

A la fecha, veintidós defensores de derechos humanos han sido asesinados en Honduras desde el 2010, según el Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (Cofadeh). El organismo tiene documentado dos desapariciones, 88 robos de información, 15 secuestros y 3,064 casos de uso indebido del sistema judicial para intimidar a los defensores de la vida. Al menos 31 sindicalistas han sido asesinados en Honduras desde junio del 2009 hasta febrero del 2014, según el Centro de Solidaridad del sindicato de trabajadores de EEUU, AFL-CIO.

Dirigentes sindicales sufrieron amenazas e intimidación, al igual que sus familiares. Entre junio de 2009 y diciembre de 2014, han sido asesinados 174 hondureños de la diversidad sexual o comunidad LGBT, incluyendo varios importantes activistas del colectivo. Han denunciado casos de detención arbitraria por parte de la policía y discriminación, así como ataques y acoso. Las mujeres transgénero son blanco de abusos. En el campo la situación es igual o peor y hasta marzo de 2015, 109 activistas ambientales y del derecho a la tierra han sido asesinados en Honduras, 100 de ellos entre 2010 y 2013.

DEFENDER DERECHOS ES MORTAL
Global Witness asegura que Honduras es el segundo país en el mundo, después de Brasil donde los esfuerzos para conquistar o proteger el derecho a la tierra, como los desplegados en Bajo Aguán, y la oposición a la explotación minera y forestal así como la construcción de represas y otro tipo de proyectos a gran escala, figuran entre los riesgos asociados a esta violencia. Señala además que los desalojos forzados a manos de efectivos policiales, militares y de seguridad privada, constituyen una preocupación generalizada y grave.

La criminalización de la protesta social constituye un enorme obstáculo para los esfuerzos de las comunidades para proteger sus derechos. Y el mes de abril el diputado gobiernista de extrema derecha, David Chávez, anunció que está proyectando introducir al Poder Legislativo un decreto para penalizar las protestas sociales, dejando claro que la represión estatal seguirá en aumento. Un miembro de la cooperación internacional, que labora en el Valle del Aguán, noreste de Honduras, señaló que casi todos los activistas con quienes trabajan tienen denuncias en su contra y agregó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Honduras en diciembre de 2014, “recibió alarmante información sobre asesinatos, actos de violencia y amenazas de muerte contra dirigentes indígenas, particularmente quienes defienden sus territorios y recursos naturales, en el contexto del desarrollo de mega-proyectos sin un proceso de consulta previa e informada”.

En abril anterior, el diputado gobiernista de extrema derecha, David Chávez, anunció que está proyectando introducir al Poder Legislativo un decreto para penalizar las protestas sociales, dejando claro que la represión estatal seguirá en aumento.

Pero esta situación no solo atañe a periodistas o campesinos, los abogados también son asesinados. Desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2014, han sido asesinados 86 abogados. Según información recibida por la CIDH, aunque el gobierno brinda cierta protección, los presupuestos son insuficientes y el tipo de protección ofrecida, no corresponde a sus necesidades. Tal como un fiscal dijo a la comisión: “A veces contar con protección personal realiza tu perfil y te convierte en un objetivo más buscado”. Además los mensajitos que envían son: ‘Vamos tras uno de sus hijos’… No sirve de nada tener seguridad para mí, mientras mi familia está en casa, indefensa”. Dijo temeroso el fiscal.

Esto deja claramente demostrado que las medidas de protección brindadas por el Estado son absolutamente inadecuadas. Mismas que han sido observadas y evaluadas por la CIDH y las califica de deficientes e inefectivas. Es, de todos, conocido, que la clave para la protección reside en un avance real en cuanto a la investigación y procesamiento judicial de amenazas y ataques y esos avances brillan por su ausencia en Honduras. Sólo para citar dos ejemplos, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), el 95 por ciento de los asesinatos de abogados aún están impunes y de los 49 periodistas asesinados tan solo tres casos han sido judicializados.

NULA RESPUESTA
Pese a esfuerzos desplegados por el gobierno de los EEUU para alentar a las autoridades hondureñas a resolver casos de violencia contra la comunidad LGBT, de las 141 muertes ocurridas entre enero de 2010 y octubre de 2014, según estas organizaciones, sólo 30 casos han sido procesados judicialmente, de los cuales nueve han resultado en condenas y cuatro en veredictos exculpatorios.
Otra de las situaciones más complicadas es que muchas veces Las autoridades a menudo culpan a la víctima o lo estigmatizan diciendo que era vendedor de droga, homosexual o ladrón y que por eso lo asesinaron.

¿CÓMO PROTEGERLOS?
La acción más importante que el gobierno hondureño puede emprender es mejorar la investigación y el procesamiento judicial tanto de las amenazas como de los ataques, incluyendo aquellos casos en los cuales se sospecha la participación de agentes del Estado. En segundo lugar, es crucial establecer un programa de protección efectiva para los defensores de los derechos humanos y periodistas. Realizar una investigación efectiva de los asesinatos y su posterior judicialización hasta condenar tanto a los ejecutores materiales del crimen como a los autores intelectuales.

Se ha aprobado una la Ley para Proteger a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia pero tiene muchas críticas debido a la inexistencia de fuentes de financiamiento para implementarla y porque la capacidad de la Policía Nacional y la Policía Militar creada por el actual gobierno no tienen ni el número de efectivos necesarios para ese trabajo y la última no tiene la formación requerida. Con todas las situaciones descritas, más las que maneja el pueblo por las experiencias vividas casi a diario podemos asumir que lejos de ser protegidos, los defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas en Honduras enfrentan y seguirán enfrentando constantes ataques y poniendo en riesgos sus vidas por el simple hecho de realizar sus tareas.