Tegucigalpa. –En una entrevista a la cadena CNN en español el senador demócrata, Jeff Merkley, destacó que el proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras contempla como algo vital el retiro del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Honduras.
Merkley, quien fue tajante al decirle al presidente de Honduras que se haga un lado porque muchos congresistas de su país así lo demandarán muy pronto, explicó que el proyecto de ley está relacionado por los vínculos de narcotráfico en los que ha sido señalado el presidente Hernández.
También destacó que lo más importante de este proyecto es que EE. UU., no apoyará a las fuerzas de seguridad de Honduras y que no estarán comprometidos con prolongar esta estructura de gobierno que vincula la corrupción entre narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.
En el juicio a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño, varios fiscales afirmaron que los hermanos Hernández abusaron de su poder para introducir droga a los EE. UU. utilizando a los policías y militares.
La ley, que fue introducida al Senado estadounidense a finales de febrero, trae sanciones para el gobierno de Honduras entre las que destacan la suspensión de la ayuda a las fuerzas de seguridad y el impedimento de que el presidente Juan Hernández pueda ingresar a la nación norteamericana, hasta que se compruebe que no tiene conexiones con el tráfico de drogas. Este proyecto de ley busca luchar contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras.
“Hemos reconocido que más de 200 defensores del ambiente, de derechos humanos han sido asesinados en la última década y ese ambiente tiene que cambiar”, dijo el senador Merkley.
El senador manifestó además que para que EE.UU pueda ser “socio” de Honduras se deben llevar a cabo reformas significativas.
En la última vinculación que se hizo del gobernante hondureño con el narcotráfico, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se pidió que se admitieran fotografías en el caso de Geovanny Fuentes Ramírez en las que aparece supuestamente el mandatario hondureño con narcotraficantes.
Por su parte el presidente, Juan Hernández, niega toda acusación en su contra y afirma que todo lo que se dice de él proviene de falsos testimonios de criminales que buscan rebajar sus sentencias.
Tegucigalpa.- Agentes de la Policía Nacional detuvieron esta noche al capitán retirado Santos Rodríguez Orellana cuando salía de una iglesia, junto a su esposa Jennifer Bonilla.
La detención se dio en la colonia Villanueva, zona oriental de Tegucigalpa, dijo a CRITERIO.HN, Hedme Castro, coordinadora de AciParticipa, organización defensora de derechos humanos que le ha dado acompañamiento al militar en una querella incoada por el actual Secretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya.
Hedme Castro relató que Rodríguez Orellana le manifestó que los policías le notificaron que lo detenían porque la orden de captura que libraron en su contra sigue vigente.
El militar se ha negado a conciliar con Díaz Zelaya, pues afirma que lo que ha dicho es la verdad y la verdad no se negocia.
Tras su captura Rodríguez Orellana contó a periodistas que al salir de la iglesia una patrulla de la policía le dio persecución y lo detuvo sin justificación alguna, ya que mostró toda la documentación reglamentaria y tampoco se le ha encontrado armas porque el mismo Estado le ha negado el derecho de portarlas.
Detalló que sería trasladado a una posta policial, pero que hasta el momento no se le ha dicho dónde.
“No entiendo el por qué porque en toda esta situación he estado anuente (…) me he presentado a cualquier tribunal, pero bueno, así es la justicia en nuestro país, a los que deben, a los que le han robado y que se han dedicado al narcotráfico en este país, no les hacen nada, son a los que protegen y son los que dirigen esta institución (Fuerzas Armadas)”, expresó mientras seguía a bordo de su vehículo automotor.
“Ser detenido, ser capturado en este momento por este gobierno es la muerte”, dijo Rodríguez Orellana, al asegurar que los implicados en el narcotráfico son los altos funcionarios que están al frente del gobierno, incluyendo a las autoridades de las Fuerzas Armadas.
“Las personas que hemos denunciado el narcotráfico como el general Arístides González, como el ingeniero (Alfredo) Landaverde, está muerto. Y personas que han defendido a este país, como Berta Cáceres, está muerta, entonces ¿quién sigue?: el capitán Santos Rodríguez”, manifestó.
El 2 de septiembre el Tribunal de Sentencia admitió la querella presentada por Díaz Zelaya, en la que la parte acusadora sostiene que el capitán ha manifestado más de 30 veces ante medios de comunicación que el también general en condición de retiro, Díaz Zelaya, ha incurrido en delitos de narcotráfico en todas sus formas.
En reiteradas ocasiones Rodríguez Orellana ha sostenido que las estructuras del tráfico de drogas en Honduras siguen intactas gracias a que operan con la complicidad de las autoridades militares. Además de mencionar el involucramiento Diaz Zelaya también ha señalado a Juan Rubén Girón Reyes y Juan Mejía Espinoza, actuales coroneles de las Fuerzas Armadas.
Santos Orellana fue separado el 21 de octubre de 2016 del servicio activo de las Fuerzas Armadas, de forma deshonrosa. En esa ocasión se argumentó que estaba siendo investigado por Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado, sin embargo, el señalamiento nunca fue confirmado.
La separación de Santos Orellana aconteció luego que denunciara las actividades ilícitas de Juan Antonio “Tony” Hernández, declarado culpable en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico.
A raíz de esas denuncias, Rodríguez Orellana fue acusado por el Ministerio Público, por los supuestos delitos de allanamiento de morada y torturas en contra de pobladores de la comunidad de Brus Laguna en el departamento de Gracias a Dios, pero en noviembre de 2018 fue absuelto de ambos cargos al no poder probarse la acusación.
Tegucigalpa. –Pese a que su nombre ha quedado por los suelos luego que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se les imputara su participación en el narcotráfico, las Fuerzas Armadas, salieron este sábado a demostrar su poderío armamentista.
La institución castrense ha salido este sábado a las calles de Tegucigalpa a celebrar su 194 aniversario en medio de una crisis sin precedentes que ha carcomido a la institucionalidad hondureña por completo por su colusión con el tráfico de drogas y crimen organizado en general.
La celebración del 194 aniversario de las Fuerzas Armadas estuvo encabezado por el jefe del régimen, Juan Hernández y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, Mauricio Oliva y Rolando Argueta, respectivamente. La cita tuvo lugar en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa.
Los soldados y oficiales de la institución castrense, de todos los comandos diseminados a nivel nacional, se dieron cita a pocas horas que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Emil Bowe, señalara que “a partir del año 2010 el presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el narcotráfico”.
«Tony Hernández usó a los militares para proteger los cargamentos de cocaína, usó a la policía para asesinar a sus rivales y usó al presidente para proteger a sus aliados. Pero todo ese poder y ese prestigio no significan nada en esta sala del Tribunal»: Emil Bove, fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
Bowe, que fue el fiscal encargado dirigir las conclusiones del juicio a Tony Hernández, declarado culpable por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio, no fue el único al señalar a los militares por sus nexos con el narcotráfico. Localmente el capitán retirado del ejército hondureño, Santos Rodríguez Orellana, acusó directamente desde el año 2016 a la jerarquía castrense de estar coludida con el narcotráfico y de facilitar el trasiego de droga por parte de “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño.
La valentía de Rodríguez Orellana le costó el puesto, ya que inmediatamente fue dado de baja deshonrosa, incluso, sus superiores, sin presentar pruebas y sin ser someterlo a un proceso legal, lo acusaron en los medios de comunicación de ser cómplice del narcotráfico. Él siempre negó dicha afirmación y ahora ha salido al paso a reafirmar que lo que dijo hace tres años era la verdad.
A raíz del fraude electoral de 2017, los militares fueron acusados por organismos defensores de los derechos humanos de disparar sus armas y asesinar a la gente que salía a protestar a las calles en aquel entonces.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentado en marzo de 2018, estableció que en el marco de las protestas, al menos 23 personas habían resultado muertas por los impactos de bala de las fuerzas de seguridad de Estado. En junio de este año Amnistía Internacional dijo que, en el marco de las protestas ciudadanas desarrolladas entre abril y mayo por parte de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, al menos seis personas murieron también a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
La represión militar y policial se produce cada vez que los hondureños salen a protestar contra el régimen. Sus agresiones van desde el uso indiscriminado de gas lacrimógeno, balas de goma y el uso de sus armas de fuego.
Entrevistado porCRITERIO, el economista, Hugo Noé Pino, señaló que el fortalecimiento en el sector seguridad y defensa, se ha encaminado más en proteger las espaldas al gobernante que a una verdadera lucha contra el delito.
De acuerdo con los cálculos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) el presupuesto de seguridad y defensa creció en más de 900 % en los últimos diez años, en detrimento de los fondos destinados a la salud y educación, que ha decrecido.
“El fortalecimiento de órganos como la policía militar y los militares en general, con pocos resultados, como lo está demostrando el juicio de Nueva York, nos dice que el objetivo de este gasto militar era consolidar la simpatía personal de los cuerpos policial y militar, a favor de Juan Orlando, que verdaderamente a combatir el crimen”: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.
Galería fotográfica: (Fotos: Presidencia de Honduras)
Esta mujer muestra muestra varios casquillos de bala y carga un escudo militar, que fue quemado por los manifestantes que reaccionaron indignados tras el crimen del joven Eblin Noel Corea (17).
Tegucigalpa.-El sonido de las balas ha vuelto a retumbar en Honduras. Nuevas escenas sangrientas han enlutado nuevamente los hogares de gente que protestaba en las calles, exigiendo la salida del jefe de gobierno, Juan Hernández.
Las muertes se han registrado a partir de que los militares y policías se desplegarán a nivel nacional para controlar las manifestaciones de ciudadanos, luego que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se declarara en sesión permanente por instrucciones de Hernández.
Los militares han llegado a las comunidades hondureñas a reprimir brutalmente a la gente que se manifiesta en las calles.
La nueva jornada violenta reporta hasta el momento cinco víctimas mortales y decenas de heridos, siendo Luis Antonio Maldonado, un hombre de 29 años, el primer mártir de esta nueva jornada violenta. Luis murió el miércoles a las 11:32 de la noche en el Hospital Escuela Universitario donde ingresó minutos antes con un diagnóstico de trauma craneoencefálico, abierto por un proyectil disparado por arma de fuego, según el reporte médico del centro hospitalario.
Luis fue impactado por la bala en la colonia Kennedy donde protestaba.
Esa misma noche se reportó el deceso de Erick Francisco Peralta de 38 años de edad. Era conductor de taxi y recibió un disparo en la cabeza al término de su rutina diaria de trabajo, cuando se dirigía a su casa en la colonia El Pedregal de Comayagüela, donde sus vecinos protestaban y eran reprimidos con balas por los uniformados.
Mientras el cuerpo de Erick yacía inerte en un ataúd una mujer, que se identificó como su amiga, decía a periodistas que el núcleo familiar y de amistades ha quedado sufriendo por esta pérdida irreparable. “La falta de un padre que trabajaba para sus hijos, para ayudarle a su madre, pero ahora quedamos a la deriva”, dijo.
La mujer, que manifestó que ahora solo queda llorar y esperar si algún día en Honduras habrá justicia, narró que la muerte de su amigo se dio en medio de una balacera por parte de los militares “como que estábamos en una guerra”.
El jueves también en horas de la noche, el joven Eblin Noel Corea de 17 años fue abatido por el impacto de una bala en el tórax, mientras participaba en una protesta que era reprimida por militares en el municipio de Yarumela, La Paz.
Eblin Noel Corea, durante una protesta en contra del régimen de Juan Hernández.
De acuerdo a los recuentos del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) en los últimos tres días se reportan cinco personas fallecidas producto de la represión militar y policial. Adicional a las tres personas antes citadas, la organización defensora de los derechos humanos registra a dos víctimas más en el municipio de Jutiapa, Atlántida: Eliu Orellana y a una persona conocida con el sobrenombre de El Negro. Además de las muertes, el Cofadeh contabiliza 29 heridos y al menos 41 detenciones arbitrarias.
Las cinco víctimas registradas en los últimos tres días se suman a otros casos más de represiones militares y policiales. En marzo de 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció en un informe que en el marco de las manifestaciones de la crisis poselectoral de 2017, al menos 23 personas murieron producto de impactos de balas de armas de uso policial y militar.
Las muertes siguen aún en la impunidad.
Militares a las calles
El gobernante hondureño acordó el jueves en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el despliegue a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, policía, e inteligencia del Estado, según él, para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, libre tránsito y para la protección de la propiedad privada y pública.
La medida surgió a raíz de un paro de labores decretado el martes por elementos policiales, aglutinados a las unidades élites de la institución uniformada (Tigres y Fuerzas Especiales).
El paro de labores de los uniformados concluyó la noche del jueves, pero el despliegue militar y policial continúa en las calles, con el objetivo de repelar toda acción de protesta.
Ante las muertes y represiones brutales por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, la OACNUDH recordó mediante un tuiter que, de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de orden público.
#OACNDUH En ese sentido, se permite recordar al #Estado#Hondureño que de acuerdo a la doctrina internacional de #DDHH, las #FFAA no debe participar en tareas de orden público.
En una carta abierta, la organización Amnistía Internacional le pidió este viernes a Hernández que pare la militarización y respete las manifestaciones y los derechos humanos de quienes se manifiestan.
Honduras viene enfrentando una crisis de ingobernabilidad que se acentuó con las elecciones de noviembre de 2017, por un fraude electoral y por la violación de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial.
Hernández, sigue a merced de una crisis de legitimidad y en medio de dos diálogos: uno gestado por él mismo con sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
En medio de la lucha por la salud y educación, que inició desde abril, los ciudadanos han seguido exigiendo, mediante protestas, la salida de Hernández.
La indignación de los hondureños se profundizó en las últimas semanas luego que medios nacionales e internacionales informaran que el gobernante hondureño y sus cercanos colaboradores están siendo investigados por la DEA desde el año 2013 por narcotráfico a gran escala y lavado de dinero.
Hernández es acusado además de actos de corrupción. En junio de 2015 admitió que recibió para su campaña política de 2013 al menos 150 mil dólares por parte de empresas que participaron en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Medios nacionales e internacionales han publicado artículos noticiosos que vinculan a Hernández y a su círculo familiar con el desvío de fondos del Estado a través de oenegés.
A continuación imágenes del entierro del joven Eblin Noel Corea (17):
Fotos cortesía de Luis Almendares
Hoy durante en entierro del joven Eblin Noel Coea, en el municipio de Yarumela, La Paz, este hombre muestra un cartel para concienciar a los militares
Esta mujer muestra muestra varios casquillos de bala y carga un escudo militar que fue quemado por los manifestantes que reaccionaron indignados tras el crimen del joven Eblin Noel Corea (17).El entierro del joven Eblin Noel Corea fue condenado por los pobladores de Yarumela, La Paz.
Tegucigalpa.- El subjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA de Honduras, Reynel Enrique Funes Ponce, determinó entregar al presidente Juan Hernández su nota de renuncia por estar en desacuerdo con lo que está sucediendo al interior del instituto castrense.
El párrafo segundo de la carta de renuncia dice textualmente: «El motivo de la presente se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial, y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo.
De acuerdo a las primeras versiones, Funes Ponce habría renunciado desde la semana anterior, pero fue hasta esta semana que la noticia se hizo pública. La decisión tendría que ver con discrepancias con el jefe castrense René Orlando Ponce.
La renuncia fue presentada por el general Funes Ponce al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Orlando Ponce Fonseca el pasado martes 19 de febrero de 2019.
Reynel Enrique Funes Ponce, fue acusado en 2013 de haber ocultado información sobre el asesinato del menor Ebed Jasiel Yánez, ocurrido en mayo 2012 a inmediaciones de la colonia Villa Vieja en Tegucigalpa.
En esos momentos, el subjefe militar era responsable del batallón de Fuerzas Especiales cuando el organismo acusador lo sindicó de no poner a disposición las armas con las que fue asesinado Yánez el 27 de mayo de 2012 cuando se encontró con el punto de control y al no atender el llamado recibió varios disparos que le causaron la muerte.
Funes Ponce, fue acusado por un juzgado penal, ya que junto a otros oficiales decidieron encubrir a los soldados participaron en la muerte violenta de Yánez, según consta en el expediente 870-2013, con la finalidad de entorpecer las investigaciones hechas por el Ministerio Público.
El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, expresó este miércoles a través de Twitter, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no acepta a un presidente impuesto al margen de la ley, esto en referencia a la autoproclamación del diputado a la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente encargado del país.
“El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional”, escribió el titular de Defensa en su cuenta @vladimirpadrino.
El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional.
Por su parte, el Comandante General del Ejército Bolivariano, M/G Jesús Suárez Chourio, afirmó que los soldados “jamás traicionaremos la voluntad del Pueblo. Los hombres y mujeres de la FANB, ratificamos absoluta lealtad a la Constitución y a nuestro C/J Nicolás Maduro”.
También el Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral de la FANB, Juan Manuel Teixera Díaz, ratificó que el presidente constitucional legítimo de Venezuela, así como, su comandante en jefe es Nicolás Maduro Moros. “El Presidente Constitucional y Legítimo de la RBV, además de nuestro CJ es @NicolasMaduro, electo por voluntad popular con VOTOS. Rechazamos los actos ilegales e irresponsables fuera de la Constitución. @ceofanb @CODAI_FANB #LealesSiempreTraidoresNunca”, recalcó.
También la Armada Bolivariana a través de la referida red social afirma: “Desde la @ArmadaFANB ratificamos nuestro apego a la Constitución y la Lealtad a nuestro Comandante en Jefe @NicolasMaduro para el periodo 2019 – 2025 Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
El jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos, aseveró en un trino que la institución militar venezolana se mantiene leal a su comandante en jefe, Nicolás Maduro. “La FANB está unida al Pueblo Venezolano somos respetuosos de la Constitución y las Ley. Venezuela eligió Presidente, somos Soberanos y Leales a nuestro Cmdte en Jefe Nicolás Maduro Moros. Traidores no sigan desde el extranjero irrespetando a la Patria, Lucharemos y Venceremos!”, enfatizó.
Igualmente, la Milicia Bolivariana también ratificó su subordinación al presidente constitucional y comandante en jefe, Nicolás Maduro. “La #Milicia Bolivariana ratifica su lealtad y subordinación absoluta a nuestro Presidente Constitucional y Comandante en Jefe de la #FANB Nicolás Maduro, elegido por el voto popular en democracia y apegado a la Constitución de la República”, subraya.
Tegucigalpa.-Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles varios ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas en una dudosa votación que no habría alcanzado la votación de la mayoría simple.
El diputado del PINU-SD, Luis Redondo denunció y mostró como evidencia de la votación una captura de pantalla sobre el monitor instalado en su butaca, que indica que durante la sesión habían 127 legisladores, siendo la votación la siguiente: 60 a favor, 48 en contra, cinco abstenciones y 14 no votaron.
Esta evidencia fue presentada por el diputado del PINU, Luis Redondo.
Redondo apuntó que se sigue aprobando leyes violentando la ley orgánica del Congreso Nacional, ya que el artículo 69 establece que: “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes”.
En el caso de este día, si el quorum fue de 127 diputados de los 128, la mitad más uno es 64 y la votación a favor fue de 60, por lo que la moción no debió ser aprobada.
“Si no es la mitad más uno de los presentes no es válido. Es nulo”, escribió en sus redes sociales, Redondo.
El legislador recordó que las bancadas de Libre y el PINU votaron en contra de los ascensos de las Fuerzas Armadas porque todavía no se ha esclarecido los asesinatos contra los manifestantes durante la crisis post electoral.
Por su parte la bancada del Partido Libre denunció que su diputado Edgardo Castro, pese a ser miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad que dictaminó el proyecto de los ascensos, no fue convocado.
Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional de Honduras.
La moción, que fue aprobada en único debate y que contempla el decreto para los ascensos, fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Los ascensos se producen en momentos en que la institución castrense ha sido señalada por supuestos vínculos con el narcotráfico, a raíz de la captura de Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, hermano del jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández.
Hernández fue capturado el 23 de noviembre en Miami por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) por suponerlo responsable de conspirar para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivas, actividades para las cuales el imputado, habría contado con la colaboración de funcionarios del Estado, incluyendo miembros del Congreso Nacional, Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad del Estado.
Tras la captura del hermano del gobernante, el militar depurado Santos Orellana Rodríguez, ha sugerido que elementos de las Fuerzas Armadas están coludidos con el tráfico de drogas.
Los ascensos corresponden a los grados y oficiales que a continuación se detalla:
Por parte del ejército: Teniente Coronel de Caballería DEM: José Amenofis Murillo Aguilar; Tenientes Coroneles de Ingeniería DEM: Carlos Efraín Aguilar Hernández y César Rudy Valle Mejía; Tenientes Coroneles de Artillería DEM: José Donaldo Reyes García, Santos Pedro Ochoa Colíndres y Carlos Diógenes Chicas González; Tenientes Coroneles de Infantería DEM: Carlos Ivannovich Rodríguez Maldonado, Mauro Tulio Ventura Moreno, César Antonio Cruz Flores, Guillermo Eduardo Sandoval Aguilar y Hewitt Steve Alley Leiva.
Mayores de Ingeniería DEM: Edgardo Velásquez Mejía, Roque Martín Cerrato Guevara y Fabio Adalid García Doblado; Mayores de Infantería DEM: Medardo Arquímides Reyes Pego, Osman Francisco Rodas García, Atilio Ruiz Fuentes, Wilmer Raúl Ayestas Lira, Ángel Emilio Castillo Aguiriano y Jorge Joel Cubías Irías; Mayor de Caballería DEM: Fredys Alexi Baquedano Rivera; Mayor FF.EE. DEM: Alberto Manuel Antonio Amador Núñez; Mayores de Artillería DEM: Wilfredo Sánchez Corrales y Franklin Javier Betancourth Martínez; al Grado de Teniente Coronel de las Armas, Cuerpos o Servicios.
Así como a los Capitanes de FF.EE. Rafael Rosendo Calderón Henley, Daniel Armando Olivera González y Félix Víctor Pastrana Olivera; Capitanes de Infantería: Marvin Rafael Hernández Gálvez, Mario Johann Amador Arriaga, Alex Roberto Torres Torres, Juan Ramón Ávila Ortíz, Santos Dagoberto Cruz Rodríguez, Juan Carlos Moya Mendoza, Hipólito Martínez Rodas, Gonzaklo Amado Carías Carías, Oscar Donaldo Portillo Benítes, Allan Humberto Posadas Morán, Alex Daniel Alvarenga Hernández, Osman Gustavo Aguilar Rodríguez, José Luis Espino Espinal, Danery Ebaristo Ochoa Álvarez, Walter Alexander Argueta Pereira, Gilberto Daniel Aguilar Ferrufino, Heryd Francisco Videa Santos, José Oscar Bonilla Díaz, Erim Mauricio Lemus Cárcamo, Jimmy Walther López Hernández, César Leonardo Gómez Urquía y Carlos Alberto Martínez Ávila; Capitanes de Ingeniería: Allan Jeovany Milla y Wilson Roldán Paz Mejía.
Capitanes de M.G.:Lilian Claber Argueta Chicas, Teresa Lorena Benítez Pascual y Cinthia Yamileth Barahona Erazo; Capitanes de Comunicaciones: Adilma Yaneth Barahona Ramírez y Saúl Obeth Canelas Carías; Capitán de ICIA. MIL.: Cristhian Sael Mayorga, Wilmer Espinoza Bonilla y Marvin Alexander Hernández Hernández; Capitanes de Caballería: Luis Francisco Martínez Díaz, Rudy Daniel Alvarenga Hernández y Erick Luis Espino Espinal; Capitanes de Artillería: Oscar Augusto Martínez Carranza, Pierre Theresin Flores, Máximo Villalvir Hernández, Osman Wilfredo Oseguera Cruz, Jack Jairo Mendoza Turcios y Rodrigo Rodolfo Álvarez Palacios.
En la Fuerza Aérea ascienden los señores oficiales Teniente Coronel de Aviación DEMA: Julio César Hernández Ugarte y Teniente Coronel de Administración DEMA: Ana Cristina Padilla Pacheco; al Grado de Coronel de las Armas, Cuerpos o Servicios.
Los Capitanes de Aviación: Clemente de Lenín Amaya Ayala, Vidal Augusto Rodríguez López, Eddy Geovanny Rodríguez Durán, Hallan Ramón Hernández, Ogla Christel Reyes Ortiz y Nubia Patricia Andrade Pazzetty; Capitán de Manto. Radar.: Darwin Omar Del Cid Yanes; Capitán Manto de Aviación: Sergio Rolando Vásquez Gionzáles; y, Capitán de Administración: Merlyn Yesenia Maradiaga Castro.
Por parte de la Fuerza Naval Hondureña ascienden los Tenientes NAV C.G.: Milton Roldán Meza Sánchez, Alexis Salvador López Vallecillo, Heydi Sarahi, Baquedano Flores, José Rafael Triminio López, Johana Jeanethe Cáceres Cruz y Miguel Antonio García Flores; al Grado de Mayor o su equivalencia de las Armas, Cuerpos o Servicios.
Entre otros de los ascensos también destacan el Mayor de Material de Guerra DEMA.: Juan Carlos Ortíz Chavarría; al Grado de Teniente Coronel en el Servicio de Material de Guerra.
Los Señores Oficiales: Capitán de Sanidad: Alejandro Jesús González Gutiérrez; y, Capitán de Infantería: Milton Magdiel Espinoza Fonseca; al Grado de Mayor en el Arma de Infantería y del Servicio de Sanidad.
El Teniente Coronel de Infantería DEM: Marco Antonio Argueta Chávez; al Grado de Coronel en el Arma de Infantería y el ascenso a la Mayor De Sanidad DEMS.: Karla Patricia Sierra Godoy; al Grado de Teniente Coronel en el Servicio de Sanidad.
Tegucigalpa.-Las Fuerzas Armadas de Honduras emitió este lunes un comunicado mediante el cual exhorta a Santos Rodríguez Orellana que, si tiene certeza que hay miembros de la institución coludidos con el narcotráfico y la corrupción, se presente de inmediato a la justicia, ya sea nacional e internacional, con las pruebas del caso.
El capitán Santos Rodríguez Orellana, fue expulsado de la institución armada mediante una baja deshonrosa aplicada por las puridades castrenses, quienes reaccionaron molestas luego que el militar denunciara que Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Hernández, tenía vínculos con el narcotráfico.
Tegucigalpa.- El Ministerio Público requirió al jefe de las Fuerzas Armadas información necesaria para esclarecer las 22 muertes y otros hechos suscitados en el periodo postelectoral, tras el fraude de las elecciones de noviembre de 2017.
El ente señala que la información es fundamental para el éxito de la investigación y se encuentra en poder del jefe de las Fuerzas Armadas, quien está obligado legalmente a entregarla sin demora.
En su cuenta de Twitter señalan que el no tener acceso irrestricto a la información solicitada impide conocer la verdad de todas las muertes y hechos postelectorales.
El #MP requirió al jefe de las FFAA información necesaria para esclarecer las 22 muertes y otros hechos suscitados en el periodo postelectoral (1/3) pic.twitter.com/WwLjl3CKte
Dicha información es fundamental para el éxito de la investigación y se encuentra en poder del jefe de las FFAA quien está obligado legamente a entregarla sin demora al #MP (2/3) pic.twitter.com/voW18A0h6m
El no tener acceso irrestricto a la información solicitada impide conocer la verdad de todas las muertes y hechos postelectorales (3/3) pic.twitter.com/nGfCyHd4lQ
Tegucigalpa.-Al menos 450 millones de lempiras destinó el Gobierno de Honduras durante el 2017 para la importación de armas, municiones, sus partes y accesorios, según el Informe alerta seguimiento y evaluación del gasto público en seguiridad y defensa, publicado en agosto pasado por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
El organismo de sociedad civil hace un análisis sobre el gasto público en las secretarías de Defensa y Seguridad, tomando como referencia desde el año 2005 hasta junio del año en curso y concluye que durante el periodo se observa una variante tendencia en la importación de armas, municiones, sus partes y accesorios, pero con mayor repunte en los años 2011 donde se observó un gasto de más de 300 millones de lempiras; 2015 con casi 250 millones; y el 2014, 450 millones de lempiras.
El Fosdeh enfatiza en su análisis que en los años 2015 y 2017, se resalta el desarrollo de diversas manifestaciones ciudadanas en el territorio nacional; contra la corrupción, la impunidad, la percepción del irrespeto a la voluntad de la población (elecciones generales), saqueo de los recursos públicos y de las instituciones y otros abusos.
Aclara que si bien las protestas de ciudadanos no es el único determinante para que se incrementara las importaciones de armas, municiones, sus partes y accesorios, influyó en gran manera; como por ejemplo en el caso de importación de bombas lacrimógenas (principal elemento utilizado para disuadir las manifestaciones de la ciudadanía).
El informe especifica que el Estado gastó en el año 2017, al menos 130 millones de lempiras en la importación de bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos.
Al respecto el analista del Fosdeh, Rodulio Perdomo, dijo la semana pasada al analizar el presupuesto de 2019, que en Honduras se destinó el año pasado más recursos económicos en la compra de implementos para reprimir al pueblo que en el presupuesto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) donde se supone se defiendes los derechos humanos de los ciudadanos.
El Fosdeh enfatiza en su documento que las importaciones en armas municiones, sus partes y accesorios han incrementado tanto en valor como en volumen. Para el primer elemento es importante tener en cuenta la depreciación del tipo de cambio, puesto que a medida se acelere la depreciación, el Estado entrega mayor cantidad de divisas (las importaciones se realizan en dólares).
Asimismo, recuerda que la balanza comercial de Honduras históricamente ha sido deficitaria, es decir, se importa más de lo que se exporta. Es por ello que el país debe considerar el alto costo de oportunidad que implica recurrir a la excesiva importación de productos que no contribuyen al desarrollo, reflexiona.
Por otra parte, señala que para el primer semestre de 2018, Honduras ha importado L 98.7 millones en armas, municiones, sus partes y accesorios, de los cuales un 65.9% corresponde a la partida bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos.
En términos comparativos, apunta que el valor ya gastado este año (L 98.7 millones), sobrepasa el presupuesto aprobado (año 2018) de varias instituciones públicas; como el caso de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (L 96.4 millones), el Instituto Nacional de la Juventud (L 15.5 millones), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (L 85.1 millones), Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (L 56.9 millones), entre otras.
En una primera parte, siempre sobre el Informe Seguimiento-y-Evaluacion-Gasto-Publico-en-Seguridad-y-Defensa-2002-2018, el Fosdeh señala que fenómenos como la violencia, delincuencia, crimen organizado, y otros hechos que atentan contra la integridad física de las personas, se propagan y fortalecen en ambientes donde impera la pobreza, desigualdad, exclusión social, débil institucionalidad pública y Estado de Derecho, como es el caso de Honduras.
El Fosdeh resalta que la situación crítica de la seguridad ciudadana en Honduras ha provocado el significativo incremento presupuestario en las secretarías de Defensa y Seguridad, sin embargo, los niveles de inseguridad crecen o persisten.
El documento apunta, además, que la administración gubernamental de Juan Hernández, que inició el 27 de enero de 2014, es quien más recursos ha destinado a la Secretaría de Defensa, y es a partir cuando la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública ha crecido, y dicha situación se refleja tanto en los recursos asignados a este ente como a las funciones que vía decreto Ejecutivo se han conferido a esta institución.
La organización de sociedad civil apunta que es oportuno señalar que durante este periodo, además de dársele a las Fuerzas Armadas la potestad de realizar funciones en el marco de seguridad pública, también el conflicto político y social posterior a la celebración de Elecciones Generales en noviembre de 2017, provocó costos financieros no presupuestados a esta institución, así como violación de derechos a manifestantes en contra de la falta de transparencia de la institución encargada del proceso electoral, infracción a la Constitución de la República, incremento de la desconfianza ciudadana en los entes encargados de brindar seguridad, fragmentación de partidos políticos y Congreso Nacional, etc.
Recuerda además que el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en marzo pasado, señala durante las protestas ciudadanas, “las fuerzas de seguridad emplearon excesiva fuerza para dispersarlas, especialmente la Policía Militar de Orden Público provocando muertos y heridos”.
Según el Latinobarómetro (2017), la confianza de la población hondureña, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es de 40% y 29% respectivamente.
